La avaricia rompe el saco: Denunciante de herencia vacante pierde su derecho de recompensa porque no instó tal pedido en la esfera de la Administración

herederosPartes: Asorey Sara Elisa s/ sucesión vacante

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 17-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-122861-AR | MJJ122861 | MJJ122861

Se revoca el derecho de recompensa a favor del denunciante de una herencia vacante, porque no instó tal pedido en la esfera de la Administración.

Sumario:
1.-La determinación de la recompensa por la denuncia de una herencia vacante prevista por el art. 7 de la Ley 52 de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, en tanto se trata de un acto administrativo, propio de su esfera de actuación, con lo cual, sin perjuicio de la denuncia presentada en sede judicial, el denunciante para tener derecho a la recompensa debe iniciar el trámite administrativo.

Fallo:

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Por resolución de fs.325 -apartado II-, mantenida a fs. 352/353, la Sra. Juez «a quo», establece en favor de la sucesión de doña María Rosa Roca, en concepto de recompensa, la suma correspondiente al 10% de la suma total del producido de la venta del único bien que integrara el acervo de la herencia vacante (descontadas las deudas consignadas a fs.273, pto.2), en orden a lo normado por el artículo 7° de la ley 52 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y haciendo mérito del estado del proceso, dado que fue la nombrada, quién en vida, denunciara en autos la vacancia de la herencia de la causante.

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II. Disconforme, deduce a fs.342/344 recurso de apelación subsidiario la Curadora de los bienes designada por la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fundando sus agravios en tal presentación, los que son replicados a fs.350/351 por los herederos de la acreedora que promoviera el proceso sucesorio.

III.En lo que importa al caso de autos, la ley aplicable (Ley 52 CABA), establece que «Cuando una sucesión sea reputada vacante, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Procurador o Procuradora General de la Ciudad debe designar curador o curadora de la herencia a uno o más abogados/as que sean integrantes del organismo a su cargo, sin perjuicio de la intervención que compete al Ministerio Público» (art.1°). A su vez, dispone que «Se considera denunciante a toda persona de existencia visible o jurídica que, sin obligación legal, haga saber a la Procuración General de la Ciudad la existencia de bienes o valores vacantes de los cuales ésta no tenga conocimiento.» (art.3°).

El artículo 4° prevé que la denuncia de herencias vacantes debe formularse por escrito y dirigirse al Procurador o Procuradora General, con la firma del o de la denunciante y debe contener los siguientes datos: a) nombre y apellido, profesión, domicilio real y legal del o de la denunciante; b) nombre, apellido, estado civil, último domicilio real del o de la fallecido/a, fecha y lugar del deceso y; c) naturaleza de los bienes, circunstancias que acrediten y su ubicación y monto y demás elementos que permitan formar criterio acerca de la eficacia de la acción que pudiera iniciarse.

Seguido, el artículo 5°, indica que al escrito de denuncia se le debe poner cargo con fecha y hora de recepción en la Mesa de Entradas de la Procuración General, la que debe asentarse en un libro especial, foliado y rubricado, formándose un expediente; y que se debe dejar constancia además si se ha recibido otra denuncia del mismo caso e indicar el número de orden que corresponda, pues en el supuesto de que concurran varias denuncias sobre el mismo caso, la primera excluye a las demás, debiendo éstas permanecer reservadas a resultas de la resolución que recaiga sobre la primera.

Luego, el artículo 6°, determina que:»Para que traiga aparejado en favor de los denunciantes el beneficio que la ley le acuerda éstos deben cumplir con las siguientes condiciones: a) dentro de los quince (15) días de serle requerido acompañar partida de defunción del causante o, en su defecto, dar indicación precisa de la Oficina del Registro Civil donde se hallare. Este plazo puede ampliarse en treinta (30) días si él o la causante ha fallecido en el extranjero; b) en el mismo plazo a contar desde su requerimiento debe depositar en la cuenta de la Procuración General la suma necesaria para cubrir los gastos de publicación de edictos, la que se reintegra al liquidársele la participación de ley».

