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Al margen de la voluntad de registrar a un trabajador, si la empleadora no rectifica sus propios registros, habilita el despido indirecto

Despedido empresaPartes: Dominguez Mercedes c/ Compañia de Medios Digitales CMD S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 2-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92553-AR | MJJ92553 | MJJ92553

Si bien la demandada accedió a registrar la real fecha de ingreso de la actora, el despido indirecto es justo, pues no notificó a los organismos previsionales y no depositó los aportes adeudados.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el desempeño de la actora no fue autónomo sino que se trató de un vínculo laboral subordinado durante el lapso cuestionado y por lo tanto, el despido indirecto por la falta de registración luce justo, pues si bien la demandada accedió a corregir su registración, se negó a rectificar sus propios registros, notificar a los organismos de recaudación previsional dicha rectificación y depositar los aportes adeudados.

2.-Corresponde confirmar la condena a la entrega de los certificados de trabajo y el pago de la multa prevista por el art. 80 , LCT. ya que el certificado puesto a disposición no refleja la verdadera fecha de ingreso de la accionante.

3.-No corresponde admitir diferencias salariales por adicional por antigüedad y su incidencia en la base de cálculo pues la accionante no incluyó este concepto en el reclamo formulado y únicamente expresó que se reservaba el derecho de ampliar el reclamo en función de las pruebas a realizarse, circunstancia que posteriormente no concretó; más aun en aras de respetar el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio.

4.-No corresponde admitir la existencia de una violación al principio de igualdad de trato, ni la alegada discriminación salarial, toda vez que si bien la actora manifestó que diversos compañeros con tareas muy similares tenían sueldos superiores, pues la actora integraba un equipo de trabajo y su sueldo era pactado según el resultado obtenido; máxime siendo que el salario percibido superaba el básico convencional.

5.-Corresponde admitir la indemnización por maternidad en los términos del art. 178 LCT. pues al momento de producirse el despido, la actora se hallaba bajo la órbita de protección del citado artículo, cobrando plena operatividad la presunción iuris tantum allí dispuesta, ya que la accionada no produjo prueba en contrario para desvirtuarla.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 2 días del mes de febrero de 201 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

Contra la sentencia de la anterior instancia, que hizo lugar en lo principal a la demanda (v. fs. 271/273 vta.), se alzan ambas partes en los términos de los memoriales que lucen a fs. 274/278 (actora) y 282/289 (demandada), que merecieran réplica de la contraria a fs. 301/303 vta. y 305/311 vta.

A su vez, el perito contador (fs. 280) apela los honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos.

La parte demandada critica la decisión de la instancia anterior que reconoció que el desempeño de la actora entre abril de 2007 y marzo de 2008 no fue autónomo sino que se trató de un vínculo laboral subordinado. Cuestiona la valoración de las probanzas acerca de la existencia de relación de dependencia durante ese lapso de tiempo y que motivó la decisión de la demandante de considerarse en situación de despido.

Las argumentaciones defensivas de la recurrente giran, básicamente, sobre la falta de acreditación de la injuria invocada. Sostiene la apelante que, ante la intimación cursada por la actora, accedió a corregir su registración pero la misma se consideró despedida sin causa alguna que lo justificara. Aduce que las declaraciones testimoniales rendidas en autos no tuvieron imparcialidad ni fueron idóneas para formar convicción sobre los hechos acontecidos.

Para resolver la suerte de los agravios, corresponde efectuar una breve reseña de las posturas iniciales de las partes y luego un análisis de la prueba reunida en la causa.

La accionante mencionó en el inicio (fs. 4/23 vta.) que remitió a Compañía de Medios Digitales S.A. comunicación telegráfica del 13/10/11 (v. fs. transcripción a fs. 7/vta.y fs. 66) donde la intimaba, en los términos de la Ley Nacional de Empleo, a registrar correctamente la fecha de ingreso del 1/4/07 y a abonar las diferencias correspondientes al adicional por antigüedad. La accionada respondió dicha misiva invocando que en el período 1/4/07 a 1/4/08 la actora prestó servicios en forma independiente, autónoma, que facturaba por sus servicios y se encontraba debidamente inscripta ante el fisco (v. telegrama de fs. 68).

En su responde (v. fs. 82/95 vta.) la accionada señaló que, al inicio de la relación entre las partes, la actora ofreció prestar servicios autónomos para la demandada, como profesional independiente, suscribiendo un contrato de locación de servicios por lo cual emitía facturas a la empresa (v. fs. 84 vta.). Agrega que, recién en abril de 2008, se le ofreció a la demandante desempeñarse en relación de dependencia como moderadora del sitio web «V x V». Señala también que, recibida la intimación para regularizar en correcta forma el vínculo, aceptó registrar la relación laboral con la actora.

