La indemnización por mobbing requiere la prueba de una persecusión constante y prolongada

malas-condiciones-laboralesPartes: Bruno Eduardo c/ Bosan S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-99677-AR | MJJ99677

Sumario:

1.-No corresponde admitir el rubro ‘daño moral’ por mobbing, pues para que quede configurada una situación de violencia laboral, la misma debe comprender una conducta de persecución y hostigamiento de manera constante y durante tiempo prolongado, de tal entidad que provoque en la psiquis del trabajador un daño psicológico que lo imposibilite desarrollarse con normalidad en el ámbito laboral en lo sucesivo, y en el caso, los hechos fueron relatados de manera genérica, ambigua y carente de mayores precisiones y resultan insuficientes para acreditar el daño denunciado.

2.-Corresponde juzgar que la actitud de la accionada de intimar al trabajador a retomar tareas antes del vencimiento de la licencia médica constituyó mala fe contractual, contraria a los principios emanados del art. 63 de la LCT., pues al momento del emplazamiento, el trabajador no había sido dado de alta de su afección física.

3.-Se deben admitir las diferencias salariales pues lo descontado de manera proporcional por no haberse reincorporado a su puesto luego de la intimación resultó injusto, pues la licencia médica aún se encontraba vigente.

4.-No resulta procedente admitir el recargo del art. 45 de la Ley 25.345 pues el accionante no cumplimentó en tiempo oportuno el requisito de intimación previa al empleador en los términos del art. 3º del dec. 146/01, a fin de que hiciera entrega de las piezas documentales previstas por el art. 80 LCT.; máxime siendo que la carga no un excesivo rigorismo formal, y que pesa únicamente en cabeza del beneficiario de la multa a fin de viabilizar la procedencia de dicho incremento.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2.016, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.- El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador fue ajustada a derecho en atención a que quedaron demostrados algunos de los incumplimientos registrales y la existencia de deuda salarial denunciados en la comunicación extintiva.

II.- Tal decisión es apelada por ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en las memorias de fs. 235/238 y fs. 239/243.

La parte demandada se queja porque se determinó que la licencia médica de la cual gozaba el actor no había finalizado al momento de la intimación de la empleadora para que retomara tareas, por la procedencia del salario del mes de mayo de 2013, y del rubro horas extras La parte actora se queja por el rechazo de: salarios básicos y aumentos convencionales reclamados, del recargo previsto por el art. 10 de la Ley 24013, del previsto por el art. 45 de la Ley 25345, y del rubro “daño moral” por “mobbing” en el lugar de trabajo. Asimismo, objeta por altos las regulaciones de honorarios asignadas a los profesionales intervinientes.

III.- Trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte demandada. Recuerdo que el Sr. Bruno prestó tareas como vendedor para la demandada, quien explota una cadena de negocios de venta de electrodomésticos que gira con el nombre de fantasía “Rodo”, desde el 01.06.2010, tarea que desempeñaba en el local del shopping Unicenter.Manifestó que el 11.01.2013 sufrió una parálisis facial por lo que fue hospitalizado en la Clínica Independencia de zona norte a través de su obra social, donde se le diagnosticó un cuadro de estréss y debió hacer uso de licencia médica (art. 208 LCT).

Sostuvo, entre otras cosas, que la empresa demandada no abonaba las horas extras, ni las comisiones por ventas, que parte de la remuneración se pagaba fuera de registro y que su cuadro de estréss, desencadenante de la parálisis facial, fue producto de las constantes presiones a las que era sometido en su ámbito de trabajo. Posteriormente, el 01.06.2013, encontrándose aún de licencia médica, la demandada le comunicó vía postal, el “vencimiento de su licencia por enfermedad” (fs. 127), lo cual fue rechazado por el actor en el entendimiento de que aún no se habían cumplido los seis meses de licencia que le correspondía, de acuerdo a su antigüedad y a las cargas de familia. Ante esta situación y el resultado negativo a sus reclamos de obtener la cancelación de los conceptos impagos mencionados más arriba, el trabajador se consideró despedido el 19.06.2013. El magistrado de origen determinó que la decisión del actor fue ajustada a derecho por haberse demostrado algunos de los incumplimientos denunciados en la comunicación extintiva, esto es: la falta de pago de las horas extras reclamadas, la existencia de pago del salario fuera de registro y la improcedencia de la intimación antes de tiempo que la demandada cursó al Sr. Bruno comunicando el vencimiento de su licencia médica.

