Si una injuria grave propicia el distracto, no puede transcurrir excesivo tiempo para comuncar tal situación

DineroPartes: Vergara Diego Martín c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 18-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90999-AR | MJJ90999 | MJJ90999

Ante el tiempo que la empleadora dejó pasar entre la conducta injuriosa y la comunicación resolutoria del contrato de trabajo, la empleadora debe abonar las indemnizaciones que se reclaman, pues dicha espera no se condice con la gravedad de la injuria invocada.

Sumario:

1.-Corresponde considerar que el despido dispuesto por la empleadora no fue justificado toda vez que si bien se encuentra probada la conducta descripta por la demandada en la comunicación resolutoria del contrato, la decisión extintiva fue extemporánea dado que entre la conducta imputada y el despido dejó transcurrir un tiempo que no se condice con la gravedad de la injuria invocada.

2.-Toda vez que la empleadora dejó pasar un tiempo entre la conducta injuriosa del trabajador y la comunicación extintiva, -arguyendo que se llevó a cabo una investigación previa dada la antigüedad y el buen concepto laboral del actor-, el despido no puede reputarse justo, pues se aprecia la ausencia de uno de los recaudos primordiales que conforman la injuria o justa causa del despido, esto es la contemporaneidad que se considera necesaria para verificar la presencia de un incumplimiento contractual grave como exige de modo insoslayable el art. 242 de la LCT.

3.-Puesto que para que el despido directo sea procedente es menester que entre el hecho injurioso y la máxima sanción medie un nexo causal a través de una relación lógica en el tiempo entre ambos, ante la ausencia de un hecho contemporáneo al acto extintivo, la empleadora debe responder por las consecuencias indemnizatorias precisamente porque, ante el lapso transcurrido, la conducta del trabajador se alejó totalmente como para constituir un incumplimiento contractual grave como requiere el art. 242 LCT.

4.-La empleadora debe responder por las indemnizaciones que se reclaman pues el despido directo no luce justo, ya que de haber existido alguna duda sobre su desvinculación o no, lo cierto es que contaba con un abanico de posibilidades sancionatorias en el ejercicio de su facultad disciplinaria (art. 67 L.C.T.) antes de acudir a una medida extrema como es el despido; máxime en el marco del principio de continuidad del empleo consagrado por el art. 10 de la LCT.

5.-Toda vez que el actor cumplió con los recaudos establecidos en el art. 2 de la Ley 25.323, pues luego del despido intimó a la demandada a abonar la indemnización por despido y frente a la respuesta patronal se vio precisado a litigar como lo hizo para percibir las indemnizaciones que por derecho le correspondían, la multa debe admitirse.

6.-Cabe admitir las diferencias salariales reclamadas puesto que si bien el convenio colectivo aplicable sólo prevé para ambas funciones, -Telecobrador Senior y Telecobrador Semi-Senior-, la categoría de auxiliar , lo concreto es que la propia demandada admitió que dentro de esa categoría existían funciones con salarios distintos.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014.-

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

1°) La sentencia de primera instancia viene apelada por la demandada y por el actor a tenor de los memoriales obrantes a fs. 372/378 y fs. 379/382. Únicamente los agravios del demandante fueron replicados por su contraria (fs. 388). Asimismo la demandada apela por altos los honorarios regulados en favor de la representación letrada del actor y los del perito contador y el perito especialista en informática (fs. 372).

Arriba firme a esta instancia que entre los litigantes medió un vínculo laboral que perduró desde el día 21 de febrero de 2000 hasta el 24 de septiembre de 2009 en que la demandada decidió disolver el contrato al aducir como causal que el actor “. entre los días 27 y 28 de agosto de 2009 (.) en su calidad de telecobrador Ssr. realizó 7 transacciones de Banca TP sin la autorización del cliente. Estas transacciones violan claramente el Acuerdo de Transaccionalidad, pues (.) sin contactarse con el cliente, requerir su autorización y comunicar el número de comprobante, llevó adelante la operación. Estas operaciones tenían por objeto cobrar cuotas por préstamos a tarjetas en mora y generaban comisiones a su favor. En resumen (.) realizó las transferencias entre cuentas del mismo cliente, derivó fondos de una cuenta que no lo tenía a otra que tenía débito automático, posibilitando cobrar las cuotas en mora. Para realizar esta operación debe contar con expresa autorización del cliente. Su conducta expone al Banco ante los clientes e incluso ante el BVCRA. No se trata de perjuicio, se trata de actuar incorrecta e indebidamente frente al cliente afectando la imagen del Banco y la confianza de aquél en su Banco.”.

