Banco debe indemnizar al actor ante el incumplimiento de recategorizarlo acordado, manteniendolo en situación 5. Cuadro de rubros indemnizatorios.

DemandaPartes: Descalzo Jorge Domingo Jesús c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 12-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93324-AR | MJJ93324 | MJJ93324

Responsabilidad del banco demandado por los daños y perjuicios ocasionados al actor a raíz de haber mantenido indebidamente su calificación en situación 5 en lugar de recategorizarlo conforme se había obligado en el Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-No cabe sino responsabilizar al banco demandado únicamente por los daños y perjuicios que pudiera haber irrogado al actor a raíz de haber mantenido indebidamente su calificación en situación 5 durante los meses de febrero y marzo de 2004, en lugar de recategorizarlo en situación 2 b , conforme se había obligado en el Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda suscripto el 10/02/2004, no resultando procedente -en cambio- extender esa responsabilidad a las supuestas consecuencias dañosas que habrían comenzado a gestarse con anterioridad a esa fecha y que se habrían manifestado a partir de esa fecha.

2.-No resulta procedente el reclamo de lucro cesante basado contra el Banco, fundado en ula ilegítima calificación hacia su persona en los registros del Banco Central, invocando una merma en las ganancias de su empresa cuando se encuentra probado que la reducción de las ventas del actor no tuvo su origen en el incumplimiento por parte de HSBC del convenio suscripto el 10/02/2004, sino que se inició previamente en el año 2003, cuando evidenció una drástica merma de sus ventas a menos de la mitad respecto del ejercicio anterior -ello en forma coincidente con el comienzo de los problemas económicos y financieros reconocido en la demanda-, continuando la curva descendente -aunque algo más atenuada- durante el 2004.

3.-Toda vez que no existió nexo de causalidad entre el incumplimiento de Banco demandado en la ilegítima calificación del actor y la venta de las tres máquinas inyectoras, no cabe responsabilizar a aquél por la supuesta pérdida de la chance generada por la venta de dicha maquinaria de producción, circunstancia que determina la improcedencia del presente ítem.

4.-Con relación al resarcimiento del daño moral en materia contractual, se ha dicho y resuelto reiteradamente que su apreciación debe ser efectuada con criterio restrictivo, teniendo en cuenta que no se trata de una reparación automática tendiente a resarcir las desilusiones, incertidumbres y disgustos, sino solamente determinados padecimientos espirituales que, de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso, así lo hagan menester -art. 522 CCiv.-

5.-en los supuestos de responsabilidad contractual, en los que la reparación del daño moral se encuentra regida por el art. 522 del CCiv., la regla de que está a cargo de quien lo reclama la acreditación de la concreta existencia del dañor moral invocado cobra especial significación.

6.-Si la noción de daño moral se halla vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, aparece como evidente que no puede ser equiparable ni asimilable a las meras molestias, dificultades, inquietudes o perturbaciones propias de todo incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial, razón por la cual es exigible que quien lo invoque acredite las especiales circunstancias a las que la ley subordina la procedencia de este resarcimiento.

7.-Si todo incumplimiento contractual es en principio revelador de la culpa del deudor, no parece tampoco que esta última resulte de suyo suficiente para acoger todo reclamo por reparación del daño en cuestión en los supuestos de responsabilidad contractual, ya que, de ser así, no tendría razón de ser la limitación que para su procedencia determina la norma antes citada, cuando supedita tal reparación a la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso . En este terreno el juez debe discernir lo que es la angustia propia del mundo de los negocios, de la afectación de aquellos intereses que atañen profundamente la esfera íntima del ser humano.

8.-No solamente debe probarse la existencia del daño moral, sino también su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los arts. 1522 CCiv. y 165 CPCCN., a diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico.

9.-Dada la pésima calificación financiera que registró el actor a lo largo de más de un año en forma inmediatamente previa al incumplimiento del banco demandado en su respectiva calificación ante el Banco Central, el detrimento de índole moral que debió haberle aparejado el hecho de permanecer indebidamente informado con categoría 5 durante dos meses más -febrero y marzo de 2004- debió ser razonablemente menor que el que podría haberle irrogado en caso de haber contado con un historial financiero intachable.

10.-Resultando procedente la fijación de intereses para el supuesto de que el banco demandado no dé cumplimiento a la condena dentro del plazo estipulado y habiéndose omitido hacerlo en la sentencia de grado, corresponde establecer que, en caso de verificarse dicho supuesto, el monto reconocido en concepto de daño moral devengará intereses desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de dos mil quince, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con la asistencia del Señor Prosecretario Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados “DESCALZO JORGE DOMINGO JESÚS c/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. s/

Ordinario” (Expediente Nº 107.001, Registro de Cámara Nº 25.811/2006), originarios del Juzgado del Fuero N° 3, Secretaría N° 5, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 del CPCCN, resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. Isabel Míguez, Dra. María Elsa Uzal y Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Estudiados los autos, la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez dijo:

I.- ANTECEDENTES DEL CASO.

En la sentencia de fs. 877/890, el Sr. Magistrado de grado hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro de los daños y perjuicios derivados de su indebida inclusión como deudor moroso en las bases de datos del sistema financiero deducida por Jorge Domingo Jesús Descalzo contra HSBC Bank Argentina S.A. (en lo sucesivo, HSBC), a quien condenó a pagar a aquél la suma total de pesos doscientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y siete con treinta y siete centavos ($ 293.357,37) -en concepto de resarcimiento del “daño emergente” ($ 273.357,37) y del “daño moral” ($ 20.000)-, sin intereses, imponiéndole asimismo las costas del proceso.

Los hechos del sub examine han sido sintetizados en el fallo indicado en lo que el Juez a quo estimó razonable consignar y a esa referencia cabe remitirse, brevitatis causae.

II.- LOS RECURSOS.

El pronunciamiento de la anterior instancia fue apelado tanto por la parte actora -a fs. 904- como por la demandada -a fs. 902-, recursos que fueron fundados con las expresiones de agravios que corren agregadas a fs. 918/929 y fs.933/948, respectivamente, las que merecieron las réplicas de fs. 950/964 y fs. 966/980, también respectivamente.

1) Los agravios de la parte actora:

i) Esta parte se agravió porque el Juez de grado interpretó erróneamente que el reclamo se limitó al período comprendido entre los meses de marzo y junio de 2004, pese a que en la demanda no eximió de responsabilidad a HSBC por los daños y perjuicios ocasionados con anterioridad a la celebración del “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda” el 10/02/2004, dado que las consecuencias dañosas habrían comenzado a gestarse a fines del año 2003 para manifestarse fehacientemente durante el transcurso del año 2004, persistiendo incluso varios años después.

ii) Objetó la sentencia apelada por cuanto descartó que el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (A.P.E.) que presentó en el año 2004 fuera consecuencia del obrar negligente del banco demandado, omitiendo valorar que su parte debió recurrir a dicho proceso como consecuencia de que HSBC obró en contra de una medida de no innovar al calificarlo en situación “5” e incumplió el convenio por el cual se obligó a recategorizarlo en situación “2 b”, lo que generó que distintos proveedores decidieran cancelar sus líneas de crédito a partir de marzo de 2004.

iii) Criticó que el sentenciante hubiera determinado que el error del emplazado en la calificación de Descalzo configuró una conducta culposa, debiendo por ello responder sólo por las consecuencias inmediatas de su obrar, a resultas de lo cual hizo lugar parcialmente al reclamo por “daño emergente” reconociendo como indemnización el equivalente al 10% de las pérdidas del actor durante el ejercicio 2004, siendo que, en realidad, los reiterados incumplimientos de HSBC durante cinco meses y el deber de éste de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas que le imponía su superioridad técnica lo harían también responsable por las consecuencias mediatas de sus actos (arg. arts.904, 909 y 1072 del Código Civil), motivo por el cual solicitó el reconocimiento íntegro de la pérdida sufrida.

