fbpx

Por juzgarse pactada tacitamente la jornada reducida, no proceden diferencias salariales basadas en el trabajo a tiempo completo alegado

CertificadoLaboralPartes: Torres Analía Patricia c/ Inc. S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 14-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93477-AR | MJJ93477 | MJJ93477

Por considerarse que tácitamente las partes pactaron un contrato de jornada reducida, no proceden las diferencias salariales reclamadas bajo el argumento de haber laborado el dependiente en jornada completa.

Sumario:

1.-No corresponde la aplicación del art. 92 ter de la LCT., por cuanto si la extensión máxima legal es de 48 horas semanales, claramente la prestación de servicios de la actora, superior a las 2/3 partes de esa cantidad, encuadra en las previsiones del art. 198 de la LCT. y, desde esta óptica, no se podía pretender que se pagase el trabajo como si fuese de 48 horas, es decir, jornada completa.

2.-No corresponde admitir el reclamo por las diferencias salariales basadas en la reducción de jornada toda ve que la trabajadora se desempeñó durante todo el tiempo que duró su vínculo laboral en la jornada de 36 horas semanales, lo que importa la existencia de un acuerdo tácito con su empleador en cuanto al cumplimiento de una jornada reducida.

3.-No corresponde admitir que la actora tenga derecho a un resarcimiento económico por maltrato laboral puesto que los testimonios brindados son insuficientes para demostrar en forma certera y contundente los extremos fácticos denunciados, ya que no resultaron debidamente acreditadas la ocurrencia de las actitudes persecutorias ni los maltratos invocados.

4.-No corresponde admitir que haya existido acoso puesto que no cualquier maltrato configura mobbing ni genera el pago del daño moral, ya que, esta conducta, para que genere derecho a alguna reparación, debe ser sistemática y recurrente, además debe ser dirigida sólo contra un trabajador, contrario a lo que declararon los testigos en la causa, que dieron cuenta de un clima hostil de trabajo en general para con todos los trabajadores que no aceptaban el cambio de horario, y en especial para con la actora, pero no específicamente para con la accionante en particular..

5.-Toda vez que la parte actora no ofreció ni hizo reserva de solicitar el medio probatorio adecuado para el supuesto de desconocimiento del video ofrecido como prueba, y siendo que el único medio idóneo para certificar la legitimidad del CD acompañado era la pericial informática, no corresponde admitir el video como medio de prueba.

6.-Corresponde condenar a la demandada al pago de la multa del art. 2 Ley 25.323 puesto que si bien la demandada pagó una suma que atribuía a la liquidación final de la actora, este pago, resultó parcial, generándose entonces diferencias en favor de ésta.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- Llegan las actuaciones a esta Sala por los recursos de apelación planteados por ambas partes contra la sentencia que hizo parcialmente lugar al reclamo. La actora y la demandada contestaron los agravios a fs. 320 y 313/314 – respectivamente-.

La regulación de honorarios fue recurrida por la totalidad de los intervinientes en el proceso, asimismo la accionante, además, atacó la imposición del 20% de las costas a su cargo.

II. Se agravia la trabajadora por la decisión de la señora Jueza a quo que interpretó erróneamente (a su criterio) la jornada laboral desempeñada a fin de calcular su remuneración, rechazó las diferencias salariales reclamadas, utilizó una base de cálculo errónea para fijar el monto de condena, no tuvo por acreditada la fecha de ingreso que denunció, lo que derivó en el rechazo de la sanción contemplada en el artículo 1 de la Ley 25.323, desestimó la prevista en el artículo 2 de la referida norma, y no consideró acreditado el acoso laboral denunciado. Asimismo plantea la falta de tratamiento en la sentencia a su pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 24.577.

Por su parte, previo planteo de inconstitucionalidad del artículo 106 de la L.O., la accionada ataca la condena al pago de la suma que surge de la sentencia y la obligación de hacer entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT, conforme las pautas emanadas de la sentencia en crisis.

III.Por cuestiones metodológicas, comenzaré tratando la actualización del recurso formulado por la actora que, en los términos del artículo 110 de la Ley 18345, interpuso contra la resolución dictada en la audiencia celebrada a fs. 184 (última parte), donde la a quo denegó su pedido de exhibirle a los testigos el video obrante a fs. 92.

