Responsabilidad solidaria entre la empleadora directa y la intermediaria, ante el uso fraudulento de la figura de contrato de trabajo eventual

shutterstock_96276791Partes: Saraza Victor Hugo c/ Siat S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 22-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79663-AR | MJJ79663 | MJJ79663

Responsabilidad solidaria entre la empleadora directa y la empresa de servicios eventuales, ante la utilización fraudulenta de la figura del contrato de trabajo eventual para evadir responsabilidades.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido decidido por la empresa intermediaria, pues ninguna de las codemandadas describió cuáles fueron las tareas eventuales” o a quién y/o quiénes debía cubrir el actor, siendo que tampoco quedaron subsanadas estas omisiones con la presentación del contrato eventual en cuestión, por medio del cual se requerían los servicios del accionante, y en donde debía consignarse el plazo de dicha contratación.

2.-La duración de la causa que diera origen al presunto contrato eventual excedió el plazo previsto en el citado art. 72 de la ley 24.013, puesto que el actor estuvo a disposición de de la empleadora durante tres años en forma ininterrumpida, cumpliendo tareas de soldador, que no eran ajenas al giro comercial de la misma.

3.-Si bien un aumento en la demanda ocasional o un pico de trabajo estacional podrían justificar la contratación de trabajadores eventuales, en el caso la empresa sostuvo en forma genérica que debía satisfacer necesidades extraordinarias”, sin brindar argumentos fehacientes, ni invocar los hechos que motivaron esa eventualidad”, así como tampoco describió cuáles fueron los proveedores o los clientes que incidieron en estas circunstancias.

4.-Si bien el contrato eventual reclama una cierta formalidad, ya que debe ser hecho por escrito, esto no deviene ad solemnitatem, porque resulta además posible que exista un contrato por escrito, y en realidad la actividad no sea efectivamente eventual.

5.-Si el empresario es quien se beneficia por las ganancias de su empresa, también este debe ser quien afronte los riesgos de su propia actividad, ya que no puede trasladar estas circunstancias negativas a la modalidad de contratación de sus empleados, perjudicando a la parte más débil, quien por una cuestión de necesidad económica, está en peores condiciones para discutir los términos del contrato de trabajo.

6.-Cuando de acuerdo con el primer párrafo del art. 29 LCT se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 22.04.13, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Diana Regina Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (313/316), se alzan las parte actora, y la codemandada Siat SA, en los términos de los memoriales que obran a fs. 319/323 y 327/333, con sus respectivas réplicas a fs. 337/340, y 351/357.

El accionante se queja, porque el magistrado de grado anterior tuvo por válido la extinción del vínculo dispuesta por la empresa intermediaria. Manifiesta que estas circunstancias, determinaron el rechazo de las multas de la ley 24013, al considerar que las intimaciones efectuadas para que se regularizara su situación laboral, se efectuaron no estando vigente el vínculo.

Destaca que si la real empleadora era Siat SA, la comunicación extintiva enviada por la intermediaria Le Suivant, no debería generar efectos, ya que en definitiva, no pone fin a la relación laboral mantenida con la primera.

Luego, se siente agraviada porque el juez no incluyó en el monto de condena el salario de marzo del 2010, cuando estuvo a disposición de la empresa usuaria hasta el 26.03.10, fecha en que se consideró injuriado y despedido.

A continuación, cuestiona el rechazo de las vacaciones no gozadas de marzo del 2009. Según entiende, el plazo previsto en el art. 154 de la LCT no se encontraba vencido al momento del distracto. Estima que la ley no impone al trabajador la obligación de avisar al empleador que hará uso de su derecho de gozar de la licencia antes del 31 de mayo, con 45 días de anticipación.De modo que considera, que aunque el cese de la relación laboral se hubiera producido en cualquiera de las dos fechas cuestionadas, el 20 de febrero ó el 26 de marzo, todavía tenía la posibilidad de comunicar que se iba a tomar las vacaciones.

En cuarto lugar, se refiere a la multa del art. 1 de la ley 25323, la que fuera solicitada en forma subsidiaria, puesto que el contrato de trabajo no se encontraba correctamente registrado al momento de la extinción.

Por su parte, la codemandada SIAT SA se queja, porque el magistrado arribó a la conclusión de que ella fue la real empleadora del Sr. Saraza, cuando no se encuentra acreditado en autos que las tareas que efectuaba, carecieran de carácter eventual.

Indica que en el marco de una relación comercial con Le Suivant, su parte le requirió la asignación temporaria de trabajadores, para satisfacer necesidades puntuales y extraordinarias de la empresa, así como para cubrir la ausencia del personal que se encontraba gozando de algún tipo de licencia legal o especial.

Afirma que es un dato transcendental para la causa, que el gremio que representa al actor, la UOM, reconoció ante el Ministerio de Trabajo el carácter eventual de los servicios prestados por los trabajadores registrados por Le Suivant SRL, al suscribir los acuerdos del 8.06.07, 28.08.07, y 6.11.07, en los términos del art. 5 del decreto 1694/06, y los convenios del 13.04.09, 27.08.09, y 20.11.09, de conformidad con lo dispuesto en el art. 223 bis de la LCT.

Describe que Le Suivant SRL, y la UOMRA, convinieron en la aplicación de suspensiones, y un subsidio de $1000, para afrontar los gastos vinculados al inicio de las clases escolares.Todo ello, sin que el gremio hubiera objetado la eventualidad de las tareas prestadas por los dependientes.

Agregó que los pactos de suspensión, se fueron extendiendo hasta el 31.12.09, sin que el actor prestara servicios en las dependencias de SIAT SA, pero percibiendo una asignación no remunerativa.

A continuación, la parte cuestiona la base salarial fijada para calcular las indemnizaciones derivadas del distracto, siendo la correcta la suma de $4014,52.