iv) Cuestionó que el Juez de la anterior instancia hubiera desestimado el reclamo por la pérdida generada por la venta de tres máquinas inyectoras con fundamento en que la operación se celebró cuando ya no subsistía la calificación negativa del accionante, pasando por alto no sólo que los daños comenzaron a gestarse antes de la firma del acuerdo, se fueron concretando durante el 2004 y perduraron aún varios años después, sino también el hecho de que al momento de la venta en cuestión todos los bancos habían cambiado su calificación y le habían negado el crédito a causa de la categoría “5” informada por el emplazado. v) Se agravió de que el a quo hubiera rechazado el reclamo en

concepto de “lucro cesante” por considerar erróneamente que la ganancia en el 2003 fue de sólo $ 9.282,47, omitiendo valorar que del informe pericial contable surge que en el período 2003 el actor redujo su pasivo en $ 134.601,45 y que la diferencia entre la mercadería vendida y el producido de las ventas fue de $ 143.883,52, por lo que la ganancia real habría sido de $ 278.484,57.

vi) Criticó la sentencia apelada por cuanto denegó la indemnización de la “pérdida de la chance” supuestamente generada por la venta de las tres máquinas inyectoras argumentando que no resultó acreditado en autos el pronóstico efectuado en la demanda y señalando que la pérdida de la chance debe ser la chance misma y no la ganancia, confundiendo de esta manera -dijo- “ganancia” con “costos fijos”.

vii) Objetó el monto de $ 20.000 reconocido para enjugar el “daño moral” por considerarlo reducido, atento a su exitosa trayectoria profesional e industrial y al hecho de que dicha calificación negativa se mantuvo durante cinco meses, de febrero a junio de 2004.

viii) Se agravió, por último, porque el a quo noreconoció el devengamiento de intereses por no haber sido solicitado en la demanda, no advirtiendo que en dicha presentación reclamó la “reparación integral” de los daños y perjuicios padecidos, debiendo entenderse que dentro de dicho concepto se encuentran comprendidos los intereses, agregando que, de todos modos, en los supuestos en los cuales no hubieran sido reclamados, el Juez puede admitirlos de todos modos apelando a las facultades previstas en los arts. 165 CPCCN y 1078 del Código Civil.

2) Los agravios de la parte demandada:

i) Criticó el accionado HSBC la sentencia apelada por cuanto lo responsabilizó por el sólo hecho de haber reconocido haber incurrido en un error material al informar en forma inexacta al actor durante dos meses, omitiendo valorar que este último y su empresa se encontraban afrontando dificultades económicas y financieras desde mediados de 2002, con importantes deudas frente a otros acreedores generadas en su mayor parte durante el año 2003, y que la clasificación anterior al acuerdo detentada por Descalzo era “4”, por lo cual no podría sostenerse que todo su pasivo había sido generado por haberse visto informado en situación “5” durante sólo dos meses de 2004.

ii) Se agravió de que el Juez de grado hubiera admitido la procedencia

del reclamo por “daño emergente” a partir de una incorrecta valoración de las pruebas pericial contable e informativa, soslayando el hecho de que la información errónea fue subsanada en un plazo inferior a los dos meses y que la deuda del actor era de fecha anterior al acuerdo. Subsidiariamente, cuestionó el monto resarcitorio por considerarlo elevado.

iii) Objetó el pronunciamiento por cuanto hizo lugar al rubro “daño moral”, pese a que no se encontraría acreditada su existencia y que, previo al supuesto hecho dañoso, el actor ya se encontraba informado en situación “4” y poseía numerosas deudas con diversos acreedores.Subsidiariamente, impugnó el importe reconocido por este concepto por estimarlo elevado.

iv) Finalmente, se agravió por cuanto el sentenciante le impuso la totalidad de las costas a su parte a pesar de que la demanda progresó sólo en un 8,9% del monto total reclamado, motivo por el cual habría correspondido imponer las costas en un 90% a cargo de la actora y el 10% restante a su parte, o, cuanto menos, ser impuestas por su orden.

III.- LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

1) El tema a decidir.

Preliminarmente, corresponde señalar que ambas partes ofrecieron “ad effectum videndi et probandi” los siguientes dos procesos: a) “Descalzo, Jorge Domingo Jesús c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Amparo s/ Incidente de Actuaciones por Separado” (expte. N° 38.357), que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52; y b) “Descalzo, Jorge Domingo Jesús s/ Acuerdo Preventivo Extrajudicial”, que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 11, Secretaría N° 21) (véanse fs. 108 vta., puntos 2 in fine y 3 de la demanda y fs. 158 y vta., puntos ii y vi de la contestación de demanda).

En relación al incidente de actuaciones por separado, se advierte que, si bien el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52 no pudo dar cumplimiento con su remisión (véase copia del oficio electrónico agregada a fs. 999), del detenido examen de las constancias obrantes en estos obrados se desprende que dicha prueba no fue producida. En efecto, en la certificación de prueba de fs. 822 -la cual no fue observada por las partes, quedando, por ende, consentida- se dejó constancia de que el accionante desistió de la prueba instrumental -entre la cual se encontraba ofrecida la referida causa- y se omitió mencionar si el demandado produjo -o no- esa prueba, en tanto que de la compulsa de estas actuaciones no surge constancia de que se hubiera dado cumplimiento con la remisión de dicho incidente.Por esas razones, tendré por no producida la prueba en cuestión.

A similar conclusión -aunque por razones ligeramente distintas- cabe arribar en lo que respecta al A.P.E., puesto que, en lo que a esta probanza atañe, la mencionada certificación de prueba de fs. 822 de jó constancia de que el actor desistió de la prueba instrumental ofrecida y que el banco demandado fue declarado negligente en su producción. De ello se desprende que ese expediente no fue tenido a la vista por el Juez de grado al momento de dictar sentencia, circunstancia que resultó consentida por las partes, toda vez que -se reitera- la certificación de prueba aludida no fue observada, a lo que debe adunarse que la declaración de negligencia referida fue dictada a pedido de la parte actora (véanse presentaciones de fs. 772 y fs. 776) y que el correspondiente traslado no fue contestado por el emplazado. En consecuencia, tampoco tendré por producida esta prueba instrumental.

En otro orden de ideas, cabe aclarar que no resultaron cuestiones controvertidas entre las partes las siguientes: i) que estuvieron vinculadas a través de un contrato de mutuo celebrado el 31/07/2001 e identificado como “SCOL 00322055”, en virtud del cual HSBC hizo entrega a Descalzo de una suma de U$S 95.000; ii) que tras haber abonado una parte del crédito, el actor solicitó -mediante una nota fechada el 03/10/2002- autorización al banco demandado para cancelar el préstamo mediante la entrega de títulos de la deuda pública nacional, en los términos de los decretos 1387/01, 1524/01 y de la comunicación N° “A” 3398 del BCRA, propuesta que fue rechazada por HSBC mediante carta documento del 17/10/2002 argumentando que aquél no poseía la calificación exigida por el decreto 1387/01; iii) que como consecuencia de dicha situación, ambas partes llevaron sus reclamos a la justicia, iniciando la entidad bancaria los autos caratulados “HSBC Bank Argentina S.A.c/ Descalzo, Jorge Domingo Jesús s/ Ejecutivo” que tramitaron por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 3, Secretaría N° 5 y haciendo lo propio el aquí accionante con los expedientes “Descalzo, Jorge Domingo Jesús c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Amparo” y “Descalzo, Jorge Domingo Jesús c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Amparo s/ Incidente de actuaciones por separado”, los cuales tramitaron por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52; iv) que el 10/02/2004 ambas

partes suscribieron el “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda” en el cual Descalzo admitió haber incurrido en mora en el pago del préstamo a partir del 25/08/2002 y se obligó a pagar a HSBC la suma de $ 60.000, en tanto que este último se comprometió a reclasificar al deudor en situación “2 b” ante la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA; y v) que el banco demandado incumplió inicialmente el referido acuerdo al no proceder a recategorizar inmediatamente al actor en situación “2 b” -cabe aclarar que las partes sí discrepan acerca de la duración de dicho incumplimiento-.