Plantea que la validez del video acompañado puede ser cotejada por distintos medios, como ser la prueba pericial, testimonial e informativa.

Soslaya la recurrente el argumento central de la decisión en crisis, esto es, que no ofreció ni hizo reserva de solicitar el medio probatorio adecuado para el supuesto de desconocimiento de dicho instrumento.

En lo que atañe a la resolución dictada en la audiencia, el quid de la cuestión no está en lo que surja del video acompañado, sino en la autenticidad del mismo.

Razono que el único medio idóneo para certificar la legitimidad del CD acompañado es la pericial informática, que no fue ofrecida por la quejosa, El resto de las pruebas mencionadas podrían brindar información acerca de lo grabado en el CD, pero no sobre el instrumento en sí.

Atento ello, coincido con lo decidido en grado a fs. 184 en cuanto a que, atento el desconocimiento efectuado por la demandada a fs. 135 vta. y la omisión de la actora de hacer reserva de solicitar perito ingeniero a fin de expedirse sobre la autenticidad del instrumento en cuestión, no es admisible la exhibición del mismo a los testigos.

Por ello, de compartirse mi voto, propongo se rechace el agravio bajo estudio, como así también el pedido de una nueva citación a los testigos (ver fs. 302 pto. IV), y se confirme la resolución dictada a fs. 184.

IV. Plantea la actora la revisión de lo resuelto respecto a las diferencias salariales y la base de cálculo decidida en grado.

Al iniciar su reclamo, la actora denunció cumplir una jornada laboral de seis horas diarias, de 10 a16 hs. (ver fs.7 vta), de martes a domingo; que su salario ascendía a $ 1.705,15 cuando, en realidad, debía cobrar $ 2.374,56, y que su categoría laboral era «empleado adm. 36 horas». Mientras que, en el recurso bajo estudio, consideró que su mejor sueldo devengado es de $ 2.392,7 y que es el que debe utilizarse como base para calcular las indemnizaciones por despido, preaviso, integración mes de despido, SAC sobre preaviso e integración, SAC 2009, vacaciones proporcionales, SAC sobre vacaciones y días trabajados, así como la indemnización del artículo 80 de la LCT.

Por su parte, la sentenciante, receptó como mejor remuneración mensual normal y habitual la suma de $ 1.978,79, ya que no consideró acreditadas las diferencias salariales reclamadas, toda vez que las horas laboradas figuraban en el recibo de sueldo, conforme lo informado por el perito contador.

Entiendo que conviene comenzar analizando cuál era la jornada cumplida por la recurrente.

En su demanda alegó que la misma, al ser de 36 horas semanales, debió abonarse como jornada completa, conforme lo previsto en el artículo 92 ter inciso 1 de la LCT, y que sufrió una reducción proporcional lo que generó las diferencias salariales que reclama.Este extremo no fue puesto a consideración de la señora Jueza «a quo», lo que inhibe su tratamiento (conforme lo previsto por el artículo 277 del CPCCN).

Sin perjuicio de ello, y para tranquilidad del apelante, memoro que se encuentra fuera de discusión que la actora laboraba 36 horas semanales, jornada que cumplió durante toda su relación laboral, se encontraba registrada en la categoría «empleada administrativa 36 horas», y que la relación se regía por el CCT 130/75.

El artículo 198 de la LCT establece que, «La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo…». En el caso bajo análisis, la trabajadora se desempeñó durante todo el tiempo que duró su vínculo laboral en la jornada mencionada, lo que importa la existencia de un acuerdo tácito con su empleador en cuanto al cumplimiento de una jornada reducida.

En razón de lo expuesto, entiendo que no es aplicable, entonces, el artículo 92 ter de la L.C.T., por cuanto si la extensión máxima legal es de 48 horas semanales, claramente la prestación de servicios de la actora, superior a las 2/3 partes de esa cantidad, encuadra en las previsiones del artículo 198 de la L.C.T. y, desde esta óptica, no se podía pretender que se pagase el trabajo como si fuese de 48 horas, es decir, jornada completa.

Por lo dicho precedentemente, propongo se rechacen los agravios bajo estudio, y se confirme este aspecto de la sentencia en crisis.