Luego, apela la multa del art. 2 de la ley 25323, porque según entiende, abonó todas las indemnizaciones en tiempo y forma. Y sin perjuicio de ello, para el supuesto caso de que procedieran las diferencias reclamadas, sostiene se debe calcular el incremento sobre los montos adeudados, y no sobre los abonados oportunamente.

En cuanto a la condena a hacer entrega de los certificados del art. 80 de la LCT, y la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345, manifiesta que únicamente el empleador puede responder, y solo él debe ser reclamado para que cumpla con dicha obligación.

Asimismo, apela la sanción del art. 9 de la ley 25013, entendiendo que en autos no se omitió el abono en tiempo y forma de las indemnizaciones derivadas del distracto, así como tampoco hubo una conducta maliciosa y temeraria por parte de las empresas demandadas.

Por último, recurre los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, y al perito contador, por considerarlos elevados, y el régimen de costas fijado en la instancia anterior. Sumado a ello, solicite la aplicación del tope fijado en la ley 24432.

Previo a resolver, haré un breve relato de los hechos acaecidos en la causa.

En el inicio, el actor señaló que el 16.01.07, ingresó a trabajar en el establecimiento de Siat SA, como operario especializado, realizando tareas de soldador, por intermedio de la empresa de servicios eventuales Le Suivant SRL.

Asimismo, describió que en el 2009, se desencadenó un conflicto colectivo, porque los trabajadores calificados como eventuales, reclamaban a la empresa SIAT SA que los reconociera como dependientes de planta permanente.Agregó que la representación gremial UOM, denunció ante la Delegación Regional de Lanús, Dirección Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Provincia, y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, supuestas maniobras fraudulentas en las que participaban las mencionadas empresas.

Resaltó que finalmente, la autoridad administrativa determinó que los trabajadores que prestaban servicios en la planta de Siat SA, a través de Le Suivant no eran eventuales (fs. 4).

Del intercambio epistolar habido entre las partes surge que el 14 de enero del 2010, la empresa Le Suivant notificó al actor, mediante CD Nro. 047769153, que “teniendo en cuenta que con fecha 13 de enero del año en curso la empresa Siat nos comunicó en forma expresa que a partir del 18 del corriente dejará de contratar el servicio de personal eventual que esta empresa le provee (…) hago saber que en los términos y condiciones previstas por el art. 5 inc. A del decreto 1694/06, se los suspende en sus tareas laborales por el plazo de 45 días corridos…”

Luego, el accionante respondió el 18.01.10, por medio del TLC Nro. 87673802, rechazando por improcedente y mendaz los aspectos comunicados por Le Suivant, y destacando que se encontraba prestando tareas en SIAT SA desde el 16.01.07.

El 22.01.10, Suivant SRL envió el CD 036873800, indicando que, “se suspenden provisionalmente los efectos de la suspensión que le fuera notificada en los términos del decreto 1694/06, por el lapso que dure la conciliación obligatoria (…) en atención a que el 17.01.10 se hallaba gozando de su periodo vacacional, luego de estar afectado en forma previa a un régimen de suspensiones acordado en los términos del art. 223 bis de la LCT, y motivado en circunstancias de hecho que no han variado hasta el presente, le notificamos que ante la imposibilidad de proveerle ocupación efectiva, queda Ud.Liberado de prestar servicios mientras dure la situación arriba indicada, sin afectación alguna de sus ingresos…”.

Ante esta situación, el 28.10.10, el accionante contestó que rechazaba por inexacto e improcedente el comunicado, e intimó “el cumplimiento de la disposición 53/10 del Ministerio de Trabajo” (TCL Nro. 77184155). Finalmente, la codemandada Le Suivant SRL, puso fin al contrato de trabajo, con fecha del 20.02.10 (ver fs. 272).

Sin perjuicio de ello, el 24.02.2010, el Sr. Saraza intimó a SIAT SA, mediante el TCL Nro. 774477872, en los siguientes términos “habiendo fracasado conciliación obligatoria reitero formalmente intimación a registrar contrato de trabajo conforme art. 8 de la ley 24013, mis tareas no son eventuales…” En el mismo día, envió un comunicado a la AFIP (TCL Nro. 74477879), haciéndole saber la intimación efectuada a la empresa, que consideraba su real empleadora, para que diera cumplimiento a lo previsto en la ley de empleo.

Luego, el 2.03.10, SIAT SA negó cada uno de los puntos invocados en el colacionado anterior, y manifestó que “su reclamo resulta contradictorio con la conducta asumida por su representación gremial en las actuaciones administrativas sustancias por ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo marco en forma reiterada se reconoció que su empleador era la empresa Le Suivant SRL…”.

Esta situación conflictiva continuó el 10.03.10, fecha en que el actor respondió el telegrama de SIAT SA, a través del TCL Nro. 78707450, destacando, “no es cierto que mi organización sindical haya reconocido la legalidad de intermediación de Le suivant, por el contrario, denunció que mis tareas no eran eventuales lo que hacía improcedente la contratación a través de la agencia (…) conciliación obligatoria respondió justamente a conflicto por regularización de la misma situación laboral y negativa de Uds. A reconocer en forma debida la misma.Reitero mi anterior en sus términos intimando en plazo perentorio reconozcan y regularicen contrato de trabajo bajo apercibimiento de ley”.

Tras un intenso intercambio telegráfico, el 26.03.10, el Sr. Saraza, se consideró injuriado y despedido (ver copias de telegramas, y oficio del Correo Argentino, que acredita la autenticidad de las mismas, fs. 269/292).

Luego, en el responde SIAT SA (fs. 78/94), practicó negativa ritual, y afirmó que el actor comenzó a prestar tareas eventuales a fin de satisfacer necesidades extraordinarias de l a empresa, siendo su real empleadora la empresa de servicios eventuales Le Suivant SRL.