La Sra. juez “a quo”, luego de analizar las probanzas arrimadas a la causa, consideró probada la conducta descripta por la demandada en la comunicación resolutoria del contrato.Sin embargo, entendió que fue extemporánea la decisión extintiva dado que entre la conducta imputada y el despido dejó transcurrir un tiempo (1 mes) que no se condice con la gravedad de la injuria invocada.

Tal conclusión arriba cuestionada por la demandada quien aduce que llevó a cabo una investigación previa al despido pues se trató de un empleado con mucha antigüedad y de buen concepto laboral y por ende era necesaria a fin de evitar un obrar apresurado. También sostiene que acreditó la autenticidad del correo electrónico por medio del cual el actor reconoció los hechos que se le endilgaron y que data del día 15 de septiembre de 2009 por lo que la parte entiende que no hubo demora en la decisión rescisoria.

Anticipo que comparto la decisión adoptada por la sentenciante pues la propia litigante admite que al menos quince días antes del despido el actor reconoció la conducta atribuida por lo que de haber sido “grave” o injuriosa no hubiera consentido la prosecución del vínculo laboral y no obstante ello dejó transcurrir esas dos semanas para decidir la ruptura del contrato. Es la propia parte la que reconoce que se trató de un trabajador con mucha antigüedad y buen desempeño laboral.

De acuerdo con lo dicho, se aprecia la ausencia de uno de los recaudos primordiales que conforman la “injuria” o “justa causa” del despido. Me refiero a la contemporaneidad que la jurisprudencia y la doctrina de modo unánime consideran necesaria para verificar la presencia de un “incumplimiento contractual grave” como exige de modo insoslayable el art. 242 de la L.C.T.

En efecto. Es menester que entre el hecho injurioso y la máxima sanción que es el despido medie un nexo causal a través de una relación lógica en el tiempo entre ambos.Por ende, ante la ausencia de un hecho contemporáneo al acto extintivo, la empleadora debe responder por las consecuencias indemnizatorias precisamente porque, ante el lapso transcurrido, la conducta del trabajador se alejó totalmente como para constituir un “incumplimiento contractual grave” como requiere el citado art. 242.

Por lo tanto de haber existido alguna duda sobre su desvinculación o no -tal como lo deja entrever la demandada- lo cierto es que contaba con un abanico de posibilidades sancionatorias en el ejercicio de su facultad disciplinaria (art. 67 L.C.T.) antes de acudir a una medida extrema como es el despido y ello en el marco del principio de continuidad del empleo consagrado por el art. 10 de la LCT.

Sugiero, por lo tanto, la confirmatoria del fallo en el aspecto analizado.

2°) El agravio dirigido a cuestionar la admisión del incremento resarcitorio previsto por el art. 2° de la ley 25.323 será desestimado.

Ello así pues, del intercambio postal obrante en la causa se desprende que, contrariamente a lo indicado en el recurso, el actor cumplió con los recaudos establecidos en la normativa en cuestión pues luego del despido intimó a la demandada a abonar la indemnización por despido y frente a la respuesta patronal se vio precisado a litigar como lo hizo para percibir las indemnizaciones que por derecho le correspondían (ver fs. 55/vta.).

3°) La crítica versante sobre el monto salarial tomado como base de cálculo de los créditos de condena se encuentra desierto pues para expresar agravios no basta con remitirse a escritos anteriores, sino que se debe indicar cuál fue el yerro o equívoco del sentenciante e indicar en este concreto caso sería -según su criterio- el salario que debió haberse receptado en el fallo, lo que no aconteció en la especie y conlleva a la solución propiciada (conf. art.116)

4°) Por una cuestión de método considero menester abordar ahora el tratamiento del recurso deducido por el actor contra la decisión de rechazar las diferencias salariales reclamadas y al respecto anticipo que asiste razón al quejoso.

