Negar el cambio de turno laboral por razones justas no puede ser considerado mobbing o acoso laboral.

mobbing1Partes: A. G. B. c/ I. M. C. S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 26-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92959-AR | MJJ92959 | MJJ92959

No implica ‘mobbing’ ni injuria laboral que justifique la ruptura del vínculo, que la empleadora niegue a la trabajadora un cambio de turno por razones operativas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de las indemnizaciones derivadas del despido y la reclamación por accidente de trabajo pues no se encuentra demostrado el mal trato u hostigamiento genéricamente denunciado en el escrito inicial, sin que exista duda alguna al respecto que torne aplicable el principio de favor receptado por el art. 9 LCT. a que hace referencia la parte actora.

2.-Toda vez que ninguno de los deponentes relata algún hecho puntual de mal trato u hostigamiento hacia la actora, pues hacen meras referencias, carentes de valor convictivo, tal prueba resulta insuficiente a los fines de acreditar la existencia del maltrato denunciado, ni que el ambiente de trabajo fuera hostil.

3.-Sin perjuicio de que el CCT 122/75 autoriza la posibilidad de cambio de turnos, la negativa patronal a tal pedido por razones operativas no implica la existencia de maltrato o mobbing máxime si frente a la solicitud, la empleadora ofreció soluciones alternativas que no fueron aceptadas por la trabajadora.

4.-La negativa patronal a otorgarle a la actora el cambio de turno, -previsto por el CCT 122/75-, fundado en razones operativas no configura una injuria de entidad suficiente para dar por concluido el contrato de trabajo, pues la trabajadora puede no estar de acuerdo con dicha medida, pero la empleadora otorgó soluciones alternativas que no fueron aceptadas.

5.-Resulta viable la reclamación por la multa del art. 80 LCT., toda vez que la ex empleadora no cumplimentó adecuadamente la obligación de hacer contenida en la mentada norma sustantiva, ya que la actora en la instancia administrativa ante el SECLO, reclamó la entrega de los instrumentos en cuestión, y ésta aconteció luego del mentado plazo de treinta días de la extinción del contrato de trabajo.

6.-Corresponde descartar la hipótesis de acoso psicológico planteada por la parte actora pues las testimoniales depuestas no acreditaron los tratos hostiles que indicó haber recibido, ya que los mismos resultan dar cuenta de comentarios o suposiciones (del voto del Dr. Enrique Arias Gibert al que adhiere el Dr. Luis Anibal Raffaghelli – mayoría).

7.-Los comentarios o suposiciones de los testigos a los fines de acreditar el maltrato no son suficientes pues no resultan ser indicios si quiera a los efectos de habilitar el análisis de las probanzas bajo el principio de cargas dinámicas (del voto del Dr. Enrique Arias Gibert al que adhiere el Dr. Luis Anibal Raffaghelli – mayoría).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de febrero de 2015 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 370/4 que rechazó sustancialmente las pretensiones de la demanda, se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 383/9, que mereció réplica de las codemandadas Consolidar ART S.A. e Instituto Médico Constituyentes S.A. en los términos de las presentaciones de fs. 396/8 y 400/2, respectivamente. Asimismo, las peritos contadora y médica apelan los honorarios que correspondientemente les fueron regulados, por entenderlos reducidos.

II. La parte actora se queja esencialmente por cuanto en la sentencia apelada no se tuvo por demostrada la existencia del maltrato recibido por la actora que fuera denunciado en el escrito inicial. En este último, se sostuvo que el ambiente de trabajo era hostil “-debido sobre todo a las actitudes agresivas de la Coordinadora General de la Institución, N.E.V., quien sobre exigía a la actora, y le negaba la concesión de derechos tales como días de estudio-” (fs. 5 vta., últ. párr.), “-incluso solicitando el cambio de turno y el permiso por días de examen de conformidad con lo previsto por el CCT 122/75 y la LCT, mediante escrito-” (fs. 6, 3er. párr.). Asimismo, luego de efectuar una serie de conceptualizaciones acerca del mobbing y otras figuras de acoso, afirma que “-demostrará que la Sra. N. E. V.ha hostigado psicológicamente a la actora durante un lapso prolongado en su puesto de trabajo, produciéndole el cuadro – de TRASTORNO ADAPTATIVO MIXTO CON ANSIEDAD Y ESTADO DE ANIMO DEPRESIVO – siendo su factor estresante la inestabilidad laboral consideraciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, entendiéndose por ello no sólo condiciones de elementos materiales, sino buen trato, horario laboral, reconocimiento de derechos-” (sic, lo subrayado corresponde al original, ver fs. 13, penúlt. párr.).