Ello establecido y descriptos del modo expuesto los reproches de los apelantes, se aprecia que el tema a decidir en la especie reside en determinar, en primer lugar, si fue acertada o no la decisión del Sr. Magistrado de grado en punto a responsabilizar al banco demandado por no haber recategorizado al accionante en situación “2 b” ante la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA en forma inmediata a la celebración del “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda” suscripto por las partes el 10/02/2004.Eventualmente, para el caso de que ello hubiera sido así, corresponderá abordar los agravios relativos al tratamiento brindado por el Juez de grado tanto a los distintos rubros invocados como base del reclamo, como a las cuestiones atinentes a los intereses y a la imposición de las costas.

De tal forma, lo primero que debe abordarse es la cuestión relativa a si la entidad bancaria demandada debe ser responsabilizada por haber informado en forma errónea al actor frente a la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA, debiendo a tales efectos establecerse previamente cuál es el período objeto de reclamo.

2) El período objeto de reclamo.

El Juez de grado sostuvo que el accionante demandó el resarcimiento de las consecuencias dañosas generadas por el incumplimiento por parte de HSBC de la obligación de recategorizar al deudor en situación “2 b” que asumiera en el “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda” celebrado el día 10/02/2004, circunscribiendo de esta manera su reclamo al período comprendido entre marzo y junio del año 2004.

El accionante se agravió de esa decisión, aduciendo que en su demanda no eximió de responsabilidad al banco demandado por los daños y perjuicios ocasionados con anterioridad a la firma del referido acuerdo, ello debido a que, según afirmó- las consecuencias dañosas comenzaron a gestarse a fines del año 2003 y se manifestaron fehacientemente durante el transcurso del año 2004 (véase fs. 920, tercer párrafo), persistiendo sus efectos incluso varios años después (véase fs. 924, quinto párrafo).

En ese sentido, resulta oportuno recordar que nuestro código ritual exige que el objeto de la demanda, además de ser idóneo y jurídicamente posible, debe hallarse debidamente precisado. A este último requisito, en particular, se refiere el inc. 3° del art. 330 CPCCN, en tanto impone que la demanda contenga “la cosa demandada, designándola con toda exactitud” (conf. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo – Perrot / Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2005, T° IV – Actos Procesales, pág.280, punto a).

En otros términos, el mencionado inc. 3° requiere la exacta delimitación, cualitativa y cuantitativa, del objeto mediato de la pretensión formulada en la demanda (conf. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, ob. cit. supra, pág. 280, punto b).

En ese mismo orden de ideas, esta Sala tiene dicho también que si bien el art. 330, inc. 3º CPCCN establece que la cosa demandada deber ser designada con toda exactitud, de modo que permita una defensa eficaz por parte de los demandados, siempre debe observarse una interpretación razonable e integral del escrito de demanda, para así verificar los presupuestos que se relacionan con la doctrina de la sustanciación, acorde con el principio de flexibilidad de las formas, en miras al mejor rendimiento de la función jurisdiccional (conf. esta CNCom., esta Sala A, 30/09/1996, in re: “Lanari, Eduardo M. c/ Aurelia S.A. y otro”, LL, 1997-F, 420; DJ, 1998-1, 880). Empero, dicha interpretación amplia cede indefectiblemente cuando de la lectura integral del escrito de demanda no surge con claridad el objeto de la demanda o el de una pretensión en particular -vgr., un rubro-, pues para salvaguardar la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN) -principio liminar de nuestro ordenamiento jurídico- es necesaria una adecuada descripción de los conceptos reclamados, lo cual implica no sólo individualizar perfectamente el objeto reclamado sino también las bases o parámetros que lo sustentan. Es que la claridad y la precisión son fundamentales, por aplicación del principio de igualdad, para que el demandado pueda admitir o negar los hechos y organizar su defensa (conf. Colombo, Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Anotado y Comentado”, Abeledo-Perrot, 1969, T° III, pág. 131; idem, esta CNCom., esta Sala A, 24/09/2010, in re: “Barrancos Carlos David c/ Fiat Auto Argentina S.A.s/ Ordinario” ).

En ese marco, se advierte que el accionante señaló en su escrito de inicio que el objeto de la demanda contra HSBC era que este último fuera condenado a abonar la suma de $ 3.275.703,76 “.en concepto de indemnización de daños y perjuicios, comprensiva del daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral” (véase fs. 94, punto II), describiendo en el capítulo siguiente titulado “La relación con el HSBC Bank Argentina S.A.” (véanse fs. 97/99) los distintos hechos que demostrarían la supuesta “mala fe y el desprecio del banco demandado por sus clientes”, entre los cuales destacó la falta de cumplimiento por parte del accionado del acuerdo firmado el 10/02/2004, quien “no solamente incumplió con la obligación asumida en el contrato suscripto de recategorizar al actor en la situación ‘2B’, sino que por el contrario, en el mes de marzo de 2004 lo pasó a situación ‘5’, esto es, ‘irrecuperable’, hundiéndolo en la peor de sus pesadillas, haciendo caso omiso del contrato firmado al colocarlo en una categoría que no sólo no era correcta, sino que empeoró fatalmente la situación empresaria, haciendo uso y abuso de su situación dominante por tratarse de una entidad bancaria” (véase fs. 98 vta., primer párrafo).

Por su parte, tanto en el capítulo “Los perjuicios causados por el banco” (véanse fs. 99/101 vta.), como así también al desarrollar los fundamentos que justificarían la procedencia de los distintos rubros reclamados (véanse fs. 102/107 vta.), el accionante aludió únicamente a las supuestas consecuencias perniciosas que le habría aparejado el incumplimiento por parte del banco demandado del acuerdo firmado el 10/02/2004, consistente en no recategorizar inmediatamente al deudor en situación “2 b” y, posteriormente, calificarlo en situación “5” -en marzo de 2004- (véanse fs. 99, punto III-D, primer párrafo; fs. 99 vta., anteúltimo párrafo; fs. 100 vta., tercer párrafo; fs. 101, último párrafo; fs.102, anteúltimo párrafo; fs. 103, segundo y cuarto párrafos; fs. 104 vta., punto IV-C, segundo párrafo; y fs. 106, último párrafo).

Se advierte así que, más allá de alguna referencia tangencial a ciertas conductas del banco demandado que ilustrarían acerca de la supuesta mala fe con la cual se habría conducido a lo largo de la relación comercial, lo cierto es que el demandante circunscribió su reclamo exclusivamente a los daños y perjuicios que le habían sido irrogados como consecuencia del incumplimiento por parte de HSBC del convenio firmado el 10/02/2004, motivo por el cual no corresponde analizar la responsabilidad que eventualmente podría caber a este último por hechos acontecidos con anterioridad a dicha fe cha, so pena de conculcar indebidamente los principios de defensa en juicio y de congruencia.

En virtud de los fundamentos vertidos precedentemente, no cabe sino la desestimación del agravio bajo análisis.

3) La responsabilidad del banco demandado por el incumplimiento de la obligación a su cargo de recategorizar al deudor frente a la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA.

El banco demandado se agravió de que el Juez de grado lo hubiera responsabilizado por el sólo hecho de haber reconocido haber incurrido en un error material al informar en forma inexacta a Descalzo durante dos meses, pasando por alto no sólo que este último y su empresa venían afrontando dificultades económicas y financieras desde mediados de 2002, registrando importantes deudas con otros acreedores generadas prácticamente durante el año 2003, sino también que la clasificación anterior al acuerdo detentada por Descalzo era “4”, por lo cual no podría sostenerse que toda su deuda se generó por haber sido informado en situación “5” durante dos meses de 2004 (véanse fs.938 vta./941 vta., punto 3.4).

