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Se confirma la resolución por medio de la cual la IGJ impuso una multa a la actora, toda vez que al presentar la declaración jurada en los términos de la Res. IGJ 1/10, manifestó que su sede social efectiva se situaba en un domicilio distinto al que surgía de los registros de la demandada.

Direccion Cartel 1Partes: Inspección General de Justicia c/ Salema S.R.L. s/ organismos externos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 9-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92097-AR | MJJ92097 | MJJ92097

Se confirma la resolución por medio de la cual la IGJ impuso una multa a la actora, toda vez que al presentar la declaración jurada en los términos de la Res. IGJ 1/10, manifestó que su sede social efectiva se situaba en un domicilio distinto al que surgía de los registros de la demandada.

Sumario:

1.-No se puede dejar de señalar la relevancia del objetivo que se propuso la IGJ mediante la res. 1/10 sobre reempadronamiento obligatorio, lo cual torna justificable la imposición de la multa.

2.-Toda la actividad de la administración pública debe ser razonable, es decir justa, lo cual es una exigencia implícita de la Constitución Nacional, aun cuando pueda encontrar sustento normativo expreso en el art. 33 y en el art. 99, inc. 2 , de la CN.

3.-La razonabilidad es un principio general del derecho que exige que el acto guarde proporción con la infracción sancionada.

4.-Si bien la res. General IGJ nº 1/2010 sólo prevé la aplicación de la sanción correspondiente (art. 6), no se puede interpretar esa previsión sin relacionarla con las normas a las que remite la propia resolución en esos considerandos, es decir los art. 12 y 14 de la Ley 22.315 y 302 de la Ley 19.550 y ello es muy importante destacarlo, por cuanto dichas disposiciones deben ser correlacionadas con el art. 15 de la ley orgánica de la IGJ, el cual, en lo pertinente, reza: El monto de la multa se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, con la comisión de otras infracciones … . N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de abril de 2015.

Por constituido el domicilio electrónico denunciado.

Y VISTOS:

Apeló Salema SRL la resolución N° 0000856 del 22.5.14 (obrante a fs. 10/12, del expte. adm. N° 487573) dictada por la Inspección General de Justicia (IGJ), por la cual se le impuso una multa de $1.500, toda vez que al presentar la declaración jurada en los términos de la Res. IGJ 1/10, manifestó que su «sede social efectiva» se situaba en un domicilio distinto al que surgía de los registros de la Inspección.

El recurso no ha de prosperar.

Por una cuestión de orden expositivo se tratarán los agravios esgrimidos por la recurrente en forma separada.

Liminarmente corresponde ocuparse de la nulidad del acto administrativo por el cual se impuso la sanción recurrida.

La nulidicente formuló ese planteo con sustento en que el suscriptor de la resolución no sería abogado, en tanto, ello no surge del «sello» de identificación de su firma. Asimismo puntualizó que, ante tal circunstancia, no se le habría dado intervención al área jurídica a los efectos del correspondiente dictamen, lo que entendió como una afectación al debido proceso adjetivo.

No advierte este Tribunal la configuración del vicio del acto administrativo alegado.

Repárese que la resolución N°000856 atacada fue firmada por el Inspector General de Justicia -Sr. Rodolfo Tailhade-, quien ejerce su cargo de conformidad con los recaudos y condiciones que fija la ley 22.315: art. 20 y 22, conforme lo indica la IGJ en la contestación de agravios.

Sumado a ello, véase que conforme se desprende de la causa, ante la detección de la infracción por el ente, el procedimiento administrativo transitó por diferentes estadios hasta arribar a la aplicación de la sanción -vgr. proyecto de resolución emitido por la abogada Dra. María F. Doldán Aristizábal (fs.8)-.

En tales condiciones, estima este Tribunal que las afirmaciones realizadas por la recurrente, se circunscriben a meras argumentaciones claramente inidóneas y carentes de fundamentos concretos a los efectos de sustentar el planteo que aquí se pretende, todo lo cual conduce a desechar la nulidad articulada, como así también, el peritaje solicitado con el objeto de corroborar el procedimiento efectuado.

No debe perderse de vista que la garantía constitucional de la defensa en juicio se encuentra resguardada con el recurso en análisis, en virtud del cual la parte pudo oponer todas las defensas que creyó pertinentes.

En cuanto a la queja sobre la imposición de la multa, surge de autos que la información suministrada por la sociedad en la declaración jurada, ciertamente, difirió del registrado con anterioridad en la IGJ (v. fs. 1 y 4/5 del expte. adm. N° 487573).