Destacó que la propia representación gremial del accionante, reconoció en sede administrativa el carácter eventual de las tareas prestadas por los trabajadores registrados por aquélla, al suscribir varios acuerdos de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del decreto 1694/06, y art. 223 bis de la LCT, sin objetar la calificación de los mismos. Por medio de los mismos se establecía un esquema de suspensiones que se fue prorrogando hasta el 31 de diciembre del 2009.Asimismo, agregó que en función de estos convenios, el trabajador no prestó más servicios en SIAT, sin dejar de percibir la asignación no remunerativa.

Posteriormente, sostuvo que el 13.01.10, le comunicó a Le Suivant SRL que no requeriría más el personal de carácter eventual, lo cual motivó que esta última le notificara al Sr. Saraza la suspensión, en los términos del art. 5 del Decreto 1694/06.

Luego, la UOMRA formuló una denuncia ante la seccional Avellaneda por un supuesto conflicto colectivo con la empresa Le Suivant, lo que motivó que se abriera una instancia de conciliación obligatoria. Razón por la cual, dicha empresa informó a sus empleados que se dejaba sin efecto la suspensión, hasta que fuera finalizada la etapa de conciliación.

Relató que ante esta circunstancia, y estando imposibilitado de darle ocupación efectiva al Sr.Saraza, le comunicó que se encontraba liberado de prestar tareas, sin que se afectaran sus salarios, hasta que el 20.02.10, Le Suivant lo despidió sin causa.

Luego, a fs.27/30, se presentó Le Suivant SRL, manifestando que es una empresa de Servicios Eventuales, y que el actor ingresó a trabajar el 16.01.07, en la categoría de operario especializado, para prestar tareas en la usuaria SIAT SA, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 bis de la LCT.

En estas condiciones, corresponde en esta instancia, dilucidar las siguientes incógnitas: a.- ¿se encuentran acreditadas las causas extraordinarias invocadas por ambas codemandadas, que justifican la modalidad de contrato eventual?; en caso de que la respuesta sea negativa; b.- ¿la coaccionada SIAT SA, resultó ser la real empleadora de la actora?; c.- ¿cuándo se produjo la extinción del vínculo?; d.-¿cuál es la base salarial que se debe tener en cuenta a fin de calcular la indemnización derivada del despido?; e.- ¿corresponde hacer lugar al reclamo de vacaciones no gozadas del 2009?; f.- ¿se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24013?; en forma subsidiaria g.- ¿ resulta pertinente el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, h.- ¿corresponde confirmar la condena solidaria a hacer entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la LCT, y la multa contemplada en el art. 45 de la ley 25345?; i.- ¿corresponde mantener la sanción del art.9 de la ley 25013, por conducta temeraria y maliciosa de las coaccionadas?; j.- ¿resultan ajustados a derecho el régimen de costas y las regulaciones de honorarios dispuestos en la instancia anterior?.

En primer término, cabe recordar que las empresas de servicios eventuales, son aquellas entidades cuyo fin consiste en colocar trabajadores a disposición de terceras personas (empresas usuarias), para cumplir en forma temporaria servicios extraordinarios, ya sea que estén determinados de antemano o surjan de exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, siempre que no pueda preverse un plazo para la finalización (conf. art. 2 del decreto 1694/2006).

Esta modalidad de contratación, se encuentra regulada en el 3er párrafo del art. 29 y art. 29 bis de la LCT, y en los arts. 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, así como en el decreto 1694/06, derogatorio del dto. 342/92).

Este último, en el art. 6, establece que antes de la asignación de trabajadores a la empresa usuaria, la agencia de servicios eventuales deberá verificar si la labor efectivamente será eventual.

A tal fin, enumera las eventualidades que justifican este tipo de contrato:para cubrir la ausencia de un trabajador permanente; para cubrir licencias o suspensiones legales o convencionales; excepto para cubrir suspensiones por huelga o fuerza mayor; para atender incrementos en la actividad de la empresa que, en forma ocasional y extraordinaria, requiera de un mayor número de trabajadores; para la organización de congresos, ferias, exposiciones; para la realización de un trabajo impostergable para la prevención de accidentes, por medidas de seguridad, para reparar equipos, instalaciones, edificios, que hagan peligrar a los trabajadores o terceros, “siempre que las tareas no puedan ser realizadas por personal regular de la empresa usuaria”, y finalmente “en general, cuando atendiendo a las necesidades extraordinarias o transitorias hayan de cumplirse tareas ajenas al giro normal y habitual de la empresa usuaria”.

En el responde, la codemandada SIAT SA, afirmó que el actor fue contratado a fin de atender a las exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, y para cubrir a aquellos empleados de planta permanente que se encontraban gozando de alguna licencia legal o especial.

Luego, si bien el contrato eventual reclama una cierta formalidad, ya que debe ser hecho por escrito, esto no deviene ad solemnitatem, porque resulta además posible que exista un contrato por escrito, y en realidad la actividad no sea efectivamente eventual.

Esta circunstancia, surge del art. 72 de la ley 24013, que establece que “deberá estarse a lo siguiente: a) en el contrato se consignará con precisión y claridad la causa que lo justifique; b) la duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder seis meses por año, y hasta un máximo de un año en un periodo de tres años”.

El citado artículo, señala que cuando el trabajador sea contratado para cubrir exigencias extraordinarias, es un requisito la forma escrita (conf. Arts. 69 y 72 ley 24013), ya que es necesario que se le comunique al dependiente estas circunstancias. De no hacerlo, podrían generarse falsas expectativas de permanencia del vínculo (conforme el principio de buena fe en los términos del art.63 de la LCT).

En estas condiciones, por interpretación emergente del art. 90 de la LCT, se presume que el contrato es por tiempo indeterminado. Y el empleador, es quien está a cargo de producir prueba a fin de demostrar la contratación eventual, colocándose en la hipótesis del art. 99 último párrafo.