En ese marco, cabe comenzar señalando que en el “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda” suscripto el día 10/02/2004 por Descalzo -en su carácter de deudor- y HSBC -en su calidad de acreedor-, este último se comprometió “.a reclasificar al deudor en situación ‘2 b’ conforme la normativa que, sobre el particular, dispone el Banco Central de la República Argentina” (véase fs. 29 vta., cláusula duodécima).

En ese sentido, el banco demandado admitió en su responde haber incurrido en un “error involuntario material”, toda vez que “.al informar al BCRA de la reclasificación, en lugar de cambiarlo a situación ´2 b’, lo hizo a ‘5’”, situación que, tras ser advertida, fue inmediatamente subsanada en el mes de abril de 2004, es decir, a menos de dos meses de la firma del acuerdo, remitiendo a dicha entidad la instrucción de reclasificar al actor en situación ‘2 b’. Explicó que el BCRA presentaba un retraso de tres meses para regularizar la información que le brindaban las entidades bancarias, lo que motivó que en el mes de junio el actor continuara siendo informado en situación “5” (véase fs. 147 vta., primer a tercer párrafos).

Los dichos del emplazado se encuentran corroborados parcialmente por la prueba de informes emanada del BCRA. En efecto, del informe de fs. 205/209 emitido por esa entidad bancaria surge que HSBC informó a Descalzo de la siguiente manera:a) durante todo el año 2001, en situación “1”; b) el régimen informativo de deudores del sistema financiero estuvo suspendido de enero a mayo de 2002, razón por la cual no hay información disponible para esos meses; c) de junio a octubre de 2002, la calificación fue “2”; d) de noviembre de 2002 a enero de 2003, en situación “3”; e) de febrero a noviembre de 2003, con calificación “4”; f) de diciembre de 2003 a marzo de 2004, en situación “5”; g) de abril a noviembre de 2004, con calificación “2”; y h) de diciembre de 2004 a diciembre de 2005, en situación “4” (véanse fs. 205/206).

De esta manera, se advierte que contrariamente a lo sostenido por las partes, tras la firma del acuerdo -10/02/2004- el banco demandado no “empeoró” la categoría del actor a situación “5”, sino que simplemente la “mantuvo”, pues este último ya se encontraba informado con esa calificación desde diciembre de 2003. Por su parte, el informe en cuestión corroboró los dichos del accionado relativos a que la calificación en situación “5” se mantuvo hasta el mes de marzo de 2004, siendo recategorizado en situación “2” a partir de abril de 2004, es decir, al cabo de dos meses de celebrado el convenio.

Así, pues, no se trató en la especie de un “agravamiento” de la calificación del deudor, sino de una indebida prolongación en el tiempo de una evaluación financiera negativa preexistente al incumplimiento contractual que es la base de la presente demanda.

No paso por alto que en el mes de junio de 2004, Descalzo continuaba figurando informado por HSBC en situación “5” en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA, conforme surge tanto del acta de constatación notarial efectuada el día 23/06/2004 que luce agregada a fs. 32/37, como del correo electrónico que, con fecha 04/06/2004, remitiera un oficial de crédito del Banco Ciudad al actor y cuya copia obra a fs. 91.Empero, cabe advertir que en ambos casos se trató de información crediticia desactualizada.

En efecto, de la copia del informe de la Central de Deudores adjuntada a la constatación notarial se desprende que la última información disponible del accionante brindada por siete bancos -entre los cuales se encontraba el demandado- correspondía en todos los casos al período “03/04” (véase fs. 32), es decir, abril del año 052/2001054, en tanto que en el referido correo electrónico, el empleado del Banco Ciudad señaló que “según la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA, a la fecha usted aparece clasificado en Situación 5 por el HSBC Bank Argentina (última información registrada 31/03/04)” -el destacado no es del original- (véase fs. 91).

Se advierte, de esta manera, que pese a que HSBC procedió a recalificar a Descalzo en situación “2” en el mes de abril de 2004, en junio de ese mismo año -esto es, transcurridos tres meses- la base de datos del BCRA aún no había reflejado esa modificación y continuaba informándolo con calificación “5”. Toda vez que no sólo no existen elementos en autos que permitan atribuir dicha demora al banco demandado, sino que, además, esa calificación negativa -“5”- fue otorgada en un período que no se encuentra sujeto a revisión en autos debido a que aconteció en fecha anterior -diciembre de 2003- a la celebración del convenio – 10/02/2004- cuyo incumplimiento por parte de HSBC es la base del presente reclamo, no resulta procedente responsabilizar a este último por el hecho de que el actor continuara siendo informado en situación “5” en el período comprendido entre abril y junio de 2004 cuando ya había procedido a comunicar la recalificación al BCRA.En virtud de las razones expuestas precedentemente, no cabe sino responsabilizar al banco demandado únicamente por los daños y perjuicios que pudiera haber irrogado al actor a raíz de haber mantenido indebidamente su calificación en situación “5” durante los meses de febrero y marzo de 2004, en lugar de recategorizarlo en situación “2 b”, conforme se había obligado en el “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda” suscripto el 10/02/2004, no resultando procedente -en cambio- extender esa responsabilidad a las supuestas consecuencias dañosas que habrían comenzado a “gestarse” con anterioridad a esa fecha y que se habrían manifestado a partir del año 2004.

Ello establecido, habrán de analizarse a continuación los agravios relativos a la procedencia y cuantía de los distintos rubros reclamados.

4) Los rubros indemnizatorios. 4.1) El daño emergente:

El Juez de grado admitió parcialmente este rubro con fundamento en los consecuencias negativas generadas al patrimonio del actor por el hecho de haber sido indebidamente informado por HSBC en situación “5” en el período comprendido

entre los meses de marzo y junio de 2004, fijando un monto resarcitorio de $273.357,37, “.equivalente al 10% de las pérdidas padecidas por Descalzo durante el ejercicio 2004.”, desestimando el reclamo por la venta de tres máquinas inyectoras por un valor supuestamente inferior al de mercado.

Esa decisión fue resistida tanto por la parte actora, quien solicitó el reconocimiento de la totalidad del importe de $ 2.735.703,76 reclamado en la demanda, alegando que el banco demandado debía responder por las consecuencias mediatas -entre las cuales incluyó la venta de las máquinas inyectoras a un precio inferior al de mercado- e inmediatas de sus reiterados incumplimientos durante cinco meses -y no el período de dos meses considerado por el a quo-, como así también por el banco demandado, quien peticionó el rechazo íntegro del rubro, con fundamento en que los problemas económicos de Descalzo no podían atribuirse al hecho de haber permanecido informado erróneamente en situación “5” durante sólo dos meses -febrero y marzo- del año 2004, siendo que sus dificultades financieras habrían comenzado en el año 2002 y se habrían visto acrecentadas durante 2003.

En ese marco, cabe poner de relieve que el actor atribuyó el “daño emergente”, entendido como el “empobrecimiento del patrimonio en sus valores actuales”, al accionar de HSBC, quien no sólo habría incumplido la obligación de recategorizarlo en situación “2 b” que asumiera en el acuerdo celebrado el 10/02/2004, sino que -por el contrario- habría procedido a recalificarlo en situación “5”, situación que lo habría obligado a malvender tres máquinas inyectoras con fecha 27/07/2004 y habría ocasionado una ostensible merma de su patrimonio neto, pasando de $ 1.972.598,81 en el ejercicio cerrado al 31/12/2003 a -$ 763.104,95 en el ejercicio cerrado al 31/12/2004 (véanse fs. 102/103 vta., punto IV- A).

Se advierte así, pues, que el reclamo por este concepto quedó circunscripto a las consecuencias dañosas de la falta de observancia del banco demandado a la obligación de recalificar al accionante en situación “2 b”, incumplimiento que -conforme quedó determinado ut supra- se verificó sólo durante dos meses, esto es, en febrero y marzo de 2004.

En ese marco, resultaba carga de la parte actora acreditar que el “daño emergente” invocado se produjo por su indebida calificación en situación “5” por parte de HSBC durante los meses de febrero y marzo de 2004.

