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Procede declarar la inhabilitación de una persona de edad avanzada, aunque no padezca senilidad.

shutterstock_98496233Partes: E. Z. E. s/ inhabilitación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Garantías en lo Penal de Pergamino

Fecha: 7-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89071-AR | MJJ89071 | MJJ89071

Procede declarar la inhabilitación de una persona de edad avanzada, aunque no padezca senilidad.

Sumario:

1.-El art. 152 bis del CCiv. no distingue entre facultades físicas o psíquicas, quedando comprendidas en la norma aquellas personas que a causa de falencias físicas se encuentren en una situación de inferioridad y de dependencia respecto de terceros, que afecte su volición plena, y que quedan presumiblemente expuestas a perjuicios en sus propios intereses por el ejercicio de su plena capacidad; en este supuesto se encuentran incluídos los ancianos que se hallen en tal situación, aunque no padezcan senilidad, a los que también debe brindárseles protección legal.

2.-Hay ciertos trastornos que no justifican una incapacitación total del enfermo, pero que lo colocan en una situación de inferioridad ante sus semejantes haciendo aconsejables una protección legal y esto es lo determinante; así, mientras que en la demencia la incapacidad es la regla y abarca todos los campos jurídicos, en la inhabilitación la regla es la capacidad.

3.-El régimen de inhabilitación del art. 152 bis del CCiv. busca paliar la falta de habilidades para subsistir convenientemente en la sociedad, retrogradando la capacidad del mayor que sufre esas insuficiencias, en procura de brindarle una tutela de equilibrio y ponderada.

4.-Aparece prudente la decisión del juzgador de no designar un familiar para el cargo de curador definitivo hasta que no haya resolución definitiva respecto de las denuncias penales formuladas que son objeto de investigación, en atención al tenor de las mismas y dada la compleja y conflictiva situación fáctica que les dio origen, máxime dados los vínculos familiares que unen a las personas involucradas.

Fallo:

En la ciudad de Pergamino, el 07 de agosto de 2014, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en los autos N° —–12 caratulados «E, Z E S/ INHABILITACION», Expte Nº —– del Juzgado de Familia Nº 1 se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel DEGLEUE, Hugo A. LEVATO y Graciela SCARAFFIA, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

II) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la PRIMERA CUESTION el señor Juez Roberto Manuel DEGLEUE dijo:

EL juzgador primero declaró la inhabilidad de la Sra. Z E S -por disminución de sus facultades mentales- para administrar y disponer de sus bienes inmuebles, muebles registrables y otros bienes de cualquier tipo cuyo importe supere lo que percibe en concepto de haber previsional, así como intervenir en juicio, disponiendo el nombramiento de un curador definitivo que la asista para tales actos, estableció las medidas de salvaguarda que allí se indican, mantuvo la inhibición general de bienes de la causante, y limitó a tres años la vigencia de la sentencia. Aplicó costas a cargo de la causante y reguló los honorarios a los profesionales intervinientes.-

Disconforme con lo decidido, dedujeron recurso de apelación:

1) A fs. 1242, la curadora ad litem y ad bona, Dra. N C G. Fue concedido a fs. 1248, y fundado a fs. 1281/8. Su traslado -ordenado a fs. 1546/7-, fue respondido por la Sra. L E S a fs. 1574/85 y por la Asesora de Incapaces a fs. 1588 (ver fs.1593). Habiéndose tenido por no contestados los agravios de su parte por las Sras. Z E S y M P G.-

2) A fs. 1243, por la propia causante Z E S con el patrocinio del Dr. E L. Fue concedido a fs. 1248, y fundado a fs. 1271/79.Habiendo sido ordenado su traslado a fs. 1292, fue contestado por L E a fs. 1562/73 y por la Sra. Asesora de Incapaces a fs. 1588. A fs. 1728 se tuvo por no contestados los agravios respecto de la curadora Dra. N C G.-

3) A fs. 1244, por la Sra. M P G, fue concedido a fs. 1248 y fundado a fs.1280. Se lo tuvo por fundado a fs 1292, obrando responde de L E S a fs. 1562/73 y de la Sra. Asesora de Incapaces a fs. 1588 (ver fs.1593). Habiéndose tenido por no contestado el traslado conferido a la curadora ad bona y ad litem Dra. N C G.-

