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Nulidad del acto de desadjudicación de la vivienda otorgada a una beneficiaria que tiene un hijo discapacitado.

Hipoteca de viviendaPartes: D. G. A. c/ Instituto Provincial de Vivienda s/ recurso de apelación

Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta

Fecha: 1-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95096-AR | MJJ95096 | MJJ95096

Nulidad del acto de desadjudicación de la vivienda otorgada a una beneficiaria que tiene un hijo discapacitado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la demandada que dispuso la desadjudicación de la vivienda otorgada a la actora por no habitar en ella, pues dicho acto no tuvo en cuenta que el hijo de la beneficiaria es discapacitado, por lo que se encuentra amparado por el art. 36 de la ConsProv y la Ley 26.378 aprobatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que prevé el derecho de las personas con discapacidad a un nivel adecuado y protección social, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida y de acceso a programas de vivienda pública.

2.-La razonabilidad del acto administrativo a través del cual se decide desadjudicar una unidad habitacional debe ser ponderada en atención a la máxima jerarquía que ostenta el derecho cuyo resguardo se busca mediante las distintas políticas públicas habitacionales, diseñadas a fin de satisfacer el mandato del art. 37 de la ConsProv. de Salta.

3.-La revocabilidad del acto administrativo no puede ser inherente a su esencia, ni puede constituir el principio que rija esta materia, dado que en caso de proceder, se trata de una medida excepcional, verdaderamente anormal, que sólo procede en supuestos de discordancia actual del acto con el interés público o de violación originaria del orden jurídico positivo.

Fallo:

Salta, 01 de octubre de 2015.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «D., G. A. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA – RECURSO DE APELACIÓN» (Expte. N° CJS 37.322/14), y CONSIDERNADO:

1°) Que contra la sentencia dictada por la Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, obrante a fs. 152/156 vta. , que hizo lugar a la pretensión deducida por la actora doña G. A. D., para que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 175/10 del 7 de abril de 2010 y N° 578/10 del 23 de septiembre de 2010, dictadas por la presidente del Instituto Provincial de Vivienda, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fs. 162. _ 2°) Que al expresar agravios (fs. 174/175 vta.) el apoderado del IPV sostuvo que la resolución recurrida evidencia una errónea ponderación de los hechos, de la prueba arrimada y de la jurisprudencia y legislación aplicables por lo que arriba a una decisión arbitraria.

Afirmó que los actores incumplieron con la obligación de habitar la vivienda en tiempo y forma, condición indispensable para mantener la adjudicación, desvirtuando de esa manera el fin para el que fuera entregada la unidad habitacional, lo que indefectiblemente revela su real falta de una necesidad habitacional.

3°) Que, a su turno, la Dra. Jimena Padilla, letrada patrocinante de la actora, a fs. 180/181 postuló la confirmación de la sentencia puesta en crisis, por cuanto afirmó que los testigos de la demandada declararon conocer y ver a la actora, habiendo acreditado su habitabilidad en el inmueble y las justificaciones de cada una de sus ausencias.

4°) Que al dictaminar a fs. 183/184 vta., el Sr. Fiscal ante la Corte N° 1 (i) , propició la confirmación del fallo, invocando normativa constitucional y pactos internacionales de igual jerarquía, acotando que la sentencia se ajustaba a derecho.

5°) Que el I.P.V. decidió por Resoluciones 175/10 y 578/10 dejar sin efecto la adjudicación dispuesta mediante Resolución N° 884/07 de fecha 10 de abril de 2007 a favor de G. A.D., de una unidad habitacional del Grupo «100 Viviendas en Orán», identificada como Manzana xx, Parcela xx. Tal determinación se basó en dos inspecciones de habitabilidad del domicilio, realizadas en fechas 03/12/09 y 12/02/10, a través de las cuales se habría constatado la ausencia de habitantes en la vivienda familiar.

La revocatoria del acto de adjudicación fue emitida el 07/04/10 y se fundó en el incumplimiento del deber de habitar la vivienda social que se le imputa a la beneficiaria de la adjudicación, el que habría surgido de las citadas inspecciones. Asimismo, la Resolución 578/10 se basó en haberse «omitido invocar la existencia de vicios concretos en la Resolución IPV N° 175/10, que eventualmente la tornen revocable».

6°) Que a los fines de la consideración del recurso de apelación, esta Corte ha expresado reiteradamente que disentir con el criterio del juez sin fundamentar la oposición o sin dar bases a un distinto punto de vista no es expresar agravios, omisión que torna improcedente tal remedio procesal, al no demostrarse de manera lógica y fundada el error del sentenciante o que la decisión pretendida sea la correcta. Siendo ello así, el escrito apelativo debe contener un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, para así demostrar su error, injusticia o contra-dicción con el derecho, no bastando simples generalizaciones meramente subjetivas que apunten a un enfoque diferente del otorgado por el juzgador (Tomo 76:243; 78:427; 163:605, entre otros).

El escrito de fundamentación presentado en estos autos adolece, precisamente, de las falencias señaladas, por cuanto los agravios expresados no se dirigen a cuestionar los argumentos en base a los cuales la juez «a quo» hizo lugar a la pretensión de la actora. Por tal motivo, el recurso deviene «ab initio» inadmisible^ 7°) Que sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que el derecho y la obligación son dos caras de una misma moneda:cuando alguien tiene un derecho, es porque algún otro tiene la obligación correlativa, ya se trate de un deber individual (de hacer o de dar) o de un deber colectivo -tolerar ciertas conductas del titular del derecho, o no interferir con ellas- (cfr. esta Corte, Tomo 143:103) y su cita.