En ese sentido, cuadra destacar que el accionante adujo que el banco

demandado no sólo incumplió su obligación de reclasificarlo en situación “2 b”, procediendo -por el contrario- a recategorizarlo erróneamente en situación “5” (véase fs. 103, antepenúltimo párrafo). Explicó que “.quien así está clasificado no tiene ninguna posibilidad de pago y por lo tanto no resul ta merecedor de crédito alguno” (véase fs.103, anteúltimo párrafo).

Conforme fuera desarrollado ut supra, el accionado no procedió a “recategorizar erróneamente” al deudor en situación “5” luego del acuerdo que celebraran el 10/02/2004 -como sostuvo el demandante-, sino que dicha calificación era de fecha anterior, más precisamente, de diciembre de 2003, es decir, fuera del período cuestionado en autos -febrero y marzo de 2004-, tratándose, por consiguiente, de una actuación de la entidad bancaria ajena al marco de responsabilidad analizado en el presente proceso.

Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de apuntar que la calificación negativa del actor era de aun más antigua data, producto de haber incurrido aquél en mora en el pago de un crédito a partir del 25/08/2002 (véase reconocimiento efectuado a fs. 28, punto 2).

En efecto, el informe obrante a fs. 205/209 -se reitera- dio cuenta de que HSBC informó a Descalzo ante la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA -en lo que aquí interesa- de la siguiente manera: i) en situación “2” (con seguimiento especial – cumplimiento inadecuado o riesgo bajo) de junio a octubre de 2002; ii) con calificación “3” (con problemas o de cumplimiento deficiente o riesgo medio) de noviembre de 2002 a enero de 2003; iii) en situación “4” (con alto riesgo de insolvencia o de difícil recuperación o riesgo alto) de febrero a noviembre de 2003; y (iv) con calificación “5” (irrecuperable) de diciembre de 2003 a marzo de 2004. También es dable destacar que de diciembre de 2002 a enero de 2003, la deuda se mantuvo inalterable en un monto de $ 52.700 -el cual resulta conteste con el reconocimiento de deuda por $ 52.717,07 en concepto de capital efectuada por el actor en el convenio (véase fs. 28, cláusula primera), subiendo en junio de 2003 a $ 67.700, monto que se mantuvo estable hasta febrero de 2004, cuando se redujo a $ 61.700 (véase fs.205), en coincidencia con el pago de $ 6.000 efectuado por el actor en el marco del acuerdo celebrado con el banco demandado el día 10/02/2004 (véase fs. 28 vta., cláusula cuarta, inc. a).

Se advierte de esta manera que el accionante, a partir de junio de 2002 -es decir, un año y medio antes de la firma del acuerdo cuyo invocado incumplimiento por parte del emplazado es la base del presente reclamo-, comenzó a ser informado en forma negativa por HSBC -cuya responsabilidad por esa puntual conducta, reitero, no fue cuestionada en la presente demanda- ante la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA como consecuencia de haber incurrido en mora en el pago de la deuda que mantenía con esa entidad bancaria, no efectuando pago alguno entre diciembre de 2002 y enero de 2004, inclusive, esto es, por espacio de más de un año.

Del referido informe del BCRA se extrae también que el año inmediatamente anterior a la firma del convenio, el demandante contó con una pésima calificación como deudor, la cual, dado su perfil empresario, lógicamente debió provocar una repercusión negativa, mermando su capacidad crediticia y financiera. En efecto, a partir de febrero de 2003 y hasta noviembre de ese mismo año, fue informado en situación “4”, hecho que -según fue reconocido en la propia demanda- “.ocasionó que en ese año el actor registrara la menor ganancia de su historia; esta situación además le causó enormes problemas, principalmente para la obtención de las líneas de crédito y financiación por parte de sus proveedores ya que (.) desarrolla toda su actividad comercial e industrial a su propio nombre, por lo que resulta sencillo imaginar los perjuicios que el encuadramiento en dicha situación ‘4’ le ocasionó” (véase fs.98, último párrafo).

Así, pues, fue el propio accionante quien admitió que sus problemas crediticios y financieros comenzaron -cuanto menos- un año antes de que HSBC incurriera en el incumplimiento contractual base del presente reclamo, circunstancia que imponía en cabeza de aquél la carga de demostrar concreta y fehacientemente que los daños y perjuicios cuya indemnización reclamó en autos tuvieron su origen en el hecho de haber resultado indebidamente informado por el banco demandado en situación “5” durante los meses de febrero y marzo de 2004, y no como consecuencia de la calificación negativa que recayó sobre él con anterioridad, durante más de un año.

En ese sentido, el apelante Descalzo manifestó escuetamente al expresar agravios que “.fueron oficiados distintos proveedores del actor, cuyos informes obran en autos y de donde surge que efectivamente los inconvenientes con el actor se iniciaron a fines de 2003, aunque fueron concluyentes en que su crédito se había cancelado a partir de marzo de 2004 (ver respuesta a los oficios obrantes a Fecha de firmaf:s1.2/2053/920/12540, 246, 250, 308, 355, 471 y 619)” -el destacado no es del original- (véase fs. 921, séptimo párrafo).

Sin embargo, una detenida lectura de la prueba informativa individualizada por el accionante pone en evidencia que los hechos no sucedieron de la forma expuesta en su memorial.

En efecto, las referidas “fs. 239/240” corresponden a la contestación de oficio de Graficar, quien confirmó la autenticidad de la nota cuyo original luce agregado a fs. 87.En dicha misiva, fechada el 19 de abril de 2004, la empresa le comunicó a Descalzo que, “.a partir de la fecha, hemos tomado la lamentable determinación de que toda compra de material sea realizada al contado efectivo, o en su defecto la mercadería que requieran será entregada una vez acreditados los respectivos importes en nuestra cuenta”. El fundamento de esa decisión fue que, “si bien es de nuestro conocimiento los problemas que llevaron a una situación enojosa con el banco (HSBC) conforme a lo informado, a la fecha no sólo continúa sin resolver el litigio planteado, sino que se ha agravado vuestra calificación” (véase fs. 87).

Se advierte que, contrariamente a lo sostenido por el apelante Descalzo, la decisión de Graficar de suspender su línea de crédito para la compra de materias primas no fue adoptada en el mes de marzo de 2004, sino el día 19/04/2004, cuando HSBC ya había procedido a recalificar al deudor en situación “2” (véase fs.206), no pudiendo este último ser responsabilizado -conforme quedó determinado ut supra- por la demora del BCRA en actualizar su base de datos de deudores del sistema financiero.

Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, cuadra asimismo destacar que de los párrafos transcriptos de la nota se extrae que la oficiada estaba anoticiada tanto de los conflictos entre el actor y el banco demandado, como así también de la información crediticia negativa que presentaba el primero y que decidió la suspensión del crédito al comprobar que la situación no sólo no había sido resuelta, sino que -por el contrario- la calificación del deudor había empeorado a “5”. Cabe reiterar, en ese sentido, que tanto el inicio de la controversia entre Descalzo y HSBC, como la calificación de aquél en situación “4” -febrero a noviembre de 2003- y su agravamiento a “5” -diciembre de 2003- constituyen hechos por los cuales no corresponde responsabilizar al banco demandado en el marco de este proceso, donde el demandante le imputa una conducta posterior, más precisamente, haber incumplido el acuerdo celebrado el 10/02/2004 al “continuar” informando al deudor en situación “5” -febrero y marzo de 2004- en lugar de proceder a recategorizarlo en forma inmediata en situación “2 b”.

Por su parte, la contestación de oficio de “fs. 246” a la que aludió el actor en su memorial corresponde a Clion Polímeros S.A. (ex Poliserín S.A.), quien se limitó a informar que Descalzo fue cliente de Poliserín desde el 06/01/2004 hasta el 27/05/2004, sin aludir a la supuesta existencia de una línea de crédito, ni -mucho menos- a su interrupción o suspensión durante el mes de marzo de 2004 (véase fs. 246).

En la misma línea, la prueba informativa de “fs. 250” emitida en octubre de 2007 por Maxipack S.A.dio cuenta de que la vinculación comercial de esta empresa con el actor tenía en ese entonces “una antigüedad de más de 10 años” y se vio interrumpida luego de que en los meses de abril, mayo y junio de 2006 aquél le hiciera entrega de 9 cheques para abonar facturas pendientes de pago, los cuales fueron rechazados ante su presentación al cobro, a resultas de lo cual y luego de infructuosos reclamos la primera inició el correspondiente pedido de quiebra de Descalzo. Tampoco en este caso se hizo referencia alguna a la existencia de un supuesto crédito, ni a su cancelación o suspensión a partir de marzo de 2004 (véanse fs. 250/251).

Respecto a la contestación de oficio de “fs. 308”, cabe advertir que no fue emitida por un proveedor -como sostuvo el apelante Descalzo-, sino por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, órgano dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien informó que el actor presentó un proyecto industrial “que resultó adjudicado mediante la Resolución N° 009” el 01/02/2001, aunque sin especificar en qué consistiría dicha adjudicación (véase fs. 308). Una vez más, no se hizo referencia alguna a una línea de crédito para la adquisición de materias primas, ni a su cancelación y/o suspensión.

De su lado, el informe de “fs. 355” correspondiente a Petroquímica Cuyo S.A.I.C. dio cuenta únicamente de que la última venta al demandante fue facturada en el mes de diciembre de 2003, mas no brindó detalles acerca de los motivos de la finalización de la relación comercial, ni aludió a la existencia de un supuesto crédito, ni -mucho menos- a su interrupción o suspensión (véase fs. 355).

En el mismo sentido se pronunció C.R.F. Servicios Empresarios SRL en el informe de “fs.471”, limitándose a manifestar que Descalzo fue cliente suyo desde el 01/12/2003 hasta el 01/08/2006, no haciendo mención alguna a la existencia de una línea de crédito, ni tampoco a su cese o suspensión.

Por último, la contesta ción de oficio de “fs. 619” de Muehlstein Argentina S.R.L. dio cuenta únicamente de que el actor fue cliente suyo hasta el año 2004 y que la última factura fue emitida con fecha 12/10/2004, mas no aludió a la existencia de una línea de crédito, ni a su interrupción o suspensión (véase fs. 619).

Se advierte, de esta manera, que de los siete proveedores -en rigor, fueron seis, pues el restante se trató de un organismo público que no le proveyó bienes ni servicios- denunciados por el actor -quien ni siquiera los identificó, sino que se limitó a indicar las fojas en las cuales obraban sus respectivas contestaciones de oficio-, sólo uno -Graficar- manifestó que había suspendido el crédito de Descalzo debido a la calificación negativa de HSBC, empero, dicha decisión fue adoptada el 19/04/2004, cuando el banco demandado ya había procedido a recalificar al deudor en situación “2”, no pudiendo ser responsabilizado por la demora del BCRA en registrar dicha modificación en su base de deudores del sistema financiero.Por el contrario, el resto de lo oficiados no hizo mención alguna a la supuesta existencia de una línea de crédito a favor del actor, ni -mucho menos- que hubiera sido cancelada o suspendida como consecuencia de que este último continuara siendo informado en situación “5” durante los meses de febrero y marzo de 2004.

El informe pericial contable producido en autos tampoco aporta elementos que permitan inferir que el “daño emergente” -ni tampoco, adelanto, el resto de los daños y perjuicios de índole patrimonial- invocado en la demanda pudo haber tenido su origen exclusivamente en el hecho de que Descalzo resultó indebidamente informado por HSBC en situación “5” durante los meses de febrero y marzo de 2004. Efectivamente, si bien es cierto que la experta dio cuenta de la sensible disminución del patrimonio neto del actor en el período que va entre los cierres de ejercicio de los años 2003 ($ 1.972.598,81) y 2004 (-$ 763.104,95) (véase fs.535, respuesta al punto 8), no se expidió -por no haberse propuesto puntos de pericia en ese sentido- acerca de cuándo comenzó específicamente ese declive, ni respecto a cuáles serían sus posibles causas, motivo por el cual no es posible establecer concretamente que ello se debió a que el accionante fue informado con calificación “5” durante los meses de febrero y marzo de 2004.

Considero que tampoco existen elementos que permitan establecer un adecuado nexo de causalidad entre dicha información errónea y la venta de las tres máquinas inyectoras a un precio inferior al de mercado -celebrada el 27/07/2004- que fuera invocada en la demanda, dado que esa operación comercial se llevó a cabo en el marco de una larga y complicada situación económica y financiera de Descalzo que databa -según reconoció en su escrito de inicio y quedó demostrado en autos- cuanto menos desde principios del año 2003, no obrando prueba o indicio alguno de que de que aquél, como consecuencia de haber permanecido erróneamente informado en situación “5” durante sólo dos meses -febrero y marzo de 2004-, se hubiera visto en la necesidad de efectuar dicha transacción, a lo que debe adunarse que transcurrió un considerable lapso de tres meses desde que HSBC cesó su incumplimiento y procedió a recalificar al actor -abril de 2004- hasta la operación de compraventa en cuestión.

Asimismo, no puede dejar de advertirse que el apelante pretendió justificar la supuesta necesidad de vender esos bienes de producción aduciendo que al momento de celebrarse la operación, “.todos los bancos habían cambiado la calificación del actor y negado el crédito dada la situación ‘5’ en que lo había colocado la demandada”, agregando que en ese entonces se encontraba calificado por el Banco Ciudad en situación “1”, “.aunque con el crédito suspendido hasta que tuviera lugar la modificación de la calificación otorgada por el HSBC Bank.” (véase fs.925, sexto y séptimo párrafos). Sin embargo, no resultó acreditado en autos que “todos los bancos” hubieran cambiado la calificación de Descalzo a raíz de la información errónea emitida por el emplazado -situación que, además, resulta inverosímil puesto que las entidades bancarias debe limitarse a informar al BCRA cuáles son las deudas y estado de cumplimiento de sus clientes respecto de los productos contratados con cada una de ellas en particular y no con las restantes-, ni que le hubieran “negado el crédito” por esa razón, ni que el Banco Ciudad le hubiera suspendido un crédito pese a informarlo en situación “1”.

Por último, resta señalar que no se acreditó que el hecho de que el banco demandado hubiera “mantenido” indebidamente informado a Descalzo en situación “5” durante febrero y marzo de 2004 hubiera ocasionado a este último los problemas económicos y financieros que desembocaron en la presentación del A.P.E., sino que, por el contrario, el propio accionante señaló al expresar agravios que “.a partir del litigio suscitado con el HSBC Bank en el 2003.” se vio obligado a operar “.todo un año sin crédito.”, lo que motivó “.que tuviera que refinanciar la deuda contraída con sus proveedores, por lo que la herramienta más acorde para ese momento a fin de paliar su situación fue presentar ante la justicia un APE” (véanse fs. 921 in fine y vta.). Surge claro, de esta manera, que los problemas económicos del actor que derivaron en la presentación del A.P.E. no fueron originados por el incumplimiento del emplazado que es la base del presente reclamo, sino que fueron preexistentes. Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, cabe agregar que el A.P.E.en cuestión no fue incorporado como prueba en autos.

En virtud de los fundamentos desarrollados, no puedo sino concluir en que no se encuentra acreditada la existencia del “daño emergente” invocado, correspondiendo por ello revocar lo decidido en la sentencia apelada sobre este puntual aspecto y, en consecuencia, rechazar la procedencia del presente rubro.