El juez de grado determinó que si bien la empleadora accedió a reconocer, a los fines laborales, la mayor antigüedad invocada y puso a disposición las diferencias salariales correspondientes, se negó a rectificar sus propios registros, notificar a los organismos de recaudación previsional dicha rectificación y depositar los aportes adeudados.Así, concluyó el sentenciante que no existían pruebas que corroboraran su postura y que, por el contrario, la prueba testimonial ofrecida por la demandante ratificó el planteo inicial, por lo que consideró legítimo el despido indirecto.

En dichos términos, considero que la decisión de grado debe confirmarse toda vez que, más allá de las manifestaciones vertidas por la recurrente respecto a la valoración de la prueba testimonial, debo señalar que no encuentro que los agravios desarrollados por la demandada constituyan una crítica concreta, razonada y pormenorizada de los fundamentos expuestos por el juez que me precede, relativos a la existencia de una relación laboral subordinada entre abril de 2007 y abril de 2008 (conf. art. 116, L.O.).

En efecto, encuentro que el apelante no se hace cargo de ninguno de los argumentos expuestos por el a quo, omitiendo toda consideración al respecto y limitándose a invocar genéricamente que durante el primer año no existió relación subordinada y que la prueba testimonial no resultaba convictiva.

Al respecto, la C.S.J.N. ha dicho que corresponde declarar desierto el recurso de apelación «si el escrito de expresión de agravios no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el sentenciante de la anterior instancia, desde que las razones expuestas en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la decisión impugnada; no bastando en consecuencia escuetos argumentos que no constituyen más que una mera discrepancia con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen a aquél» (C.S.J.N., Fallos:323:2131 ).

Por ello, entiendo que las críticas esbozadas carecen de relevancia jurídica a los fines pretendidos por la apelante porque no encuentro un razonamiento lógico que permita advertir en qué errores habría incurrido el magistrado de la instancia anterior, pues la queja demuestra su disconformidad con el decisorio y la sola mención que la actora no acreditó su derecho al reclamo, no alcanza por sí solo a constituir una crítica concreta, pormenorizada y razonada a los fines de la norma procesal del art. 116, L.O., ante los concretos argumentos que se brindaron en el decisorio apelado y por encontrarse a su cargo la prueba a fin de acreditar que las tareas desarrolladas inicialmente por la actora fueron de carácter autónomo (conf. art. 23, L.C.T).

En virtud de ello, propongo desestimar los cuestionamientos que efectúa la recurrente y confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia en estos aspectos.

El segundo tramo del memorial está dirigido a cuestionar la admisión del reclamo en concepto de horas extras y al respecto sostiene la recurrente que el mismo resulta infundado porque, a su criterio, no se logró acreditar la realización de horas extraordinarias.

El magistrado que me precede valoró las declaraciones testimoniales rendidas en autos y concluyó que, si bien la accionante no acreditó haber trabajado los días sábados y domingos, sí logró demostrar que se desempeñó para la demandada de lunes a viernes de 9 a 19, totalizando 40 horas extras mensuales con un recargo del 100%.

La apelante alega que le incumbía a la parte actora la carga de acreditar las horas extras trabajadas pero que la misma no alcanzó a demostrar este aspecto del reclamo. Menciona que la jurisprudencia del fuero ha exigido pruebas concretas y concordantes, que no dejen duda al respecto, juzgando con estrictez la procedencia de un reclamo por horas extras.

Sin perjuicio de que la queja intentada no cumple con los recaudos exigidos por el art.116, L.O., referidos en el considerando anterior, encuentro que, del análisis de las declaraciones testimoniales reseñadas por el juez de grado, encuentro -a mi criterio- debidamente demostrada la prestación de servicios extraordinarios por parte de la actora. En ese sentido, los testigos en cuestión afirmaron haber sido compañeros de trabajo de la misma y que la vieron desarrollar tareas de lunes a viernes en el horario de 9 a 19. Sus declaraciones testimoniales han sido, en lo principal, concordantes con lo expuesto en el inicio (conf. arts. 386 C.P.C.C.N. y 90 y 155, L.O.).

Por tal motivo, debe confirmarse también la decisión de grado en este aspecto cuestionado.

