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#Fallos Abusador despedido: Es razonable la pérdida de confianza hacia el trabajador que cometió un abuso sexual en el box de radiología

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Partes: D. C. A. c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VI

Fecha: 5 de julio de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-144453-AR|MJJ144453|MJJ144453

Es razonable la pérdida de confianza hacia el trabajador que cometió un abuso sexual en el box de radiología.

Sumario:
1.-Se considera legítimo el despido impuesto por la demandada, pues valoradas las circunstancias analizadas en sede penal en el marco de las obligaciones que emanan de un contrato de trabajo, las irregularidades en las que aparece involucrado el accionante con relación al abuso que se habría dado en el box de radiología, por su magnitud, es razonablemente configurativo de una situación objetiva de pérdida de confianza.

2.-La punición del art. 80 de la LCT debe ser dejada sin efecto: se ha señalado que corresponde rechazar la indemnización pedida en los términos del art. 80 de la LCT si no se advierte una conducta del empleador que evidencie su intención de vulnerar el bien jurídico protegido por la Ley 25.345 : combatir la evasión fiscal.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La demandada cuestiona que no se haya tipificado como legítimo el despido impuesto. Subsidiariamente, apela la base remuneratoria determinada en grado, la procedencia del rubro licencia profiláctica, la condena por la multa del art. 80 de la LCT, que no se haya descontado la suma de $141.388,14 que dice haber abonado y la cuantía del rubro preaviso. Por último, cuestiona por altos los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora.

El tema en debate es delicado y exige algunas precisiones: el actor fue despedido por pérdida de confianza pues la demandada -a raíz de la denuncia recibida por una paciente en su libro de quejas- le reprochó acciones y conductas a las que tildó de indecorosas y abusivas además de señalar que podrían constituir abusos deshonestos en el trato con las pacientes.

Asimismo, de la misiva extintiva surge que luego de disponer la suspensión del actor, la accionada instruyó un sumario interno para investigar el caso, prevenir nuevas situaciones y preservar la integridad física, moral y psicológica de las pacientes así como el prestigio e imagen de la fundación demandada del que se desprendería la existencia de, por lo menos, un antecedente similar.

Estos hechos dieron lugar a la denuncia penal de la paciente contra el aquí actor por abuso sexual quien resultó sobreseído por entenderse un obstáculo ineludible la actitud que presentó la denunciante de no cumplimentar las diligencias oportunamente ordenadas en la causa (ver, sobre anexo de prueba 8962).

Más allá de la decisión tomada en sede penal, no existe impedimento alguno para que el tribunal del trabajo pueda pronunciarse acerca de la configuración de injuria laboral, apreciando los elementos agregados a lacausa.

La ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que conculque las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con dichos deberes creadas con el devenir del vínculo, frustrado a raíz de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas similares; y estimo que, en el caso, la conducta de la actor no se patentiza acorde al cumplimiento de dichos deberes. En efecto, no puede soslayarse que la decisión resolutoria adoptada por la accionada no se basa en la imputación lisa y llana de la comisión de un delito sino, en la pérdida de confianza que deriva del estado de sospecha que genera la participación que tuvo el actor en sucesos sumamente delicados.

Valoradas las circunstancias analizadas en sede penal en el marco de las obligaciones que emanan de un contrato de trabajo, entiendo que las irregularidades en las que aparece involucrado el accionante con relación al abuso que se habría dado en el box de radiología, por su magnitud, es razonablemente configurativo de una situación objetiva de pérdida de confianza. Ello por cuanto: a) de las declaraciones testimoniales aportadas por la demandada se desprende el accionar de la empleadora luego de haberse anoticiado de la queja de la denunciante, la que -por otra parte- es compatible con la efectuada en sede penal que fue transcripta por la secretaria de la unidad fiscal y que, en consecuencia, tiene el valor propio de toda declaración prestada en sede judicial (art. 386 CPCCN); b) no puede atribuirse a la incomparecencia de la denunciante el valor asignado en el pronunciamiento de grado por cuanto de las actuaciones penales se desprenden las razones valederas expresadas por la denunciante para no continuar con la acción penal, que en su caso se condicen con el fin de evitar la revictimización de la persona que es víctima de violencia (ver fs.57 de la causa penal); c) no puede dudarse que la denuncia efectuada, por vía de hipótesis, podría afectar el buen nombre y honor de la empresa dedicada a la dación de prestaciones médicas; d) la documentación obrante en el legajo del actor así como el sumario instruído permite inferir que la decisión rupturista ha sido ajustada a derecho.