4.2) El lucro cesante:

El accionante pretendió justificar el presente rubro aduciendo que, a raíz de la conducta del banco demandado, disminuyeron “notoriamente” los ingresos por ventas de los productos que fabricaba, pasando de una cifra superior a los $ 4.000.000 en el 2003 a $ 2.696.141,52 en el ejercicio cerrado el 31/12/2004, lo que habría implicado una reducción superior al $ 1.000.000. Afirmó que del total de ventas obtenía el 11% de ganancia neta, por lo que estimó el “lucro cesante” reclamado en la suma de $ 110.000 (véanse fs. 103 vta./104 vta., punto IV-B).

El Juez de grado rechazó la procedencia de este rubro con fundamento en que la ganancia neta libre de toda imposición obtenida por Descalzo en el año 2003 fue de tan solo $ 9.282,47, lo que descartaría la proyección planteada por el actor.

El accionante se agravió de dicha decisión aduciendo que el sentenciante había omitido ponderar que de la prueba pericial contable producida en autos surge que en el período 2003 el actor redujo su pasivo en $ 134.601,45 y que la diferencia entre la mercadería vendida y el producido de las ventas fue de $ 143.883,52, por lo que la “ganancia real” habría sido de $ 278.484,57 (véanse fs.926 y vta., punto 5).

En primer lugar, es dable destacar que el informe pericial contable determinó cuáles habían sido las “ganancias netas” de Descalzo, mas no hizo mención alguna a la pretendida “ganancia real” invocada por el actor recién al expresar agravios debido a que este último ítem no constituyó uno de los puntos de

pericia propuestos por las partes.

En segundo término, cabe advertir que el actor sostuvo que el incumplimiento del demandado habría ocasionado una “notoria” reducción de los ingresos provenientes de sus ventas durante el 2004 respecto al año anterior, circunstancia que habría traído aparejada una disminución de las ganancias netas y justificaría el resarcimiento reclamando en concepto de “lucro cesante”.

En ese sentido, la perito contadora informó que las ventas totales (locales y exportaciones) de Descalzo ascendieron de $ 4.671.849,49 (2001) a $ 8.462.999,43 (2002) -esto es, un incremento del orden del 81,15%-, para seguidamente descender a $ 4.053.369,04 (2003) -equivalente a una reducción aproximada del 52,1%- y luego a $ 2.696.141,52 (2004) -reducción del 33,48% aprox. respecto del año anterior- (véase fs.534, respuesta al punto 5).

De lo expuesto se advierte con claridad que la reducción de las ventas del actor no tuvo su origen en el incumplimiento por parte de HSBC del convenio suscripto el 10/02/2004, sino que se inició previamente en el año 2003, cuando evidenció una drástica merma de sus ventas a menos de la mitad respecto del ejercicio anterior -ello en forma coincidente con el comienzo de los problemas económicos y financieros reconocido en la demanda-, continuando la curva descendente -aunque algo más atenuada- durante el 2004.

En ese marco, y toda vez que resulta evidente que la reducción de las ventas que registró Descalzo a partir del año 2003 no se debió al hecho de que permaneciera indebidamente informado por el banco demandado en situación “5” durante los meses de febrero y marzo de 2004, solo cabe tener por no acreditado el “lucro cesante” invocado.

Por todo ello, corresponde desestimar el agravio bajo análisis y -por ende- confirmar el rechazo del presente rubro indemnizatorio decidido en la sentencia apelada.

4.3) La pérdida de chance:

El accionante adujo que tuvo que vender tres máquinas inyectoras a un precio muy por debajo de los valores de mercado para suplir la falta de crédito ocasionada a raíz del incumplimiento del convenio por parte del banco emplazado, lo que le ocasionó una privación de un mínimo de 300 horas de producción por máquina al mes, las cuales, a un costo de $ 60 la hora, arrojaron una pérdida de producción del orden de los $ 54.000 por mes, motivo por el cual reclamó una

Fecha de firmai:n1d2/e0m5/2n01i5zación por “pérdida de chance” de $ 160.000 (véanse fs.104 vta./106, punto IV-C).

El sentenciante de grado sostuvo que la “pérdida de chance” debe ser la “chance” misma y no la “ganancia”, en virtud de lo cual y atento a la ausencia total de elementos objetivos que respalden el pronóstico del actor, como así también por tratarse de una consecuencia cuyo nexo causal directo difiere del curso natural propio del hecho que se ventila, concluyó en el rechazo del rubro.

El demandante se agravió de esa decisión argumentando que el a quo habría confundido los conceptos de “ganancia” con “costos fijos” y explicó que, “con la venta de las máquinas inyectoras, al no contar con el ingreso generado por la producción de las mismas, fue necesario aumentar el precio de los productos, resultando menos competitivo, que como resultado ocasionó disminución en las ventas, es decir, la pérdida de la chance” (véase fs. 926 vta., punto 6).

Toda vez que -conforme quedó determinado ut supra- no existió nexo de causalidad entre el incumplimiento de HSBC base de la presente demanda y la venta de las tres máquinas inyectoras, no cabe responsabilizar a aquél por la supuesta “pérdida de la chance” generada por la venta de dicha maquinaria de producción, circunstancia que determina la improcedencia del presente ítem.

Es por ello que corresponde desestimar el agravio bajo análisis y -por ende- confirmar el rechazo de este rubro decidido en la sentencia de la anterior instancia.

4.4) El daño moral:

El accionante -se reitera- se agravió de la suma de $ 20.000 reconocida por el sentenciante de grado como resarcimiento del “daño moral”, la que consideró escasa, atento a su exitosa trayectoria profesional e industrial y al hecho de que la calificación negativa se mantuvo durante cinco meses, de febrero a junio de 2004, por lo que solicitó su elevación a la suma de $ 270.000 reclamada en la demanda.Por el contrario, el demandado HSBC solicitó el rechazo del rubro alegando que su reconocimiento en materia contractual tiene carácter restrictivo y que su existencia no habría sido acreditada en autos; subsidiariamente, para el supuesto de confirmarse la procedencia del rubro, solicitó la reducción del monto indemnizatorio acordado, por considerarlo elevado.

Vale la pena recordar que, con relación al resarcimiento de este tipo de daño en materia contractual, se ha dicho que su apreciación debe ser efectuada

con criterio restrictivo, teniendo en cuenta que no se trata de una reparación automática tendiente a resarcir las desilusiones, incertidumbres y disgustos, sino solamente determinados padecimientos espirituales que, de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso, así lo hagan menester -art. 522 Código Civil- (conf. esta CNCom., esta Sala A, 27/11/2007, in re: “Sudaka S.R.L. c/ Pol-Ka S.A.”; idem, 12/12/2006, in re: “BVR c/ Banco Francés”; bis idem, 28/12/1981, in re: “Zanetta Victor c/ Caja Prendaria S.A. Argentina de Ahorro para Fines Determinados”; ter idem, 13/07/1984, in re: “Coll Collada Antonio c/ Crespo S.A.”; quater idem, 28/02/1985, in re: “Vanasco Carlos A. c/ Pinet Casa”; cinque idem, 13/03/1986, in re: “Pazos Norberto c/ Y.P.F. y otros”; Sala C, 19/09/1992, in re: “Farre Daniel c/ Gerencial Fondo Administrador S.A. de Ahorro para Fines Determinados”; Sala B, 21/03/1990, in re: “Borelli Juan c/ Omega Coop. de Seguros Ltda.”; entre muchos otros). Se ha sostenido también – en esa dirección- que en los supuestos de responsabilidad contractual, en los que la reparación del daño moral se encuentra regida por el art. 522 del Código Civil, la regla de que está a cargo de quien lo reclama la acreditación de su concreta existencia cobra especial significación.Y esto es así porque, si la noción de daño moral se halla vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, aparece como evidente que no puede ser equiparable ni asimilable a las meras molestias, dificultades, inquietudes o perturbaciones propias de todo incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial (conf. Borda Guillermo, “La Reforma al Código Civil”, E.D. 29-763), razón por la cual es exigible que quien lo invoque acredite las especiales circunstancias a las que la ley subordina la procedencia de este resarcimiento (conf. esta CNCom., esta Sala A, 10/04/2008, in re: “Gazzaniga, Jorge Antonio y otros c/ Bank Boston N.A. y otro”).