4) Los apoderados de la actora Dres. J G. A y M S M, apelaron por derecho propio a fs. 1289. El recurso fue concedido en los términos del art. 57 de la ley 8904 a fs. 1546/7, y, habiendo sido modificada la forma de concesión -en relación- por este Tribunal a fs. 1738, fue fundado a fs. 1821/4. Cuyo traslado conferido a fs. 1913, fue contestado por la Sra. Asesora de Menores a fs. 1829/vta., por la curadora ad bona y ad litem C N G a fs. 1835/vta. y por la Dra. M P G por derecho propio a fs. 1836, habiéndosele dado por perdido el derecho a contestarlo a la causante Z E a fs.1837.-

Dado que la jurisdicción de Alzada es de orden público, el Tribunal debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre la procedencia formal del recurso y examinar si el apelante tiene calidad de parte, interés en su interposición, si ha sido deducido en término y bien o mal concedido, sin estar obligado ni por la voluntad de las partes, ni por la concesión hecha por el Juez inferior, por más que se halle consentido (CC0001 AZ 42383 RSI-120-00 I 2-11-2000, 42583 RSI-396-00 I 21-12-2000, 42555 RSI-388-00 I 20-12-2000, JUBA B1050474).-

A tal fin, ha de considerarse que el presente juicio fue iniciado por L E S quien persigue la declaración de la inhabilitación de su hermana Z E S, por los hechos que denuncia en el escrito postulatorio inicial.-

En la materia ha señalado la jurisprudencia: «.Hay ciertos trastornos que no justifican una incapacitación total del enfermo, pero que lo colocan en una situación de inferioridad ante sus semejantes haciendo aconsejables una protección legal y esto es lo determinante. Mientras que en la demencia la incapacidad es la regla y abarca todos los campos jurídicos, en la inhabilitación la regla es la capacidad. El inhabilitado puede realizar por sí mismo todos los actos de administración, pero no los que puedan comprometer sus bienes, de ahí que no pueda otorgar por sí solo los actos de disposición, capacidad de disponer significa capacidad de celebrar actos que impliquen la salida de bienes del patrimonio para los cuales necesita la conformidad del curador (art.152 bis 3er pár del Cód Civil)» (CC0001 MO 48520 RSD-248-5 S 18-10-2005, B2300515). También que «El régimen de inhabilitación del artículo 152 bis busca paliar la falta de habilidades para subsistir convenientemente en la sociedad, retrogradando la capacidad del mayor que sufre esas insuficiencias, en procura de brindarle una tutela de equilibrio y ponderada.» (CC0100 SN 8490 RSD-79-8 S 27-5-2008, JUBA B858198).-

Precisamente, dado que en este tipo de proceso «.no se está frente a un supuesto incapaz, sino a un sujeto al que sólo se pretende limitar el ejercicio pleno de su capacidad» (Cifuentes-Rivas Molina,Tiscornia, Juicio de Insanìa, pág. 360), debe tenerse presente además que la ley reputa capaces a todos los que no están expresamente declarados incapaces (cfr. arts. 52, 140, 152 bis y ccs. del CC), el curador provisorio designado debe cumplir un rol algo distinto al que debería cumplir en un juicio de insania, pues no representará totalmente a su protegido sino que lo «asistirá» legal y personalmente actuando «en conjunto» con éste, efectuando la necesaria vigilancia del cumplimiento del debido proceso.-

Ello así, en la especie resulta improcedente el recurso deducido por la curadora provisoria designada ejerciendo la representación de su asistida, la Sra. Z E S, pues excede las funciones de asistencia para la que fue designada. Es que habiéndose admitido en autos la actuación personal con patrocinio letrado de su asistida, quien ha apelado la sentencia y fundando su recurso, resulta inadmisible la actuación en el mismo sentido de la funcionaria pues es improcedente que una parte actúe con dos defensas particulares (arts. 627, 40 y ss, 46 y ss, 56, 242 y ccs, y arg. art. 53 inc. 5° CPCC, CPCC-, arts. 52, 53, 57, 152 bis y ccs. CC).

A todo evento, he de aclarar que habiendo la causante comparecido en autos a fs.150/1 con patrocinio letrado, la denunciante se opuso a su actuación personal sosteniendo que debía actuar en su nombre la curadora ad litem, y la cuestión fue resuelta a fs. 244/5 por el juzgador admitiendo la actuación personal de la primera. Además, cabe recordar que también interviene en autos defendiendo los intereses de la causante el Ministerio Público, organismo que – tal como ha señalado el a quo- es parte necesaria en este proceso y ejerce una representación colectiva o promiscua de los incapaces. El mismo ha sido instituido en el art. 59 del Código Civil -especialmente para atender al cuidado de los intereses de aquellos, por fuera de la representación particular-, y también en el art. 120 la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994.-

Corresponde entonces sólo atender al recurso deducido por la curadora por su propio derecho en relación a la base regulatoria utilizada. –

Con respecto a la apelación interpuesta por la Sra. M P G, (quien se adhirió a la expresión de los agravios vertida por la causante), he de destacar que si bien ha actuado en autos por su propio derecho, invocando su carácter de sobrina nieta de la causante de autos, habiéndose opuesto a la declaración de inhabilitación de la causante, no se encuentra dentro de las partes habilitadas para recurrir enumeradas en el art. 627 del CPCC. –

Cabe señalar que si bien se la tuvo como parte a fs. 35/6 vta., luego a fs. 244/5 el juzgador resolvió a su respecto que -por haber comparecido la Sra. Z E- «ha cesado su intervención como parte».

A todo evento, he de destacar además que, por hallarse sólo en juego en este proceso derechos personalísimos de la causante, no advierto que el pronunciamiento cause agravio personal a la quejosa.-

Consecuentemente, carece de legitimación para recurrir la sentencia dictada en autos, habiendo sido mal concedido el recurso a su respecto (arts. 40, 242 y ccs.CPCC). –

Sentadas tales premisas, he de dar tratamiento a los recursos deducidos por la causante, y por los letrados apoderados de la actora y la curadora provisoria en relación a la base arancelaria.-

1) Recurso de la causante Z E S

Se agravia la mencionada, de la sentencia en cuanto decreta su inhabilidad, y en subsidio del nombramiento del curador definitivo de oficio.-

Respecto de la inhabilidad decretada, dice que a tal fin el juez valoró la pericia psiquiátrica efectuada por los Dres. M A C, Perito Médico forense de la Asesoría Pericial departamental y de la Dra. A L S, Perito Médico psiquiatra del Juzgado de Familia, que fue impugnada por su parte sin que el a quo se haya expedido sobre dicha impugnación, afirmando que resulta contradictora e incongruente. Transcribe partes descriptivas del dictamen, señalando que resulta contradictoria la descripción del estado de la paciente con el diagnóstico de «Trastorno cognoscitivo. Senescencia (inicio de vejez patológica)». –

Cabe recordar que «la apreciación de la prueba, su evaluación, su jerarquización, la selección del material probatorio (doct. L. 97.673, sent. del 7-X-2009), específicamente lo atinente al mérito y fundamento de las pericias médicas, la adjudicación de su pertinente eficacia probatoria (doct. L. 42.141, sent. del 6-VI-1989; L. 34.349, sent. del 2-IV-1985), así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y , en tal sentido, los jueces de grado -en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adqui ridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables (SCBA doct. C. 87.704, sent. del 14-XI-2007; C. 92.961, sent. del 11-III-2009; C. 100.800, sent. del 15-IV-2009; entre otras)». SCBA C116663)». Las conclusiones de una pericia no tienen valor vinculante, no obligan al sentenciante (SCBA doct. C. 103.440, sent.del 19-X-2011; C. 86.041, sent. del 18-IV-2011), quien puede descartar determinadas pericias y hacer base de la decisión en otras, cuando las razones alegadas son suficientes para ello.-