En lo atinente a la fecha de vencimiento de la licencia médica, estimo que los argumentos que vierte el apelante sobre este aspecto no pueden ser receptados. Aún cuando el quejoso insista en que la licencia del sr.Bruno venció el 22.05.2013 y por tal motivo se le comunicó vía postal el vencimiento del plazo, lo cierto es que tales circunstancias no surgen de ningún elemento probatorio arrimado a la causa. En efecto, no existe constancia de alta médica ni ningún otro elemento que demuestre que al momento de la intimación efectuada por la demandada, el actor ya había sido dado de alta de su afección física. Tampoco puedo soslayar que la demandada no hizo mención a dicha circunstancia en ningún momento del proceso. En efecto, no lo hizo en el intercambio telegráfico, pues de la misiva del 01.06.2013 surge que la accionada sólo le comunicó el vencimiento el plazo de su licencia sin explicación alguna, ni tampoco hizo mención a dicha circunstancia en la contestación de demanda, todo lo cual es indicativo de que efectivamente el Sr. Bruno no habría sido dado de alta como postula extemporáneamente en el planteo, y que en definitiva, aún se encontraba convalesciente al momento de la interpelación. En suma, considero que tal línea argumental debe ser desoída por carecer de elementos probatorios que la sustenten, y que, como bien lo determinó el magistrado de origen, no habiendo alta médica, al trabajador le correspondía continuar de licencia hasta el 11.07.2013 (seis meses desde su internación), por lo que la actitud de la accionada de intimarlo a retomar tareas antes de tiempo, constituyó mala fe contractual, contraria a los principios emanados del art. 63 de la LCT.

Lo dicho incide sobre el planteo relacionado con el salario de mayo de 2013, que, como lo reconociera la apelante, le fue descontado al trabajador de manera proporcional por no haberse reincorporado a su puesto luego de la intimación.De esta manera, independientemente de lo que pudiera haber surgido de la pericial contable de la que intenta valerse el apelante para rebatir lo decidido en origen, lo cierto es que el actor reclamó dicho concepto y la accionada no acompañó constancia documental suscripta por el trabajador que acredite su cancelación en los términos del art. 138 LCT, por lo que correspondía viabilizar dicho rubro toda vez que la licencia médica aún se encontraba vigente.

En lo atinente a la jornada y al pago de las horas extras, señalo que las declaraciones de los testigos Dominguez (fs. 213) y Giménez (fs. 215) propuestos por el accionante y que no merecieran impugnación de la demandada, lucen claras, precisas y contundentes acerca de este tópico, máxime teniendo en cuenta que se trata de ex compañeros de trabajo, que tuvieron un conocimiento directo de los hechos en debate, lo que me lleva otorgarles pleno valor convictivo (art. 386 CPCCN). De sus dichos se extrae que el Sr. Bruno efectivamente cumplía una jornada de 9 a 22 horas todos los días con un franco rotativo, y que no se abonaban las horas extras, que el horario era volcado en planillas que efectuaba uno de los testigos para llevar un control en su calidad de subgerente de la sucursal (testigo Giménez). Asimismo, considero que lo dicho por los testigos Protto (fs. 173) y Di Giacomo (fs. 176), propuestos a instancia de la accionada, no logran rebatir lo aportado por los demás declarantes mencionados, pues el primero, no prestaba tareas en la misma sucursal en razón de encontrarse en las oficinas centrales de la misma en su calidad de gerente de Recursos Humanos, por lo que la información que tenía le fue suministrada a través de informes, y el segundo, -aún dependiente de la demandada al momento de la audiencia- solo trabajó con el actor un tiempo porque luego cambió de sucursal, y lo que aportó acerca del horario resultó aislado y carente de otro sustento probatorio (art.377 CPCCN). Nótese que en el presente caso, resultó aplicable la presunción prevista por el art. 55 de la LCT -que llega firme a esta instancia- por lo que era necesario que la accionada aportara más elementos que pudieran avalar su postura del inicio, lo que no aconteció.

En suma, por lo hasta aquí dicho considero que la prueba testimonial, ha sido correctamente valorada por el magistrado de origen, con resultados que se comparten sobre el cumplimiento de trabajo en exceso de la jornada legal, y corolario de ello, será la confirmación de dicho segmento de la decisión.

El último de los cuestionamientos vertidos en la presentación bajo examen (arts. 1 y 2 de la Ley 24.013), carece de fundamentación por lo que debe ser desoído (art. 116 LO).

