Ius Variandi: resulta abusivo en una clínica, migrar las tareas de un trabajadora administrativa a la atención de llamadas por servicio médico

13649812936325-0-680x276Partes: Elfenbaum Wanda c/ Swiss Medical S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-88263-AR | MJJ88263 | MJJ88263

Se juzga que la asignación de nuevas tareas que implican el paso de la atención al cliente respecto de asuntos administrativos, a la atención de llamadas referidas a servicios médicos a domicilio, implica un ejercicio abusivo del ius variandi.

Sumario:
1.-Corresponde revocar la sentencia y admitir las indemnizaciones reclamadas puesto que ante la intimación de la actora para que la demandada desistiera de la modificación en la asignación de tareas que alteraban lo esencial del contrato habido entre las partes, la negativa de la demandada importó un claro ejercicio abusivo del ius variandi.

2.-Toda vez que se configuró una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 66 y 242 LCT.), por haberse alterado la asignación de tareas del contrato habido entre las partes la decisión resolutoria adoptada por la actora se basó en causa legítima y corresponde condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones derivadas de los arts. 232 , 233 , y 245 LCT.

3.-Puesto que la demandada no acreditó en modo alguno que las nuevas labores impuestas resultaran acordes a las que venía realizando desde el inicio de la relación laboral; y es del todo evidente que no es lo mismo atender una línea vinculada a cuestiones administrativas y/o comerciales, que una destinada a brindar servicios de emergencias ante posibles urgencias vinculadas con la vida o muerte de personas, existió ejercicio ilegítimo del ius variandi.

4.-Existió ejercicio ilegítimo del ius variandi puesto que el mismo siempre está condicionado a que la medida modificatoria, más allá de su razonabilidad, no cause perjuicio material ni moral al trabajador (art. 66 LCT); y, en el caso, la medida que la empleadora pretendía imponer, ocasionaba un evidente perjuicio moral a la actora pues implicaba realizar una labor de altísima tensión, debido a la falta de capacitación alguna para la atención, control y asistencia de los llamados por urgencias con riesgo de vida, con una obvia repercusión desfavorable en su integridad psicofísica por la responsabilidad que, ante tales circunstancias de riesgo y las posibles consecuencias que un error en la atención de tales llamados de urgencia, podían generar.

5.-Corresponde admitir la indemnizacón del art. 2º de la Ley 25.323 toda vez que no se han esgrimido causas que justifiquen la conducta omisiva de la accionada respecto de la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido imputable a su responsabilidad, y dicha actitud colocó a la accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar su cobro.

6.-La condena a la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la LCT. debe mantenerse, así como a la indemnización prevista en dicha norma, toda vez que el instrumento acompañado por la demandada no da íntegro cumplimiento a las obligaciones establecidas en la norma en cuestión y luce acreditada en tiempo y forma la intimación requerida por el dec. 146/2001 .

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 18/7/14, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y la demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 243/245 y fs. 265/269). A su vez, la parte actora y la demandada apelan los honorarios regulados a favor de la perito contadora por estimarlos elevados (fs. 254 vta. Y fs. 269 pto. 3); en tanto la representación y patrocinio letrado de la parte actora y la perito contadora, objetan los honorarios regulados en su favor por estimarlos reducidos (fs. 255/vta. y fs. 257).

Al fundamentar el recurso, la parte actora cuestiona la valoración que efectuó el a quo de la prueba testimonial producida en autos, en función de la cual tuvo por no acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi alegado como injuria en sustento de la decisión de colocarse en situación de despido indirecto. Objeta la imposición de costas y la tasa de interés dispuesta en la instancia anterior.

Al fundamentar el recurso la parte demandada se agravia por cuanto el a quo la condenó a la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la LCT, así como al pago de la indemnización prevista en dicha norma.Cuestiona la imposición de costas dispuesta en la instancia anterior.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte actora.