El juzgador fundamentó su decisión en la valoración de la prueba rendida, especialmente los informes médicos y psicológicos, la inmediación con el causante y el derecho vigente -en particular los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos integrantes del llamado bloque de constitucionalidad federal- (conf. art. 75 inc. 22 de la Const. Nacional) y la Ley Nacional de Salud Mental.-

Al analizar la prueba conducente, el magistrado no se circunscribió sólo a la experticia impugnada. Valoró las circunstancias personales de la causante que surgen del informe socio-ambiental de fs. 318/20: que la misma posee 94 años, y convive con su hermana Leonor -denunciante en autos- con quien mantiene un trato desfavorable, siendo el mínimo indispensable. Y posee sobrinos y sobrinos nietos (hijas y nietos de su hermana) con quienes no convive, y con los que también el trato es desfavorable. Pero que tiene trato afectuoso con la Sra. N S, que es viuda de su sobrino G (hijo fallecido de la denunciante) y sus tres hijos -también sobrinos nietos-. Que la causante y su hermana son propietarias de varias hectáreas de campo tanto en la localidad de Urquiza (Pcia. de Bs. As.) como en la localidad de Rancul (Pcia. de la Pampa), que dedican a explotación ganadera y se encuentran arrendadas, como así también del inmueble que ambas habitan. Que asisten a la causante dos cuidadoras domiciliarias y que la Sra. N S y sus hijos se encargan de supervisar el aseo diario y arreglo personal de la causante, además de los trámites necesarios y administración de sus recursos. Que en la vida cotidiana atiende a su propio aseo personal y se traslada de manera autónoma, debiendo contar con acompañamiento en forma permanente por el riesgo de posibles caídas.Concluyó entonces que el grupo familiar más próximo que brinda contención y apoyo efectivo lo constituye la Sra. N S y los hijos de ésta, en especial su sobrina M P G.-

Expuso además sus propias conclusiones obtenidas a partir de la entrevista personal que mantuviera con la causante, en presencia de la curadora provisoria de la que da cuenta el acta de fs. 778. Al respecto, destacó el magistrado que si bien encontró a la causante de muy buen aspecto y ánimo «ante preguntas simples y sencillas que le fueron formuladas se mostró confundida e inclusive desorientada». Y correlacionó esta circunstancia con las declaraciones que en tal sentido fueran efectuadas el día 9/11/12 -pocos días antes de la aludida entrevista- por la Sra. M L -acompañante terapéutica de la causante desde hace bastante tiempo que la asiste durante durante doce horas diarias- en la IPP Nº 2074/11, quien, al ser interrogada sobre la coherencia en el diálogo de la Srita. Z E S, manifestó que «en algunos momentos sí y en otros momentos absolutamente no .a veces quiere iniciar una conversación y a veces inicia incoherencias.hay momentos en que ella delira, que se va de la realidad.».-

Concluyó entonces el juzgador que «con la sumatoria de pruebas rendidas en autos el dictamen pericial alcanza fuerza suficiente para determinar la declaración de inhabilitación de la causante como medida de protección adecuada respecto de su persona y sus bienes», por haber considerado que «. de la propia pieza pericial surge que la capacidad de abstracción de la causante y su razonamiento están ligeramente disminuídos su atención levemente disminuida, presenta signos psíquicos deficitarios» y que el pleno goce de sus capacidades puede resultar un perjuicio en detrimento de su persona o patrimonio, dejando aclarado que la causante tiene un adecuado manejo de su persona y puede desarrollar una activa vida familar y social y posee capacidad para el ejercicio de sus derechos personales que procedió a detallar en el fallo.-

Del análisis integral de las constancias obrantes en autos encuentro razonable el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador, y que la decisión adoptada se ajusta a las circunstancias de la causa. –

No advierto contradicción en el dictamen pericial emitido a fs. 406/7 por la Dra. C -médico oficial de la Asesoría pericial departamental- y por la Dra. S -perito psiquiatra integrante del equipo técnico del juzgado- entre la descripción del estado general de la causante y el diagnóstico efectuado.Las expertas, al describir el estado de la causante al momento de la realización de la pericia, señalaron las pequeñas falencias que advirtieron -valoradas por el a quo-, en las que fundaron el diagnóstico formulado de trastorno cognoscitivo, senescencia (inicio de vejez patológica). Sin embargo, no pudieron determinar la fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó, habiendo solo señalado que es de iniciación variable y no posee una determinada edad de comienzo «.siendo por lo general una decadencia lenta sumada a su patología hipertensiva que transcurre de larga data.». Al describir las actividades que puede desarrollar, señalaron que conoce el valor del dinero en pocas cantidades pero presenta dificultades en manejarlo. Informaron también que recibe tratamiento médico clínico con la Dra. M Y M, y neurológico con el Dr. B. Indicaron que requiere medicación permanente, detallando los fármacos que utiliza, entre los que se encuentra un neuroactivador cerebral y un antidepresivo.-

A todo evento creo oportuno señalar que el dictamen y diagnóstico emitido por las Dras. C y S el 31/7/2012 resulta coincidente con el informe emitido el 31/5/2011 por los Dres. O A L y W O M -peritos psiquiatras de la Asesoría Pericial departamental- en la IPP 12-00-00207411 «G M P S N s/ Defraudación vma. dte. E S L, B E S y L Z E» en trámite ante la UFIyJ Nº 4 de la Dra. Karina Pollice, que en copia glosara en autos la denunciante.-

En el mismo sentido, en el certificado médico de fs. 219 de fecha 3 de febrero de 2012 expedido por el Dr.M B, neurólogo que atiende a la causante, se señala que la misma «presentó en reiteradas oportunidades caídas con traumatismos varios, por su trastorno de la marcha y su torpeza motora, sumado a su trastorno psico-afectivo por la situación familiar reinante» sugirió «acompañamiento terapéutico para mejorar sus actividades de la vida diaria (AVD) y evitar caídas futuras con potencial riesgo de complicaciones mayores».

A fs. 392 el 1/7/2012 el mismo profesional respondiendo a un pedido de informes que se le requiriera, manifestó que la Sra. Z E S «presenta un deterioro cognitivo leve-moderado en tratamiento con neuractivadores», que se le realizó RMN de cerebro que mostró «Atrofia cortical y lesiones isquémicas lacunares aisladas entratamiento con clodidogrel 75 mg, de posible origen hipertensivo». Y que el día 3 de junio sufrió «traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y politraumatismo con fractura en codo izquierdo que requirió internación con inmovilización, anemia y posterior complicación respiratoria intrahospitalaria que deterioró su estado general en recuperación y rehabilitación».-

Por otra parte, tal como ha señalado el a quo, emerge del informe socio ambiental de fs. 318/29 -de fecha 27/4/12- que la causante -que a esa fecha poseía 94 años-, cuenta con acompañamiento permanente de dos personas cuidadoras domiciliarias por el riesgo de posibles caídas, y con personas que supervisan su aseo diario y arreglo personal, además de los trámites necesarios y administración de sus recursos (la sra. G y sus hijos, especialmente su sobrina nieta M P). Ello de por sí revela que la causante poseía a la fecha de dictamen un grado de dependencia de terceros cabiendo presumir al presente que se ha acentuado por el transcurso del tiempo en razón de la evolución natural del físico de las personas durante su vida. He de acotar que, en este sentido, obra a fs.512/13, informe de la Perito Asistente Social de la Asesoría de Incapaces, de fecha 17/8/2012, del que emerge que a esa fecha la causante poseía «acompañamiento especializado organizado en tres turnos», y que complementariamente dispone de colaboración de miembros de la familia de origen ampliada conviviente y/o que concurren diariamente para organizar las actividades domésticas, y a fs. 513 presentación de la Sra. Asesora de Incapaces haciendo saber las circunstancias informadas por la experta.-

Cabe recordar que el art. 152 bis del Código Civil en su inciso 2° establece que puede inhabilitarse a los «.disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio». La ley no distingue entre facultades físicas o psíquicas, quedando comprendidas en la norma aquellas personas que a causa de falencias físicas se encuentren en una situación de inferioridad y de dependencia respecto de terceros, que afecte su volición plena, y que quedan presumiblemente expuestas a perjuicios en sus propios intereses por el ejercicio de su plena capacidad. En este supuesto se encuentran incluídos los ancianos que se hallen en tal situación aunque no padezcan senilidad, a los que también debe brindárseles protección legal (confr.Salas, Código Civil comentado, Ed. Depalma, Bs. As. 1998, pág. 62, Guillermo A. Borda, Tratado de Derecho Civil-Parte General», Parte General La Ley 2008 Tomo I, pág.484; Santos Cifuentes, «Elementos de Derecho Civil», Pág.210; Julio Cesar Rivera «Instituciones de Derecho Civil», Tomo I, pág. 558).-

Así, en el recurso traído, la apelante no ha logrado acreditar un vicio en la construcción de la sentencia en esta cuestión, y la ausencia de un razonamiento compatible con las constancias objetivas de la causa. Sólo evidencia un punto de vista disidente con el fallo sobre típicas cuestiones de hecho y de prueba.Aún cuando se agravia de la evaluación efectuada, ha argumentado en paralelo, sin demostrar -a más de denunciar fehacientemente- que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa, resultando ajustado a derecho lo decidido por el a quo.

La segunda porción de los agravios de la causante refieren a la designación de un curador definitivo en la persona de un abogado de la matrícula del Colegio de Abogados departamental hasta que se determine la designación de un familiar como curador definitivo. Señalando que le resulta aceptable que tanto su sobrina nieta P G como su madre N S desempeñen tal cargo, se queja pues no se la designa en virtud de la denuncia formulada contra las mismas por su hermana L, olvidando el principio constitucional de inocencia. En subsidio de ello, se duele pues se dispuso el cese de la curadora provisoria designada -Dra. G- criticando las razones expuestas por el juzgador. –

El sentenciante consideró que las circunstancias obrantes en la causa no aconsejaban el nombramiento en la persona de su hermana L dadas las dificultades en las relaciones entre ambas. Que si bien surgía que quienes cuidan y se ocupan de la causante son la Sra. N S de G y sus hijos, la idoneidad de la misma «aparece ensombrecida» en atención a que pesa sobre ella y su hija M P G la denuncia penal por circunvención de personas efectuada por la causante y que dio lugar a la IPP 2074/11 en trámite ante la UFIyJ Nº 4 departamental, que se encuentra en plena etapa investigativa. Y respecto de la curadora provisoria resolvió el apartamiento de la misma, en razón de su defectuosa actuación en torno al patrimonio de la causante, por considerar que no extremó las medidas tendientes a resguardarlo. Específicamente señaló que no instó la remoción de la perito inventariadora designada, ni el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia.de La Pampa a fin de que tomara nota de la inhibición de bienes. Y que a ello se suman los conflictos habidos entre la misma y la denunciante en lo referido a la administración de los bienes comunes, a los que refirió. –

Aparece prudente la decisión del juzgador primero de no designar un familiar para el cargo de curador definitivo hasta que no haya resolución definitiva respecto de las denuncias penales formuladas que son objeto de investigación, en atención al tenor de las mismas y dada la compleja y conflictiva situación fáctica que les dio origen, máxime dados los vínculos familiares que unen a las personas involucradas. –

La ley no ordena expresamente el nombramiento como tal del curador provisorio designado, art. 620 inc. 1º del CPCC que sólo establece que ha de continuar en sus funciones hasta que se discierna la tutela definitiva.-

Por otra parte, siendo funciones de la curadora provisoria no sólo la asistencia de la causante sino también de colaboración con el juez, debe instar el desarrollo del proceso, advirtiendo al juzgador cualquier irregularidad, pues precisamente debe velar por el respeto del debido proceso y de los derechos de su asistido. El inventario ordenado, constituye una medida tendiente a resguardar el patrimonio de la causante, que es deber del curador proteger. En consecuencia, no justifica la falta de diligencia de la curadora designada el argumento de que el juez es director del proceso. Y, en virtud del principio de preclusión, tampoco resulta excusa el tardío cuestionamiento que formula la apelante en esta sede a la orden de inscribir la inhibición de bienes en la provincia de La Pampa, que la funcionaria no cumplió. –

