La constatación del estado de salud del trabajador y los incumplimientos salariales no configuran mobbing

mobbing1Partes: Portorrico Silvia Beatriz c/ Editorial Atlántida S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 1-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-102070-AR | MJJ102070 | MJJ102070Sumario:

1.-Corresponde admitir las indemnizaciones contempladas en el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas (dec-ley 13.839/46 versión de la ley 15.535 ) puesto que conforme surge de la prueba pericial contable, la empleadora reconoció a la actora los mejores derechos contemplados por el CCT 301/75 en materia de vacaciones, circunstancia que impide luego objetar el encuadramiento aludido sin incurrir en contradicción con una conducta jurídicamente relevante previa.

2.-No resulta aplicable el incremento indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25.323 toda vez que el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto de los Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas (dec.-ley 13.839/46) es distinto a los establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 25.013 a los que expresamente refiere esa norma.

3.-Corresponde tener por acreditada la naturaleza laboral de las prestaciones brindadas por la actora, antes y después de haberla registrado como dependiente, toda vez que habiendo sido reconocida la prestación personal de tareas, pesaba sobre la demandada desvirtuar la presunción iuris tantum del art. 23 LCT., y tal carga probatoria se encuentra incumplida.

4.-Corresponde confirmar la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto pues la negativa de la demandada a registrar a la trabajadora como dependiente durante el período faltante y la falta de pago de las sumas por el bono anual constituyen injurias suficientes de tal magnitud que impidieron la prosecución del vínculo.

5.-Debe admitirse el pago del bonus anual pues las gratificaciones otorgadas en forma habitual dan derecho a reclamar su pago en períodos sucesivos y en el caso no ha sido acreditado que en los períodos posteriores a la designación de la actora como gerente editorial, no se hubieran cumplido las mismas condiciones sobre cuya base habían sido liquidada dicha gratificación en los períodos previos.

6.-Corresponde confirmar la admisión de la sanción del art. 15 LNE pues si bien el requerimiento telegráfico de registración que formuló la actora incumplió, por lo menos en cuanto al nivel salarial, las exigencias del art. 11 de la ley en cuanto refiere a la explicitación de las circunstancias verídicas, ello no constituía para la empleadora un impedimento para proceder a la correcta registración laboral según los reales datos de la relación que surgía de sus propias constancias.

7.-No corresponde admitir la existencia del mobbing si la prueba no evidencia una situación de maltrato, repetitivo y sistemático dirigido contra la actora con una finalidad persecutoria, toda vez que ninguno de los hechos alegados acreditan esa finalidad, sin que califique como tal la fijación de una consulta para constatar el estado de salud de la trabajadora como respuesta al requerimiento de una licencia por enfermedad, ni el hecho de los incumplimientos salariales pues, sin perjuicio de su procedencia, no evidencian un propósito peyorativo o persecutoria para forzar su alejamiento de la empresa.

Fallo:

Buenos Aires, 1/09/2016

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a la alzada a fin de resolver el recurso que contra la sentencia de fs. 590/596 formulan la demandada a fs.538/613 y la actora a fs. 615/647, mereciendo sendas réplicas adversarias a fs. 655/674 y 675/693. También apelan a fs.614 los letrados de la actora por estimar bajos los honorarios regulados a su favor.

II. La demandada recurre la sentencia de la juzgadora que precede en cuanto consideró probada la naturaleza laboral de las prestaciones brindadas por la actora entre febrero de 2007 y febrero de 2008, esto es antes y después de haberla registrado como dependiente suya. No le asiste razón.

Al haber sido reconocida la prestación personal de tareas, pesaba sobre la demandada desvirtuar la presunción “iuris tantum” del art. 23 de la LCT que lleva a tener por cierta la existencia de un contrato de trabajo, esto es demostrar que las circunstancias, las relaciones o causas que motivaron esa prestación excluían la naturaleza laboral del vínculo durante ese lapso. Tal carga probatoria se constata incumplida por la demandada pues no constituye prueba válida en contrario requerida por la norma la mera inscripción de la trabajadora en la calidad de prestadora autónoma ni la emisión de facturas contra el pago de la retribución de sus servicios.Sabido es que en materia laboral rige el principio de primacía de la realidad que lleva a priorizar los hechos probados por sobre las denominaciones o elementos utilizados por las partes para su instrumentación.

Por ello, en la medida en que la crítica formulada por la recurrente contra la favorable valoración de las declaraciones testificales rendidas a instancias de la contraria como elementos respaldatorios de la antes mencionada presunción laboral (en cuanto refirieron la presencia de la actora en el establecimiento de la demandada con igual modalidad y frecuencia que en los períodos previos y posteriores a ese lapso) deja firme la antes señalada ausencia de prueba que la desvirtúe, de modo que la decisión adoptada en la instancia anterior resulta ajustada a derecho y debe mantenerse.

III. Tampoco tendrá recepción la queja formulada por la demandada contra la sentencia en cuanto hizo lugar al reclamo de indemnizaciones derivadas del despido.

Luego de un profuso intercambio telegráfico, la actora se consideró despedida a tenor de una comunicación de fecha 21/05/2010 en la que invocó como causales de injuria laboral (arts. 242 y 246 LCT) la negativa de la demandada a registrarla como dependiente suya durante el período mencionado en el considerando anterior y la falta de pago de las sumas por el bono anual correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009, conforme lo había reclamado en una intimación previa (ver fs. 19 y vta. del escrito de demanda). Ante las negativas de la ex empleadora respecto de los hechos alegados, correspondía a la actora acreditar al menos alguno de ambos incumplimientos contractuales (art. 377 CPCCN).

Al hallarse resuelta la naturaleza laboral del desempeño brindado por la actora entre febrero de 2007 y el mismo mes del año 2008, la negativa de la demandada a registrarla laboralmente durante ese período constituyó una injuria laboral con gravedad suficiente para justificar la ruptura del contrato de trabajo dispuesta por la trabajadora (conf. art.242 LCT).

En el contexto fáctico apuntado, la decisión de admitir las indemnizaciones derivadas del despido resulta ajustada a derecho y debe mantenerse.

IV. En cuanto a la admisión de las indemnizaciones contempladas en el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas (decreto-ley 13.839/46, versión de la ley 15.535) para la relación de la actora, adelanto asimismo opinión desfavorable a la pretensión revisora de la demandada.

Digo así en tanto no rebate que, conforme surge de la prueba pericial contable la empleadora reconoció a la actora los mejores derechos contemplados por el CCT 301/75 en materia de vacaciones (ver fs. 455 vta.), circunstancia que le impide a la accionada recurrente objetar el encuadramiento aludido sin incurrir en contradicción con una conducta jurídicamente relevante previa (conf. doctrina de los actos propios).

En efecto, pese al cuarto agravio de la demandada respecto de la aplicación al caso del estatuto y del CCT 301/75, es clara la peritación de contabilidad de la cual – según antes se dijo- resulta que en el instituto de las vacaciones la demandada se atuvo a la mencionada normativa de convenio. Ello evidencia sin más la aplicación de la conocida doctrina de los actos propios, muchas veces declarada operativa por el Alto Tribunal, en cuanto posibilita concluir que el cuestionamiento de la parte efectuado en este litigio constituye en realidad una reflexión tardía pues con anterioridad al proceso aplicó la normativa que ahora objeta, lo cual implica que ha incurrido en una conducta jurídicamente relevante y plenamente eficaz, sin que válidamente puedan invocarse agravios que derivan de esa propia conducta de la recurrente, tal como así lo ha sostenido la Corte Federal (ver, entre muchos, Fallos 294:220; 305:1304).

La conclusión precedente supera entonces la disconformidad de la demandada en su memorial recursivo en orden a que la actora -según dice- estaba fuera de convenio (gerente) frente a la contradicción objetivada por su anterior conducta.

V.La objeción vertida por la actora ante la desestimación de la indemnización prevista por el artículo 2º de la ley 25.323 no será estimada.

El régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto de los Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas (decreto-ley 13.839/46) resulta distinto a los establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y la ley 25.013 a los que expresamente refiere esa norma, de modo que – por tratarse de una relación laboral comprendida en el marco del referido estatuto- no resulta aplicable el incremento indemnizatorio en cuestión que agrava en un 50% de sus respectivos montos las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la L.C.T., o 6º y 7º de la ley 25.013 y no a los de otras normas estatutarias.

VI. La objeción a la admisión del reclamo por “bonus anual” que formula la demandada no merece favorable tratamiento.

Debe tenerse presente que las gratificaciones otorgadas en forma habitual dan derecho a reclamar su pago en períodos sucesivos y que en el caso no ha sido acreditado, como lo afirmó la demandada recurrente en el responde, que en los períodos posteriores a la designación de la actora como gerente editorial no se hubieran cumplido las mismas condiciones sobre cuya base habían sido liquidada dicha gratificación en los períodos previos por un monto equivalente al de dos veces la mejor remuneración mensual percibida en cada año (conf. doctrina del fallo plenario Nº 35 del 13/09/1956 en autos “Piñol, Cristóbal A. c/Genovesi S.A.” , conf. art. 303 CPCCN).

En cuanto a la admisión parcial de la excepción de prescripción respecto del bono 2007, considero que no le asiste razón a la actora al objetar lo resuelto. Llega firme a esta instancia que el bono de ese año debió ser abonado “en el primer semestre del año 2008” conforme fue manifestado por la parte actora en el intercambio telegráfico (ver fs.98 vta.), lo cual lleva a afirmar como fecha de exigilidad del crédito el día 31/06/2008, de modo que por aplicación del plazo bianual del art. 256 de la LCT la prescripción debía operarse originalmente el 30/06/2010. Como con anterioridad al vencimiento del plazo aludido, en fecha 14/05/2010 la actora cursó a la demandada una intimación fehaciente de pago a la que cabe asignarle efectos suspensivos de la prescripción del modo previsto en el art. 3986 del anterior Código Civil, la prescripción del crédito en cuestión operó el día 30/06/2011. No obsta a la conclusión apuntada el inicio de las actuaciones ante el Servicio de Conciliación Obligatoria (SECLO) el día 15/12/2010 (según el acta de fs. 3), porque a esa fecha se hallaba en curso el plazo de suspensión del art. 3986 del anterior de Código Civil como consecuencia de la intimación fehaciente de pago, de modo que ese hecho no podría suspender un plazo que ya se hallaba suspendido. En razón de lo expuesto, dado que a la fecha de interposición de la presente demanda en fecha 16/05/2012 (según el cargo de fs. 31) el crédito en cuestión se hallaba prescripto, propongo confirmar lo resuelto en origen.

VII. Ambas partes cuestionan lo resuelto respecto de las indemnizaciones reclamadas con apoyo en la ley 24.013. La actora objeta el rechazo del reclamo fundado en el art. 8 de la ley y la demandada hace lo propio respecto de la indemnización agravada del art. 15 de la ley 24.013.

Considero que le asiste razón a la actora respecto de la pretendida admisión de la indemnización del art. 8º de la ley citada porque la trabajadora cumplió con la intimación fehaciente y la comunicación a la AFIP exigidas en el art.11 de la ley y se demostró la falta de registración laboral del lapso comprendido entre febrero de 2007 y febrero de 2008, de modo que se encuentran cumplidos los presupuestos fácticos de procedencia de la sanción legal respecto de ese período. En consecuencia, admito el agravio y sobre la base del salario nominal histórico percibido durante ese lapso (ver fs. 382, conf. arts. 56 LCT y 56 LO), sugiero adicionar al monto de condena la suma de $14.625 (25% de $4.500 x 13 períodos como consecuencia de la inclusión del correspondiente al s.a.c. anual) por este concepto.

No merece recepción, en cambio, el agravio formulado por la demandada contra la admisión de la sanción del art. 15 de la ley citada. Si bien el requerimiento telegráfico de registración que formuló Portorrico incumplió, por lo menos en cuanto al nivel salarial, las exigencias del art. 11 de la ley en cuanto refiere a la explicitación de las “circunstancias verídicas”, ello no constituía para la empleadora un impedimento para proceder a la correc ta registración laboral según los reales datos de la relación que surgía de sus propias constancias. En tal sentido, cabe señalar que el art. 79 LCT veda la posibilidad de invocar el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que el propio empleador tiene asignadas y del que pueda derivarse la pérdida total o parcial de beneficios, cuando la observancia de las obligaciones dependen del deber de iniciativa del empleador cuando no prueba haberlas cumplido oportunamente.

En cuanto a la pretendida reducción de la cuantía del concepto que reclama la demandada con sustento en el art. 16 de la ley, observo que en el caso no se constata ninguna circunstancia objetiva que genere una duda razonable acerca de la naturaleza laboral del vínculo habido durante el período en cuestión, razón por la cual propongo desestimar lo peticionado.

VIII.Es momento ahora de incursionar en la queja concerniente a la inclusión del proporcional mensual del “bonus anual” en la remuneración base de cálculo de la indemnización por despido del art. 245 de la LCT, tema éste que ha quedado zanjado por la doctrina plenaria de esta Cámara Nº 322 en los autos “Tulosai” (del 19/11/2009), la cual por razones legales debo acatar sin perjuicio de mi opinión en contrario al haber integrado la postura minoritaria (art. 303 Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Sobre tal base le asiste razón al demandado, por lo cual el importe por dicha indemnización debe reducirse al de $121.310,20 ($12.131,02 x 19 períodos) y, consecuentemente, el total de condena al de $572.495,16 ($578.088,46 – $141.528,50 + $121.310,20 + $14.625 de la indemnización del art. 8º de la ley 24.013, ver pto. VII de los presentes considerandos).

IX. En cuanto a la alegada existencia de situaciones de violencia laboral, he tenido ocasión de sostener en doctrina que el acoso laboral, conocido por el uso del vocablo inglés mobbing (del verbo to mob que significa hostigamiento o acoso), se configura cuando una persona o grupo de ellas, de modo repetitivo y sistemático, adopta una conducta hostil o arbitraria contra el trabajador para disminuirlo o desprestigiarlo en el ámbito de la empresa con la finalidad o intención de que abandone el empleo o acepte una disminución en las condiciones de trabajo o sea eliminado del cargo que ocupa (ver “Trato igualitario y acoso laboral”, en Revista de Derecho Laboral, Discriminación y violencia laboral, tomo II, ed. Rubinzal – Culzoni, 2009, p. 445 y sgtes.). Es decir que la presencia de una situación de mobbing con consecuencias jurídicas requiere la verificación de un reiterado y regular proceder perverso y además que tenga la finalidad de segregar o eliminar al acosado de la comunidad de trabajo (ob cit., p.465).

Sobre tal base, la prueba rendida no evidencia una situación de maltrato, repetitivo y sistemático dirigido contra la actora con la finalidad persecutoria a la que se hizo referencia. Ninguno de los hechos alegados por la accionante resultan demostrativos de una finalidad persecutoria como la que refiere el instituto, pues no califican como tales la existencia de comunicaciones entre su superior jerárquico y una de las subordinadas a su cargo de las que se le daba oportuna intervención como Gerente Editorial, ni la fijación de una consulta para constatar el estado de salud práctica de la trabajadora como respuesta al requerimiento de una licencia por enfermedad y que la demandada le solicitó en ejercicio de las facultades del art. 210 de la LCT, ni aun el hecho probado de los incumplimientos salariales que, sin perjuicio de su procedencia y en razón de las circunstancias fácticas por las que la demandada se oponía a su pago, no evidencian un propósito peyorativo o persecutoria para forzar su alejamiento de la empresa. En definitiva, la interesada no arrimó a la causa elementos fácticos idóneos para generar convicción acerca de la existencia de una conducta laboral persecutoria, circunstancia que obsta a la procedencia del resarcimiento adicional por daño moral reclamado en el inicio (art. 499 del anterior Código Civil).

X. En otro orden, no merece recepción el agravio que formula la demandada contra la admisión de la sanción del art. 80 “in fine” de la LCT (modif. ley 25.345), pues no rebate que el certificado de trabajo y la certificación de servicios (formulario ANSeS PS.6.2) que adjuntó con la contestación de demanda resultan insuficientes a fin de tener por cumplida la obligación exigida por dicha norma pues carecen de las constancias de los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad, como asimismo de la calificación profesional obtenida por el actor en los puestos de trabajo desempeñados: conf.ley 24.576 y no reflejan la totalidad de la extensión de la relación laboral que resultó probada en el juicio.

Por ende, sin necesidad de analizar la puesta o no a disposición por parte de la demandada de los certificados en cuestión, lo concreto es que la documentación con la cual la ex empleadora pretende haber dado cumplimiento a la obligación carece de la totalidad de los recaudos impuestos por la citada norma legal. Cabe aquí remarcar que respecto de estos instrumentos debe consignarse “la misma cosa” a cuya entrega el sujeto está obligado de conformidad con lo previsto por el art. 740 del Código Civil (ver mi voto en S.D. N° 14.898 de esta sala X del 09/02/2007 “in re” “Giménez Leonardo Alfredo c/Unilever de Argentina S.A. s/despido”).

Sobre tal base considero que cabe desestimar el agravio vertido en orden a la procedencia del incremento del art. 80 de la L.C.T.

XI. Ambas partes cuestionan la tasa de interés establecida en origen.

También la actora reitera en esta instancia el planteo de inconstitucionalidad formulado contra el art. 4º de la ley 23.928 que, al sustituir el texto de los artículos 7º y 10 de la ley 23.928, mantuvo vigente la prohibición de indexar.

Será desestimado con fundamento en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in- re “Massolo, Alberto José c/Transporte del Tejar S.A.” (sentencia del 20/04/2010, Fallos:333, 447).

En dicha oportunidad el Máximo Tribunal sostuvo que el control de constitucionalidad de ese precepto legal debe efectuarse sobre la base de que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y que aun cuando el derecho de propiedad pudo tener en la actualización por depreciación monetaria una defensa eficaz de los derechos patrimoniales en determinados períodos, su perduración “sine die” no sólo postergaría disposiciones constitucionales expresas, como las del art. 67, inc. 10, de la Constitución Nacional (hoy art. 75, inc. 11), sino que causaría un daño profundo en la esfera de los derechos patrimoniales todos, al alimentar la grave patología de la inflación, siendo inadmisible que lo que fue solución de especie frente a un problema acotado temporalmente y en su configuración, se trueque en vínculo estable, alterando así su naturaleza esencial.

En el caso, se observa que la tasa de interés fijada, equivalente a la de préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina de 49 a 60 meses que ha sido establecida en origen, la cual coincide con el criterio propuesto por la mayoría de las salas que integran esta Cámara en el acuerdo celebrado según el acta Nro. 2601 del 21/05/2014, resulta razonable y justa para el período en cuestión porque conjura tanto los efectos de la mora del deudor cuanto las consecuencias nocivas derivadas de la depreciación monetaria. Por las razones expuestas, sugiero confirmar la sentencia de grado en cuanto estableció la tasa de interés aludida y desestimó el planteo de inconstitucionalidad intentado por la actora.

XII. El nuevo resultado del juicio obliga a dejar sin efecto la decisión de las costas y los honorarios regulados en origen (art.279 CPCCN), deviniendo abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas en relación.

En razón de la forma de resolverse las distintas pretensiones de las partes, propongo que las costas de ambas instancias sean a cargo de la demandada que resultó vencida en lo sustancial, porque para resolver al respecto no cabe sujetarse a un criterio meramente aritmético sino evaluar como se resuelven los reclamos y defensas, teniendo presente si la actora debió instar la acción judicial para obtener la satisfacción de sus acreencias (art. 68 CPCCN), fijándose en el 16%, 13,5% y 7% del monto del capital de condena con los intereses los honorarios de la primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor, de la demandada y del perito contador, respectivamente (art. 38 LO y cctes. ley 21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16638/57). Fíjanse los honorarios de alzada de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones ante la primera instancia (art. 14, ley arancelaria cit.).

Por lo expuesto, voto por: 1º) Modificar parcialmente la sentencia recurrida al reducir el monto de condena la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIECISÉIS CENTAVOS ($572.495,16) que la demandada deberá abonar a la actora en el plazo, modo y con los intereses establecidos en la instancia anterior confirmándola en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Dejar sin efecto la decisión de las costas y los honorarios regulados en origen; 3º) Imponer las costas y regular los honorarios de ambas instancias del modo expuesto en el último de los considerandos precedentes.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Aunque advierto que, en este caso, la cuestión resulta únicamente formal, discrepo con mi distinguido colega -Dr. Daniel E. Stortini- en lo que refiere a la aplicación del Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas (dec.13.839/46, conf . ley 15.535) a quien se desempeñó como “Gerente Editorial” y cuyas funciones, tal como se describió en el escrito de inicio, eran la de diseñar el plan anual de publicaciones y coordinar el equipo editorial en todos sus aspectos, para lo cual debía buscar autores y títulos de interés, negociaba contratos con los autores a los fines de publicar los libros, coordinaba la promoción de libros en las escuelas, visitaba ferias editoriales, etc. (ver fs. 7 vta./8); o sea, labores ajenas a la actividad periodística, expresamente excluidas del mismo (conf. art. 2), y por el contrario, propias de la actividad editorial, por lo que están comprendidas, al efecto indemnizatorio en supuestos de despidos injustificados, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. arts. 232, 233 y 245).

No soslayo que de la pericial contable resulta que la empleadora le abonó a Portorrico las vacaciones en la misma extensión que prevé el art. 19 del C.C.T. 301/75 (ver fs. 455 vta.), pero ello, en todo caso, sino se pretende limitar tal reconocimiento únicamente al régimen de licencia vacacional para quien es personal fuera de convenio, se traduce en que, por voluntad de la empleadora (conf. art. 1 L.C.T. to), le resulta aplicable a la accionante, los mayores beneficios que prevé el citado convenio colectivo (que no dispone ningún régimen indemnizatorio), más no el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas.

En otras palabras, el reconocimiento de un régimen vacacional convencional a quien -reitero- es personal fuera de convenio, no importa, por más que se acuda a la doctrina de los actos propios, la aplicación de un régimen indemnizatorio previsto para quienes cumplen funciones en las condiciones expresamente previstas por el art. 2 del dec.13.839/46 (to ley 15.535), porque la aludida doctrina está referida a una conducta específica, y nada indica que la empleadora hubiera siquiera esbozado un reconocimiento de esa índole.

Lo dicho, de todos modos, como expuse al comienzo, no tiene una traducción práctica a la suerte del agravio de la demandada, porque no es factible resolver en perjuicio del apelante, que es lo que ocurriría si se excluye a Portorrico del citado estatuto y se liquidan las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 L.C.T. (to), en reemplazo de las reconocidas, con el incremento indemnizatorio dispuesto por el art. 2 de la ley 25.323.

Con tales alcances, y considerando que en las restantes cuestiones las conclusiones a las que arribó el vocal preopinante, responden al criterio mayoritario de esta Sala, adhiero al voto que antecede.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 LO).

Como resultado del acuerdo alcanzado, este Tribunal RESUELVE: 1º) Modificar parcialmente la sentencia recurrida al reducir el monto de condena la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

CON DIECISÉIS CENTAVOS ($572.495,16) que la demandada deberá abonar a la actora en el plazo, modo y con los intereses establecidos en la instancia anterior, confirmándola en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Dejar sin efecto la decisión de las costas y los honorarios regulados en origen; 3º) Imponer las costas y regular los honorarios de ambas instancias del modo expuesto en el último de los considerandos del voto del Dr. Stortini; 4º) Cópiese, regístrese, notifíquese y, previo cumplimiento con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, devuélvanse las actuaciones a la primera instancia.