A la luz de lo mencionado precedentemente, corresponde analizar las testimoniales rendidas en autos.

Por la codemandada SIAT SA, el Sr. Prieto describió que era gerente de relaciones industriales de dicha empresa, que el actor ingresó junto a un grupo de personas que fueron contratadas para construir un gasoducto GNA en el 2007. Aclaró que SIAT SA extingue el vínculo con Le Suivant en enero del 2010. Relató que el gasoducto fue suspendido en el 2007 como obra pública, por lo que SIAT no pudo construir las cañerías para ese gasoducto. Indicó que debido a una petición gremial, se decidió continuar con los empleados de Le Suivant en otras obras menores de GNA, con un esquema de suspensiones por falta de trabajo, pero con un subsidio no remunerativo. Destacó que esto sucedió hasta enero del 2010, cuando se discontinuó el contrato con Le Suivant.

Esta declaración, fue impugnada por el accionante a fs. 230, porque el Sr. Prieto posee un cargo jerárquico dentro de la estructura de la firma codemandada, como gerente de relaciones industriales, y en dicha calidad, sus dichos resultarían parciales.

Al respecto, considero que el hecho de que el Sr. Prieto fuera dependiente de la empresa, y estuviera posicionado en un cargo jerárquico, no invalida sus dichos, puesto que de otro modo, los empleadores perderían la posibilidad de ofrecer testigos.

Este criterio guarda relación con la idea de que, si un mismo factor aqueja a la comunidad de trabajo, y no pudiesen declarar los que se vieron expuestos al mismo, por empleo, los trabajadores tampoco podrían ofrecer los testimonios de sus compañeros de trabajo, ni las empleadoras los de sus subordinados, aún jerárquicos como en el caso.

En ambos casos, la vara es la misma:verificar con mayor estrictez a esta clase de declarantes, teniendo en cuenta la coherencia con los escritos introductorios y la de los testigos de la parte entre sí (en sentido análogo sentencia Nro. 2434, del 2002, dictada como Juez de primera instancia, del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, en autos “Cantero, Francisca c/ Tolosa, Lía Raquel s/ despido”, y SD Nro. 92513, del 19.04.11, dictada en la causa Nro. 24.323/2008, autos “Fernández Weiler Alcira Stella María c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ diferencias de salarios” , del registro de esta Sala). Con estos criterios, serán efectivamente evaluadas las declaraciones de ambas partes.

Por la parte actora, declaró el Sr. Formento (fs. 154/155), quien afirmó haber sido compañero de trabajo del Sr. Saraza en SIAT SA. Relató que él se dedicaba a la inspección, y el actor al embute y amolado de caños. Luego, describió los salarios eran abonados por el personal de Suivant SRL, que justamente se acercaba al establecimiento de SIAT SA. A continuación, indicó que Saraza prestó tareas hasta el 18 de enero del 2010, porque le impidieron entrar, que esto sucedió, porque había un reclamo iniciado por los delegados para que SIAT SA los efectivizara.

Por la misma parte, el Sr. Villa (fs. 158/159), refirió que era delegado gremial metalúrgico de la seccional de Avellaneda, y compañero de trabajo del accionante en SIAT. Destacó que Saraza trabajaba en el sector de producción, específicamente en soldadura, hasta que a principios del 2010, la empresa no lo dejó ingresar a la planta. Describió que en ese momento había un planteo gremial, tanto de la comisión interna de la planta como de la comisión directiva de la seccional A vellaneda de la UOM, a fin de que la empresa efectivizara a los trabajadores. Manifestó que las órdenes de trabajo al actor se las daba la jefatura de SIAT.Aclaró que el reclamo gremial se inicia, porque la empresa no quería reconocer que las tareas que realizaban los trabajadores de Le Suivant eran del giro normal y habitual de la empresa, y que eran las mismas que efectuaban los de la planta permanente.

Ahora bien, observo que todos los declarantes fueron compañeros de trabajo del Sr. Saraza, por lo que pudieron tomar un conocimiento directo de las tareas que aquél hacía, y de la modalidad en las que fue contratado.

En cuanto al Sr. Prieto, propuesto por la demandada, si bien refirió que el accionante fue contratado junto a otros empleados, por intermedio de la agencia de servicios eventuales, para construir un gasoducto en el 2007, lo cierto es que estos datos no fueron invocados por ninguna de las accionadas, y los testigos no pueden suplir las omisiones incurridas por las partes. Es más, tanto SIAT SA como Le Suivant SA manifestaron en forma genérica, que el Sr. Saraza fue contratado a fin de cumplir tareas extraordinarias y eventuales, y para reemplazar empleados que se encontraban tomando una licencia legal o especial.

En definitiva, las empresas omitieron describir cuáles fueron las tareas “eventuales”, o a quién y/o quiénes debía cubrir el actor. Tampoco quedaron subsanadas estas omisiones, con la presentación del contrato eventual en cuestión, por medio del cual se requerían los servicios de Saraza, y en donde debía consignarse el plazo de dicha contratación.

Por otro lado, observo que los deponentes traídos a juicio por el actor, fueron concordantes con los hechos descriptos en el inicio, al afirmar que el Sr. Saraza prestó tareas desde que ingreso al establecimiento de SIAT SA, hasta enero del 2010, fecha en la que no lo dejaron ingresar.Asimismo, manifestaron que la negativa de tareas tuvo como causa un reclamo iniciado por el gremio que los representaba, para que esta última empresa, “efectivizara” a los empleados que estaban registrados por la intermediaria Le Suivant.

Nótese que estos datos, nos permite visualizar cuál era la problemática que se vivía en el establecimiento de SIAT, el malestar general, colectivo que afectaba a todos los empleados contratados en forma eventuale.