Así, en esta porción del recurso tampoco el embate de la quejosa alcanza a conmover los fundamentos brindados por el juzgador primero al decidir sobre el tema (arts. 468 y ss CC, arts. 620 inc. 1º y ccs. CPCC).-

2) Recurso de los apoderados de la actora Dres. J G. Ar y M S M (fs. 1289) y de la Dra. N C G (fs.1288, punto VI).-

Los quejosos se agravian del monto de los honorarios regulados, estimándolos bajos y cuestionando la base regulatoria utilizada, por los fundamentos que exponen.-

Sobre el punto no debe perderse de vista que el presente es un proceso de inhabilitación, y los estipendios fijados sólo lo han sido en relación a la sentencia recaída en el principal y no a las distintas incidencias que corren glosadas en este expediente que corresponden a la administración de los bienes de la causante y/o rendición de cuentas.-

En consecuencia, al respecto resulta aplicable el criterio expuesto por este Tribunal en causa análoga a la presente: «.A partir del trámite habido y de la decisión recaída, se aprecia que las normas fondales que la sustentan -arts.140/2, 144, 147, 152 bis del Libro 1º Sec.1º Tit.10 ‘De los dementes e inhabilitados’; arts.468 y sgts. del Libro 1º Sec.2º tít.13 Cap-1 ‘De la curatela a los incapaces mayores de edad’-, así como de las normas rituales -arts. 618 y sgts. del CPCC a partir del cual se regulan los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación (Tít.II del L IV), prevíendose en los Cáp. I art. 627 2º párr. y cap.II art. 632, la inhabilitación del art. 152 bis del Cód. Civ.-, cabe concluir que deviene aplicable el art. 9 ap.I inc.5 de la ley 8904 -insanía-, el que fija treinta jus para esta clase de juicios, y comprende a la inhabilitación. Tal monto deviene abarcativo del previsto en el inciso anterior en lo que atañe a la curatela también discernida en autos (confr. Hitters-Cairo, «Honorarios.», pág.112 ed.2007). (Expte.N° 818 – CECCOLI, PEDRO FABIÁN S/ INHABILITACION (543) – Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1 -RSD N° 118/11, 6 de Julio de 2011).-

Finalmente, cabe señalar que al haberse permitido en este proceso la tramitación de incidencias relativas a la administración del patrimonio de la causante, no sólo dada la importancia del mismo -precedentemente señalada-, así como la de los gastos necesarios para cubrir las necesidades de la causante -entre los que se encuentran la asistencia de cuidadoras domiciliarias, y tratamientos médicos requeridos por la misma-, el expediente se ha tornado innecesariamente voluminoso -ya consta de seis cuerpos-, dificultando su examen a los fines de la dilucidación de la determinación de la capacidad jurídica de la causante, que es el verdadero objeto de esta causa -a simple vista estimo que las actuaciones en tal sentido no alcanzan siquiera a la mitad de las fojas de este expediente-. Circunstancia ya advertida por la Sra. Asesora de Incapaces en su dictamen de fs. 228 en cuanto manifestara que el proceso se había convertido «.en una discusión de tipo económica o patrimonial.» y que se había perdido su verdadero objeto que es precisamente la determinación de la capacidad jurídica. En virtud de ello, haciendo uso de las facultades conferidas por el art. 36 inc. 2º del CPCC, siendo esta causa de inhabilitación un proceso especial regulado por las normas sustanciales contenidas en los arts. 140 a 152 del Código Civil, así como en la ley Nacional de Salud Mental y en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos integrantes del llamado bloque de constitucionalidad federal (conf. art. 75 inc. 22 de la Const.nacional), que se complementan con las disposiciones del código de forma, y que se organiza con una específica finalidad tuitiva, en resguardo de los intereses y de la persona del presunto incapaz, aspectos en los que se encuentra comprometido el orden público, a fin de asegurar la prestación de un adecuado servicio de justicia y evitar la excesiva morosidad en su tramitación corresponde desde aquí ordenar que en lo sucesivo se forme incidente por separado con todas aquellas actuaciones de orden patrimonial, que refieran a la administración del patrimonio de la causante y/o rendiciones de cuentas. Y se recomienda al juzgador que una vez devuelta esta causa, a tal fin evalúe la conveniencia de ordenar el desglose de las actuaciones de tal índole obrantes en la misma.-

