La extensión de responsabilidad es improcedente pues el hecho de dar órdenes a los empleados, no convierte a quien las da, en empleador de sus subordinados.

mobbing1Partes: Castiglia Dominga c/ Siciall S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 8-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-94872-AR | MJJ94872 | MJJ94872

La extensión de responsabilidad es improcedente pues el hecho de dar órdenes a los empleados, no convierte a quien las da, en empleador de sus subordinados.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la extensión de responsabilidad respecto de las personas físicas puesto que la condición de controlante que se les imputa, carece de eficacia como para habilitar responsabilidad alguna en los términos de los arts. 54 , 59 y 274 LS, pues el hecho de dar órdenes a los empleados, dentro de una estructura jerárquica empresarial, no convierte a quien las da, en empleador de sus subordinados.

2.-Siendo que el crédito de la actora fue abonado parcialmente, en la oportunidad conciliatoria prevista en sede administrativa, la sanción establecida en el art. 2 de la Ley 23.532 sólo debe ser liquidada sobre la diferencia entre lo debido y lo pagado; en otros términos, la multa debe ser reducida al 50% de la suma de las indemnizaciones estipuladas en los arts. 232 , 233 y 245 LCT. menos el valor ya percibido.

3.-No corresponde admitir la reparación por maltrato laboral pues la parte actora omite todo análisis de los hechos concretos que la habrían llevado a sentirse menoscabada en su dignidad laboral; máxime siendo que argumentar que su parte ha probado la concurrencia y la existencia de los elementos constitutivos del mobbing, no permite por sí sólo, acceder a la pretensión.

4.-No corresponde admitir el pago de la licencia médica pues no discute que la actora se encontrara bajo atención médica, sino que simplemente destaca que no se encontraba gozando de licencia médica y la diferencia es sustancial, pues la circunstancia de que la actora estuviera cursando un tratamiento y hubiera sido citada para una nueva consulta no implica por sí sólo que la situación deba ser encuadrada en el supuesto previsto en el art. 213 LCT.

5.-No se admite la sanción regulada en el art. 132 bis LCT. pues una sanción tan grave exige del trabajador el cumplimiento íntegro de la formalidad legal y, al respecto, si bien se intimó el ingreso de los aportes con destino a la seguridad social, no se hizo lo propio con los intereses y multas que pudieren corresponder, tal como indica el dec. 146/01 .

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de septiembre de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- Apelan ambas partes la sentencia de grado que admitió, en lo principal que decide, las pretensiones indemnizatorias articuladas en el inicio.

II.- Por cuestiones de orden metodológico corresponde en primer lugar, dar tratamiento al recurso presentado por la parte demandada.

El primer agravio critica se haya resuelto diferir a condena las indemnizaciones previstas para el caso de “despido indirecto”. Evidentemente se trata de un error de apreciación del presentante, ya que lo resuelto fue la falta de justificación de la causa esgrimida por el empleador al despedir a la actora, de modo directo, tal cual surge de la comunicación telegráfica remitida el 30/03/09, y no un supuesto en que la actora hubiera resuelto la extinción del vínculo.

Con la citada circunstancia guardan relación las indemnizaciones diferidas a condena, que ante la ausencia de argumentos en contra del despido incausado establecido en grado, serán mantenidas y ratificadas, sin más trámite.

II.- Establecidas las diferencias en el pago de las indemnizaciones legales, la multa regulada en el artículo 2º de la Ley 25323 es procedente, pues ha tenido lugar el supuesto no querido por la norma, que consiste en obligar al trabajador a iniciar acciones legales para percibir su crédito. Ahora bien, siendo que aquél fue abonado parcialmente, en la oportunidad conciliatoria prevista en sede administrativa, la sanción sólo debe ser liquidada sobre la diferencia entre lo debido y lo pagado.En otros términos, la multa será reducida a $ 6.473,44.-, que resulta de calcular el 50% de la suma de las indemnizaciones estipuladas en los artículos 232, 233 y 245 L.C.T., menos el valor ya percibido.

III.- El agravio de la parte actora, dirigido a obtener la reparación por maltrato laboral, carece de eficiencia recursiva para modificar la decisión de grado sobre el punto. La parte recurrente se ha detenido en consideraciones genéricas e imprecisas sobre las afirmaciones efectuadas en el responde. Su pretensión discursiva, limitada a calificar el relato que la parte empleadora expuso al contestar demanda, omite todo análisis de los hechos concretos que habrían llevado a la actora a sentirse menoscabada en su dignidad laboral y por ello a perseguir una indemnización. Nótese que el recurso ha dedicado buena parte de su exposición a destacar la supuesta agresividad contenida en el responde, sin advertir que conforme los términos de su propia pretensión inicial, debía vincularse con la acreditación de los hechos acaecidos durante la relación laboral y no durante el proceso.

Por lo demás, argumentar que su parte ha probado la concurrencia y la existencia de los elementos constitutivos del mobbing, no permite por sí sólo, acceder a la pretensión. La instancia de la apelación requiere para su progreso la crítica concreta y razonada de los errores en los que habría incurrido el Sentenciante al decidir y la efectiva demostración de que las constancias de la causa fueron mal interpretadas. Por ello, agotar la oportunidad recursiva en la mera afirmación de que su parte ha probado los hechos invocados no pone en crisis la decisión de grado.

En definitiva, ninguna de las manifestaciones vertidas en relación con el mobbing, ha demostrado eficacia recursiva, y ello determina la confirmación del rechazo de la indemnización reclamada sobre esa base.

IV.- Igualmente desestimado será el agravio referido a la disminución de salario invocada.La reiteración de iguales fundamentos que los esgrimidos en el escrito de inicio, desvinculada de las conclusiones alcanzadas en grado al decidir la cuestión, no configura agravio en los términos del artículo 116 L.O.

A mayor abundamiento se advierte por un lado, que no se encuentran precisados los hechos fácticos que habrían conspirado contra el principio de irrenunciabilidad y /o los límites al ius variandi; por el otro, que una simple cuenta de los incrementos percibidos, ajena a las consideraciones de política salarial establecidas a través de paritarias ajustadas a la realidad salarial de los trabajadores, no es útil para acreditar la existencia de una injusta rebaja salarial.

Por lo expuesto, las diferencias salariales reclamadas no prosperarán en esta instancia.

V.- En cuanto a los pagos “en negro”, la detenida lectura del agravio permite verificar que el recurrente admite la insuficiencia de la prueba rendida en su relación. Ello se desprende de la coincidencia que manifiesta con los reparos acentuados en la sentencia, y si bien intenta justificar tal insuficiencia en la dificultad propia de la circunstancia, lo cierto es que la ilegalidad en la forma de pago de los haberes, no puede ser presumida. Ello obliga al pretensor a una actividad probatoria que suministre al Juez una razonable acreditación de los hechos que fundan el crédito perseguido. Ello no ocurre en este supuesto y la ratificación del rechazo de esta forma de pago, se impone.

VI.- La queja referida al pago de la licencia médica no presenta aristas que habiliten la modificación de lo resuelto en grado. La recurrente sólo menciona la existencia de una cita prevista para una fecha posterior al distracto, soslayando que el decisorio no discute que la actora se encontrara bajo atención médica, sino que simplemente destaca que no se encontraba gozando de licencia médica. La diferencia es sustancial.La circunstancia de que la actora estuviera cursando un tratamiento y hubiera sido citada para una nueva consulta no implica por sí sólo que la situación deba ser encuadrada en el supuesto previsto en el artículo 213 L.C.T.

VII.-El certificado de servicios y remuneraciones que la actora recibió en agosto de 2009, en la audiencia celebrada en el SECLO, fue criticado al demandar por reflejar insuficientemente las remuneraciones percibidas durante toda la relación. A partir de ello, si bien en grado se estableció que no existían diferencias entre los datos consignados y los registros de la accionada, lo cierto es que las falencias denunciadas no fueron expresamente consideradas y su existencia surge con claridad de la simple observación del indicado certificado (ver fs. 90/94). Ello obliga a condenar a la accionada a efectuar una nueva entrega integral y ceñida a las circunstancias verídicas de la relación.

Igualmente admisible es el requerimiento para que se condene a abonar la multa prevista en el artículo 80 L.C.T. Frente a la intimación concreta efectuada por la parte actora el 28/04/09 para que se le entregaran los certificados cuya puesta a disposición la accionada comunicó el 30/03/09, el silencio de la accionada en su misiva del 05/05/09 sumado a la ausencia de toda actividad tendiente a efectivizar la entrega en el plazo legal, determina la procedencia de la multa que se fija en $ 7.928,82.-

VIII.- Distinta suerte habrá de obtener la presentación en cuanto cuestiona el rechazo de la sanción regulada en el art. 132 bis L.C.T. Una sanción tan grave como la referida en autos, exige del trabajador el cumplimiento íntegro de la formalidad legal y, al respecto, advierto que si bien se intimó el ingreso de los aportes con destino a la seguridad social no se hizo lo propio con los intereses y multas que pudieren corresponder, tal como indica el Decreto 146/01.Ello explica que de modo negativo se resuelva la aplicación de la multa solicitada.

IX.- En cuanto a la extensión de responsabilidad respecto de Alejandro Ciaschini y Araceli Piñero, se advierte que no hay agravio que confronte la decisión de grado. Limitar la presentación a solicitar que se extienda la responsabilidad a los mismos, sin esgrimir un mínimo comentario sobre las razones de la petición, incumple la exigencia del artículo 116 L.O.

En el caso de Alejandro Luis Alfredo Ciaschini, la posición expuesta no es mucho mejor. Si bien se intenta hacer referencia a la prueba rendida, ella no evidencia solidez como para acceder a la modificación requerida. En efecto, la condición de “controlante” que se le imputa, carece de eficacia como para habilitar responsabilidad alguna en los términos de los artículos 54, 59 y 274 L.S.

A mayor abundamiento, cabe destacar que el hecho de dar órdenes a los empleados, dentro de una estructura jerárquica empresarial, no convierte a quien las da en empleador de sus subordinados.

En definitiva, nada sustancial se ha presentado como para rebatir la limitación de responsabilidad a la sociedad demandada, determinada en grado.

X.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN se propone dejar sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios.

XI.- Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con lasdiferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuy o sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

Con base en todo lo expuesto corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses.

XI.- Por las razones expuestas propongo en este voto: se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena contra Siciall S.A. y se reduzca su monto nominal a $ 69.216,79.-, debiendo tenerse en cuenta en la oportunidad del artículo 132 L.O., para su respectivo descuento, la suma de $ 40.000.- dada en pago el 27/06/09, y que llevará los intereses establecidos en grado con las correcciones efectuadas en esta instancia; se deje sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios; se impongan las costas del proceso, vinculadas a la acción que progresa contra Siciall S.A.a cargo de la demandada vencida y las derivadas de la intervención letrada de los co-demandados Alejandro Ciaschini, Araceli Piñero y Alejandro Luis Alfredo Ciaschini en el orden causado en atención a las particularidades de la causa que pudieron llevar al actor a creerse con derecho a litigar en su contra; se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, co- demandada Siciall S.A., co-demandado Alejandro Ciaschini, Araceli Piñero y Alejandro Luis Alfredo Ciaschini, de manera conjunta, en los tres casos por su total actuación en ambas instancias, y del perito contador en el 20%, 16%, 16% y 6% respectivamente, de la suma de capital que en definitiva resulte, una vez descontado el monto abonado, más intereses. (arts. 68 y 71 CPCCN; arts. 6º, 7º, 14 y 18 Ley 21839 Art. 3º DL 16638/57).

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena contra Siciall S.A. y reducir su monto nominal a $ 69.216,79.-, debiendo tenerse en cuenta en la oportunidad del artículo 132 L.O., para su respectivo descuento, la suma de $ 40.000.- dada en pago el 27/06/09, y que llevará los intereses establecidos en grado con las correcciones efectuadas en esta instancia;

2) Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios;

3) Imponer las costas del proceso, vinculadas a la acción que progresa contra Siciall

S.A. a cargo de la demandada y las derivadas de la intervención letrada de los co- demandados Alejandro Ciaschini, Araceli Piñero y Alejandro Luis Alfredo Ciaschini en el orden causado;

4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, co-demandada Siciall S.A. y co-demandados Alejandro Ciaschini, Araceli Piñero y Alejandro Luis Alfredo Ciaschini, de manera conjunta, en los tres casos por su total actuación en ambas instancias, y del perito contador en el 20%, 16%, 16% y 6% respectivamente, de la suma de capital que en definitiva resulte, descontado el monto ya abonado, más intereses.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la Acordada C,S,J.N. 15/13 del 21/05/13 y oportunamente devuélvase.-

c.g.

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mi:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA