La prueba es lo importante: El recibo original firmado por el trabajador es el único medio idóneo para instrumentar el pago de sus vacaciones

recibo de sueldoPartes: Godoy Carlos Héctor c/ Adead Administradora de Archivos S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 6-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-122358-AR | MJJ122358 | MJJ122358

El recibo firmado por el trabajador es el único medio idóneo para instrumentar los pagos realizados por el empleador.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución que tuvo por abonadas las vacaciones del año 2012 al actor, pues conforme lo dispone el art. 138 LCT, el recibo firmado por el trabajador es el único medio idóneo para instrumentar los pagos realizados a éste, y la fotocopia de recibo acompañada en la pericia contable, resulta insuficiente a los fines de tener por acreditado el pago del período en cuestión, porque su original no fue ofrecido como prueba.

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2.-Corresponde confirmar la resolución que no consideró acreditada la categoría del actor como líder operativo, pues el valor y fuerza probatoria de un testimonio depende de que su análisis integral, realizado conforme los principios de la sana crítica, autorice a formar convicción sobre los hechos que interesan al proceso y los testimonios en los que el apelante basa sus agravios no lucen precisos, categóricos o convictivos ni resultan suficientes como para probar la registración defectuosa.

3.-Corresponde confirmar la procedencia de la multa establecida en el art. 45 de la Ley 25.345, pues la ‘puesta a disposición’ de los certificados en cuestión como argumento para evitar la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo no es suficiente a fin de tener por cumplida la obligación de su entrega, siendo así porque el deudor si pretendía quedar desobligado la Ley le acuerda distintos mecanismos legales (la consignación judicial) de los que puede valerse para el cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo.

Fallo:

Buenos Aires, 06/12/19

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

I.- Vienen estos autos a la alzada con motivo de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 176/179 interpusieron el actor a tenor del memorial obrante a fs. 183/185 -el cual no mereció réplica de la contraria- y la demandada el memorial obrante a fs. 187/188 que fue replicado a fs. 191/193 por la actora. Asimismo la perito contadora apela la regulación de sus honorarios en dicha resolución por considerarlos bajos.-

II.- La actora se agravia (punto I de la apelación) porque considera que la magistrada de grado cometió un error al tener por abonadas las vacaciones del año 2012 al actor, adelanto que, por mi intermedio, el reclamo ha de prosperar.- Conforme lo dispone el art. 138 LCT, el recibo firmado por el trabajador es el único medio idóneo para instrumentar los pagos realizados a éste, el que deberá ajustarse en su forma y contenido a las disposiciones de los arts. 139 y 140 del mismo cuerpo legal. En su defecto, la constancia emitida por la autoridad bancaria (conf. arts. 124 y 125 LCT).- En este sentido, la fotocopia de recibo acompañada en la pericia contable (ver fs.

121), resulta insuficiente a los fines de tener por acreditado el pago del período en cuestión, porque su original no fue ofrecido como prueba (ver fs. 58).- Por ello, de prosperar mi voto, sugiero diferir a condena la suma de $5.130,88 ($9.162,30/25×14) por el concepto referido.-

III.- La parte actora se agravia también por no considerar acreditada la categoría del actor como líder operativo, al respecto, adelanto que, luego de analizar las testimoniales aportadas a la causa, arribo a idéntica conclusión que la magistrada de grado (conf.art 90 LO y 386 CPCCN).-

En efecto, esta Sala ya ha expresado en diversas oportunidades que el valor y fuerza probatoria de un testimonio depende de que su análisis integral, realizado conforme los principios de la sana crítica, autorice a formar convicción sobre los hechos que interesan al proceso y -a mi ver- los testimonios en los que el apelante basa sus agravios (correctamente resumidos en el fallo de grado) no lucen precisos, categóricos o convictivos ni resultan suficientes como para probar la registración defectuosa por lo que no encuentro elementos que respalden la pretensión de obtener que se modifique la conclusión a la que se arribó en el pronunciamiento apelado. Obsérvese que pese a los esfuerzos del apelante de la lectura de los testimonios referidos se desprende que los deponentes fueron imprecisos y contradictorios al referirse a los cargos que el actor ocupaba -“encargado” (fs. 135, declaración del testigo Vega) .”supervisor”.”líder operativo”.”que el actor tenía un líder operativo” (fs. 137, declaración del testigo Núñez, contradictoria incluso en sí misma)- y también respecto de la falta de especificidad de tareas. Estos dichos, a la luz de las concordantes declaraciones de los testigos propuestos por la demandada (fs. 150/151 y 152) que son claros en explicar que el líder operativo era Martín Barich Polqui, y al relatar, a pedido de la actora, la testigo Britos, las tareas de éste, no concuerdan con ninguna de las que se pudieren extraer de las declaraciones en conjunto que el actor prestaba.- En suma, por las consideraciones que anteceden estimo que la señor a juez a quo efectuó un análisis correcto sobre las declaraciones testimoniales al establecer que el recurrente no pudo demostrar que la demandada incurriera en una registración defectuosa.-

IV.- Con respecto al agravio vertido por la demandada por hacer lugar a la multa establecida en el art.45 de la ley 25345, adelanto que, por mi intermedio, el reclamo no ha de prosperar.- En efecto, la “puesta a disposición” de los certificados en cuestión como argumento para evitar la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo no será admitido porque reiteradamente he sostenido que la puesta a disposición de los correspondientes certificados de trabajos y de aportes previsionales no es suficiente a fin de tener por cumplida la obligación de su entrega. Ello es así porque el deudor -en el caso la demandada- si pretendía quedar desobligado la ley le acuerda distintos mecanismos legales (la consignación judicial) de los que puede valerse para el cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo. Por ende en el eventual supuesto que el actor no concurriera a retirarlos o se hubiese negado a recibir los instrumentos en cuestión hubiera podido consignarlos judicialmente a fin de cumplir con su obligación y eximirse de toda responsabilidad. En este aspecto, sugiero confirmar la sentencia apelada.-

V.- No obstante la modificación del monto de condena cabe mantener lo decidido por la magistrada a quo sobre las costas del proceso dado que corresponde aplicar el principio previsto en el artículo 68 del CPCCN. En cuanto a los honorarios asignados a los profesionales intervinientes a pesar de la apelación interpuesta a fs. 181 por el perito contador cabe mantenerlo pues en atención al mérito, extensión de las tareas realizadas y pautas arancelarias vigentes, lucen a mi ver equitativos. ( conf. art 279 CPCCN)

VI.-.Sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada en esta etapa en el (%) y (%) de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia.-

VII.- En definitiva, y por las razones expuestas, de prosperar mi voto sugiero:1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $32.617,78 PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 78/100; 2) Confirmarla en todo lo demás que fuera materia de recurso y agravios; 3) Regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada en esta etapa en el (%) y (%) de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. LEONARDO J. AMBESI no vota (art. 125 L.O.) Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $32.617,78 PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 78/100; 2) Confirmarla en todo lo demás que fuera materia de recurso y agravios; 3) Regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada en esta etapa en el (%) y (%) de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas efectuadas en la anterior instancia. Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.-

ANTE MI:

DGQ