Por ello entiendo que el reclamo indemnizatorio del trabajador debe ser rechazado lo que también conlleva a la desestimación del reclamo fundado en el art. 2º de la ley 25.323 pues de tratándose de un despido legítimo es inviable.

Por lo expuesto, deviene abstracto expedirme en relación al segundo, sexto y séptimo agravio.

En cuanto a la licencia profiláctica, asiste razón a la demandada pues la sola referencia de que debía gozar de tal licencia no importa su procedencia (ver, fs. 15) por lo que corresponde revocar la procedencia del rubro.

La punición del art. 80 de la LCT debe ser dejada sin efecto: se ha señalado que corresponde rechazar la indemnización pedida en los términos del art. 80 de la LCT si no se advierte una conducta del empleador que evidencie su intención de vulnerar el bien jurídico protegido por la ley 25.345: combatir la evasión fiscal (Cianciardo, “El art. 80 de la LCT y el decreto 146/01”, LL 2004-F-561; CNTr. Sala X, 9/9/02, “Trigo c/Pecom Energía SA”, 2003-A-81) ya que se estaría consagrando un ejercicio abusivo del derecho, máxime si, frente a la intimación del dependiente con relación al certificado de trabajo, el principal lo puso a su disposición en el lugar de trabajo, sin que aquél haya manifestado en momento alguno que se le haya negado su entrega (CNTr.Sala I, 13/9/19, “Botta c/Telecom Argentina SA”, LL 20/11/19; íd 28//6/19, “Martínez Samudio c/Inc SA”, DT 2020-2-76; Sala II, 21/2/13, “Gómez Robles c/Transportes Olivos SA”; Sala IV, 29/6/17, “Benítez c/Jaram SA”; Sala VII, 21/8/19, “Quillay c/Austral SA”, DT 2020-2-89; Sala VIII, 4/8/09, “Galeano c/Ave Caesar SRL”, DT 2010-3-500; Sala IX, 29/12/09, “Suárez c/Fundación IAG”, BCNTr 297; Sala X, 14/11/04, “Aquino c/Dinaluca SA”, LL 5/4/05, nº 108.762; íd. 14/12/06, “Lenzo c/Disco SA”, DT 2008-B-924): la obligación de entrega que impone el art. 80 de la LCT debe ser ponderada bajo la óptica de los principios de colaboración, solidaridad y buena fe (arts. 62 y 63 de la LCT), teniendo en cuenta su fin institucional -es decir que no exista evasión previsional (art. 1º, CCCN)- no siendo viable una utilización abusiva contraria al principio moral y las buenas costumbres (arts. 10 y 11 CCCN) lo que sucede cuando el único objetivo del trabajador al formular el reclamo no es otro que lograr un incremento de las indemnizaciones por despido o cuando se demanda la aplicación de la sanción por una cuestión meramente formal sin acreditarse la existencia de un perjuicio concreto (CNTr. Sala VI, sent. def. nº 72.568, 25/4/19, “Padin c/Provincia ART SA”; Sala X, 9/9/02, “Trigo c/Pecom SA”, DT 2003-A-81).

Todo lo expuesto conduce al rechazo de la demanda incoada, tornándose abstracta la apelación deducida por la parte actora contra la decisión del 3/6/20, con expresa imposición de las costas del proceso a cargo del actor y nueva regulación arancelaria.

Por ello entiendo corresponde:1) Revocar el fallo recurrido y rechazar la demanda entablada, 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas e imponerlas en ambas instancias al accionante y 3) Fijar los honorarios de representación y patrocinio del actor, demandada y auxiliar contable en las sumas de ($.), ($.) y ($.) en valores monetarios actuales destinados a recompensar la totalidad de las tareas -judiciales y extrajudiciales realizadas en beneficio de los litigantes.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

En atención a las particulares circunstancias de la causa y constancias probatorias merituadas, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Pose en su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar el fallo recurrido y rechazar la demanda entablada, 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas e imponerlas en ambas instancias al accionante y 3) Fijar los honorarios de representación y patrocinio del actor, demandada y auxiliar contable en las sumas de ($.), ($.) y ($.) en valores monetarios actuales destinados a recompensar la totalidad de las tareas -judiciales y extrajudiciales realizadas en beneficio de los litigantes.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZA DE CAMARA

Ante mí:

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