Luego de un detenido análisis de las posturas asumidas por los litigantes en el pleito y de los elementos de prueba rendidos en autos, considero que no asiste razón a la recurrente, por las razones que seguidamente expondré.

En primer lugar corresponde remarcar que, tal como surge de la reseña de la demanda efectuada precedentemente, la actora omite precisar en forma concreta y circunstanciada cuáles serían los hechos que -a su entender- han constituido el acoso u hostigamiento laboral allí denunciado, toda vez que agota el planteo bajo examen en una serie de consideraciones genéricamente efectuadas, en particular, respecto del denominado “mobbing”, mas no expresa qué hechos son los que a su parecer merecerían ser así calificados; más concretamente, qué actitudes y procederes de la Sra. V. son los que constituirían el maltrato a la demandante. Tal omisión implica un incumplimiento a la carga que impone el inciso 4º del art. 65 L.O. de explicar claramente los hechos en que se funda la demanda.

En esta ilación, observo que los únicos hechos puntuales que refiere habrían consistido en la negativa de otorgar días de estudio y de examen y cambio de turno laboral.Sin embargo; más allá de que al respecto tampoco se ha efectuado una exposición clara y detallada, a poco que se repare en que no se especifica cuándo habrían sido efectuadas tales peticiones, lo concreto es que de todos modos arriba firme el juzgamiento efectuado sobre el punto en la sentencia apelada en el sentido que “-la demandada hubiera actuado de esa manera o que tuviera una posición irrazonable al rechazar el pedido formulado por la actora de los días de estudios. En este sentido, cabe señalar que si bien el art. 17 del CCT 122/75 habilita el cambio de turno con otros compañeros dentro de cada establecimiento, ello siempre que no lesione los intereses de ninguna de las partes ni que le ocasionen a los empleadores gastos adicionales. En autos, de acuerdo a la prueba reseñada, surge que la demandada tomó nota del pedido de la actora, que ofreció soluciones alternativas no aceptadas por la trabajadora, y que entonces rechazó el pedido basada en razones operativas frente a las cuales la actora puede no estar de acuerdo pero que no configura una injuria de entidad suficiente para dar por concluido el contrato de trabajo-” (ver fs. 371 in fine, 372 1er. párr.).

No obstante lo expuesto precedentemente, coincido con el magistrado que me precede en cuanto a que de los testimonios rendidos en autos no surge demostrado que la actora padeciera maltrato en el ámbito laboral, toda vez que ninguno de los deponentes ha tomado conocimiento directo al respecto.

En efecto, la testigo Spindola (fs. 229/31) refirió que a la actora “-se la maltrataba-“, pero no explicó concretamente en base a qué hechos es que se basó para tal afirmación. Admitió asimismo que “-nunca vivió el trato de la actora con V-“. Por otra parte, observo que si bien esta deponente sostuvo que “-en su hora de descanso O.la hacía llorar a la actora, la hostigaba psicológicamente porque le decía que era una persona `inservible´ con esa palabra, que no estaba preparada para ese sector-“, lo cierto es que más allá de que se trataría de hechos no expuestos en la demanda, tampoco la testigo brindó un relato razonado y circunstanciado al respecto.

Fernández (fs. 249/50) manifestó conocer la relación entre O. y la actora por los comentarios que esta última le hacía. También dijo saber por comentarios que V. no le habría otorgado días de estudio a la demandante, y también sostuvo que por dicho motivo “-después estuvo re mal, contaba lo que pasó llorando y hasta que tuvo que dejar de estudiar porque no le daban el permiso – que la relación de V. con el resto de los empleados era muy autoritaria, mal trato a los empleados y a la dicente también – que era un maltrato más psicológico, que los iban a echar, que si no se quedaban a la noche porque no había enfermeras le decía `fíjate te pueden echar-´-“. Sin embargo, lo cierto es que tampoco se desprende de su testimonio que la testigo haya tomado conocimiento directo acerca de que la actora haya recibido mal trato u hostigamiento.

