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El reclamo por salarios no abonados nunca puede constituir una injuria en contra del empleador

despido 4Partes: Gatica María Eva c/ ICT Services Of Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 8-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-88864-AR | MJJ88864 | MJJ88864

Puesto que el reclamo de diferencias salariales nunca puede constituir una injuria contra el empleador, el despido dispuesto por tal causa resulta injustificado.

Sumario:

1.-No corresponde tener por justificado el despido dispuesto por la empleadora como consecuencia del reclamo de la actora por la falta de pago de ciertos importes, ya que tal causal no puede considerarse configurativa de una injuria de gravedad tal que impidiera la prosecución del vínculo laboral, pues, entender lo opuesto contraría el principio de conservación del contrato de trabajo, que emana del art. 10 de la L.C.T., y los deberes a los que aluden los arts. 62 y 63 del mismo cuerpo legal.

2.-Toda vez que no se vislumbra que la trabajadora haya incurrido en la inobservancia de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, a la que alude el art. 242 de la LCT., pues se limitó a formular un reclamo por diferencias salariales, si la empleadora creía que no le adeudaba monto alguno a la dependiente, le hubiera bastado solo con negar los hechos imputados, en lugar de extinguir la relación de trabajo atribuyéndole la responsabilidad y culpa a la empleada.

3.-Puesto que los testimonios proceden de quienes han trabajado junto a la demandante, por lo que conocen los pormenores del servicio, y resultan coherentes y concordantes entre sí, y los deponentes dieron debida fundamentación de sus dichos, las impugnaciones no logran inhabilitar sus dichos, y, en cambio, cabe otorgarles plena eficacia convictiva (art. 90 L.O.).

4.-Dado que las tareas efectuadas por la accionante excedían las de administrativo A previstas en el art. 6º del CCT 130/75, función en la que se encontraba registrada, debía estar consignada en los registros de la demandada como encargada de segunda , establecida en el art. 6º E), del mencionado convenio colectivo, y, consecuentemente, le correspondía percibir la remuneración prevista en el CCT 130/75, para dicha función.

5.-Siendo que las funciones de la actora eran de soporte en general, a personal nuevo, back-up y ayuda en general en el sector, se da cuenta de que en defintiva no efectuaba tareas de administrativo A del CCT 130/75, sino que sus funciones se encuadraban en la de administrativo E de dicha convención colectiva, de conformidad a lo establecido en los arts. 6 E) y 16 del CCT 130/75, y por tal motivo, luce justo el reclamo por la categoría laboral.

6.-Corresponde admitir el incremento indemnizatorio dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323, pues se encuentran reunidos en la causa los requisitos necesarios para su percepción, esto es la imtimación de la actora a la demandada, tal como impone la norma precitada, y la falta de pago de las indemnizaciones pertinentes de parte de la demandada.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 08 de septiembre de 2014.-, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia dictada en Primera Instancia, a fs. 253/256 vta. apela la parte demandada, cuya réplica obra a fs. 261/264 vta. Por su parte, cuestiona sus honorarios el perito contador, a fs. 252, por estimarlos bajos.

La accionada objeta que la Sra. Juez a quo haya concluido que la accionante se encontraba incorrectamente registrada en lo que atañe a su categoría laboral, y que le correspondía estar registrada como «encargada de segunda/administrativo E» del CCT 130/75. Se agravia de que en el pronunciamiento atacado no se haya considerado justificado el despido directo dispuesto. Refuta que no se hayan tomado en consideración, al momento de efectuar la liquidación de los rubros diferidos a condena, el salario del mes de noviembre de 2010 y los rubros indemnizatorios abonados por la empresa. Cuestiona la aplicación del incremento indemnizatorio dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323.

Delimitados los temas traídos a conocimiento de este Tribunal, razones de orden metodológico imponen tratar, en primer lugar, la queja relativa a la causa del despido, pues su resultado puede influenciar en los demás agravios vertidos.

Adelanto que, luego de un pormenorizado análisis de las constancias de autos, a la luz de la sana crítica, cabe concluir que no asiste razón a la apelante.

En este sentido, corresponde destacar que la empleadora invocó como justa causa del distracto, que la trabajadora la haya intimado a que le abonara diferencias salariales por una categoría laboral superior a la registrada, así como diversas sumas detalladas en la misiva del 17/11/10.La accionada entendió que esos reclamos eran injustificados e ilegítimos, y que evidenciaban una clara intención rupturista, por lo que, con dicha fundamentación extinguió el vínculo, considerándose gravemente injuriada.

Ahora bien, en el caso de autos, la circunstancia de que la trabajadora haya reclamado importes que estimaba adeudados, no puede considerarse configurativa de una injuria de gravedad tal que impidiera la prosecución del vínculo laboral, pues, entender lo opuesto contraría el principio de conservación del contrato de trabajo, que emana del art. 10 de la L.C.T., y los deberes a los que aluden los arts. 62 y 63 del mismo cuerpo legal.

En este orden de ideas, no vislumbro que la trabajadora haya incurrido en la inobservancia de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, a la que alude el art. 242 de la L.C.T., con el reclamo formulado y, además, si la empleadora creía que no le adeudaba monto alguno a la dependiente, le hubiera bastado solo con negar los hechos imputados, en lugar de extinguir la relación de trabajo atribuyéndole la responsabilidad y culpa a la empleada.

A ello cabe agregar que, contrariamente a lo que adujo la quejosa, las pruebas rendidas en la causa me llevan a concluir que se encuentra debidamente acreditada la deuda salarial a la que aludió la dependiente en sus despachos postales y en el escrito de inicio.

A los fines de clarificar la cuestión, expondré, de forma sucinta, las posturas asumidas por los litigantes.

En este sentido, es dable destacar que la accionante, en el libelo inicial, expresó que ingresó a trabajar para la demandada el 21/04/09 y que realizaba tareas de operadora, por lo que recibía llamadas de clientes de Telecom Personal por reclamos o consultas y luego de dejar constancia en el sistema de dichos llamados, intentaba resolverlos, haciendo los ajustes necesarios en la cuenta del cliente, o bien derivaba el llamado a otro sector cuando era un problema específico.Agregó que en noviembre de 2009 le asignaron nuevas tareas y la ascendieron a «back up» del Jefe de Piso, por lo que era responsable de hacer la verificación de las operaciones realizadas (para lo cual refirió que efectuaba las tareas que detalló a fs. 5 vta.), que, a su vez tenía asignada la función de controlar el porcentaje de ausentismo de los dependientes, asignar entre el resto de los trabajadores los tiempos de descanso y capacitar a los nuevos operadores cuando tenían dudas, sobre algún sistema o producto utilizado por la demandada, y que, los fines de semana, quedaba como Jefa de Piso.

Por su parte, la accionada aseguró que la actora se desempeñaba como «administrativo A» del CCT 130/75, que nunca tuvo personal a cargo, y que las tareas eran las de atención de llamadas de clientes de Telecom Personal.

Ahora bien, todos los deponentes quienes comparecieron a declarar en autos, dieron apoyatura a la versión de la trabajadora.

Así, el testigo Viñolo (fs. 179/180), quien laboró para la accionada desde julio de 2008 a agosto de 2010, expuso que «la actora ingresó a mitad de 2009., empezó a trabajar como operadora de telefónica, de telefonía personal, atendía las llamadas entrantes, después a los meses. ayudaba a los operadores en problemas con algunas llamadas y a los nuevos los entrenaba, esto fue a los cuatro o cinco meses.»

Martínez, a fs. 226/227, quien trabajó bajo dependencia de la demandada desde septiembre de 2009 a enero de 2011, relató que cuando conoció a la demandante «estaba como operadora, atendía las llamadas de los clientes. Cuando el dicente ingresó la actora ya era operadora y como jefa de piso ascendió, calcula, a principios del año 2010. Como jefa de piso la función era controlar el tiempo de ellos como operadores y asignarles los tiempos de descanso que eran de media hora.los fines de semana al dicente la actora le asignaba la modalidad de trabajo.

Dellavechia, quien se desmpeñó para la accionada desde octubre de 2009 hasta enero de 2011, a fs. 228/229, expresó: «la accionante cumplía funciones de soporte, estaba como back-up., la actora daba soporte a los chicos que ingresaban, les ayudaba con todo., el dicente trabajaba de operador y la demandante trabajaba de back-up., les daba soporte a ellos, les daba resolución en los llamados, consultas, dudas, eran las funciones de la reclamante, y, adicionalmente los fines de semana cuando faltaba el jefe de piso funcionaba como tal, administraba los tiempos de descanso, hacía control de las llamadas entrantes y después hacía unos reportes sobre la cantidad de llamadas.»