Me explico. Arriba firme a esta alzada la conclusión del fallo acerca de que el actor realizaba operaciones de cobranza a clientes incursos en mora de entre 3 y 180 días. Por lo tanto, si se tiene presente que en el responde la demandada admitió que la categoría de Telecobrador Senior, pretendida por el actor, le correspondía a quienes atendían a los clientes que se encontraban en mora de más de 90 días y al no haber negado la diferente remuneración entre la categoría senior y semi-senior, no cabe sino admitir las diferencias salariales reclamadas pues si bien el convenio colectivo aplicable sólo prevé para ambas funciones la categoría de “auxiliar”, lo concreto es que la propia demandada admitió que dentro de esa categoría existían funciones con salarios distintos.

De acuerdo con lo dicho sugiero receptar las diferencias salariales reclamadas por la suma de $ 9.956,47 ($ 432,89 x 23 meses reclamados) con más la de $ 829,70 en concepto de s.a.c. sobre el tópico con lo que se arriba a un total de $ 115.179,43 a la que deberá deducirse la suma de $ 10.311,73 del modo indicado en la sentencia de grado y que arriba firme a esta instancia.

Dicho importe llevará los intereses fijados en la instancia de grado pues arriban firmes por ausencia de crítica en el punto.

5°) El registro defectuoso al que alude el art. 1° de la ley 25.323 no es otro que el previsto en la ley 24.013 (arts.8°, 9° o 10°). Por ende, no cabe admitir la queja del actor por haberse desestimado el incremento indemnizatorio previsto por la citado normativa legal.

6°) De las constancias probatorias adjuntadas surge que la demandada entregó al actor un certificado de trabajo propiamente dicho y una certificación de servicios (formulario ANSeS PS.6.2: fs.) que no reúne los recaudos establecidos por el art. 80 de la L.C.T., tal como lo indicó la sentenciante anterior, pues carece de las constancias de los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad y también de la calificación profesional obtenida por el actor en los puestos de trabajo desempeñados: conf. ley 24.576) (ver fs. 41/46). Propicio, por ende, confirmar la decisión de grado en este punto.

7°) La modificatoria del fallo conlleva a la aplicación de lo normado por el art. 279 del CPCCN, razón por la cual corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en grado en materia de costas y honorarios, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en dichos aspectos.

No obstante ello considero que cabe mantener las costas de primera instancia a cargo de la demandada en tanto resultó vencida en lo sustancial de la contienda (art. 68 primer párrafo, CPCCN).

Sugiero además regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor -en forma conjunta- (esta parte aleg a fs. 252 y sgtes.) en el 17 %, los de la representación letrada de la demandada en el 12,5% y los correspondientes al perito contador en el 6 %. Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 dec. Ley 16.638/57).

De prosperar mi voto, entonces, correspondería:1) Modificar parcialmente el decisorio de grado y consecuentemente, elevar el monto total de condena a la suma de CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES

CENTAVOS ($ 115.179,43) a la que deberá deducirse el importe de $ 10.311,73 del modo dispuesto en el fallo anterior, con más los intereses fijados en la instancia de grado. 2) Mantener las costas de primera instancia a cargo de la demandada y fijar a esta última las correspondientes a la alzada por resultar vencida (art. 68 primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor -en forma conjunta- (esta parte aleg. a fs. 252 y sgtes.) en el 17 %, los de la representación letrada de la demandada en el 12,5% y los correspondientes al perito contador en el 6 %. Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 dec. Ley 16.638/57). 4) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos recursivos en el 25 % para cada uno de lo que le corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo. El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el decisorio de grado y consecuentemente, elevar el monto total de condena a la suma de CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 115.179,43) a la que deberá deducirse el importe de $ 10.311,73 del modo dispuesto en el fallo anterior, con más los intereses fijados en la instancia de grado. 2) Mantener las costas de primera instancia a cargo de la demandada y fijar a esta última las correspondientes a la alzada por resultar vencida (art.68 primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor -en forma conjunta- (esta parte aleg a fs. 252 y sgtes.) en el 17 %, los de la representación letrada de la demandada en el 12,5% y los correspondientes al perito contador en el 6 %. Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 dec. Ley 16.638/57). 4) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos recursivos en el 25 % para cada uno de lo que le corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

ANTE MI Z.A.

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