V.En lo que atañe al rechazo de la sanción prevista en el artículo 1º de la Ley 25.323, la trabajadora denunció haber ingresado el 13 de febrero de 2004 y que recién fue registrada por su empleadora siete meses después, mientras que la accionada respondió que el vínculo se inició el 1º de Septiembre de ese año, y que anteriormente fue empleada de Complementos Empresarios SA (compañía ajena a la litis), dato que extrae de la constancia de alta de AFIP emitida por esta última empresa y que acompañó al contestar la acción.

Ninguno de los testigos pudo confirmar el extremo alegado por la actora, puesto que Olivero no precisó la fecha de ingreso de Torres, los testigos Morales, Barricarte y Chacana conocieron a la accionante recién en el año 2005 y Ovando en Diciembre de 2004, es decir, cuando la relación laboral ya estaba reconocida por INC S.A.

En razón de lo dicho, no encuentro que haya sido acreditado el extremo alegado por la actora, lo que imposibilita la aplicación de la sanción bajo análisis. Sin perjuicio de ello, destaco que la cuestión relativa a la eventual interposición fraudulenta de una tercera empresa, no fue sometida a la consideración de la instancia previa, lo que inhibe de esta Alzada (artículo 277 CPCCN).

Por ello, propicio se desestime el agravio y se confirme éste aspecto de la sentencia.

VI. En cuanto al agravio por la multa del artículo 2° de la Ley 25.323, si bien la demandada pagó una suma que atribuía a la liquidación final de la actora -v. fs. 69 reservada en anexo agregado por cuerda-, este pago, resultó parcial, generándose entonces diferencias en favor de ésta.El artículo 2° agrava en un 50% de sus respectivos montos las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 L.C.T., 6º y 7º de la Ley 25013, o las que en el futuro las reemplacen, cuando, intimado el empleador fehacientemente a su pago por el acreedor, no lo cumpla y lo obligue a iniciar acciones judiciales o conciliatorias previas. La parte final autoriza a reducir parcialmente el importe de la agravación si hubiesen existido causas que justificaren la conducta del empleador. Se debería entender que la justificación podría surgir de la imposibilidad, material o jurídica, de satisfacer los créditos, o de la plausibilidad de la justa causa de despido invocada, judicialmente desechada. Cuando, como en el caso, no se advierten razones para la exoneración o reducción de la multa, ésta será calculada sobre las diferencias de los rubros que integran su base.

Por ende, propongo que se haga lugar al agravio planteado, y se condene a la demandada al pago de la suma $ 1.353,60, determinada sobre la diferencia impaga (conforme liquidación de fs. 283 vta. y recibo de fs. 69 reservado en el anexo glosado por cuerda), en concepto de multa artículo 2 Ley 25.323.

VII. En lo que atañe al pedido de resarcimiento económico por acoso laboral, a mi juicio no le asiste derecho a la trabajadora a percibir dicha compensación.

Torres relató en su escrito de inicio que fue víctima de maltratos y hostilidades por parte de la accionada, a raíz de su negativa a modificar su horario laboral.

Sobre el tema declararon los testigos Morales (fs. 183/184), Barricarte (fs. 185/187), Chacana (fs. 188/189) y Ovando (fs.190/191) -la testigo Olivero nada dijo al respecto-.

Coincido con la magistrada de grado en que los testimonios brindados por los mencionados son insuficientes para demostrar en forma certera y contundente los extremos fácticos denunciados, ya que no resultaron debidam ente acreditadas la ocurrencia de las actitudes persecutorias ni los maltratos invocados.

Digo ello ya que, en mi opinión, estas conductas deben tender a vencer la resistencia de la persona, para lograr su separación de la empresa (lo que no sucedió, puesto que la relación laboral finalizó por el despido directo decidido por la demandada). No cualquier maltrato configura mobbing ni genera el pago del daño moral. Esta conducta debe ser sistemática y recurrente, además debe ser dirigida sólo contra un trabajador, contrario a lo que declararon los testigos en la causa, que dieron cuenta de un clima hostil de trabajo en general para con todos los trabajadores que no aceptaban el cambio de horario, y en especial para con la actora y la testigo Chacana, pero no específicamente para con la accionante en particular.