La accionada cuestiona la condena a la entrega de los certificados de trabajo y el pago de la multa prevista por el art. 80, L.C.T.

En este aspecto, la recurrente considera injusta la imposición de la multa en cuestión, porque entiende que el propio juez de grado admitió que la empleadora puso a disposición de la actora, en tiempo y forma, el certificado de servicios y que se encontraba correctamente confeccionado.

Sin embargo, de acuerdo a las constancias acompañadas en autos, no encuentro atendible la queja de la accionada ya que el certificado acompañado a fs. 29/32 no refleja la verdadera fecha de ingreso de la accionante (1/4/07). Si bien la empleadora dijo telegráficamente haber puesto a disposición de la actora los certificados previstos por el art. 80, L.C.T. (v. misiva de fs. 73), al contestar demanda acompañó, en forma insuficiente, la referida certificación de servicios y remuneraciones (v. fs.29/32).

Idénticas consideraciones deben efectuarse respecto al cuestionamiento de las multas previstas por la ley 24.013 en tanto la apelante reitera el argumento de que la actora se hallaba correctamente registrada.

En consecuencia, por las consideraciones efectuadas propiciaré desestimar las quejas en cuestión.

El primer tramo de la queja de la parte actora se dirige a cuestionar la omisión de condena respecto a diferencias salariales por adicional por antigüedad y su incidencia en la base de cálculo.

Entiende la apelante que el juez a quo reconoció el derecho de la actora a percibir un plus por antigüedad mayor al que percibía pero que, a su entender, no se incluyó ese valor en la base de cálculo ni condenó al pago de dichas diferencias.

Sin embargo, no encuentro atendible este aspecto del recurso toda vez que, al determinar el monto remuneratorio, el juez de grado tuvo en consideración el «plus» por antigüedad y las horas extras (conf. arts. 56 y 114, L.C.T.).

En cuanto a la pretensión de diferencias salariales por «plus por antigüedad» incorrectamente liquidado, tampoco encuentro admisible el cuestionamiento porque advierto que la accionante no incluyó este concepto en el reclamo formulado (v. liquidación a fs. 21) y únicamente expresó que se reservaba el derecho de ampliar el reclamo -respecto a estas diferenc ias por antigüedad- en función de las pruebas a realizarse (v. fs. 10 vta. y 21 in fine), circunstancia que posteriormente no concretó.

En atención a ello, considero que corresponde ceñirse a los términos de la pretensión conforme fue introducida en la demanda, en aras de respetar el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, y es por tal motivo que entiendo que debe desestimarse este planteo recursivo.

La parte actora también cuestiona que el juez de primera instancia concluyera que las probanzas colectadas resultaran ineficaces para acreditar una violación al principio de igualdad de trato.Considera que los testimonios de Peláez y Hernández mencionaron la existencia de dicha discriminación y que la accionada obstruyó deliberadamente la producción de la prueba pericial contable al respecto. En esos términos, considera aplicable a la cuestión la presunción legal del art. 55, L.C.T. porque entiende que es la herramienta justa y necesaria para casos como el presente, donde se impide la realización de la prueba contable.

La actora afirmó en el inicio que diversos compañeros con tareas muy similares tenían sueldos superiores (Corteaux, Rossi y Goldstein, entre otros, v. fs. 10 vta.). El juez de primera instancia concluyó que: «-la accionante no acreditó la violación del principio de igualdad de trato pues, integraba un equipo de trabajo y al parecer su sueldo era pactado según el resultado obtenido (ver declaración de Hernández, fs. 231, «se prometía una mejora de acuerdo a la cantidad de usuarios que ingresaban»), por lo que la circunstancia de que hubiese otro equipo de trabajo que recibiese un rédito diferente no configura la ilicitud referida, en la medida que el salario percibido supere el básico convencional-» (ver fs. 272 vta.).

Ahora bien, es importante destacar que la actora alega una discriminación y pretende equiparase salarialmente con los Sres. Corteaux, Rossi y Goldstein. La testigo Peláez (fs. 229/230) manifestó que no sabía cuánto ganaba la actora y que los reclamos salariales eran constantes por todos los empleados de la empresa. Ello, porque había bastante diferencia de sueldo entre personas que hacían las mismas tareas, porque algunos cobraban menos que otros, y que sabía que la accionante también cobraba menos porque compartían la misma oficina.

Hernández (fs.231/233) mencionó que el sueldo de la actora era bajo, que realizaba tareas de edición relacionadas con multimedia y dentro de la compañía había un sector que se dedicaba a las mismas tareas y allí la gente cobraba un 30% más que la actora, y tenía conocimiento de ello por hablar con esas personas y conocer al jefe del sector, Javier Eliot.