Véase que si todo incumplimiento contractual es en principio revelador de la culpa del deudor, no parece tampoco que esta última resulte de suyo suficiente para acoger todo reclamo por reparación del daño en cuestión en los supuestos de responsabilidad contractual, ya que, de ser así, no tendría razón de ser la limitación que para su procedencia determina la norma antes citada, cuando supedita tal reparación a la “índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”. En este terreno el juez debe discernir lo que es la angustia propia del mundo de los negocios, de la afectación de aquellos intereses que atañen profundamentela esfera íntima del ser humano (conf. esta CNCom., esta Sala A, 10/04/2008, in re: “Gazzaniga.”, cit. supra).

Así las cosas, si bien no solamente debe probarse la existencia del agravio, sino también su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los arts. 1522 Cód. Civ. y 165 CPCC (conf. esta CNCom., Sala E, 06/09/1988, in re: “Piquero, Hugo c/ Bco.del Interior y Buenos Aires”), a diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico (conf. esta CNCom., esta Sala A, 04/05/2006, in re: “Pérez Ricardo Jorge y otro c/ Banco Bansud S.A.”) que, en el caso, no se han producido.

Ahora bien, más allá de la insuficiencia probatoria apuntada, no cabe desconocer que el sólo hecho de permanecer informado en situación “5” en la base de datos de la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del BCRA en forma errónea a raíz de un injustificado incumplimiento contractual del banco demandado debió por necesidad provocar en el actor zozobras, angustias de espíritu y temores, que merecen un resarcimiento, si bien adecuado a las particulares circunstancias del caso.

Vale aclarar, en ese sentido, que si bien el hecho de haberse continuado informando a Descalzo como deudor moroso en situación “5”, luego de regularizada su situación, determina la existencia de un relativo perjuicio, no puede perderse de vista que no se trata aquí de un individuo que contara con buenos antecedentes financieros y que, a raíz de un accionar ilegítimo de la entidad bancaria, se hubo visto imprevista e injustificadamente informado en forma negativa ante las bases de datos de información crediticia, sino que, por el contrario -conforme quedó establecido ut supra-, aquél arrastraba una deuda de larga data -reconociendo incluso haber incurrido en mora en el pago de un crédito a partir del 25/08/2002- con HSBC, lo que motivó que este último comenzara a informarlo en forma negativamente ante el BCRA en forma progresiva, hasta llegar a calificarlo en situación “5” – irrecuperable- en diciembre de 2003, a raíz de lo cual las partes celebraron un “Convenio de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda”, suscripto el 10/02/2004, en el cual se previó que el banco demandado debía proceder a recalificar al deudor en situación “2b”, dando cumplimiento a esa obligación recién dos meses después, en

abril de 2004. En otros términos, dada la pésima calificación financiera que registró el actor a lo largo de más de un año en forma inmediatamente previa al incumplimiento del banco demandado que es base del presente reclamo, estimo que el detrimento de índole moral que debió haberle aparejado el hecho de “permanecer” indebidamente informado con categoría “5” durante dos meses más -febrero y marzo de 2004- debió ser razonablemente menor que el que podría haberle irrogado en caso

-vgr.- de haber contado con un historial financiero intachable.

En virtud de esas razones, efectuando un preciso mérito de todas las circunstancias expuestas y demás condiciones personales del accionante, y recurriendo al criterio de estimación prudencial que debe orientar la labor de los magistrados (conf. art. 165 CPCCN), considero elevada la suma de $ 20.000 acordada en la sentencia apelada para indemnizar este perjuicio, por lo cual propicio su reducción, estimándose su justo límite en la suma de pesos quince mil ($ 15.000), cuantificables a la fecha de este pronunciamiento.

5) Los intereses.

La parte actora se agravió -se recuerda- porque el Juez de grado no reconoció el devengamiento de intereses debido a que no fueron solicitados en la demanda, no advirtiendo que en dicha presentación reclamó la “reparación integral” de los daños y perjuicios padecidos, debiendo entenderse que dentro de dicho concepto se encuentran también comprendidos los intereses, agregando que, de todos modos, en los supuestos en los cuales ellos no hubieran sido peticionados, el sentenciante igualmente puede admitirlos apelando a las facultades previstas en los arts. 165 CPCCN y 1078 del Código Civil (véanse fs.928/929 vta., punto 8).

Dado que el único monto indemnizatorio reconocido en esta instancia -$ 15.000 correspondiente al “daño moral”- fue fijado a la fecha de este pronunciamiento, no procede el reconocimiento de intereses sobre esa suma.

Por el contrario, resultando procedente la fijación de intereses para el supuesto de que el banco demandado no dé cumplimiento a la condena dentro del plazo estipulado y habiéndose omitido hacerlo en la sentencia de grado, corresponde establecer que, en caso de verificarse dicho supuesto, el monto reconocido ($ 15.000) devengará intereses desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa percibida p or el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días (conf. esta CNCom., en pleno, 27/10/1994, in re: “S.A. La Razón s/ quiebra s/incidente de pago de los profesionales”) no capitalizables(conf.doctrina plenaria del fuero, 25/08/2003, in re: “Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ revisión de plenario” , JA 2003-IV-567).

En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al agravio bajo análisis y modificar la sentencia apelada con el alcance establecido precedentemente.

6) Las costas del proceso.

Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la modificación parcial de la sentencia de grado, tal circunstancia impone adecuar la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, debiendo este Tribunal expedirse nuevamente sobre este particular, en orden a lo previsto por el art. 279 CPCCN.

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts.68, 69 y 558 CPCCN) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCCN). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).

Pues bien, ponderando tales parámetros, teniendo presente que el banco demandado informó erróneamente la situación crediticia del actor y resultó condenado en el proceso, entiendo que no se verifican circunstancias excepcionales que autoricen a apartarse del principio general establecido en esta materia, por lo que estimo que las costas de ambas instancias deben ser impuestas al primero en su condición de vencido (art. 68 y 279 del CPCCN).

IV. Conclusión.

Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:

a) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el accionante Jorge Domingo Jesús Descalzo, como así también al presentado por el demandado HSBC Bank Argentina S.A.y, en consecuencia, rechazar la procedencia del rubro “daño emergente” reclamado en la demanda, reducir el monto indemnizatorio correspondiente al “daño moral” a la suma de pesos quince mil ($ 15.000) y disponer la aplicación de intereses para el supuesto de incumplimiento de la condena en el plazo previsto, con base en los fundamentos dados en el considerando IV, punto 5), confirmándose el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio; y

b) Imponer las costas generadas en ambas instancias a cargo de la parte demandada en su condición de vencida (art. 68 y 279 CPCCN).

Así expido mi voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Dra. María Elsa Uzal y Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal. Ante mí, Jorge Ariel Cardama. Es copia del original que corre a fs. 323/336 del libro N° 125 de Acuerdos Comerciales – Sala A. Jorge Ariel Cardama Prosecretario de Cámara

Buenos Aires, 12 de mayo de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

a) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el accionante Jorge Domingo Jesús Descalzo, como así también al presentado por el demandado HSBC Bank Argentina S.A. y, en consecuencia, rechazar la procedencia del rubro “daño emergente” reclamado en la demanda, reducir el monto indemnizatorio correspondiente al “daño moral” a la suma de pesos quince mil ($ 15.000) y disponer la aplicación de intereses para el supuesto de incumplimiento de la condena en el plazo previsto, con base en los fundamentos dados en el considerando IV, punto 5), confirmándose el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio; y

b) Imponer las costas generadas en ambas instancias a cargo de la Fecha de firmap: a12r/t0e5/d20e1m5 andada en su condición de vencida (art. 68 y 279 CPCCN);

c) Notifíquese a las partes; y

d) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta

(30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo A. Kölliker Frers

Isabel Míguez

María Elsa Uzal

Jorge Ariel Cardama

Prosecretario de Cámara

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