Simulación de compraventa de parte indivisa de un inmueble

casa_propia1Partes: Correa Keen Enrique Alfredo c/ Correa María Ester y otros s/ simulación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 13-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101851-AR | MJJ101851Sumario:

1.-Corresponde precisar que la compraventa de la parte indivisa de un inmueble ha sido simulada, toda vez que la declaración brindada por acta notarial por el supuesto comprador reconociendo formalmente la autenticidad de un contradocumento que extendiera a favor del supuesto vendedor, por medio de cual le reconociera la propiedad de la mitad indivisa del mencionado inmueble, no sólo hace una referencia concreta a lo manifestado por él en oportunidad de suscribir un contradocumento, sino que exterioriza cual fue su verdadera intención en aquel acto.

2.-A los fines de determinar el cómputo de la prescripción de la acción, corresponde aplicar el plazo bienal previsto en el art. 4030 del CCiv., toda vez que la presente se trata de una acción autónoma de simulación iniciada por uno de los partícipes del acto, contra los herederos del otro partícipe, de modo que por imperio del art. 3417 del CCiv., los aquí accionados ocupan el lugar del causante, resultando así, propietarios, acreedores o deudores de todo lo que el difunto era propietario acreedor o deudor.

Fallo:

En Buenos Aires, a días del mes de octubre del año 2016, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Correa Keen, Enrique Alfredo c/ Correa, María Ester y otros s/ Simulación”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- La sentencia de fs. 784/793, rechazó la excepción de prescripción deducida en las presentaciones de fs. 124 ap. III, fs. 191 ap. III y fs. 313 ap. IV, e hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Enrique Alfredo Correa Keen, declarando que la compra efectuada por Salvador María Correa Keen al aquí actor Enrique Alfredo Correa Keen, de su mitad indivisa del departamento designado con el N° 3, del primer piso, del inmueble sito en Avenida Santa Fe 1567/71/73/75/79, esta ciudad, según escritura de fecha 10 de mayo de 1967, ha sido simulada, por lo que dicha mitad indivisa continúa perteneciendo Enrique Alfredo Correa Keen (según aclaratoria dictada a fs. 801).

Contra dicho pronunciamiento apelaron los sucesores del actor, Inés Correa Steffens y Enrique Correa, hijos de su primer matrimonio, quienes expresaron agravios a fs. 825/828, mientras que los emplazados María Correa Pirovano, Salvador María, Santiago, Rodrigo, Marina Inés y Catalina Correa Farrell hicieron lo propio a fs. 836/846.

Las quejas fueron respondidas a fs. 855/862.

II.- Antes de proceder al tratamiento de los agravios efectuaré un breve raconto de las posturas asumidas por las partes y de la solución que brindó la Sra. juez aquo.

Los primeros se quejan por el rechazo de la excepción de prescripción, a la que se allanaran, así como por el reconocimiento de la autenticidad del contradocumento en el cual Salvador María Correa Keen reconoce que la compra del 50% indiviso del inmueble en cuestión al aquí actor es simulada. Entiende que era carga del accionante demostrar su autenticidad.También se agravia que la sentencia haya considerado al acta notarial de fs. 15/16 de fecha 26 de noviembre de 1992, instrumento público, o que existan elementos indiscutibles para afirmar que el compareciente se refirió o pretendió otorgar validez al instrumento privado de fs. 13, pues considera que si esa hubiese sido su intención debió haberle solicitado al escribano la transcripción íntegra del texto, o al menos, la vinculación notarial entre ambos documentos. Asimismo, entiende que hay una contradicción en la sentencia debido a que la acción de simulación debía promoverse conjuntamente con la redargución de falsedad de la escritura pública del 19 de mayo de 1967, y consecuentemente, la prescripción que le cabe es la del art. 4030 del código Civil.

A su turno los demandados cuestionan que la Sra. juez haya considerado inadmisible el allanamiento de los coactores a la excepción de prescripción deducida.También se agravian respecto del encuadre de la acción que efectúa la magistrada de grado, por cuanto entiende que la presente se trata de una acción autónoma de simulación y con ello del rechazo de la prescripción en los términos que surgen de los agravios 2° y 3°, a los que me remito, brevitatis causae.

Lo mismo puede decirse con relación a la valoración de las pruebas aportadas, en especial respecto de la peritación caligráfica, así como la cuestionada validez y eficacia de los documentos obrantes en autos.

Conforme ya adelantara, la sentencia rechazó la excepción de prescripción deducida e hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Enrique Alfredo Correa Keen, declarando que la compra efectuada por Salvador María Correa Keen al aquí actor, Enrique Alfredo Correa Keen, fue simulada.

Cabe señalar primeramente, como es sabido, que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar éstas, una por una, en tato posee amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas asignándoles el valor que corresponda a las que realmente lo tengan y sean decisivas para fundar la decisión, pudiendo prescindir, en consecuencia, de aquellas que no sirvan a la justa solución e la litis.

Partiendo de esta pauta directiva, se examinarán los recursos.

III.- Así las cosas, corresponde previamente fijar el encuadre jurídico que habrá de regir esta litis.

En ese orden de ideas, entiendo que la simulación que invoca el actor afectaría al contrato de compraventa desde el momento de su celebración.

Por lo tanto, en esta fase rige el principio tempus regis actum.

Impera, como regla, el principio de no retroactividad de la ley nueva. En efecto, la ley vigente en el día de la conclusión del contrato es la que determina en cuanto al fondo y a la forma, las condiciones de validez del contrato.Una ley nueva no podría anular un contrato válidamente hecho bajo la ley anterior, ni ella podría validar un contrato nulo a tenor de ley precedente (Heredia, Pablo D., “El derecho transitorio en materia contractual”, La Ley Online AR/DOC/2137/2015).

Desde esta perspectiva, considero que resulta de aplicación al caso lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

IV.-Sentado ello, y toda vez que la documentación en la que se funda esta acción de simulación ha sido desconocida por todos los agraviados, a mi modo de ver, corresponde proceder primeramente a su análisis, y con su resultado, recién abordar la cuestión relativa a la excepción de prescripción.

Así, diré que de acuerdo con lo que dispone el art. 955 del Código Civil derogado, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

Se ha definido a la simulación como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida concientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo (Conf.

Ferrara, Francisco, “La simulación de los negocios jurídicos”, 3a. edición, Madrid, 1953, p. 56).

Existen, entonces, un acto simulado que es ostensible, y un acuerdo simulatorio, que es oculto y contiene la auténtica intención de las partes (Conf. Mosset Iturraspe, Jorge, Negocios simulados, Tomo I, p.15).

El primero encierra una declaración deliberadamente disconforme con la intención, por cuanto puede recubrir una diversa voluntad efectiva o que puede ser enteramente vacía. De ello se desprenden las dos especies de simulación: la absoluta y la relativa (Conf. Llambías, Jorge, Parte General, Tomo II, Nº 1798, p. 531).

En la segunda existe un acuerdo de las partes de no atribuir al acto los efectos que debe producir por su naturaleza.

Es decir que cuando la simulación es relativa, se disfraza un acto, se realiza aparentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. O sea que hay dos negocios: el manifiesto, fingido y el oculto, serio; el primero sirve para disimular el segundo. Pero lo que importa es el negocio verdadero que las partes quisieron ocultar, el que debe ser examinado atentamente, pues el hecho de que no esté prohibido proceder con simulación no significa que los negocios disimulados sean siempre lícitos y válidos. Precisamente uno de los casos de simulación de la naturaleza del contrato se da cuando se disimula un contrato de mutuo bajo la forma de una venta (Conf. Ferrara, ob. cit., ps. 205 y sigs.).

A su turno, el art. 958 dispone que cuando en la simulación relativa se descubriese un negocio serio, no podrá ser anulado siempre que no haya una violación de la ley o perjuicio para terceros.

Ahora bien, cuando la simulación es absoluta, las partes no tienen intención de celebrar el acto o negocio, de modo que tras la apariencia nada ocultan de real, verdadero o serio. Generalmente se utiliza esta figura para defraudar a los acreedores, por ejemplo, ocultando un activo con el traspaso ficticio de bienes (Conf. Cifuentes, Santos, “Negocio jurídico”, p. 507).

El fin principal que persiguen las partes al realizar el acto simulado es el de producir una disminución ficticia del patrimonio o un aumento aparente del pasivo para, de ese modo, frustrar la garantía de los acreedores e impedir su satisfacción.Este tipo de negocio es el medio más frecuente y más terrible a que acuden los deudores para hacerse insolventes en apariencia y escapar así al cumplimiento de sus obligaciones (Conf. Ferrara, ob. cit., p. 174).

Desde otro punto de vista, la simulación es ilícita cuando se realiza en perjuicio de terceros o con un fin ilícito, por ejemplo, cuando el deudor enajena sus bienes para impedir que sus acreedores puedan ejecutarlos.

Respecto de la “causa simulandi”, se trata del interés que lleva a las partes a realizar un acto simulado o el motivo que las induce a dar apariencia a un negocio jurídico que no existe. En la simulación absoluta ella estará generalmente en el interés del deudor de sustraer de su patrimonio bienes frente a una inminente ejecución de sus acreedores (Conf. Ferrara, ob. cit., p. 386).

Por ello, puede resultar relevante su acreditación, ya que apunta a las razones que indujeron a las partes a celebrar el negocio ficticio. No obstante que esta demostración revela el porqué o el posible porqué de la simulación, no es de absoluto rigor acreditarla (Conf. Cifuentes ob. cit., p.

533).

Se ha dicho que examinar la “causa simulandi”, si bien no resulta esencial a efectos de declarar la simulación, empero ha de destacarse su importancia, ya que no es lógico pensar que los individuos obren sin ninguna razón, o se mienta sin motivo alguno (Conf. CNCiv., Sala G, 28/10/1996, Ferrari, Hernán J. c. Prats, Pedro M. y otro, LL, 1998-D,9).

Sin embargo y como muchas veces la simulación reconoce móviles inciertos, imprecisos, ambiguos, de contornos indefinidos, no se puede exigir la prueba de ellos, ya que es muy difícil penetrar en la intimidad del pensamiento humano, sobre todo cuando las partes han tratado de ocultarla poniendo en ello todo su ingenio. Basta que la simulación tenga o pueda tener un motivo razonable (Conf. Borda, Guillermo, Parte General, T. II, p.318).

En síntesis, en base a los principios reseñados, puede concluirse que en el caso se está ante una simulación absoluta porque el acto jurídico cuestionado nada tiene de real, pero no puede afirmarse que haya sido ilícita, porque no se ha demostrado hubiera perseguido burlar los derechos de los aquí accionados.

V.- En lo que hace a su acreditación, diré que, como principio general, la carga de la prueba corresponde a quien invoca la simulación. Y si no existe contradocumento, sólo se admitirá la acción si median circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación (art. 960 segundo párrafo).

Como el interés es la medida de la acción, como principio general, la parte que denuncie la simulación pretendiendo dejar sin efecto el acto, deberá contar con un legítimo interés que se tutelará a través del ejercicio de la acción y cargar con la prueba pertinente con el fin de acreditarlo.

Sin embargo, reiteradamente se ha sostenido que en esta clase de procesos, el principio de que la carga de la prueba pesa sobre el actor, no tiene aplicación absoluta, pues si bien debe acreditar la existencia del negocio, no debe ser obligado a rendir una prueba negativa; si el acto es real, resulta mucho más sencillo para el demandado demostrar en forma decisiva su veracidad (CNCivil, Sala F, 28/11/91, LL 1992-B-542).

Además, pesa sobre él el deber moral de aportar los elementos tendientes a probar la seriedad del acto (CNCivil, Sala D, 18/10/91, LL 1992-D-241; id. id.14/11/90, ED 140-519).

En efecto, la distinta posición en que se encuentran el tercero que impugna como simulado un acto ajeno que lo perjudica y las partes otorgantes de este acto que afirman la realidad y sinceridad de él, ha llevado a la doctrina y jurisprudencia a morigerar los clásicos principios del “onus probandi” y distribuir con sentido más realista la carga de la prueba.