Asimismo y sin perjuicio de lo decidido, en consideración al lapso transcurrido desde que fueran realizadas las pericias e informes producidos en autos, y en atención a la naturaleza del diagnóstico efectuado, deberá disponerse en la instancia de grado -con la debida intervención del Ministerio Público- que se cumpla con las previsiones de la Ley Nacional de Salud Mental, realizándose en la persona de la señora Z.E.S. los exámenes de los facultativos pertinentes (de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 8 de la ley 26.657 y 152 ter del Código Civil) con el objeto de determinar si corresponde mantener las restricciones establecidas en la sentencia de inhabilitación o, en su defecto, si resulta necesario modificar lo previamente resuelto.-

Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión los Sres. Jueces Hugo Alberto LEVATO y Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION el señor Juez Roberto M. DEGLEUE dijo:

De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:

I) Rechazar los recursos interpuestos y confirmar el fallo apelado en lo principal que decide.-

Las costas de Alzada se imponen a la causante (arts. 68, 628 y ccs. CPCC).-

II) MODIFICAR los honorarios regulados por los trabajos realizados en autos en relación a la acción principal, a los letrados patrocinantes de la denunciante Dres. J A y M S M los que se establecen en la suma de ($.), y ($.), respectivamente, y a la Dra. N C G (curadora ad litem y ad bona) los que se establecen en la suma de ($.) (arts. 14/16, 9 cap. I, inc. 5º Ley 8904). –

Por los trabajos en Alzada se establecen los honorarios de los letrados patrocinantes de la denunciante Dres. J A y M S M en las sumas de ($.), y de ($.), respectivamente, y del Dr. En L en la suma de ($.) (art. 31 Ley 8904).-

A todas las sumas precedentemente consignadas habrán de adicionarse aportes de ley (arts. 12 Y 14 Ley 6716 y sus modificatorias) e IVA si correspondiere.-

No corresponde regulación de honorarios a los profesionales intervinientes por los trabajos de Alzada realizados en relación a los recursos que fueran declarados inadmisibles por resultar los mismos inoficiosos (art. 30 ley 8904).-

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión los Sres. Jueces Hugo Alberto LEVATO y Graciela H. SCARAFFIA por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;

S E N T E N C I A:

I) Rechazar los recursos interpuestos y confirmar el fallo apelado en lo principal que decide.-

Las costas de Alzada se imponen a la causante (art. 68, 628 y ccs. CPCC).-

II) MODIFICAR los honorarios regulados por los trabajos realizados en autos en relación a la acción principal, a los letrados patrocinantes de la denunciante Dres. J Ar y M S M los que se establecen en la suma de SIETE MIL PESOS ($7.000), y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.800), respectivamente, y a la Dra. N C G (curadora ad litem y ad bona), los que se establecen en la suma de OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($8.700) (arts. 14/16, 9 cap. I, inc.5º Ley 8904). –

Por los trabajos en Alzada se establecen los honorarios los letrados patrocinantes de la denunciante Dres. J A y M S M en las sumas de MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.750), y de MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.200), respectivamente, y del Dr. E L en la suma de DOS MIL PESOS ($2.000) (art. 31 Ley 8904).-

A todas las sumas precedentemente consignadas habrá de adicionarse aportes de ley (arts. 12 y 14 Ley 6716 y sus modificatorias) e IVA si correspondiere.-

No corresponde regulación de honorarios a los profesionales intervinientes por los trabajos de Alzada realizados en relación a los recursos que fueran declarados inadmisibles por resultar los mismos inoficiosos (art. 30 ley 8904).-

III) Devuélvase mediante oficio de estilo la causa solicitada a fs. 1976.-

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-

Graciela SCARAFFIA –

Presidenta de la Excma. Cámara de

Apelación en lo Civil y Comercial

Dpto. Judicial Pergamino

Hugo Alberto LEVATO –

Juez

Roberto Manuel DEGLEUE

Juez

Stella Maris ALBANI

Secretaria

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