El testigo Daffar (fs. 253/5) dijo no saber “-como era la relación de la actora con la supervisora directa de la guardia de la tarde – que vio llorar a la actora un par de veces en el trabajo. Que no sabe qué tipo de problema tenía la actora, que a veces con la parte de la jefatura tenía diferencias y no sabe porque tenía algún tipo de presión por el hecho que ella trabajaba en otro lugar-“. Expresó asimismo que “-la relación de la actora con V.era muy mala aparentemente, que esto lo sabe porque eran todos compañeros y el dicente conocía a todas las enfermeras porque estaba en todos los servicios – y por ahí surgían comentarios-“, agregando que la actora le comentó en una oportunidad que tenía una “-pelea constante con V.-” y que esta última “-era autoritaria para con todos, para con los ayudantes, los enfermeros, para con los de limpieza, que les gritaba en el pasillo, que no tenía mucho filtro para eso-“. También afirmó que “-las enfermeras que entraban al despacho de V. salían llorando, que eso era fijo, que cuando entraba alguien se miraban entre todos para ver qué pasó y siempre salían con caras tristes de adentro, por no decir llorando-“. Señaló que “-no estuvo presente en ninguna reunión de la actora con V-“, pero que ha visto a la actora salir del despacho de V. con “mala cara”.

Los testigos Córdoba (fs. 247/8) y García (fs. 252) dijeron haber sido compañeros de la actora en el Hospital Posadas, por lo que no han tomado conocimiento directo acerca de las condiciones de labor en la demandada.

De los testimonios analizados se observa que, como adelantara, ninguno de los deponentes relata ningún hecho puntual de mal trato u hostigamiento hacia la actora, pues se trata de meras referencias, carentes de valor convictivo (arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

En suma de las consideraciones expuestas, no se encuentra demostrado el mal trato u hostigamiento genéricamente denunciado en el escrito inicial (arts. 377 y 386 C.P.C.C.N.), sin que exista duda alguna al respecto que torne aplicable el principio de favor receptado por el art. 9 L.C.T. a que hace referencia la recurrente (fs. 386 vta.).

Como lógica consecuencia de lo anterior, propongo confirmar la sentencia apelada en cuanto desestima las indemnizaciones derivadas del despido y la reclamación por accidente de trabajo, por lo que deviene abstracto el tratamiento de los agravios respecto de la responsabilidad solidaria de la A.R.T. (fs. 387).

III.Se queja la parte actora del rechazo de la multa reclamada con sustento en el art. 80 L.C.T., a cuyo efecto plantea la inconstitucionalidad del decreto 146/01.

Al respecto, es pertinente señalar que si bien como integrante de esta sala, integrada en su momento por el Dr. Morell y la Dra. García Margalejo, posteriormente por esta última y el Dr. Simon, y actualmente por el Dr. Arias Gibert, me allané por razones de economía procesal, y sin perjuicio de mantener y dejar a salvo mi opinión expresada al votar en la causa: “Pantano, Carlos Gustavo c/ First Club S.A.” (sent. def. n° 68.030, dictada el 15/12/2005, del registro de la Sala V), al criterio sustentado por los magistrados mencionados en virtud del cual no procede la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 80, L.C.T. (texto según ley 25.345), si la intimación pertinente es practicada antes del vencimiento del plazo establecido en el art. 3° del dec. 146/2001 (en la actual composición la doctrina contraria a mi tesis fue fijada en la sent. def. nº 72.984 dictada el 16/03/2011 en la causa: “Moglia, Emanuel c/Mirazones S.A.”), en el sub examine el tribunal, por la vacancia de una de las vocalías, está integrado por el Dr. Arias Gibert y quien suscribe, y en caso de d isidencia, por el Dr. Raffaghelli.

En este contexto, propicio resolver la cuestión planteada en el sentido expuesto en el caso “Pantano”, cuyos argumentos en lo substancial reproduzco a continuación.