Del oficio del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (fs. 200), se advierte que la empresa Le Suivant SRL, ha sido habilitada para funcionar como empresa de servicios eventuales según disposición DNPT Nro. 17/94, del 17.03.94, e inscripta en un registro especial con el legajo Nro. 1205/342, decreto 342/92.

Luego, de la pericial contable (fs. 232/234), surge que SIAT SA registró al Sr. Saraza en una sección especial del libro previsto en el art. 52 de la LCT, con fecha de ingreso 16.01.07. A fs. 243/244, el experto informó que Le Suivant incluyó al actor en la nómina de sus empleados, con fecha de ingreso 16.01.07, en la categoría de especializado. Sin embargo, en cuanto a las tareas, y jornadas laborales que cumplía, la empresa no ofreció ningún tipo de información.

Estimo que resulta curiosa la renuencia de la coaccionada, a brindar datos respecto de los trabajos que realizaba el Sr. Saraza. Puesto que esta información, hubiera permitido esclarecer si el mismo había sido contratado para satisfacer circunstancias eventuales, o de lo contrario, para cumplir tareas normales y habituales al giro comercial de SIAT SA.

De las constancias de autos, surge a fs.186, que el Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Relaciones Federales, remitió las actuaciones administrativas, donde figuran los convenios suscriptos entre Le Suivant SRL, y la UOM, seccional Avellaneda.

Ahora bien, en las mencionadas actuaciones, se advierte que el 8.06.07, la empresa Le Suivant SRL informó a la representación gremial, que “como consecuencia de la profunda crisis que afectó a la empresa usuaria SIAT SA, de resultas de la cual se ha operado una sustancial caída en la demanda de los productos que elabora, y como consecuencia, la supresión de un turno de trabajo, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el inc. a. art. 5 del decreto 1694/07 a suspender el personal allí asignado (…) con posterioridad al 1ero de septiembre del 2006”. Idénticos acuerdos, fueron suscriptos hasta el 20.11.09 (ver sobre que corre por cuerda).

Por otro lado, observo que el experto no pudo analizar el legajo del actor, para verificar si durante las suspensiones acordadas entre el sindicato y la agencia de servicios eventuales, el trabajador continuó o no prestando tareas para SIAT SA en forma ininterrumpida hasta fines de enero del 2010.

Efectuado un profundo análisis de todas las pruebas producidas en autos, en primer lugar, cabe destacar que la demandada no aclaró en el responde cuáles eran las “necesidades extraordinarias” que motivaron la contratación del actor.

Luego, observo que si bien SIAT SA, había registrado en una sección especial del libro del art. 52 de la LCT al Sr. Saraza, con su respectiva fecha de ingreso, no logró demostrar que cumplió con todos los presupuestos del art. 13 del decreto Nro.1694/06. Ello, porque el mismo también exige que la sección particular del libro especial del art. 52, debe contener:”b.- categoría profesional y tareas desarrolladas; c.- fecha de ingreso y egreso; e.- nombre, denominación o razón social, número de CUIT, número de habilitación y domicilio de la empresa de servicios eventuales a través de la cual fue contratado el trabajador.” Aspectos que no fueron probados en el expediente.

Sumado a ello, advierto que la duración de la causa que diera origen a este tipo de contrato, excedió el plazo previsto en el citado art. 72 de la ley 24.013 (seis meses por año, y hasta un año en un periodo de tres años). Puesto que el Sr. Saraza, de acuerdo con la prueba testimonial rendida en autos, estuvo a disposición de SIAT SA durante tres años en forma ininterrumpida, cumpliendo tareas de soldador, que no eran ajenas al giro comercial de la misma, lo que no es determinante, sí en todo caso en su magnitud.

Ahora bien, para un periodo tan largo (3 años) resulta increíble una excepcionalidad justamente en la tarea específica de la empresa.

Si bien un aumento en la demanda ocasional o un pico de trabajo estacional podrían justificar la contratación de trabajadores eventuales, lo cierto es que en la hipótesis de autos, la empresa sostuvo en forma genérica que debía satisfacer “necesidades extraordinarias”, sin brindar argumentos fehacientes, ni invocar los hechos que motivaron esa “eventualidad”, así como tampoco, describió cuáles fueron los proveedores ó los clientes, que incidieron en estas circunstancias.

Ahora bien, respecto de la tercerización, he dicho como juez del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, en la sentencia Nro. 3076, dictada en el 2004, en autos “MARTÍN, FABIÁN ANTONIO C/ LATER CER S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” que “… Es un principio del Derecho del Trabajo por todos conocido que, el hecho de que las partes le atribuyan a la relación una determinada naturaleza, no la convierte en tal, dependiendo por el contrario de la calificación jurídica que se le de, fundada en la realidad de los hechos.”En el caso, ambas partes reconocieron la existencia de una tercerización, en la variante de la eventualidad, la que necesariamente vincula a dos empresas y un trabajador. .”

Asimismo, como juez de Cámara de esta Sala, en la SD Nro. 92598, del 21.06.11, dictada en autos “MINISTERIO DE TRABAJO C/ LA DELICIA FELIPE FORT SA S/SUMARIO”, que “según Simón Andrade, el empresario es “aquella persona natural o jurídica que generalmente es titular de una unidad de producción o servicio, y como tal, éste asume el riesgo principal de la misma, siendo la circunstancia que lo diferencia del ejecutivo” (Diccionario de Economía, de Andrade Simón, Editorial Andrade, tercera edición, 2005, pág. 258).

Por ello, considero que si el empresario es quien se beneficia por las ganancias de su empresa, también este debe ser quien afronte los riesgos de su propia actividad, ya que no puede trasladar estas circunstancias negativas a la modalidad de contratación de sus empleados, perjudicando a la parte más débil, quien por una cuestión de necesidad económica, está en peores condiciones para discutir los términos del contrato de trabajo.”

“Analizando la realidad que nos toca vivir hoy, considero que desde hace varios años se ha abusado de la contratación de personal proporcionado por las agencias de servicios eventuales, para realizar trabajos que realmente no revisten la calidad de tales.”

“Ciertamente, muchas veces las empresas utilizan esta modalidad, ya que les genera muchos beneficios económicos y logran evitar, de manera fraudulenta, la incorporación de los trabajadores a la nómina de empleados permanentes, contratándolos a través de una intermediaria agencia de servicios eventuales, sirviendo inclusive el mecanismo, como un método de prueba de personal, o testeo, encubierto.”

“Luego, los perjudicados son los trabajadores eventuales, que generalmente desconocen sus derechos y la magnitud de este engaño.Y en su mayoría, se anotician del fraude una vez que fueron despedidos.”

“El Decreto 1694/06 permite este tipo de contrato, si se cumplen ciertos requisitos de habilitación y un plazo máximo para brindar tareas, que no puede exceder los seis meses durante un año, o bien un año en un período de tres años.

“Sin embargo, al confrontarnos con la realidad, vemos que las usuarias, muchas veces, siguen utilizando esta figura, en forma excesiva y sin cumplir con las obligaciones exigidas por las normas legales.”

Analizadas todas estas cuestiones, arribo a la conclusión de que desde que el actor comenzó a prestar tareas para SIAT SA, por intermedio de Le Suivant SRL (16.01.07) no existía la invocada eventualidad.

Es más, la codemandada Siat SA no invocó y menos aún demostró que la calidad y la cantidad en el incremento de la demanda fuera extraordinaria y/ o eventual. Al contrario, estimo que de las declaraciones testimoniales surge claramente que Saraza fue contratado para cumplir tareas normales durante los tres años de la relación laboral, y que nada tenía que ver los aumentos o bajas en la comercialización de la empresa.

Ahora, más allá de que la agencia de servicios eventuales, estaba habilitada legalmente, ambas empresas utilizaron al trabajador en forma fraudulenta, de modo que tanto una como la otra resultando ser “el empleador”.

Todo ello, surge del art. 29 de la LCT, que tiene como fin impedir la interposición de persona fraudulenta, de la siguiente manera: “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”.

Luego, el art.29 bis de la LCT, dispone que “el empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término.”.

En resumen, dado que las codemandadas no lograron probar que el actor fue asignado para cubrir las exigencias eventuales del mercado, considero que se trató de un contrato por tiempo indeterminado, desde el comienzo (conf. arts. 90 y 27 de la ley 24013, 14, y 29 de la ley 20.744).

Esta relación, que SIAT SA pretendía desconocer, y a la que en todo caso se consideraba ajena, no podía en modo alguno ser ignorada, a la luz de lo normado por los artículos 26, 29, y 136 de la LCT.

Porque, precisamente estas obligaciones que la parte ignora, lisa y llanamente tienen dos caras. La una, es la de la verificación del cumplimiento de la normativa, que implicaba el control desde los registros de la co-demandada del pago al trabajador de lo que correspondía, de la retención e ingreso de aportes, de la inscripción en una ART, del correcto encuadre convencional, de la satisfacción de horas extras y demás. La otra, que para la hipótesis de verificar irregularidades, debía cumplir en su lugar y luego repetir de la co-demandada, efectuando en su caso las denuncias pertinentes, si deseaba excepcionar la responsabilidad que, como regla, le impone la ley de contratos.

Es que, para el derecho del trabajo, así como para el derecho fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que Siat SA se benefició con la prestación del trabajador, razón por la cual esta actuó como empleadora, en los términos del artículo 26 de la LCT y por ende, del artículo 29 del mismo cuerpo legal.Considero que puede resultar tal vez criticable la política legislativa, que pusiera en cabeza de las cedentes el control de las obligaciones que en esta “triangulación” del vínculo participan, porque se compadece poco con las estrategias de mercado. Ello en razón de que, si las usuarias recrudecen sus propios controles en relación con el cumplimiento de todas las cargas sociales, laborales y previsionales, corren el riesgo de un encarecimiento del servicio.

Pero, cuál sea la solución a este dilema moral y económico, en donde las reglas del mercado parecen compadecerse poco con un planteo ético, lo cierto es que hoy por hoy, el control está en cabeza de la empleadora, mal llamada “principal”, del cumplimiento de las obligaciones recíprocas.

Finalmente, sobre la idea del empleador múltiple, y la eliminación de cualquier concepto de accesoriedad, toda duda resulta despejada ya no sólo por los aludidos artículos 5 y 26 de la LCT, sino por el artículo 136 referido específicamente a la hipótesis del artículo 29 (así como del artículo 30), cuando en alusión a este “principal”, lo denomina “empleador”, de lo que se deriva que el intermediario también es su empleador secundario, o confusamente llamado accesorio (bueno también es de destacar, que muchas veces llamamos principal al que contrata originariamente al trabajador -el tercero- y lo destina a trabajar para el tercerista, invirtiendo la ecuación principal/accesorio).

En efecto, si tenemos presente la lógica que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, en la que sabiamente el legislador originario recogiera el dato de la realidad de que, para el trabajador su empleador es uno solo, aunque se presente en forma múltiple (y aún en diferentes lugares, toda vez que el establecimiento no está constituido necesariamente por un espacio físico). Ella misma nos lleva a comprender la inteligencia que entraña el artículo 29:la de la imposibilidad de distinguir entre empleador principal y accesorio, en el sentido que a estos términos les otorga el Código Civil, puesto que ambos tienen obligaciones “directas” para con el trabajador y “cruzadas” (o de control, que derivan en la obligación de cumplir cuando el otro no cumple, lo que no se podría conocer sin ese “control”).

Lo que puede ser accesorio, es la actividad nunca el empleador, bajo la óptica de los mandatos legales referidos

Esto demuestra una abrumadora cosmovisión de la Ley de Contrato de Trabajo desde una teoría completamente descaminada, porque la misma ley provee las herramientas para comprender los alcances, en el caso concreto del artículo 29, y 29 bis del modo correcto y sin necesidad de recurrir a otro cuerpo normativo: ambas empresas constituyen el empleador, y son solidarias, responsabilidad que se excepciona solo cuando acreditan haber cumplido con las obligaciones a su cargo.

Por eso, nada como los gráficos que nos permiten poner en blanco y negro los conceptos, a fin de evitar confusiones. Según la redacción de los invocados artículos 29, 29 bis, y 136 de la LCT, el esquema es el siguiente:

Destaco que he utilizado la variedad de denominaciones señaladas por la ley, las que deben unificarse en la lógica reseñada ut supra, que anula la idea de principal y accesorio.

En este triángulo, se verifican dos clases de vínculos y tres relaciones: un vínculo comercial entre A y B, y dos relaciones laborales: entre A y T, y entre B y T.

La pregunta es si las obligaciones generadas por estos vínculos laborales son independientes entre sí, y la respuesta es que no.Porque, precisamente, la solidaridad que funciona como regla y no como excepción, juega automáticamente a menos que A demuestre haber cumplido con las obligaciones a su cargo (lo cual no constituye accesoriedad”, sino “condicionalidad”); de ello se deriva que tiene el peso del onus probandi, y que si no cumple, o demuestra la satisfacción de las obligaciones, debe responder.

En razón de todo lo expuesto hasta aquí, corresponde confirmar la condena solidaria de SIAT SA.

Resuelta esta cuestión, determinaré cuándo se produjo el distracto de la relación laboral.

Teniendo en cuenta que ambas empresas resultaron ser “el empleador” del actor, el despido dispuesto por una sola, Le Suivant SRL, careció de efectos, puesto que el vínculo laboral se mantuvo vigente mientras Saraza continuaba prestando tareas para la otra, SIAT SA.

En estas condiciones, estimo que estamos frente a un despido indirecto, ocurrido el 26.03.10, mediante los TCLs Nros. 3831096, y 38313105.

Ahora bien, dado que las irregularidades denunciadas por el actor resultaron corroboradas con la prueba producida en el expediente, corresponde confirmar las indemnizaciones derivadas del distracto.

De este modo, también resulta pertinente el reclamo del haber de marzo del 2010, ya que hasta ese momento, el accionante se encontraba a disposición de su empleadora, a la cual le reclamaba la regularización de su situación laboral, demostrando su verdadera intención de que el vínculo se mantuviera vigente.

Luego, estando frente a un contrato registrado en forma deficiente, corresponde hacer lugar las multas de los arts. 8 y 15 de la ley 24013.

Del intercambio epistolar surge, que el Sr. Saraza intimó a SIAT SA, en forma reiterada, desde enero hasta marzo del 2010, para que lo registrara como empleado dependiente, consignando los verdaderos datos de la relación laboral. Sin embargo, estos reclamos fueron rechazados.

Al respecto, agrego que si bien, la demandada Le Suivant SRL había registrado la relación laboral en un principio, en definitiva fue la empresa SIAT SA quien utilizó la prestación del trabajador, y por lo tanto, ambas resultaron ser “el empleador” (conf. arts.29, primer párrafo, y 26 de la LCT), lo cual lleva a concluir que el registro no ha sido correcto, porque en realidad estamos en presencia de un empleador plural (art. 26 LCT).

Este caso es similar al criterio que ha sido ratificado por esta Cámara, en pleno, al dictar el Plenario Nº 323 de fecha 30/6/10, in re “Vázquez, María Laura c/Telefónica de Argentina SA y otro s/Diferencias de salarios”. El cual establece que, “cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 LCT se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que tengo dicho que el art. 303 del CPCCN resulta inconstitucional, toda vez que viola la independencia judicial, solo atada a la aplicación del derecho dictado por sus autoridades naturales con respecto a la Constitución Nacional, lo que no impide que adhiera a su doctrina. Por lo tanto, propongo hacer lugar a las multas de la ley nacional de empleo.

Este criterio es el mismo que tuviera la suscripta, cuando fuera Juez de Primera Instancia, en la sentencia Nro. 1.842, dictada el 19 de agosto del 2.003, en autos “Ramírez, María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido”, debiendo entenderse, como lo anticipara, que rige el criterio del art. 26 de la LCT, para así concluir que no existe un empleado principal y uno accesorio, sino uno plural.

Por idénticos fundamentos, habiéndose acreditado en autos que tanto SIAT SA como Le Suivant SRL actuaron como “el empleador” del actor, resulta pertinente la condena en forma solidaria a hacer entrega de los certificados de trabajo del art. 80 de la LCT, y a abonar la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345.De modo que, propongo mantener en este punto, lo decidido en el grado anterior.

Ahora bien, SIAT SA se queja porque el sentenciante tomó base de cálculo de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 245 de la LCT, el salario de mayo del 2009, el cual ascendía a la suma de 4880,59, indicando que “existen datos objetivos en la causa que permiten sostener que la mejor remuneración normal y habitual percibida por Saraza era de $4014,52”. Sin embargo, no específica como arriba a dicho monto, ni de donde surgen los supuestos “datos objetivos”. Por consiguiente, corresponde desestimar este aspecto del fallo apelado.

Luego, el actor apela el rechazo de las vacaciones no gozadas del 2009.

Al respecto, observo que del telegrama enviado por Le Suivant SRL al Sr. Saraza el 22.01.10, surge que el mismo se encontraba “gozando de vacaciones al 17.01.10” (ver fs. 273). Luego, este hecho no fue expresamente cuestionado por falso en la carta documento enviada el 26.01.10 (ver fs. 270). Por consiguiente, considero que el propio trabajador consintió en el intercambio epistolar, ya que había gozado de sus vacaciones del 2009, resultando improcedente el reclamo efectuado al respecto.