El perito contador informó (v. fs. 246/ vta.) que la accionada no puso a su disposición los elementos necesarios para la compulsa de la documentación laboral y contable de la empresa, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas oportunidades.

Sin embargo, en igual sentido que en el considerando anterior, encuentro que si bien la accionante formula agravios respecto a una discriminación salarial tampoco concretó el reclamo respecto a diferencias salariales, y solo se limitó a reservar derechos en caso de advertirse diferencias (v. fs. 10 vta./11).

Por dichos motivos, propiciaré desestimar también este aspecto del recurso.

Encuentro parcialmente atendible la queja de la actora respecto al cálculo de las horas extras.

En cuanto a la cantidad de horas, la apelante considera que deben computarse 44 horas mensuales pero no ofrece ningún argumento recursivo (conf. art. 116, L.O.) que posibilite modificar la cantidad de 40 horas extras mensuales determinadas por el juez a quo. En cambio, resulta atendible el cuestionamiento respecto al cálculo de su valor toda vez que debe computarse al 100% (conf. art.34, ley 12.908) y no como hora simple.

En consecuencia, de acuerdo al cómputo realizado en la instancia anterior, debe considerarse la suma de $ 2.000 ($ 22,50 x 40 x 100%) por lo que la remuneración de la actora alcanza a $ 5.500 ($ 3.500 + $ 2.000).

En igual sentido, también corresponderá modificar el monto de condena en concepto de horas extras y elevarlo a $ 52.000 ($ 2.000 x 24 mas sac).

No resulta aceptable el agravio relacionado al rechazo de la multa prevista por el artículo 2º de la ley 25.323, pues coincido con el sentenciante de grado en cuanto este aspecto de la controversia debe ser resuelta a la luz de la doctrina sentada en el plenario nº 313 «Casado, Alfredo A. c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.» .

La parte actora también cuestiona el rechazo de su reclamo con fundamento en los arts. 178 y 182 de la LCT y que para ello, se sostenga que el despido se basó exclusivamente en la aplicación de la ley 24.013, pues afirma que la demandada no produjo ninguna prueba tendiente a desvirtuar la presunción legal dispuesta en la citada norma.

Al momento de producirse el despido, la actora se hallaba bajo la órbita de protección que brinda el art. 178 precitado (el nacimiento ocurrió el 18/4/11 -v. partida en sobre de fs. 2- y su denuncia del vínculo acaeció el 28/10/11 -fs. 72-) es que cobra plena operatividad la presunción iuris tantum allí dispuesta y que, además, la accionada no produjo prueba en contrario para desvirtuarla.

Considero que cobra plena virtualidad en el caso la presunción establecida por el art. 178 de la LCT que reza:»Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley».

Ante la importante presunción creada en beneficio de la mujer trabajadora de que el despido, por cualquier motivo, obedece a su maternidad si es impuesto durante el llamado período de sospecha, computando a tal fin los 7 y ½ meses anteriores y posteriores al parto, obliga al pago de una reparación extraordinaria equivalente a un año de remuneraciones (trece meses, al computarse también el aguinaldo).

Teniendo en cuenta que la demandada no desvirtuó la presunción aludida, encuentro procedente la queja de la parte actora por lo que prosperará la indemnización por maternidad en los términos del art. 178 citado.

De acuerdo a la solución que se propicia, el monto de condena alcanzaría a $ 336.054,86 (indemnización art. 43, inc. c ($ 5.500 x 5) $ 27.500 + indemnización art. 43, inc. b $ 35.750 + indemnización art. 43, inc. a $ 23.833,33 + integración mes de despido $ 532,25 + sac s/ integración $ 44,35 + vacaciones proporcionales 2011 $ 2.640 + sac s/ vacaciones $ 220 + multa art. 9 ley 24.023 $ 17.875 + multa art. 15 ley 24.013 $ 87.659,93 + multa art. 80, L.C.T. (art. 45, ley 25.345) $ 16.500 + indemnización art. 178 L.C.T. $ 71.500 + horas extras más sac $ 52.000).

Estimo fundado el agravio de la parte actora respecto a la tasa de interés.En efecto, en el marco de lo establecido mediante las Actas 2600 -del 7/5/14- y 2601 -del 21/5/14- esta CNAT resolvió modificar lo dispuesto por el Acta 2357 del 7/5/02 y que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, que debe comenzar a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentren sin sentencia, y con relación a los créditos del trabajador.