Los términos de los agravios imponen memorar que la actora denunció en el escrito inicial que ingresó a trabajar para la demandada el 19/5/08 y que cumplió funciones de atención telefónica en el área denominada “Línea 24 hs”, en la cual se encargaba de atender a los socios de la accionada, informarles acerca de la facturación, cobertura, planes, reintegros, reclamos y resolución de éstos (ver fs. 6 vta.); tareas para la cuales dijo haber sido capacitada durante las primeras tres semanas a partir de su ingreso. Explicó que su jornada laboral era de lunes a viernes de 14 a 20 hs. y dos guardias en días sábado y domingo mensuales. Agregó que, en octubre de 2008, el sector donde trabajaba pasó a llamarse “Área call center”, lo cual fue comunicado mediante circular de setiembre de 2008, pero sin cambio alguno en las tareas que venía realizando. Sostuvo que también existía en la demandada otro sector de atención telefónica denominado “Emergencias”, al que los socios se comunicaban pero desde un número diferente al que lo hacían al sector donde ella trabajaba, y que en “Emergencias” se atendían llamadas para obtener visitas médicas a domicilio o traslados programados de ambulancia -que no eran postergables pero que no configuraban urgencias-; y otros llamados en los cuales cada minuto era de vida o muerte.Dijo que en junio de 2009, al estallar el brote de gripe porcina, por la alta demanda de servicios de emergencia se requirió del personal del sector “Línea 24 hs” colaboración en “Emergencias”, a lo cual la actora no accedió. Explicó que, en el mes de octubre de 2009, se unificaron geográficamente todos los sectores de atención telefónica en el edificio de la calle Herrera 541 y que, para el mes de febrero de 2010, se le anotició mediante el archivo de guardia que fue propuesta como soporte de urgencias para atender emergencias, situación por la cual, mediante TCL del 2/3/10 y reiteración en idénticos términos del 12/3/10, intimó a la demandada para que desistiera de la modificación de sus tareas consistente en una asignación de una tarea para la cual no fue capacitada y que le implicaba el riesgo de una afección a su integridad psicofísica, en los términos del art. 57 y 66 de la LCT (ver doc. en sobre de fs. 3 rec. fs. 92). La demandada rechazó tal intimación y afirmó que la actora fue contratada y capacitada para cumplir funciones en distintos sectores y productos del call center (ver fs. 9 vta./27); con motivo de lo cual, la actora mediante TCL del 19/3/10 se consideró injuriada y se colocó en situación de despido indirecto (ver doc. en sobre de fs. 3 rec. fs. 92).

La demandada en el responde negó las afirmaciones de la actora en el escrito inicial, y señaló que “todas las personas que se desempeñan en el call center para mi mandante, brindan servicios para todos los productos del área según las necesidades operativas” (ver fs.54); y, agregó que la actora fue capacitada en atención telefónica de servicios médicos a domicilio los días jueves y viernes anteriores a la guardia del 21/2/10, y que “jamás hubo nuevas tareas asignadas a la actora”.

De acuerdo con los términos en los cuales quedó trabada la litis, correspondía a la actora acreditar que la demandada le asignó una nueva tarea, que implicaba pasar de la atención al cliente por cuestiones administrativas, a la atención de llamadas por servicios médicos a domicilio o de emergencias de vida (conf. art. 377 CPCCN); y a mi juicio, lo ha logrado.

En efecto, el testigo Bravo (fs. 137/138) -propuesto por la parte demandada- describió pormenorizadamente que existían diferentes sistemas de computación para la atención del socio, uno que identificó como el portal cache, y otro para la toma de los pedidos médicos que identificó como sistema Cedi. De tal afirmación se desprende claramente que la atención en el call center no correspondía a un único sistema o función de servicios. Por otra parte, si bien el testigo afirmó que la actora se desempeñó durante toda la relación laboral en la distintas actividades que se realizaban en el call center, es decir en información al asociado, turnos, atención al socio, atención de domicilio, reclamos, etc., lo cierto es que luego explicó que, pese a que Elfenbaum había recibido capacitación para utilizar el sistema call center para atención a domicilio, “nunca se desempeñó en esta función”. Tal manifestación revela que la actora no atendió nunca llamados vinculados a emergencias (art. 90 LO).

Además, la testigo García (fs.130/131 que también declaró a propuesta de la demandada), afirmó que los llamados de atención o facturación se producían en la línea 24 horas y se dirigían al 08104447700, en tanto que los de atención de emergencias o médico a domicilio se concretaban al 0800777800, de lo cual se desprende claramente que, pese a que ambas atenciones se efectuaban en el sector call center, se trataba de líneas para atender problemas diferentes.

Por otra parte, mediante la declaración de las testigos propuestas por la parte actora, se encuentra acreditado que las labores que debía cumplir la actora en “Emergencias”, -que eran aquéllas que la demandada pretendía realizara la actora a partir de febrero de 2010-, eran sustancialmente diferentes a las que venía desarrollando desde el inicio de la relación laboral.

En efecto, la testigo Valentini (fs. 103/104) dijo haber sido compañera de trabajo de la actora, y explicó que ésta se desempeñaba como operadora telefónica y atendía llamados de los socios a quienes les daba información sobre facturación, planes de la empresa, lugares donde debían concurrir para ser atendidos, brindaba turnos y daba información general, y agregó que lo sabía porque ambas realizaban el mismo trabajo. Explicó que, al inicio de la relación, a la dicente y a la actora le impartieron capacitación para realizar las tareas señaladas, y que no se les otorgó ningún otro tipo de capacitación para tareas ajenas a las nombradas. Afirmó que en la línea 24 hs las labores eran las descriptas de atender a los socios que llamaban pero que, en la línea emergencias, se recibían llamados de socios con una emergencia en particular en la cual pedían atención médica determinada, es decir, para pedir médicos a domicilio o si era una emergencia mayor, una ambulancia y debían indicarle al socio lo que tenían que hacer mientras esa unidad llegaba. Agregó que en “emergencias” tenían otro sistema de computación.Agregó que, en dos oportunidades, la dicente cuando la mandaron a atender en “emergencias”, tuvo que derivar los llamados de una urgencia extrema a los operadores propios de la línea emergencia que pertenecían a una empresa llamada Ecos, porque la dicente no supo dar las indicaciones correspondientes a los casos por falta de capacitación para hacerlo.

La testigo Solaro (fs. 134/136) dijo que fue compañera de trabajo de la actora en la demandada. Explicó que trabajaban en la línea 24 que es la atención telefónica al socio en cuanto a productos, cobertura de planes, facturación, turnos, y el manejo del sistema operativo de la línea 24. Dijo que la línea de “emergencias” estaba en otro lugar físico distinto a la línea 24, y que allí se atendía telefónicamente los llamados por médicos a domicilio y urgencias. Explicó que, a mediados del año 2009, comenzaron a ir los operadores de línea 24 horas al sector de emergencias los días de guardia, que “iba el que quería” y les pagaban como horas extras. Señaló que se elaboró una lista de personas a las que se le ofrecía ir, y que la actora estaba incluida pero le pidió a la supervisora muy angustiada que la sacara de esa lista porque no quería trabajar en “emergencias”. Señaló que línea 24 horas y “emergencias” en cuanto al sistema operativo, son muy diferentes, y que no habían recibido ninguna capacitación para trabajar en éste último.

Por otra parte, tanto la testigo Lescano (fs. 200/202) como Dorín (fs.203/204) coincidieron con las declaraciones analizadas anter iormente en cuanto a las diferencias entre la línea 24 horas y “emergencias”, Además, la totalidad de las testigos que declararon a propuesta de la parte actora, afirmaron que los llamados para la línea 24 horas, es decir, para atención de socios en cuanto a planes, facturación, etc., se dirigían a una línea telefónica, mientras que la línea “emergencia” tenía otro número telefónico.

Valorada la prueba testimonial precedentemente analizada, a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN y 90 LO), no se encuentra acreditado por la demandada que las nuevas labores que le fueron impuestas a la actora fueran compatibles con las que venía realizando desde el inicio de la relación laboral; y, por el contrario, mediante la prueba testimonial producida a instancia de la parte actora, se acreditó fehacientemente la sustancial diferencia entre las labores que realizaba Elfenbaum en la línea 24 horas y aquéllas que debía realizar en “emergencias”.

De lo expuesto se desprende que, no se encuentra discutido que la demandada, intentaba introducir una modificación en las tareas que venía desarrollando la actora desde el inicio de la relación; por lo que, se encontraba a cargo de la empleadora acreditar que la modificación esencial que intentaba introducir en la relación mantenida con la accionante respondía a una causa objetiva y no era irrazonable (conf. art. 66 LCT), pero, a mi entender, ello no fue demostrado en autos.

Liminarmente, cabe memorar que, tal como sostuve en distintas ocasiones anteriores (Tratado Jurisprudencial y Doctrinario -Derecho del Trabajo Relaciones Individuales-, Tomo I, pág. 233 y 234, Ed. La Ley, 2010), los arts.64 y 65 de la LCT contemplan las facultades de organización y dirección conferidas por la ley al empleador.Como señalara Justo López, la facultad de organización del empleador, prevista en la primera de las normas mencionadas, revela, por un lado, el carácter fundamental que posee el ejercicio de este “poder”, mediante el cual se crea y se mantiene la empresa; por otro, denotan que la ley le atribuye carácter privado y no público (citado en el Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por A. Vázquez Vialard, Tº III, pág. 630). A su vez, la facultad de dirección, debe ser funcional, y encuentra sus límites en las disposiciones imperativas de la ley, la convención colectiva aplicable y en las demás fuentes del contrato de trabajo (cfr. Vázquez Vialard en Tratado de Derecho del Trabajo, Tº III, págs. 630/631).

El ejercicio “funcional” de las facultades de dirección y organización, por parte del empleador, significa un ejercicio normal, adecuado a las necesidades de la empresa, que no implique una decisión arbitraria o irrazonable, contraria a la buena fe que debe mediar entre las partes. El standard de conducta que contiene el art. 63 de la LCT, al hacer referencia al “buen empleador”, constituye una guía para apreciar la legitimidad de la medida adoptada por éste.

En el marco de tales facultades, el empleador cuenta con la posibilidad de modificar unilateralmente la forma y las modalidades no esenciales de la prestación de trabajo a través del ejercicio del denominado ius variandi.

Las condiciones a las cuales está sujeto el legítimo el ejercicio del ius variandi son:1) razonabilidad, pues debe responder a una razón funcional; 2) no debe ser alterada una condición esencial, pues no puede modificarse lo sustancial del contrato (como, por ejemplo, las tareas asignadas en función de una determinada calificación profesional, o la modalidad retributiva, etc.), y 3) no debe causar perjuicio moral ni material al trabajador.

Ahora bien, no sólo no fue alegada en la contestación de demanda la fundamentación de la medida, sino que tampoco fue acreditado en autos, que la demandada haya tenido una causa razonable y justificada como para modificar las labores de Elfenbaum, más aún cuando -como es de público y notorio- el pico de influencia de la gripe A fue durante el invierno del año 2009, y el pretendido cambio de tareas ocurrió en febrero de 2010.

Por otra parte, la demandada no acreditó en modo alguno que las nuevas labores impuestas resultaran acordes a las que venía realizando desde el inicio de la relación laboral; y es del todo evidente que no es lo mismo atender una línea vinculada a cuestiones administrativas y/o comerciales, que una destinada a brindar servicios de emergencias ante posibles urgencias vinculadas con la vida o muerte de personas.

En tales condiciones, ante la intimación de la actora para que la demandada desistiera de la modificación en la asignación de tareas que alteraban lo esencial del contrato habido entre las partes, la negativa de la demandada importó un claro ejercicio abusivo del ius variandi. Como ya he señalado el ejercicio legítimo del ius variandi siempre está condicionado a que la medida modificatoria, más allá de su razonabilidad, no cause perjuicio material ni moral al trabajador (art.66 LCT); y, en el caso, la medida que la empleadora pretendía imponer, ocasionaba un evidente perjuicio moral a la actora pues implicaba realizar una labor de altísima tensión, debido a la falta de capacitación alguna para la atención, control y asistencia de los llamados por urgencias con riesgo de vida, con una obvia repercusión desfavorable en su integridad psicofísica por la responsabilidad que, ante tales circunstancias de riesgo y las posibles consecuencias que un error en la atención de tales llamados de urgencia, podían generar.

Desde esa perspectiva, es evidente que se configuró una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 66 y 242 LCT), por lo que concluyo que la decisión resolutoria adoptada por Elfenbaum el 12/3/10, se basó en causa legítima. Por todo lo expuesto precedentemente, propongo se revoque la sentencia apelada y se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones derivadas de los arts. 232, 233, y 245 LCT.

Por otra parte, y en atención a los términos de los agravios, corresponde condenar a la demandada al pago del incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323. En efecto, mediante TCL del 19/3/10, la actora intimó fehacientemente a su ex-empleadora -entre otras cosas- para que le abone las indemnizaciones correspondientes al despido incausado (fs. 10/vta. rec. fs. 92); y la demandada no se avino en modo alguno a abonarle dichas indemnizaciones (ver fs. 78).

Ahora bien, dado que no se han esgrimido ante esta Alzada, causas que justifiquen la conducta omisiva de la accionada respecto de la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido imputable a su responsabilidad, y que dicha actitud colocó a la accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar su cobro; resulta procedente también el incremento con base en el art. 2º de la ley 25.323.

Creo conveniente señalar aquí, que en la sentencia de grado anterior no se viabilizaron los reclamos en torno al SAC proporcional, y a las vacaciones proporcionales.Como las circunstancias involucradas en las cuestiones que constituyen materia de agravios son distintas de aquellas que deben ser analizadas para establecer la viabilidad (o no) de las pretensiones recién mencionadas, la ausencia de todo agravio concreto referido a su desestimación en la instancia anterior, obstan a la posibilidad de que ellos sea analizado en esta Alzada pues ello implicaría abocarse al tratamiento de cuestiones que exceden los límites que impone el propio recurso (arg. arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 164 del CPCCN y art. 116 L.O.).

Se agravia la parte demandada por cuanto el sentenciante de anterior instancia la condenó a la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la LCT, así como a la indemnización prevista en dicha norma.

En relación al certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, cabe puntualizar que la sentenciante de grado anterior consideró que el instrumento acompañado por la demandada con el conteste (fs. 37/39) no da íntegro cumplimiento a las obligaciones establecidas en la norma en cuestión y, en consecuencia, condenó a la ex empleadora a hacer entrega “las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT”. Ahora bien, la accionada, al margen de sostener que acompañó el certificado al contestar la demanda, no articula argumento alguno tendiente a rebatir la conclusión del a quo según la cual el instrumento no cubre la totalidad de las exigencias contenidas en la norma y que ello obsta a que pueda considerarse efectivamente cumplida la obligación prevista en el dispositivo legal. En efecto, el instrumento acompañado por la demandada a fs. 37/39 no contiene la constancia de aportes previsionales requerida por la norma. Desde esa perspectiva, entiendo que la queja debe desestimarse.

Con relación a la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT dispuesta por el sentenciante de anterior instancia, cabe señalar que el a quo consideró acreditada en tiempo y forma la intimación requerida por el dec.146/01; y tal conclusión del sentenciante de anterior instancia no fue cuestionada por lo que llega firme a esta alzada. Ahora bien, afirma la demandada que el certificado en cuestión fue confeccionado contemporáneamente a la extinción del vínculo, y que estuvo a disposición de la parte actora; pero lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que así haya sucedido. Por otra parte, la accionada no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 L.C.T. en la instancia administrativa (ver fs. 4), no efectuó consignación judicial del certificado y recién acompañó un instrumento cuando se presentó en estos autos, el cual, tal como he señalado, se encontraba incompleto y no cumplía la totalidad de las exigencias requeridas por la norma. En tales condiciones, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto.

De acuerdo con lo que llevo dicho, en atención a la forma en que dejo propuesta se resuelvan las apelaciones, habida cuenta de los rubros que propongo sean confirma dos y de aquéllos que corresponde diferir a condena, de conformidad a una base salarial de $ 2.697,39 (cfme. sentencia de anterior instancia no cuestionada en el punto), entiendo que corresponde modificar la sentencia de anterior instancia y elevar el monto diferido a condena del siguiente modo: $ 2.922,17 en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso, computada la incidencia del SAC (art. 232 LCT); $ 1.131,16 en concepto de integración del mes de despido, computada la incidencia del SAC (art.233 LCT); $ 5.394,78 en concepto de indemnización por antigüedad (art.245 LCT); $ 4.724,05 en concepto de incremento art. 2 ley 25.323; $ 8.092,17 en concepto de indemnización art.80 LCT. Todo ello, hace un total de $ 22.264,33.

Se queja la parte actora porque el sentenciante determinó que resultaba aplicable la tasa activa de interés fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.Señala que si bien la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante Acta 2357 resolvió que “a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa.” ésta se ha vuelto insuficiente.

Dado que por Acta Nro 2601 de fecha 21.5.2014 esta Cámara recomendó la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino para el plazo de 49 a 60 meses que utiliza el Banco Nación, desde que cada importe se haya hecho exigible hasta su efectivo pago; en atención a los términos del agravio, considero que corresponde modificar la sentencia de anterior instancia en el punto y establecer dicha tasa de interés sobre el monto precedentemente diferido a condena.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, se debe adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones; lo cual torna abstracto los planteos en torno a las costas y a las regulaciones de honorarios. En orden a ello, en función de dicho resultado, y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de ambas instancias deben ser impuestas a cargo de la parte demandada, por haber sido vencido en los aspectos principales de la controversia (art.68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art.38 de la L.O., estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora; y los de la representación y patrocinio de la parte demandada y de la perito contadora en el 16%, 12%, y 6% respectivamente, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE:1) Modificar la sentencia de anterior instancia y elevar el monto diferido a condena a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 22.264,33), con más los intereses establecidos en el Acta CNAT Nº 2601 del 14/5/14; 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y de la perito contadora, en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, sobre el monto de condena más intereses; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

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