El artículo 7° de la ley reza: «La Ciudad de Buenos Aires reconoce al denunciante el diez por ciento (10%) del valor líquido de los bienes denunciados. Para determinar el valor deben descontarse las deudas y cargas de la sucesión y los gastos causídicos. Si la incorporación de los bienes a la Ciudad se produjera en especie, a los efectos de esta participación, la misma debe determinarse sobre el valor que resulte de la tasación realizada en sede judicial».

El artículo 12 fija el plazo de sesenta (60) días desde la reputación de vacancia para que la Secretaría de Educación se expida sobre el destino directo de utilidad pública que pueda recibir algunos de los bienes que componen la herencia vacante. El mentado artículo determina que -para el caso que no proceda el destino de utilidad pública- «.los bienes que componen la herencia deben ser enajenados en público remate a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de ciento ochenta días (180) corridos contados desde la reputación de vacancia.El producido de los bienes subastados debe incorporarse al fondo creado en el artículo siguiente, una vez pagadas las deudas del causante, deducidos los gastos causídicos y en su caso, pagada la comisión que corresponda al denunciante», fondo que, de acuerdo al artículo 13, es de afectación específica de la Secretaría de Educación para gastos en inversión.

Por su parte, el decreto 2760/98 reglamenta la ley 52. A tal fin, fija los plazos en que debe llevarse a cabo el proceso de incorporación de las herencias vacantes al patrimonio de la Ciudad. Es así que el art. 1° establece el término de quince (15) días contados desde que el denunciante cumple con las imposiciones del art.6° de la ley (presentar partida de defunción y depositar el precio de los edictos) para proceder a la apertura de la sucesión. El art. 4° del decreto dispone que «Reputada como vacante la herencia, el Procurador General y/o funcionario que posea las facultades delegadas, deberá poner en conocimiento de la Secretaría de Educación tal circunstancia, a los fines que ésta se expida dentro del plazo establecido por el art.12 de la ley, si el o los bienes que conforman el acervo hereditario pueden recibir destino directo de utilidad pública; ello, sin perjuicio de comunicar el detalle de los inmuebles que pudieran integrar el acervo, en forma previa, a la Dirección General de Administración de Bienes.».

Por su lado, el art.6° de la reglamentación señala que «Una vez vencido el plazo de publicación de edictos, se deberá requerir la reputación de vacancia (art.3539 CC) y que se declare definitivo el inventario realizado.Para el caso que el bien deba ser subastado, se llevará a cabo ello por medio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.».

Además, el art.10 de la norma determina que «Producida la subasta del bien, las sumas líquidas y realizables que se encuentren depositadas en el proceso sucesorio serán giradas a la Secretaría de Educación a la cuenta «Fondo Educativo Permanente» en los términos del art.13 de la ley, previa deducción de los gastos efectuados durante el proceso sucesorio que serán transferidos a la cuenta «Gastos Herencias Vacantes» de acuerdo a lo establecido en el art.11 de la ley y de las comisiones que dispone el art.7° de la misma». El art.17 del decreto reglamentario establece que «El funcionario responsable del registro deberá verificar el cumplimiento del plazo de subasta previsto en el art. 12 de la ley 52. Transcurridos los ciento ochenta días fijados en la norma, sin que se haya subastado, deberá poner en conocimiento de la situación al Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá informar las razones que imposibilitaron la enajenación en término y arbitrará los medios para fijar una nueva fecha de subasta definitiva. Paralelamente, se procederá a la inspección del bien, verificando su estado actual y si permanece desocupado.».

La resolución conjunta adoptada por la Secretaría de Educación, la Procuración General y la Escribanía General de la CABA (Resol. n°365/2003), que reemplazó a la n°63/2003, dispuso en el art.40 que «Todos los plazos previstos en la presente resolución se encuentran supeditados a la existencia de causas conexas que impidan el normal desarrollo del expediente sucesorio, debiendo la Procuración, en tales casos, continuar el proceso hasta la toma de posesión, como mínimo, y cumplimentar todas aquellas actuaciones que permitan impulsar el procedimiento sucesorio hasta la subasta».