Contrariamente a lo argüido por la sancionada, consta de la causa que se efectuó el trámite por cambio de domicilio de la sede social con fecha 27.4.07, para la cual el ente había acompañado copia del instrumento emanado del acta de reunión de socios, donde se visualiza un domicilio efectivamente distinto al denunciado en la DDJJ en cuestión (v. fs. 4 y 5 del expte. adm. cit.).

Tal circunstancia no fue controvertida por la recurrente en el escrito de agravios.En efecto, de aquél no se verifica alusión alguna a los fines de rebatir la aptitud del domicilio expresado en la documentación glosada al expediente administrativo, cuya idoneidad no fue impugnada.

Así las cosas, no habiendo acreditado la supuesta falsedad o error con respecto a la información reflejada en el sistema informático del organismo de control, es que corresponde desestimar la queja tratada en lo que a este punto refiere.

Finalmente, la misma suerte correrá para el agravio vinculado a la confiscatoriedad del monto aplicado como multa.

En efecto, tal como ha sostenido este Tribunal en reiteradas oportunidades, no se puede dejar de señalar la relevancia del objetivo que se propuso la IGJ mediante la Resolución 1/10 sobre reempadronamiento obligatorio, lo cual torna justificable la imposición de la multa (v. «Inspección General de Justicia c. Belcorp International Limited SA s. organismos externos», del 13.9.11; «Inspección General de Justicia c/ GE Healthcare Life SCI DO BRASIL s/ organismos externos» , del 11.11.11; «Inspección General de Justicia c/Federal Mogul Ignition Company Sociedad Extranjera s/organismos externos», del 22.8.12, entre otros).

No ha de olvidarse que toda la actividad de la administración pública debe ser razonable, es decir justa, lo cual es una exigencia implícita de la Constitución Nacional -como enseñaba Juan F. Linares-, aun cuando pueda encontrar sustento normativo expreso en el art. 33 y en el art. 99, inc. 2, de la Const. Nacional (v. Diez, Manuel María: «Manual de derecho administrativo», Edit. Plus Ultra, Bs. As., 1980, t. I, p. 36). La razonabilidad es un principio general del derecho que exige que el acto guarde proporción con la infracción sancionada.

La Resolución aludida sólo prevé la aplicación de la «sanción correspondiente» (art. 6), pero no se puede interpretar esa previsión sin relacionarla con las normas a las que remite la propia resolución en esos considerandos, es decir los art.12 y 14 de la ley 22315 y 302 de la ley 19550.

Esto es importante destacarlo, por cuanto dichas disposiciones deben ser correlacionadas con el art. 15 de la ley orgánica de la IGJ, el cual, en lo pertinente, reza: «El monto de la multa se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, con la comisión de otras infracciones .».

Ahora bien, el monto máximo de la multa previsto en el art. 302, inc. 3, de la ley 19.550, fue sustituido por el art. 1 de la resolución N° 177/15 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (B.O. 13.2.15).

Tal actualización, orientada a preservar el propósito perseguido por la ley con la referida sanción, fijó la ampliación del tope consignando que aquéllas no podrán ser superiores a $100.000 en conjunto y por infracción.

Asimismo, véase que el monto máximo de la multa que regía al momento de la sanción aquí apelada, era de $6.801,47.

Ante el marco descripto precedentemente, entiende este Tribunal que la sanción de multa de $1.500 impuesta a la sociedad apelante resulta concordante con los parámetros señalados en las normas de referencia citadas más arriba, el cual no aparece excesivo e irrazonable a los efectos que procura.

Por lo demás, el cuestionamiento sustentado en que la sociedad se vería afectada gravemente y «a un paso de la disolución», en tanto, la multa representa el 75% del capital social (de $2.000), resulta totalmente inadmisible, pues, no planteada por la recurrente la inconstitucionalidad de la normativa recién citada, corresponde su aplicación, sin que un hecho voluntario de su parte -como lo es el de haber fijado en esa nimia suma su capital social- pueda ser invocado por ella para eludir las consecuencias de su ilícito obrar.

Así las cosas, no cabe más que desestimar el agravio en cuestión y la prueba solicitada al efecto.

Por ello, se RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la sanción de multa aplicada.

Con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. art. 68 del Código Procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase a la Inspección General de Justicia.

JULIA VILLANUEVA

EDUARDO R. MACHIN

JUAN R. GARIBOTTO

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

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