Es injustificado el despido del encargado pues no se acreditó la falta de asistencia a una persona atrapada en el ascensor

Partes: Rosales Luis Ángel c/ Consorcio de Propietarios Av. del Libertador 2359 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 6-nov-2018

Cita: MJ-JU-M-115304-AR | MJJ115304 | MJJ115304

Es injustificado el despido del encargado si no se acreditó su responsabilidad en el hecho invocado, consistente en la falta de asistencia a una persona atrapada en el ascensor.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la decisión rupturista no cumplió con los recaudos previstos por el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo en tanto el consorcio de propietarios empleador no dio acabado cumplimiento con los recaudos de la citada normativa en su comunicación rescisoria, toda vez que las expresiones ‘no habiendo usted asistido a una persona’ que quedó atrapada en un ascensor del edificio y ‘ni acudido a la llamada de auxilio’ no se ajustan a dicha directiva legal y que, asimismo, de las constancias probatorias de la causa tampoco surgen elementos que confirmen tales afirmaciones ni que permitan imputarle responsabilidad al actor en el evento, máxime cuando carece de antecedentes disciplinarios.

2.-La obligación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo comprende no sólo la entrega de una certificación de servicios y remuneraciones (formulario ANSeS PS.6.2), sino también una certificación (constancia documentada) del pago de las obligaciones de la seguridad social y sindical.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de NOVIEMBRE de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs. 280/285 y su aclaratoria de fs. 302, formula la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 290/300 vta., que mereciera réplica de la contraria mediante el escrito de fs. 303/314 vta. Asimismo, los peritos contadora e ingeniero apelan a fs. 286/288 y 348, respectivamente, las regulaciones de honorarios por estimarlas reducidas.

II. El recurso planteado por la demandada Consorcio de Propietarios Av. Del. Libertador 2359 se encuentra dirigida a cuestionar la decisión de la instancia anterior que determinó que el despido decidido por el consorcio demandado no se ajustó a derecho porque no se había acreditado una actitud reprochable del trabajador respecto al cumplimiento de sus obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

En su memorial, la recurrente sostiene que la afirmación realizada por el juez de grado -respecto a que el actor no habría escuchado los pedidos de auxilio que realizara la persona que quedara encerrada en un ascensor de servicio- no resulta razonable ni se ajusta a las pruebas rendidas en la causa por considerar que se estaría debidamente demostrado que, efectivamente, el demandante pudo haber escuchado los gritos de la persona encerrada en el ascensor y que, no obstante ello, tuvo además una actitud displicente, negligente, desaprensiva e incumplidora de sus deberes como Encargado del edificio.En dichos términos, la apelante entiende que fue demostrado sobradamente en autos la existencia de los graves incumplimientos imputados al actor, y que así surgían acreditados los motivos y la gravedad del despido porque no consentían la continuación del vínculo.

Para un adecuado análisis de dicha queja, y desde la perspectiva de enfoque que impone el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde dejar sentado liminarmente que la decisión extintiva adoptada por la demandada fue expresada en los siguientes términos: “Buenos Aires, noviembre 19 de 2012. No habiendo Usted asistido a una persona encerrada en el ascensor de servicio por falta de luz, ni acudido a la llamada de auxilio, lo que implica una falta muy grave a sus deberes. Aplícase a partir de recibida la presente sanción en grado máximo, despido su exclusiva culpa, Art. 242 RCT. Haberes, liquidación final y certificados de ley a su disposición en Viamonte 1570 – 1º piso, de lunes a viernes de 10.30 a 17.00 hs. Por otra parte, en plazo de Ley deberá desocupar comodidad habitacional destinada a portería, como así también la entrega de llaves de todas las dependencias del Consorcio junto con los materiales y maquinarias entregadas oportunamente.” (textual, v. comunicación del 19/11/2012 a fs. 49).

El accionante negó todos los hechos imputados por su empleadora y le respondió que la decisión rupturista carecía de causa justificada y que el Consorcio se limitaba únicamente a efectuar imputaciones genéricas y arbitrarias (v. comunicación del 23/11/2012, a fs. 43).

Luego de un detenido análisis de las posturas asumidas por los litigantes, y las pruebas producidas en el pleito, anticipo que sin perjuicio de coincidir con el juzgamiento del magistrado que me antecede, encuentro además que la decisión rupturista no cumplió con los recaudos previstos por el art. 243, RCT.

Ello así, pues considero que el consorcio demandado no dio acabado cumplimiento con los recaudos de la citada normativa en su comunicación rescisoria, toda vez que las expresiones:”no habiendo usted asistido a una persona” y “ni acudido a la llamada de auxilio” no se ajustan a dicha directiva legal y que, asimismo, de las constancias probatorias de la causa tampoco surgen elementos que confirmen tales afirmaciones.

En primer lugar, como dije, comparto la valoración de la prueba testimonial que hizo el magistrado de grado, en cuanto señaló que no está demostrado de modo alguno que el actor hubiera incurrido en la actitud reprochable que se le imputara, ni en ningún otro tipo de incumplimiento de sus obligaciones como dependiente. En efecto, contrariamente a lo sostenido en la comunicación de despido, los testigos describieron cómo el Sr. Rosales concurrió al llamado de auxilio efectuado por la persona que imprevistamente ante un corte de suministro eléctrico quedó encerrada en el ascensor de servicio -entre el cuarto y quinto piso del edificio- y que con la ayuda de dos personas más la asistió para que pudiera salir del ascensor sana y salva, siendo quien destrabó el cierre del elevador para que se abriera la puerta y dicha persona pudiera salir.