IV.De las normas transcriptas, claramente se desprende que la determinación de la recompensa prevista por el artículo 7 de la ley local corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, en tanto se trata de un acto administrativo, propio de su esfera de actuación. Repárese en que constituye una declaración unilateral de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa que regla el decreto n° 2760/98 y regula la resolución n°365/2003, que produce efectos jurídicos directos sobre los particulares, al trascender el plano interno de aquélla. A ello que cabe agregar que tal determinación es formalizada, pues se produce luego del desarrollo de un procedimiento expresamente reglado en la ley local y no por la libre determinación del órgano; y que los preceptos legales locales no contradicen lo normado por la ley de fondo (arts.2441 al 2443, Cód. Civil y Comercial), ni de la ley adjetiva (arts.733 al 735, CPCCN).

Desde tal piso de marcha, los postulados que ensaya la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires merecen atención, en tanto la estipulación del premio o comisión que el art.7° de la ley 52 de CABA reconoce al denunciante de la herencia vacante, debe ser fijado por el GCBA. En efecto, sin perjuicio de la denuncia presentada en sede judicial, el denunciante para tener derecho a la recompensa debe iniciar el trámite administrativo. Ambos procedimientos son independientes («Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético», 2da. edición actualizada y aumentada, Jorge H.Alterini Director General, Tomo XII, pág.573).

Claro está que, en caso de que el denunciante reclame por vía administrativa el pago de la recompensa y no obtenga respuesta satisfactoria, puede ocurrir ante la jurisdicción competente para la revisión de los actos de jurisdicción administrativa emanados del GCBA, a fin de que se fije una suma en tal concepto a su favor, que comprenda a su denuncia administrativa, la gestión efectuada y cubra los gastos en que hubiere incurrido a fin de realizar la denuncia correspondiente.

Por lo demás, no puede obstar a lo decidido el hecho de que, en cumplimiento de lo normado por la ley 52, el artículo 2443 del Código Civil y Comercial y el art.733 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al tiempo de la conclusión de la liquidación de la herencia vacante y entrega del producido al GCBA, haya solicitado éste que del monto obtenido por la venta del bien inmueble se reserve y se imponga a plazo fijo «.el importe que percibiría el denunciante en caso de corresponder» (vide fs.298), pues dicha petición no implica el expreso reconocimiento de los derechos de la denunciante y, ciertamente, no puede dar lugar a la aplicación del principio jurídico que impide a una parte ponerse en contradicción con sus propios actos.

V. Finalmente, sin desmedro de imponerse en el caso la revocación de la fijación de la recompensa que se lleva a cabo en la anterior instancia, cabe dejar sentado que les asiste derecho a los sucesores de la Sra. María Rosa Roca a la recompensa que el art.7° de la ley 52 reconoce al denunciante de la herencia vacante, al verificarse en el «sub examine» que, en oportunidad de promover el sucesorio a efectos del cobro de los gastos de sepelio de la causante que afrontara, la nombrada denunció la vacancia de la herencia (fs.3/4) solicitando la intervención del Estado y, además, la oportuna recompensa.Luego, a fs.12/13, adjuntó la partida de defunción y cumplió con lo dispuesto en el art.2° del decreto ley 3003/56.

Deviene evidente, entonces, el derecho de la denunciante al cobro de recompensa o premio establecido en la ley local, cuando ha iniciado la sucesión con miras a su reputación y ulterior declaración de vacancia, lejos de menoscabar los interese fiscales, los ha beneficiado, pues asumió una función específica de quién habrá de recibir la herencia mostrenca (conf. CNCiv., Sala A, 03/07/1997, «Seoane, María», LL.1998-D, 92).

VI. Tocante a las costas generadas con motivo de la sustanciación, corresponde que se impongan las misma en el orden causado en tanto, a más de la justicia del reclamo de los herederos de la denunciante a pesar de su rechazo (Loutayf Ranea, Roberto G., «Condena en costas en el proceso civil», pág.89 y su cita, Ed. Astrea), es de ameritar que corresponde la exención al vencido del pago de la totalidad de los gastos causídicos al tratarse de un pronunciamiento dictado de oficio.

En mérito a lo considerado, el tribunal RESUELVE:

Revocar la resolución apelada de fs.325, ap.II. Con costas de alzada en el orden causado, atento la forma en que se decide y la declaración oficiosa de la cuestión controvertida (arts.68, segundo párrafo, y 69, CPCCN).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.

Gabriela M. Scolarici

Beatriz A. Verón

Patricia Barbieri

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