En consecuencia, debe modificarse este aspecto de la sentencia de grado y disponer que los intereses -respecto de los créditos de la trabajadora- sean calculados a la tasa establecida mediante el Acta 2601 del 21/05/2014, desde que cada suma es debida.

Debe ser admitida la acción por la entrega del certificado de trabajo (conf. art. 80, L.C.T.) toda vez que la accionante reclamó su entrega (v. fs. 21 vta.) por lo que debe incluirse en la sentencia de grado la condena a la entrega de dicho instrumento bajo apercibimiento de astreintes (arts. 666 bis del Cód. Civil y 37 del C.P.C.C.N.).

Ante el nuevo resultado del litigio, y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

En virtud de que en materia laboral no debe seguirse un criterio meramente aritmético sino jurídico, y conforme los términos en que fue trabado y resuelto el litigio, sugiero imponer las costas en ambas instancias a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts.38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora, de la demandada y del perito contador en el 15%, 11% y 2% -por la escasa complejidad y relevancia de la labor pericial, v. fs. 146/vta.-, respectivamente, a calcular sobre el nuevo capital de condena más intereses.

Sugiero regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada por la parte actora y demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir a cada una de las representaciones letradas por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

manifestó:

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT

Disiento con la solución propuesta en el voto que antecede en la medida y por las razones que expondré a continuación.

El planteo recursivo de la demandada contra la cantidad de horas suplementarias receptadas en la sentencia apelada no se encuentra desierto, toda vez que el recurrente expone las razones por las que -a su entender- éstas ascienden a la cantidad de 44 horas mensuales, por lo que corresponde analizar dicho planteo.

Al respecto, considero que la argumentación ensayada por la accionada es errada, pues el método que utiliza para proyectar el tope mensual de jornada en base al límite de 36 horas semanales, difiere del adoptado para arribar a la cantidad de horas efectivamente trabajadas en igual período. En efecto, sostiene el recurrente que al haberse tenido por demostrado que cumplía una jornada de nueve horas de lunes a viernes, trabajaba mensualmente 198 horas al sostener que un mes tiene en promedio 22 días hábiles.Ahora bien, siguiendo dicho razonamiento, si el tope semanal es de 36 horas, y se considera que -en el caso- el actor trabajaba de lunes a viernes, ello equivale a que para no sobrepasar el límite semanal la jornada no debía superar 7,2 horas, que multiplicado por el mentado factor 22, da como resultado un tope de 158,4 horas mensuales, por lo que deberían computarse 39,6 horas suplementarias mensuales.

Por lo expuesto y tal como adelantara, considero que no asiste razón a la demandada en su planteo recursivo por lo que debería confirmarse lo resuelto en la sede de origen. Ergo, aunque por distintas razones, comparto la solución propuesta en el voto que antecede.

Con la salvedad efectuada, adhiero por análogos fundamentos a la solución propuesta por el Dr. Oscar Zas respecto de las

cuestiones sustanciales traídas al conocimiento de esta instancia revisora, aunque disiento con los honorarios regulados al perito contador, en la medida que éste ha dado cumplimiento al informe que oportunamente le fuera encomendado por lo que no hallo razones que justifiquen apartarse del mínimo arancelario previsto por el decreto 16.638/57. No pierdo de vista que el peritaje no ha dado respuesta a todos los puntos que fueron propuestos, mas ello ha sido por la renuencia de la demandada y no del perito, quien igualmente sostuvo haber tenido que concurrir a la sede de la ex empleadora y realizar diversas gestiones en pos del cumplimiento de la medida de prueba requerida (ver fs. 246).

Consecuentemente, voto por regular los honorarios del perito contador en el 4% de la misma base fijada en el voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI manifestó:

En lo que resulta materia de disidencia en autos, por análogos fundamentos adhiero al voto del Dr.Enrique Arias Gibert.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el POR MAYORIA TRIBUNAL RESUELVE : 1) Modificar parcialmente la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON

OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 336.054,86.-) la que devengará los intereses fijados en el considerando X desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago; 2) Condenar a la accionada a la entrega de la certificación mencionada en el considerando XI del primer voto en cumplimiento con lo establecido en el art. 80 L.C.T., bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento. 3) Costas y honorarios conforme lo propuesto en el punto XII y XIII del primer voto, excepto respecto de los honorarios del perito contador, que se fijan de acuerdo a la propuesta que surge del segundo voto. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas

C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

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