Por otro lado, aún en la mejor de las hipótesis para la demandada de tener por cumplidos los recaudos exigidos por el art. 243, RCT-, coincido con el sentenciante de grado en cuanto señala que no fue demostrada la eventual responsabilidad del accionante porque no existen elementos de convicción que así lo acreditaran.

En efecto, y en lo que atañe al episodio invocado como desencadenante del distracto, coincido con la conclusión arribada por el juez que me antecede, en cuanto a que no se logra formar convicción acerca de que el actor no acudiera al pedido de auxilio de la persona atrapada en el ascensor de servicio el 6 de noviembre de 2012 o que no le hubiera prestado asistencia.De las pruebas producidas para incriminar al actor de las imputaciones realizadas por la demandada no surgen elementos de convicción respecto a actitudes negligentes o desaprensivas que permitan desvirtuar lo decidido en la instancia anterior.

En esos términos, no se logra advertir -como se dijo- una conducta injuriosa por parte del Sr. Rosales, en los términos del art. 242, RCT, que impidiera la prosecución del vínculo laboral entre las partes.

Consecuentemente, ante la inexistencia de antecedentes disciplinarios y todas las consideraciones expuestas, como anticipé, considero que las pruebas testimoniales producidas a propuesta de la demandada, no resultan suficientemente convictivas acerca de la existencia de la imputación que actuara como desencadenante del distracto, sin que tampoco existan otros elementos de prueba que lo evidencien (conf. arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

Por tales motivos, en este contexto probatorio, reitero que no resultaron demostradas las conductas o actitudes injuriosas que se denunciaron para despedir al actor y que, tal como anticipara, voto por confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

III. Lo decidido sella la suerte adversa de los agravios referidos a los conceptos indemnizatorios establecidos en la sentencia cuestionada.

Tampoco será admitido por mi intermedio el agravio por el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, porque en definitiva se encuentran reunidos los presupuestos de hecho para su admisión, ya que no se está ante un caso de ribetes tales que autorice a reducir o suprimir el incremento allí previsto.

VI. También resulta recurrida la condena a abonar la multa prevista por el art. 80 RCT, toda vez que la demandada sostiene que los certificados fueron confeccionados, puestos a disposición del demandante desde el momento del distracto y recibidos por el Sr. Rosales sin ningún tipo de reservas.Agrega que no existieron irregularidades registrales que ameriten expedir un nuevo certificado con rectificación de los datos consignados.

En esos términos, la queja no resulta admisible por las razones que seguidamente expondré.

De acuerdo al requerimiento efectuado -a tal efecto- por el actor a fin que le entreguen los certificados de trabajo, en los términos de la normado por el art. 80, RCT, la queja no debe admitirse porque la accionada si bien puso a disposición del actor una certificación de servicios y remuneraciones (formulario ANSeS PS.6.2, v. fs. 41/42) y una certificación de trabajo de fecha 4/12/2012, no ha acompañado en autos la totalidad de los instrumentos exigidos por el art. 80, RCT.

La obligación del art. 80 RCT comprende no sólo la entrega de los instrumentos mencionados, sino también una certificación (constancia documentada) del pago de las obligaciones de la seguridad social y sindical.

Por lo tanto, la demandada no hizo entrega al actor de esta última certificación, por lo que considero que por este motivo debe confirmarse la multa en cuestión porque restaba la acreditación de una constancia documentada de aportes y contribuciones de la seguridad social y sindical.

En efecto, toda vez que el artículo 80 RCT dispone que una vez extinguido el contrato de trabajo, y luego de haber sido fehacientemente intimado por el trabajador al efecto, el empleador tiene obligación de hacerle entrega de:

1) Un certificado de trabajo en el que debe constar lo siguiente: a) el tiempo de prestación de los servicios, esto es, la fecha de ingreso y de egreso. b) naturaleza de dichos servicios, es decir, las labores que cumplía, cargo o categoría profesional, etc. c) los sueldos percibidos.d) la calificación profesional que hubiere obtenido en los puestos de trabajo en que se desempeñó el trabajador; 2) Una certificación (constancia documentada) de pago de las obligaciones de la seguridad social y sindical; 3) El certificado de servicios y remuneraciones de la ley 24.241 establecido en el formulario ANSeS 6.2.

Conforme a las razones expuestas, propicio confirmar el decisorio cuestionado.

V. La parte demandada también cuestiona la imposición de costas, pero la queja tampoco puede ser admitida favorablemente porque si bien el art. 68 del C.P.C.C.N., incorpora el principio del vencimiento como fundamento de la condena en costas, la norma precitada en su último párrafo dispone que el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante ven cido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

De esa manera, el art. 68 del C.P.C.C.N. autoriza la exención de costas, cuando media razón fundada para litigar, e implica la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo.

En el presente caso, del modo en que fue resuelta la cuestión sustancial, se encuentra justificada la imposición a cargo de la vencida, por lo que considero que debe confirmarse (conf. art. cit.).

VI. En cuanto al cuestionamiento por la regulación de honorarios, teniendo en cuenta el mérito e importancia de las labores, su extensión y el valor económico, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39, 47 y concs. ley 21.839; 3 y 12 del dec.ley 16.638/57), entiendo que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, demandada y peritos contadora e ingeniero resultan equitativos y se adecuan a las pautas mencionadas, por lo que propiciaré confirmarlos.

VII Atendiendo al resultado del recurso traído a conocimiento de esta alzada, postulo imponer las costas de alzada a cargo de la apelante y regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes en el (%) de lo que en definitiva les corresponda, respectivamente, por sus labores en la instancia de origen (cfr. ley 27.423).

LA DOCTORA GRACIELA LUCÍA CRAIG manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el punto VII del primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo no vota en virtud de lo dispuesto por el art.125 L.O.

MLF

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Graciela Lucía Craig

Juez de Cámara