María Angélica Gelli, sostiene que, la disposición prevista en el art. 14 bis de la C.N., en concordancia con el nuevo inciso 19 del art. 75 de la Constitución Nacional, pone en cabeza del Estado el diseño de políticas públicas para facilitar el acceso a una vivienda digna. Las opciones legislativas para cumplir el mandato constitucional varían y dependen de las posibilidades económicas y financieras. Pero, el Estado no debe prescindir de llevar a cabo una política de desarrollo habitacional. El deber atribución del Estado de garantizar el acceso a la vivienda digna, no impide una política habitacional que contemple el desarrollo de regiones poco pobladas y con posibilidades económicas y culturales. Aunque los tribunales no deben determinar qué políticas habi- tacionales son las convenientes -concluye- sí puede controlar las corruptelas que se manifiestan en la materia y hacer visibles con sus sentencias las omisiones sobre el punto que los poderes políticos deben subsanar (Constitución de la Nación Argentina: comen tada y concordada, La Ley, Bs. As., 2009, Tomo I, pág. 225, cuarta edición ampliada y actualizada; esta Corte, Tomo 143:103).

8°) Que en la especie debe analizarse si la adjudicación de la que fue objeto la actora podía ser revocada por otro acto administrativo posterior, y que a su vez dicho acto fuese legítimo. En este sentido, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Elena Carman de Cantón v. Nación s/pensión (Fallos, 175:379) sentó el precedente conforme al cual la perennidad de lo inestable en materia de derecho administrativo carece de base legal y justiciera.De dicha ilustrada doctrina se colige que, la revocabilidad del acto administrativo no puede ser inherente a su esencia, ni puede constituir el principio que rija esta materia, dado que en caso de proceder, se trata de una medida excepcional, verdaderamente anormal, que sólo procede en supuestos de discordancia actual del acto con el interés público o de violación originaria del orden jurídico positivo (cfr. Miguel S. Marienhoff, «Tratado de Derecho Administrativo», Abeledo Perrot, Bs. As., 1993, Tomo II, pág. 585, cuarta edición actualizada).

Con arreglo a ese criterio, es dable señalar que, los actos jurídicos, sean éstos de derecho privado o público, no se emiten para luego ser extinguidos, sea mediante revocación o anulación, sino para ser cumplidos y respetados como criterios reguladores de las situaciones que contemplan: se emiten para lograr un cometido, porque de lo contrario, inexorablemente se produciría una pasmosa inseguridad jurídica, y como tal el derecho lejos de regular pacíficamente las relaciones humanas, se tornaría en un albur imprede- cible (esta Corte, Tomo 143:103).

9°) Que como bien señala la sentencia recurrida, la precariedad del acto de adjudicación de una vivienda social no desplaza la exigencia de razonabilidad de todo acto administrativo que afecte el derecho que nace a partir de la adjudicación. Tal requisito halla encuadre constitucional por la vía del art. 28 de la Constitución Nacional, a más del imperativo contenido en el art. 97 de la Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta, Ley 5348, en virtud de la cual la revocación debe ser fundada en casos contemplados en el inc. c) del art. 93, que invoca la Resolución N° 175/10.

En supuestos como el de autos, además, la razonabilidad del acto administrativo a través del cual se decide desadjudicar una unidad habitacional, debe ser ponderada en atención a la máxima jerarquía que ostenta el derecho cuyo resguardo se busca mediante las distintas políticas públicas habitacionales (cfr. arts. 14 bis y 75 inc.22 de la C.N.), diseñadas a fin de satisfacer el mandato del art. 37 de la Constitución de la Provincia de Salta. Asimismo, el acto revocatorio debe asegurar a los adjudicatarios el efectivo ejercicio del derecho de defensa (art. 18 de la C.N. y de la C.P.).

10) Que en ese contexto normativo, no aparece como razonable la medida adoptada por el organismo provincial, pues no se ha ponderado el certificado de discapacidad N° xx expedido por la Junta Evaluadora de Discapacidad de Salta, de fecha 11/07/08, respecto de la misnuvalía por retraso mental grave de D.H.C., hijo de la accionante según acta de nacimiento N° 5 del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia, conforme documentación que obra en el Legajo reservado en Secretaría. Argumento suficiente en virtud del art. 36 de la Constitución Provincial y de la vigencia de la Ley 26378 aprobatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo fa-cultativo (B.O. del 09/06/08), que prevé el derecho de las personas con discapacidad a un nivel adecuado y protección social, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida y de acceso a programas de vivienda pública (art. 28).

11) Que por las razones expuestas, mal puede sostenerse que la sentencia recurrida deviene arbitraria por apartamiento de las pruebas y del derecho vigente; por lo que cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 152/156 vta. Costas por el orden causado (art. 15 del C.P.A.).

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 162 y, en su mé-rito, confirmar la sentencia de fs. 152/156 vta. Costas por el or-den causado.

II. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman de Martinelli, Ernesto R. Samsón y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actua ción-).

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