Reconocido que existe amplia libertad probatoria en procesos de esta índole, incumbe al actor la aportación de elementos que permitan formar convicción sobre lo ficticio de acto que ataca. En cambio, en concordancia con una moderna concepción sobre las cargas dinámicas, se entiende que a los demandados por simulación por un tercero no les basta la negativa de los hechos y la afirmación de la realidad del acto que defienden, sino que deben aportar pruebas tendientes a convencer de la honestidad y sinceridad del acto en el que intervinieron. Lo dicen tanto los autores que pueden ser considerados clásicos, en nuestro medio, sobre la materia (Héctor Cámara, “Simulación en los actos jurídicos”, 2ª ed., 1958, Depalma, p. 134, y los tratados generales de derecho civil) como los de obras más modernas (Jorge Mosset Iturraspe, “Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios”, Ediar, t. I, publicado en 1974, ps. 244/245; Santos Cifuentes, “Negocio jurídico”, Astrea, 1986, p. 552 –si bien al tratar la prueba en la simulación lícita entre partes, su concepto es generalizado “a fortiori” a la acción de terceros–; Rubén H. Compagnucci de Caso, “El negocio jurídico”, Astrea, 1992, p. 343) y es criterio invariable de la jurisprudencia.

VI.- Es importante señalar que cuando la acción es ejercida entre las partes, el contradocumento constituye una prueba trascendente -aunque no exclusiva ni excluyente- (art. 960, primer párrafo).

En la nota al art. 996 afirma el codificador que el contradocumento es un acto destinado a quedar secreto, que modifica las disposiciones de un acto ostensible.Hay dos disposiciones contrarias, una verdadera pero ignorada, y la otra falsa pero la única conocida.

Este criterio de anulación, derogación o alteración de la convención precedente ha sido abandonado en la actualidad: el contradocumento pone a descubierto el disfraz y da a conocer el acto verdadero (Cifuentes, Santos, ob. cit., pág. 493). Es una declaración de voluntad que las partes formulan por escrito con el propósito de probar que el acto ha sido simulado. Por lo general, tiene carácter secreto (Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil Argentino- Parte General”, Tomo I, Nº 1172, pág. 301).

Se trata, en consecuencia, de un documento que debe emanar de los mismos autores de la simulación, y debe instrumentar un acto de reconocimiento de ella.

Normalmente el contradocumento es simultáneo con el negocio simulado, aunque este requisito no es necesario que concurra siempre (CNCiv. Sala I, 14/11/96, LL 1997-C-944). Pero es poco probable que tenga categoría de contradocumento una declaración que se haya adelantado al acto ficticio, y menos aún cuando ella lo precede en varios años (CNCivil, Sala C, 18/6/91, Ll 1991-D-384).

No se exige el doble ejemplar, pues no se trata de un acto bilateral.

Obviamente quedará en poder de la parte que tenga interés en dejar sin efecto el acto simulado y estará firmado por la otra parte, aunque es perfectamente posible que lo suscriban ambas. No requiere términos sacramentales, ni formas especiales (C8a. Civil y Comercial Córdoba, 10/2/92, LLC 1992-945).

No constando en escritura pública, el contradocumento debe ser reconocido. De no ser así, será necesario recurrir a la prueba pericial caligráfica (art. 1033).

En caso de fallecimiento del firmante, los sucesores no están obligados a admitir si la firma le pertenece o no, pudiendo limitarse a declarar que no lo saben (art.1032).

VII.- Aplicando esas ideas al caso, la cuestión se centra entonces en el contradocumento, extendido por Salvador María Keen, en instrumento privado, y cuya validez, fuera desconocida por los aquí demandados, por considerar que carece de validez por cuanto no se ha producido prueba valedera para acreditar su autenticidad y pertenencia de la firma allí inserta.

Las demás cuestiones a las que aluden los agraviados, no fueron materia de debate en la instancia de grado, por lo que no pueden ser atendidas en esta alzada.

El mismo luce a fs. 13 de estos autos y a fs. 61 de expediente N° 101.133/2003, sobre medidas cautelares, del que surge que Salvador María Keen reconoce que corresponde a Enrique Alfredo Keen el 50 % de la unidad funcional N° 3 del inmueble sito en la Avenida Santa Fe 1573 de esta ciudad, que fuera suscripto el día 19 de mayo de 1967, es decir, el mismo día en que se suscribió la escritura traslativa de dominio de la mitad pro indivisa del aludido inmueble a favor del nombrado, que ambos habrían adquirido en condominio por partes iguales el 21 de enero de 1954 por escritura obrante al folio 111 del registro 18 de esta ciudad.

A fs. 15/16 de estos autos y a fs. 63/64 de las actuaciones mencionadas sobre medidas precautorias, obra el acta notarial de fecha 26 de noviembre de 1992, suscripta por Salvador María Keen, del que surge el reconocimiento formal de la autenticidad del aludido contradocumento que extendiera a favor hermano, Enrique Alfredo Keen, respecto de la mitad indivisa del mencionado inmueble.

Así las cosas, entiendo que debe estimarse el valor del referido instrumento.

No existe consenso acerca del valor que debe acordarse a las actas notariales.

En efecto, de acuerdo con el art. 82 de la ley 404: “Las actas constituyen documentos matrices que deben extenderse en el protocolo.

Cuando fueren complementarias se escribirán a continuación o al margen de los documentos protocolares para asentar notificaciones y otras diligencias relacionadas con los actos que contuvieren”. Agrega el art.83 que las actas que constituyan documentos matrices estarán sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las modificaciones que allí de establecen.

El art. 87 trata sobre las “Actas de presencia y comprobación”, disponiendo que “A requerimiento de quien invoque interés legítimo, el notario podrá autenticar hechos que presencie y cosas que perciba, comprobar su estado, su existencia y la de personas. Se podrá dejar constancia de las declaraciones y juicios que emitan peritos, profesionales y otros concurrentes, sobre la naturaleza, características, origen y consecuencias de los hechos comprobados”.

Ha sido definida el acta notarial como el instrumento que autoriza el oficial público, fuera o dentro del protocolo, con algunas formalidades de las escrituras públicas, con relación a la persona del requirente, de terceros, documentos u objetos, cuyo fin exclusivo es fijar hechos y derechos, comúnmente declaraciones de ciencia, sucesos y diligencias (Conf. Gattari, Carlos, “Manual de derecho notarial”, pág. 168).

La cuestión se plantea acerca de la eficacia que tienen tales actas, en particular si están o no amparadas por la fe pública, y por ende, si hacen plena fe de sus constancias en cuanto se trate de hechos actuados por el escribano o que éste relata como pasados ante él. Existen en este sentido dos tesis: una de ellas asigna al acta notarial la misma fuerza probatoria que la de una escritura pública, en cuanto se trate de hechos actuados por el oficial público o que relate como pasados ante él. La otra corriente, en cambio, considera que la comprobación notarial es, desde el punto de vista procesal, sólo un medio de prueba de los tantos que pueden valerse las partes, asemejándose a una suerte de prueba testimonial extrajudicial y preconstituida; por lo que puede ser desvirtuada mediante la simple prueba en contra; es decir, que no es necesario recurrir a una querella de false dad (Conf. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil – Parte General, 2007, Lexis Nº 9204/012226).

Dentro de esta segunda posición ha dicho la Dra.Kemelmajer de Carlucci al emitir su voto en disidencia en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, del 04/07/1984, ED 110-516, que la doctrina notarial, que diferencia ambos documentos, acta notarial y escritura, está conteste en que cuando en la redacción de un acta, los sujetos que intervienen formulan manifestaciones que tienen el valor de reconocimiento o de declaraciones negociales de los que pueden resultar relaciones jurídicas, el documento se convierte legalmente en escritura, aunque se lo denomine acta, y se la tendrá como tal, es decir, como escritura, si reúne los requisitos legales necesarios para su validez. En cuanto al valor probatorio de las actas notariales, desde el punto de vista procesal, la comprobación notarial de hechos sólo constituye un medio de prueba de los tantos de que pueden valerse las partes, asemejándose a una suerte de prueba testimonial extrajudicial y preconstituida, aunque sin revestir los caracteres de la prueba testifical propiamente dicha. No goza de las prerrogativas estatuidas en los arts. 993 a 995 del Cód. Civil, pudiendo ser enervada por prueba en contra, pues en definitiva se trata de un documento notarial unilateral, aunque lo refrende un escribano, sin contralor de la otra parte que no ha sido sujeto instrumental del acto.

En sentido contrario, se entiende que las actas notariales constituyen instrumentos públicos y, como tales, las declaraciones formuladas ante el escribano en ejercicio de sus funciones por parte de quienes intervinieron o se hallan inmersos en él, ya como impulsores del acto celebrado, ya como receptores de éste, pueden tener diverso contenido. El hecho material de las declaraciones efectuadas ante o por el oficial público constituye un objeto idóneo para la autenticación, por lo que cualquier impugnación debe hacerse mediante el incidente de redargución de falsedad (o acción autónoma civil o penal de nulidad), sin que ello se extienda a la sinceridad de lo manifestado por las partes intervinientes (Conf. Kielmanovich, Jorge, Código Procesal., 2006, Lexis Nº 8007/007873).

En análogo entendimiento se ha sostenido que:”Un acta de constatación es un verdadero instrumento público, (art. 979, Cód. Civil), por lo que todo lo que el notario actuante sostiene pasado en su presencia o que ha realizado por sí mismo, tiene la autenticidad que le confiere el art. 993 del Cód. Civil, por lo que su eficacia probatoria en juicios civiles sólo podría ser exitosamente desconocida por querella civil de falsedad que permitiera comprobarla” (Conf. CNCivil, Sala C, 22/03/1983, “Vilán, Manuel c. Vanderbilt, S. A.”, La Ley Online).

“La constatación realizada por medio de acta notarial goza de fe pública; sin embargo, el notario sólo puede dar plena fe de la existencia de hechos ocurridos en su presencia, mas no de que las afirmaciones efectuadas por quienes concurrieron al acto sean verdaderas, es decir, acordes a la realidad” (Conf. CNCivil, Sala F, 15/09/1995, JA 1997-IIIsíntesis).

“De conformidad con lo dispuesto por el art. 979 CC., no sólo son instrumentos públicos las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, y las copias de esos libros sacadas en la forma prescripta por la ley (inc. 1), sino también cualquier otro instrumento que extendieren los notarios en la forma que las leyes hubieren determinado (inc. 2) -en la especie acta notarial que acredita el estado de abandono del inmueble-, y en virtud de la preceptiva del art. 993 CC., las manifestaciones contenidas en los mismos hacen plena fe mientras no fueran argüidos de falsos, por acción civil o criminal, pudiendo ser articulada la falsedad mediante dos vías: la acción autónoma o la incidental” (Conf.CNCivil, Sala B, 06/11/1995, JA 1997-III-síntesis).

Desde esta perspectiva, a mi modo de ver, el contenido del acta notarial goza de fe pública, dando plena fe de la existencia de hechos ocurridos en presencia del notario, por lo que considero que la declaración brindada por Salvador María Keen el 26 de noviembre de 1992, ante el notario Horacio Almeida Girado, reconociendo formalmente de la autenticidad de contradocumento que extendiera a favor hermano, Enrique Alfredo Keen, por medio de cual le reconociera la propiedad de la mitad indivisa del mencionado inmueble, no sólo hace una referencia concreta a lo manifestado por él en oportunidad de suscribir aquel contradocumento, sino que exterioriza cual fue su verdadera intención en aquel acto, además de gozar de la fe pública, dotándolo de plena autenticidad, toda vez que no sólo no ha sido objeto de redargución de falsedad, sino que tampoco ha sido enervado por prueba en contrario.

Así se ha sostenido que cuando la acción por simulaciones promovida por una da las partes que participó del acto, se procura la prueba de “hechos” y esa prueba inequívoca es directa cuando es proporcionada a través del “contradocumento”, que no es un acuerdo entre las partes interesadas, sino una verdadera confesión extrajudicial, la confesión escrita, por lo general unilateral y emanada del adquirente simulado. No se trata de otro convenio o contrato, es un acto de reconocimiento que no requiere de fórmula sacramental alguna, y que si figura en instrumento privado prueba por sí mismo, en los términos del art. 1190 del Código Civil (esta cámara, Sala A Recurso Nº A266751, 27-08-99, La Ley del 12/7/2000, pág.1199).

Por ello, habré de proponer al acuerdo la desestimación de los agravios y la confirmación de la sentencia en este aspecto.

VIII.-Sentado ello, corresponde proceder al tratamiento de la excepción de prescripción.

Este tema ha sido y es todavía hoy objeto de distintas interpretaciones, ya que al silencio guardado por el Código de Vélez Sarsfield, sólo se ha sumado la solución parcial brindada por la Reforma de 1968.

En efecto, antes de la sanción de la ley 17.711, tanto la doctrina como la jurisprudencia aparecían divididas en torno de este asunto.

Una parte de los autores estimaba que la acción de simulación era imprescriptible, otros, junto con las decisiones de los Tribunales más frecuentes, hacían aplicación del art. 4030, en mérito de la falsa causa (Llambías, ob. cit. pág. 530; CNCivil, Sala C, 27/12/68, LL 134-827).

Se fundaban los primeros en que el acto simulado es un acto inexistente, de modo que lo que no existe no adquiere vida por el solo transcurso del tiempo. De ahí que la acción para el reconocimiento de esa existencia sea siempre admisible. Esta conclusión rige, inclusive, para la simulación relativa, pues mientras alguien tenga interés en obtener una declaración judicial referente a un contrato arteramente disfrazado, la acción no puede extinguirse (De Gásperi, Luis, “Tratado de las Obligaciones en el Derecho Civil Paraguayo y Argentino”. Nº 498, pág. 356. En el derecho italiano: Ferrara, ob. cit., pág. 407).

Quienes propugnaban la aplicación del art. 4030 en su versión original, sostenían que “falsa causa” equivale a “causa simulada” (CNCivil, Sala A, 30/3/65, LL 119-469; id. Sala F, 27/4/65, LL 119-175; id. id. 10-8- 61, LL 104-652; id. Sala B, 24/11/61, LL 109-30; C1a. Civil y Com.Tucumán, 18-8-61, LL 109-476; CNPaz, Sala III, 27/5/60, LL 101-115) La brevedad del plazo se justificaba en la necesidad de dar estabilidad a los actos jurídicos, sin que fuera correcto hacer una distinción entre simulación absoluta y relativa. En efecto, las palabras “falsa causa” empleadas por el art. 4030 podían aplicarse a las dos hipótesis y, además, nuestro Código Civil no reconoce la categoría del acto inexistente (Salvat, Raymundo L., “Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones en general”, 6a. ed. actualizada por Enrique V. Galli, Tomo III, Nros. 2220 y 2221, págs. 572 y sigs.).

Se entendía ya por entonces que para los terceros, el término bienal de prescripción empieza a correr desde que tuvieron conocimiento del acto simulado, debiendo probar la fecha en que ese conocimiento se produjo (CNCivil, Sala B, 13/3/64, LL 115-54).

Sin embargo, ésas no eran las únicas opiniones sobre el tema, pues frente a las dos posiciones extremas que acabamos de citar, había autores y fallos que consideraban imprescriptible la acción de simulación absoluta, pero admitían la prescripción de dos años para la simulación relativa.

En sentido diferente se sostenía que la acción para hacer declarar la simulación queda comprendida en la norma común de la prescripción de las acciones personales, sea ejercida por las partes o por terceros. Ninguna de las especies de simulación está mencionada entre los supuestos concretos de imprescriptibilidad ni tampoco se identifica con el concepto de falsa causa como para incluirlas en la prescripción de dos años, ya que la fuente del art. 4030, que es García Goyena, establece una identificación entre los supuestos de falsa causa con los de error sobre la causa (Galli, en la actualización a Salvat, ob. cit. en nota anterior, Nros. 2220a y sigs., págs. 573 y sigs.; SCBuenos Aires, 26/7/66, Rep. LL XXXI-1359, sum. 183; id. 9/3/65, Rep. LL XXX-1354, sum.173).

Para algunos autores al igual que para la jurisprudencia se hacía aplicación del art. 4030, en mérito de la falsa causa por sostener que “falsa causa” equivale a “causa simulada” (Conf. CNCivil, Sala A, 30-3-65, LL, 119-469; id. Sala F, 27-4-65, LL, 119-175; id. Sala B, 24-11-61, LL, 109- 30; id. CNPaz, Sala III, 27-5-60, LL, 101-115).

La ley 17.711 – como ya anticipamos -, ha solucionado parcialmente la omisión, en función del párrafo que ha agregado al art. 4030: “Prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, sea la simulación absoluta o relativa. El plazo se computará desde que el aparente titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación”.

Como puede verse, de la norma surge tanto el plazo de prescripción, como la circunstancia a partir de la que el mismo comenzará a correr.

Comprende también la simulación absoluta y relativa, poniendo de ese modo fin a la controversia acerca de la imprescriptibilidad de la acción frente a una simulación absoluta y sólo se refiere al caso en que la acción se promueva por alguna de las partes otorgantes del acto, lo que a mi modo ver, se adecua a este caso.

Y digo esto, por cuanto se trata la presente de una acción autónoma de simulación iniciada por uno de los partícipes del acto, contra los herederos del otro partícipe, de modo que por imperio del art. 3417 del código Civil derogado, aplicable al caso, como ya se dijo, los aquí accionados ocupan el lugar del causante, resultando así, propietarios, acreedores o deudores de todo lo que el difunto era propietario acreedor o deudor.

Además, considero que no se está frente al caso que prevé el art.3460 del Código Civil, pues hay un estado de indivisión hereditaria entre los herederos de Enrique Alfredo Correa Keen y los de Salvador María Correa Keen, por lo que no coincido con lo dispuesto en la sentencia de grado en cuanto a que se trata de “. reclamos entre herederos respecto de la partición hereditaria .” , sino, lisa y llanamente de una acción de simulación entablada contra los herederos de una sucesión. Y el hecho que la cuestión se centre en un bien cuyas distintas porciones integren la masa hereditaria de distintas sucesiones, en nada cambia esta conclusión.

Sentado ello, diré que la aplicación de la prescripción bienal en ese supuesto, cuando la acción es intentada por las partes no genera inconvenientes, en función de la manera de computar el inicio del curso.

Así, entre las partes, sólo hay “actio nata” desde el desconocimiento de la simulación por el aparente titular del derecho.

Pues bien, ninguna duda cabe que el aparente titular del derecho es el aquí actor, para quien el desconocimiento del acto estaba a merced de una condición suspensiva convenida de común acuerdo entre los partícipes del acto y que dejaba a favor del primero dicha prerrogativa al establecer en el aludido contradocumento que “Por ello me obligo formalmente a exteriorizar la situación real del dominio sobre el departamento de que se trata, en cualquier momento en que me lo solicite.”, y, a mi modo de ver ello recién aconteció con la promoción de esta demanda.

Siendo ello así, entiendo que no ha transcurrido el plazo de prescripción que prevé el art. 4030 del Código Civil.

Por lo tanto, propondré al acuerdo la desestimación de los agravios y la confirmación de la sentencia también en este punto del recurso.

IX.-Las costas devengadas en esta instancia por el rechazo de la defensa de prescripción se imponen a los excepcionantes y las del proceso principal a los herederos del actor, Inés Correa Steffens y Enrique Correa, y a losdemandados (art.68 y 69 del C.P.C.C.).

X.-Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo se confirme la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios. Las cosas de alzada se imponen en los términos del considerando IX.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, de octubre de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

I.- Confirmar la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios. II.- Imponer las cosas de alzada en los términos del considerando IX.

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.