IV.- El recurso interpuesto por la parte actora no tendrá favorable recepción. Coincido con el temperamento adoptado en origen respecto del pago de los salarios básicos convencionales. Más allá de los argumentos expuestos por el apelante para modificar la decisión de grado, la pericial contable de fs. 187/193 fue clara acerca de que la empleadora cumplió con el pago de todos los aumentos convencionales durante los últimos años de relación laboral. A contrario de lo que manifiesta el quejoso, el magistrado no omitió correr traslado de la impugnación interpuesta a fs. 194, sino que la misma se tuvo presente para su oportunidad, conforme las facultades conferidas por el art. 80 L.O. Más allá de los intentos dialécticos esgrimidos por el apelante para solventar su postura, no encuentro acreditada la existencia de fraude o de rebaja salarial en los términos pretendidos en el inicio. Si bien del detalle de remuneraciones efectuado por el experto contable a fs. 184/185 surgen descuentos realizados, lo cierto es que también lucen liquidados distintos conceptos salariales contemplados por la norma convencional (CCT 130/75) que no merman el nivel remuneratorio previsto por las escalas salariales a la época de la vinculación.De esta manera, y teniendo en cuenta lo informado por el perito contador en el punto l) de fs. 190vta/191 acerca de que la accionada dio cumplimiento con el pago de los aumentos salariales dispuestos por las normas convencionales, y a falta de otros elementos de prueba que me persuadan en sentido contrario, propongo confirmar lo resuelto en origen sobre el particular.

La misma suerte correrán los planteos relacionados con el rechazo de los recargos previstos por el art. 10 de la Ley 24013 y art. 45 de la Ley 25345. El primero de ellos fue desestimado, con criterio que comparto, por no haberse cumplimentado el recaudo previsto por el art. 11 de dicho cuerpo legal, toda vez que el accionante no efectuó el requerimiento a la Afip dentro de los plazos previstos por la norma (ver comunicaciones de fs. 103 y fs. 105), lo que a mi entender, obsta la viabilidad del concepto en cuestión. Señalo además que tal imposición no constituye un excesivo rigorismo formal, como sugiere el apelante, pues el art.47 de la ley 25.345 le impone al trabajador la carga de remitir a la AFIP -en forma inmediata o dentro de un plazo que no supere las 24 hs.- una copia del requerimiento enviado a su empleador a fin de lograr la regularización de la relación laboral no registrada (art.11 inc. b) de la ley 24.013). El incumplimiento de dicho requisito formal obsta definitivamente su procedencia, motivo por el cual, propongo que el agravio deducido por la actora sea desestimado.

De la misma manera, no resulta procedente admitir el segundo de los recargos señalados pues el accionante no cumplimentó en tiempo oportuno el requisito de intimación previa al empleador en los términos del art. 3º del Decreto 146/01, a fin de que hiciera entrega de las piezas documentales previstas por el art. 80 LCT), carga que tampoco constituye un excesivo rigorismo formal como sostiene el apelante, y que pesa únicamente en cabeza del beneficiario de la multa a fin de viabilizar la procedencia de dicho incremento (ver fs.108/109). Por último señalo que tampoco prosperará el agravio relacionado con el rechazo el rubro “daño moral” por mobbing en el ámbito laboral.

Cabe señalar que para que quede configurada una situación de violencia laboral (mobbing en palabras del actor), la misma debe comprender una conducta de persecución y hostigamiento de manera constante y durante un tiempo prolongado, de tal entidad que provoque en la psiquis del trabajador/a un daño psicológico que lo imposibilite desarrollarse con normalidad en el ámbito laboral en lo sucesivo. En este caso en particular, los hechos relatados en la demanda a fs. 7vta/8 de manera genérica, ambigua y carente de mayores precisiones, resultan insuficientes para acreditar el daño denunciado, sumado a que la prueba testimonial aportada a la causa tampoco pudo echar luz sobre tal punto en debate (art. 377 CPCCN).

Por las razones expuestas debería confirmarse el fallo en este segmento de la queja. V.- Resta el tratamiento de la queja vertida por la actora en materia arancelaria.

En atención al mérito, extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, lo normado en el art. 38 L.O., los arts. 1, 3, 6, 7, 8 y 19 de la ley 21.839 y el Decreto Ley 16.638/57, entiendo que los emolumentos recurridos lucen ajustados a las pautas arancelarias de aplicación, por lo que auspicio mantenerlos.

VI.- Las costas de Alzada se imponen a cargo de la accionada en su calidad de objetivamente vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.), a cuyo fin estimo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 38 de la L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

VII.- En síntesis, de prosperar mi voto correspondería:1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57).

La Doctora Graciela A. González dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57); 4) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Graciela A. González Jueza de Cámara Jueza de Cámara

Mab

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de, se dispone el libramiento de

Verón ica Moreno Calabrese Secretaria

En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Veróni ca Moreno Calabrese