Los testimonios precedentemente transcriptos proceden de quienes han trabajado junto a la demandante, por lo que conocen los pormenores del servicio, y resultan coherentes y concordantes entre sí, y los deponentes dieron debida fundamentación de sus dichos, por lo que las impugnaciones de fs. 185/186 y 231/232, no logran inhabilitar sus dichos, y, en cambio, cabe otorgarles plena eficacia convictiva (art. 90 L.O.).

En base a las probanzas rendidas cabe concluir que las tareas efectuadas por la accionante excedían las de «administrativo A» previstas en el art. 6º del CCT 130/75, función en la que se encontraba registrada, por lo que coincido con la Sra. Juez a quo, en cuanto a que debía estar consignada en los registros de la demandada como «encargada de segunda», establecida en el art.6º E), del mencionado convenio colectivo, y, consecuentemente, le correspondía percibir la remuneración prevista en el CCT 130/75, para dicha función.

A su vez, no modifica lo expuesto la temporalidad a la que se refirió la apelante, respecto a los dichos del testigo Martínez, quien invocó que la actora desarrolló las tareas de jefa de piso por un lapso de «cinco, seis o siete meses», pues dicho periodo excede el tiempo mínimo al que alude el art.16 del CCT 130/75, para considerar a un empleado incluido dentro de una categoría laboral superior.

Asimismo, en cuanto a las manifestaciones de la quejosa relativas al testigo Dellavechia, si bien el deponente expresó que los fines de semana cuando faltaba el jefe de piso la actora funcionaba como tal, no debe soslayarse que el testigo refirió, respecto a los restantes días, que las tareas habituales consistían en «funciones de soporte, estaba como back-up., la actora daba soporte a los chicos que ingresaban, les ayudaba con todo., el dicente trabajaba de operador y la demandante trabajaba de back-up., les daba soporte a ellos, les daba resolución en los llamados, consultas, dudas, eran las funciones de la accionante», es decir que de sus dichos se extrae que, contrariamente a lo expuesto en el responde, la trabajadora no efectuaba tareas de «administrativo A» del CCT 130/75, sino que sus funciones se encuadraban en la de «administrativo E» de dicha convención colectiva, de conformidad a lo establecido en los arts.6 E) y 16 del CCT 130/75.

Por todo lo expuesto, propicio desestimar las quejas relativas tanto a la categoría laboral de la accionante -que tuvo por acreditada la judicante de la anterior instancia, en conclusión que comparto-, como la relacionada con la falta de justa causa del despido dispuesto.

Por su parte, considero que asiste parcialmente razón a la accionada, en cuanto al agravio referido a que no se han tomado en consideración como pago a cuenta, al momento de efectuar la liquidación de los rubros diferidos a condena, los importes abonados a la actora, correspondientes al salario del mes de noviembre de 2010 y a algunos rubros indemnizatorios.

En este sentido, tal como se observa de los recibos acompañados por la accionante a fs. 82 y a fs. 83, de los adjuntados por la accionada a fs. 33 y del que se encuentra en el sobre de fs. 44, así como de la información que emana de la prueba pericial contable de fs. 195, la accionada abonó diversos rubros en concepto de «remuneración noviembre de 2010» y también pagó ciertos importes indemnizatorios, que deben ser computados como pago a cuenta, en los términos del art. 2 60 de la L.C.T. En consecuencia, estimo que le asiste razón a la apelante, en cuanto a que corresponde deducir del monto diferido a condena, las sumas ya pagadas, por dichos conceptos.

Es por ello que del rubro «salario noviembre de 2010», que en el pronunciamiento atacado asciende a $3.629,95, debe restarse el importe de $2.871,96 (2.686,34 + 102,82 + 68,53 + 14,27), de conformidad con los datos que emanan de fs. 33, 82, 83, 195 y de la instrumental del sobre de fs.44 . En consecuencia, propicio modificar dicho aspecto de la sentencia, y reducir el concepto «salario noviembre de 2010» a la suma de $757,99.

Por su parte, al «sac proporcional 2º semestre 2010», que en la sentencia de la anterior instancia equivale a $1.506,67, debe deducírsele el importe de $1.132,36 (841,74 + 134,96 + 155,66), tal como surge de fs. 33, 83 y de fs. 195. Es decir, que propongo reducir dicho concepto a la suma de $ 374,31.

Asimismo, el rubro «vacaciones 2010», que en la resolución atacada asciende a $1.887,57, debe sustraerse $1.010,80 (684,15 + 326,65), conforme fs. 33, 83 y 195, lo que totaliza el importe de $ 876,77. Y, con idéntico criterio el rubro «sac s/vacaciones proporcionales 2010», que en la sentencia de origen asciende a $157,30, debe quitarse el importe de $ 84,23 (57,01 + 27,22), lo que significa un total de $ 73,07.

En cambio, en relación a lo alegado por la accionada en torno al «premio producción», considero que no le asiste razón, pues los montos diferidos a condena por dicho rubro, no se refieren al mes de noviembre de 2010, sino a los meses de noviembre y diciembre de 2009, que no se encuentran pagos, de conformidad con la información que emana de la pericia contable a fs. 195, coincidente con los recibos obrantes a fs. 63, 64, 65, por lo que propongo ratificar dicho aspecto del pronunciamiento.

En cuanto a la queja relativa al incremento indemnizatorio dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323, corresponde rechazar dicho cuestionamiento, pues se encuentran reunidos en la causa los requisitos necesarios para su percepción. En este sentido, la actora intimó fehacientemente a la demandada, tal como impone la norma precitada (v. fs. 88 e informativa de fs.125 y 126), y la apelante no abonó las indemnizaciones pertinentes, por lo que resulta operativo el recargo indemnizatorio cuestionado.

Por su parte, en cuanto a las alegaciones efectuadas por la demandada, relativas a la causa del despido, primeramente destaco que en la litis no logró acreditar la justa causa invocada, a la vez que el fundamento del despido es, en última instancia judicial, esta decisión es declarativa y, por ende, de efectos retroactivos al momento de la ruptura contractual. En casos como el «sub-lite» el derecho a las indemnizaciones pertinentes y sus accesorios, como los intereses o los recargos resarcitorios como el establecido en el art. 2º de la ley 25.323, resultan exigibles «retroactivamente».

A su vez, no advierto causales que permitan eximir – ni aún parcialmente- a la demandada del pago de la indemnización analizada, pues fue la accionada quien dispuso el despido y no acreditó que el distracto se haya encontrado fundado en justa causa, por lo que propicio confirmar dicho aspecto de la sentencia atacada.

En síntesis, por los argumentos precedentemente expuestos, propongo reducir el monto de condena a la suma de treinta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con cincuenta y seis centavos ($32.499,56), de conformidad con las modificaciones propuestas en torno a los rubros «salario de noviembre de 2010», «sac proporcional del segundo semestre de 2010», «vacaciones 2010» y «sac s/vacaciones proporcionales 2010». Al importe mencionado se le aplicará la tasa de interés dispuesta en origen (Acta CNAT 2357, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago), pues dicho aspecto llegó firme a la Alzada.

Por su parte, en orden a lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N., deberá dejarse sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios para adecuarlos al nuevo resultado del pleito, por lo que resulta abstracto el tratamiento de la apelación introducida al respecto.

Así, postulo que las costas de ambas instancias se declaren a cargo de la demandada, quien resultó vencida en lo sustancial del reclamo (art.68 del C.P.C.C.N.), habida cuenta que si bien no se me escapa que existe una diferencia relevante entre el monto reclamado y aquel por el cual se admite la demanda, lo cierto es que ha prosperado el reclamo en lo sustancial, y la accionada no acreditó que el despido dispuesto haya estado fundado en una justa causa. Sobre el punto he sostenido en reiteradas oportunidades que en materia de costas no cabe atenerse a un criterio aritmético sino a uno jurídico que refleje las posturas finales de los litigantes (cfr. art. 68 CPCCN).

En lo que atañe a los honorarios por la actuación en Primera Instancia, de las representaciones letradas de la parte actora, de la demandada, y la del perito contador, habida cuenta las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 y dec. 16.638/57, propicio fijarlos en el 15%, 11% y 6% sobre el monto de condena, respectivamente, con más los intereses fijados en el decisorio de grado.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, propongo que se regulen sus honorarios en el 25%, para cada una, de las sumas que les corresponda percibir, respectivamente, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela

A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Reducir el monto de condena a la suma de $32.499,56, importe al que se le aplicará la tasa de interés dispuesta en origen. 2°) Dejar sin efecto lo decidido en la anterior instancia en relación a las costas y honorarios. 3º) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada. 4º) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador, por su actuación en origen, en el 15%, 11% y 6% sobre el monto de condena, respectivamente, con más los intereses fijados en el decisorio de grado. 5º) Fijar los emolumentos de Alzada, a las representaciones letradas de la parte actora y demandada, en el veinticinco por ciento (25%) para cada una, de las respectivas sumas que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 6º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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