El art. 3° del dec. 146/2001 dispone:

“El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o.por decreto 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente es propio de la interpretación indagar lo que dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país (cfr. C.S.J.N., Fallos: 244:129), con el fin de establecer así la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistematizada, razonable y discreta que responda a su espíritu y para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (cfr. C.S.J.N., Fallos: 363:453).

El control de constitucionalidad de las leyes que compete a todos los jueces y, de manera especial, a la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento en causa judicial, no se limita a la función en cierta forma negativa, de descalificar una norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permite (cfr. C.S.J.N., Fallos: 308:647, cons. 8° y sus citas; cons. 20 del voto del Dr. Carlos S. Fayt, 22/12/94, “Manauta, Juan J. y otros c/Embajada de la Federación Rusa”, D.T. LV, ps. 643/55).

Desde esta perspectiva hermenéutica, el art. 3° del dec. 146/2001 debe ser interpretado dentro de los límites de la norma superior que reglamenta.

El último considerando del dec. 146/2001 dispone:

“.Que, por último, deviene necesario establecer el plazo perentorio dentro del cual el empleador, una vez producida la disolución del vínculo laboral por cualquier causa, deberá hacer entrega al trabajador de los instrumentos a que hace alusión el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o.por decreto 390/76) y sus modificatorias, como paso previo a que se torne operativo el procedimiento contenido en el último párrafo del mencionado artículo 80, incorporado por el artículo 45 de la ley 25.345.”.

Tal como se deduce sin dificultad del último considerando del decreto citado, la finalidad que la reglamentación persigue es evitar contratiempos o dificultades que pudieren impedir al empleador cumplir la obligación a su cargo relativa a la entrega de los certificados del art. 80, L.C.T. dentro del reducido plazo que normalmente los trabajadores le otorgan para la confección y entrega de tales constancias. Para ello, le confiere el generoso plazo de treinta días, durante el que debería poder solucionar cualquier eventual dificultad referida a la obtención de la información necesaria para expedir los certificados en cuestión (C.N.A.T., Sala III, sent. n° 84.720, 15/04/03, “Blanco, Ernesto Carlos Benito c/Club San Jorge S.A. Cía. de Capitalización y Ahorro”).

Dicho en otros términos: la norma reglamentada otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización fijada; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del art. 80 de la L.C.T.puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación.

De tal modo, luce razonable concluir que la intimación fehaciente a que alude tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. n° 85.785, 27/04/04, “Carabajal, Luis Raúl c/La Internacional S.A. y otro”).

La interpretación que postulo luce plenamente aplicable al sub lite, ya que en la comunicación fehaciente de fecha 27 de abril de 2010 fue requerida la entrega de los certificados previstos por el art. 80 LCT (ver fs.176 y 178). Por añadidura y no obstante lo anterior, observo que en la instancia administrativa ante el SECLO, la actora también reclamó la entrega de los instrumentos en cuestión (ver acta en sobre de fs. 3), y ésta aconteció luego del mentado plazo de treinta días de la extinción del contrato de trabajo.

Consecuentemente considero viable la reclamación por la multa del art. 80 L.C.T., toda vez que la ex empleadora no cumplimentó adecuadamente la obligación de hacer contenida en la mentada norma sustantiva. En base a la remuneración de $3.601,80 informada en el peritaje contable (fs. 329/340; arts.386 y 477 C.P.C.C.N.), la condena por este rubro asciende a la suma de $10.805,40, la que devengará intereses a partir del día 31 de mayo de 2010, a la tasa fijada en la sede de origen, toda vez que arriba firme a esta instancia revisora.

IV. En consecuencia, de prosperar mi voto, el monto de condena correspondiente a la acción por despido debe elevarse a la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($15.992,25), más intereses a la tasa y en la forma dispuesta en la sentencia de grado anterior.

V. Toda vez que la modificación propuesta no altera sustancialmente lo decidido en la sede de origen, considero que no corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 279 C.P.C.C.N., por lo que debería mantenerse lo resuelto en materia de costas y honorarios, sin perjuicio del análisis que seguidamente efectuaré en la medida de los recursos interpuestos al respecto.

VI. La parte actora se queja por el modo en que fueron impuestas las costas en la sentencia apelada en la acción por despido. Sobre el punto, considero que si bien la actora ha resultado vencida en las cuestiones sustanciales de la contienda, no puede soslayarse que ante la patología detectada, pudo la actora considerarse asistida de mejor derecho a litigar.

Sobre dicha base, y también teniendo presente que en este tema (costas) no es forzoso en todos los casos atenerse a un criterio exclusivamente aritmético, es que dentro de un marco de razonabilidad mociono imponer las costas de la anterior instancia en un 70% a cargo de la actora y el restante 30 % a cargo de la codemandada Instituto Médico Constituyentes S.A. (conf. art. 71 C.P.C.C.N.).

VII. La perito contadora y el perito médico apelan por bajos los honorarios que respectivamente les fueron regulados.Conforme resultado del pleito y mérito e importancia de las labores y efectuando una prudencial valoración del monto del litigio verosímilmente involucrado en la acción que se rechaza sustancialmente (ver en este sentido CSJN, 31-10-2006 “Romero

S.A. s/ Quiebra” R.528.XXXVII); todo ello sin perjuicio de recordar que la ley de aranceles exige considerar no sólo parámetros numéricos (como un porcentual y el valor del litigio) sino, además, la valoración del mérito y extensión de la labor desarrollada en pos del resultado del litigio finalmente obtenido por la parte representada, considero que los honorarios regulados a la perito contadora y al perito médico son bajos, por lo que propongo elevarlos a las sumas actuales de $3.500 y $3.000, respectivamente (cfr. art. 38 L.O. y dec. 16.638/57).

VIII. En atención a la suerte que he propiciado a los recursos interpuestos, las costas de alzada también deberían imponerse del mismo modo que las correspondientes a la instancia anterior (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de las codemandadas codemandadas Consolidar ART S.A. e Instituto Médico Constituyentes S.A. en el 27%, 25% y 25% de lo que les corresponda percibir en primera instancia (conf. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Discrepo del voto que antecede en lo atinente a la argumentación planteada en el acápite II., respecto al descarte de la hipótesis de acoso psicológico, mas la solución la advierto de aplicación por compartir los argumentos de grado. En tanto el análisis contextual e integral de las testimoniales depuestas no acreditaron los tratos hostiles que A. indicó haber recibido por parte de la Sra.V., ya que los mismo resultan dar cuenta de “comentarios” o “suposiciones” lo que no logra resultar indiciario si quiera a los efectos de habilitar el análisis de las probanzas bajo el principio de cargas dinámicas que las situaciones como la referida en el presente, resultaría. Por ello, deberá confirmarse lo resuelto en grado alcances y efectos.

Luego, por otra parte, entiendo que deberá adecuarse la tasa de interés y su modo de aplicación sobre el capital de condena, que en caso de prosperar mi voto serán calculados según la tasa nominal anual para préstamos personales libre destina del Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses conf. Actas CNAT 2600 y 2601 del 07 y 21 de mayo de 2014 respectivamente, a tenor de los lineamientos que expongo a continuación.

Con fecha 21 de mayo de 2014 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta Nº 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco de la Nación Argentina aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, implica reconocer la inexistencia de operaciones de mercado con esa tasa.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica atender al interés de mercado, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia atento la irrealidad de la tasa anterior.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta CNAT Nº 2601, no afectaría los efectos dela cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo aquí expuesto, corresponde establecer el quantum final de condena del presente decisorio como el resultante del capital de condena más los intereses según la tasa fijada en grado, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco de la Nación aplica para préstamos de libre destino dispuesta mediante Acta CNAT 2601.

En todo que no resulte de tratamiento supra, adhiero al criterio dispuesto por el juez preopinante.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI manifestó:

En lo que resulta materia de disidencia en autos, por análogos fundamentos adhiero al voto del Dr. Enrique Arias Gibert.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL PÑOR MAYORIA RESUELVE : 1º) Modificar la sentencia apelada, y elevar el monto de condena a la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($15.992,25), con más los intereses de condena según se estableció en el segundo voto del presente decisorio. 2º) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios, a excepción de los honorarios de la perito contadora y del perito médico que se elevan a las sumas actuales de ($.) y ($.), respectivamente. 3º) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios correspondientes de acuerdo al punto VIII del primer voto. 4º) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

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