Ahora, el artículo 2 de la ley 25.323, tiende a resarcir daños distintos e independientes de la cesantía en sí, ya que busca indemnizar los perjuicios que sufre el trabajador, como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas por la LCT y por la ley 24013. Esto es que pretende que el acreedor laboral sea satisfecho de modo inmediato, en atención al carácter alimentario de sus créditos, sin tener que padecer la pérdida de tiempo y los mayores gastos que implica el inicio de un proceso administrativo o judicial.

En este caso observo que la demandada abonó la liquidación final, pero en forma parcial, tal como lo manifestara el magistrado de primera instancia.Luego, considero que la reparación debe ser integral, y no limitada, pues los mismos perjuicios le ocasiona al actor, tener que reclamar por una diferencia salarial, que por el total de la indemnización. Ya que no habiendo obtenido una respuesta satisfactoria a sus intimaciones, tuvo que iniciar la presente acción (de la misma que lo hubiera iniciado por el todo), a fin de cobrar las sumas reclamadas. En consecuencia, corresponde confirmar el agravamiento en cuestión.

Ahora, en cuanto a los agravios vertidos por la demandada, respecto de la procedencia del agravamiento indemnizatorio del art. 9 de la ley 25013, cabe recordar que la citada norma dispone que “En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la Ley 20.744”.

En este caso, como lo he dicho párrafos anteriores, se configuró una intermediación fraudulenta, a fin de que SIAT SA eludiera las obligaciones patronales y con los sistemas de la seguridad social. Luego, el actor reclamó para que se regularizara su situación laboral, sin obtener una respuesta satisfactoria, por lo que se consideró injuriado y despedido. Estimo que la conducta asumida por ambas demandadas, que motivaron el inicio de la presente resultó temeraria y maliciosa, por lo que propicio la confirmatoria de la sanción

En razón de todo lo expuesto, propongo modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, y aumentar el monto de condena a la suma de $62433,69 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres, con sesenta y nueve centavos), a la que se arribó de la siguiente manera:

-[Suma determinada en la instancia anterior $21.335,91 (con deducción de $21180, que fuera previamente depositado por la demandada)].

-Días trabajados de marzo del 2010 e integración mes de distracto: $ 1985,41

-Sac s/punto anterior:$165,45

-Multa art. 8 de la ley 24013:$20350,35

-Multa art.15 de la ley 24013:$18596,57

Dicho Monto deberá ser depositado en autos, en el plazo, y con más los intereses determinados en grado, que llegaron firmes a esta instancia.

Ante el nuevo resultado del litigio, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin las regulaciones de honorarios. Sin embargo, propongo mantener el régimen de costas determinado, el que en mi consideración resulta ajustado a derecho.

En atención al mérito y extensión de los trabajos realizados en la primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, y de las codemandadas Le Suivant SRL y SIAT SA, y los del perito contador en los respectivos porcentajes del 16% (dieciséis por ciento), 12% (doce por ciento), 12% (doce por ciento), y 8 (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena más los intereses (arts. 38 y 40 de la ley 18.345; 3, 6 y concs. del decreto-ley 16.638/57, 6, 7, 8, 9, 19 y concs. de la L.A., y ley 21839).

En cuanto a las costas de esta alzada, por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a la demandada SIAT SA vencida (art. 68 del CPCCN).

Asimismo, propongo regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada SIAT SA en el 35% (treinta y cinco por ciento), y 25% (veinticinco por ciento), de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en grado.

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27.9.93, en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A.s/ recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Por ello, propicio: I.- Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, y elevar el monto de condena a la suma de $62.433,69 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres, con sesenta y nueve centavos), que deberá ser depositada en autos, en el plazo, y con más los intereses determinados en grado, que llegan firmes a esta instancia; II.- Mantener las costas de primera instancia, e imponer las de alzada a la demandada vencida SIAT SA; III.- Regular los honorarios de primera instancia a la representación letrada de las partes actora, y de las codemandadas Le Suivant SRL y SIAT SA, y al perito contador en los respectivos porcentajes del 16% (dieciséis por ciento), 12% (doce por ciento), 12% (doce por ciento), y 8 (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena más los intereses; IV.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada SIAT SA, en el 35% (treinta y cinco por ciento), y 25% (veinticinco por ciento), de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en grado; V.- En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El Doctor Víctor A. Pesino dijo:

Adhiero al voto que antecede, por compartir sus fundamentos.Sin embargo, disiento de la solución propuesta por mi colega preopinante en cuanto al monto en que debe prosperar la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25323, pues considero que esta reparación debe calcularse sobre la base de las diferencias entre lo que la demandada abonó y lo que debía pagar.

Ahora bien, visto que el criterio mayoritario de esta Sala en su actual composición, es el señalado por la Dra. Cañal, he de adherir a su propuesta por una elemental razón de economía procesal.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, y elevar el monto de condena a la suma de $62.433,69 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres, con sesenta y nueve centavos), que deberá ser depositada en autos, en el plazo, y con más los intereses determinados en grado, que llegan firmes a esta instancia; II.- Mantener las costas de primera instancia, e imponer las de alzada a la demandada vencida SIAT SA; III.- Regular los honorarios de primera instancia a la representación letrada de las partes actora, y de las codemandadas Le Suivant SRL y SIAT SA, y al perito contador en los respectivos porcentajes del 16% (dieciséis por ciento), 12% (doce por ciento), 12% (doce por ciento), y 8 (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena más los intereses; IV.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada SIAT SA, en el 35% (treinta y cinco por ciento), y 25% (veinticinco por ciento), de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en grado; V.- En caso de tratarse de responsables inscriptos, debe rá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Víctor A. Pesino – Juez de Cámara

Diana Regina Cañal – Juez de Cámara

Ante mí: Stella Maris Nieva – Prosecretaria

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