En razón de lo expuesto, propicio el rechazo del agravio y se confirme lo decidido en grado al respecto.

Lo planteado precedentemente, torna abstracto el tratamiento del agravio por la falta de tratamiento en grado respecto de la inconstitucionalidad de la Ley 24.557.

VIII.A su turno, la accionada, plantea la inconstitucionalidad del artículo 106 de la LO, fundando su recurso en el hecho que dicho artículo, al imponer un tope económico para acceder a la segunda instancia, impide el ejercicio del derecho de defensa en juicio previsto en la Constitución Nacional.

Como ya se ha dicho reiteradamente, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la «ultima ratio» del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional.

En las presentes actuaciones, coincido con lo dicho por la Dra. Fontana, integrante de la Sala VII, en su voto para los autos «QUIROZ SUSANA BEATRIZ C/ COMPAÑÍA PULIRE S.A. Y OTRO S/ DESPIDO» Expte. Nº 1.152/2009, SD Nº 45245 del 24/04/13 en cuanto a que «… la limitación en razón del monto, impuesta por la norma cuestionada, no implica en sí misma, un cercenamiento al derecho de defensa en juicio, ya que la doble instancia en materia civil no tiene raigambre constitucional, conforme surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doct. Fallos 311:274; 312:195; 318:1711; 310:1424; 322:3241 ; etc.), doctrina ratificada por el Tribunal Supremo en su actual composición (Fallos 329:1180 voto de los Dres. Lorenzetti; Fayt y Argibay y 330:1036) y de la línea jurisprudencial seguida por la Cámara Nacional en lo Civil al interpretar el art. 242 del CPCCN, tal como lo señala la Sra. Fiscal…»

Por ende, entiendo que es inadmisible tachar de inconstitucional el artículo 106 de la L.O. y, en razón de ello, corresponde desestimar el primer agravio planteado por la demandada a fs. 287 vta., por ser el monto cuestionado inferior al monto mínimo de apelabilidad previsto en el art.242 del C.P.C.C.N., modificado por la Ley 23.850, que -al momento de la concesión del recurso (fs. 319)- ascendía a $13.500. Sin perjuicio de ello, señalo que a los fines de computar el límite de apelabilidad no corresponde computar los intereses.

Como ya dijo esta Sala en los autos Villamayor Luis Angel c/ Grupo CopihcoS.A s/ Despido SD Nº 38376 del 24/08/11, «…No se consideran incluidos en el valor en cuestión los intereses establecidos en el fallo de grado, ya que éstos constituyen el fruto de privación del capital adeudado y por ende resultan meros accesorios del crédito reconocido a los trabajadores…».

Consecuentemente, propongo declarar mal concedido el recurso bajo análisis.

IX. En lo que atañe al planteo formulado contra la decisión de la a quo de confeccionar nuevos certificados de trabajo, el mismo es improcedente, porque la quejosa no tiene en cuenta que no acompañó a estos autos los referidos documentos, lo que permite concluir que nunca se confeccionaron.

X. Atento que existen planteos respecto de las costas y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y peritos, corresponde tratarlos. En cuanto a las costas no encuentro mérito para apartarme de lo resuelto en grado, toda vez que la sentencia sólo receptó parcialmente la pretensión de la actora. En atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, el marco del valor económico en juego, y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., y los arts. 6, 7, 8, y sig. Ley 21.839, soy de opinión que los honorarios regulados resultan adecuados, por lo que propicio que sean confirmados, (conf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839).

XI.Con fecha 21 de mayo del año 2014 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto, considero que corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha apartir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses.

X. Por las razones expuestas, propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y se fije su monto en la suma de $ 12.271,55 con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento; se impongan las costas de Alzada en el orden causado en atención al resultado obtenido, y se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en definitiva corresponda a la representación y patrocinio letrado de la parte respectiva, por su actuación en la instancia anterior (artículos 14 y 18 Ley 21839).

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y fijar su monto en la suma de $ 12.271,55, con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento;

2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado;

3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en definitiva corresponda a la representación y patrocinio letrado de la parte respectiva, por su actuación en la instancia anterior-

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y, oportunamente, devuélvanse.

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CÁMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: