Se revoca la reincorporación de agentes municipales por no estar probada la legitimidad del decreto de nombramiento en planta permanente

Partes: Quipildor Cirilo Justo y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ acción de amparo-recurso extraordinario

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 13-nov-2018

Cita: MJ-JU-M-115358-AR | MJJ115358 | MJJ115358

Revocación de la reincorporación de agentes municipales por no encontrarse probada la legitimidad del decreto de nombramiento en planta permanente.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que para hacer lugar a la acción deducida por agentes municipales y ordenar su reincorporación como el reconocimiento de los salarios caídos, se limitó a afirmar que estaba probada la designación en planta permanente y la prestación de servicios, y omitió considerar los argumentos de la demandada respecto a que el decreto que los habría designado fue acompañado en copia simple, sin que existiera documentación oficial que lo respaldara, como también desconoció la validez de los recibos de haberes acompañados por no ser los oficiales que expide el municipio, y en ellos no se registra constancia de las cuentas bancarias donde se debiera haber realizado el depósito, circunstancias que siembran dudas sobre la efectiva prestación de servicios de los actores.

2.-Debe desestimarse la presentación directa en tanto el recurso extraordinario, cuya denegación la origina, es inadmisible -art. 280 del CPCCN.-. (del voto en disidencia del Dr. Rosatti)

Fallo:

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2018

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Quipildor, Cirilo Justo y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ acción de amparo-recurso extraordinario”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca -en instancia originaria- hizo lugar a la demanda intentada por veintisiete agentes de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, con el objeto de que se dispusiera su reincorporación y otorgamiento de tareas ante la conducta asumida por las autoridades del municipio que les impedían el ingreso a sus puestos de trabajo y que, posteriormente, habían dejado sin efecto sus nombramientos. En consecuencia, el tribunal provincial declaró la ilegalidad del desplazamiento de los actores como empleados de planta permanente y la nulidad absoluta del decreto 2/16 M.A.S. por el que se había declarado nula de nulidad absoluta e insanable la designación de aquellos instrumentada por decreto 9/15 M.A.S. Asimismo, ordenó la inmediata reposición en los cargos y el reconocimiento de los haberes caídos.

2°) Que la decisión halló sustento, por una parte, en que la municipalidad no había probado en autos las razones invocadas en el decreto 2/16 M.A.S. para tachar de nulo al acto administrativo por el que se los designó y, por otra, en que los amparistas habían acreditado tal designación mediante un acto administrativo, acompañando recibos de sueldo y probado la falta de notificación de la baja. Por todo ello concluyó el a quo en que el decreto 2/16 M.A.S. era arbitrario e ilegítimo al revocar un acto regular del que habían nacido derechos subjetivos.

3°) Que, contra esa decisión, la demandada dedujo recurso extraordinario que -denegado- motivó la queja en examen. El recurrente afirma que la sentencia es arbitraria por tener por probados extremos que no lo están y por omitir valorar pruebas conducentes que habrían llevado al rechazo de la acción.En tal sentido, señala que es insuficiente la sola copia simple del decreto 9/15 M.A.S. para tenerlo por existente y que los recibos adjuntados no son oficiales, no cuentan con la intervención de la autoridad municipal y no indican la cuenta bancaria en la que se habrían depositado. Sostiene, además, el apelante que el a quo no tomó en consideración las irregularidades puestas de relieve en el dictamen de fs. 386 de los autos principales, referidas a la falta de protocolización y publicación del decreto de designación, disponiendo la reincorporación de los demandantes a un lugar de trabajo que nunca tuvieron y al pago de haberes caídos cuando no hubo contraprestación. Asimismo, se agravia de que en la sentencia se haya reprochado la falta de prueba por parte de la municipalidad de las razones invocadas en el decreto 2/16 M.A.S., ya que tal acto administrativo no había sido objeto de impugnación en el caso.

4°) Que el recurso extraordinario es admisible en los términos en que ha sido promovido, pues si bien las objeciones a las sentencias, relativas a la apreciación de cuestiones de hecho y prueba, son ajenas por principio a esta vía de excepción, cabe admitir su procedencia en supuestos en los que el a quo ha dado un tratamiento inadecuado a la controversia suscitada, al omitir pronunciarse respecto a cuestiones relevantes para su decisión o apartarse de constancias comprobadas de la causa (doctrina de Fallos: 325:1511 ; 326:3734 ; 327:5438 ; 330:4983 ; 339:290 , entre muchos otros).

5°) Que tal situación se configura en el sub lite toda vez que la demandada llevó a conocimiento del superior tribunal local planteos que se destacan por su conducencia para incidir en el resultado del proceso y se omitió en la sentencia toda consideración al respecto. Al propio tiempo, se tuvieron por probadas circunstancias alegadas por los actores que no surgen de la prueba rendida en la causa.En este sentido, se debe señalar que en el decisorio recurrido se afirmó que “ha quedado probado que los actores, con fecha 09 de abril de 2015 mediante Decreto M.A. N° 009/2015, fueron designados como Personal de Planta Permanente, en la Categoría 10 de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra” (la cursiva no pertenece al texto). Sin embargo, se advierte que en autos solamente ha sido adjuntada una copia simple del aludido decreto (fs. 49) y que se ha dado cuenta de que no pudo hallarse documentación oficial alguna que respaldara la existencia de ese acto o la prestación de servicios por parte de los demandantes. Además, la demandada no solo desconoció la autenticidad de las firmas insertas en el decreto como pertenecientes a las anteriores autoridades del municipio sino que también cuestionó su validez con base en que no se notificó a la Dirección de Relaciones Municipales ni se requirió el dictamen vinculante para el perfeccionamiento del acto, a la par que la publicidad tuvo lugar muchos meses después, el 15 de octubre de 2015. Todas estas circunstancias, que siembran dudas sobre el real y oportuno dictado del decreto 9/15 M.A.S., no han sido merituadas -siquiera mínimamente- por los sentenciantes.

6°) Que en la misma línea corresponde agregar que la demandada desconoció la validez de los recibos de haberes acompañados por no ser los oficiales que expide el municipio y en ellos no se registra constancia de las cuentas bancarias donde se debiera haber realizado el depósito. Además puso de relieve que correspondían al período noviembre 2015 -cuando alegaban haber sido designados en abril de ese año- y no estaban firmados por autoridad municipal. Añadió finalmente al respecto que no había documentación de la anterior gestión de la que pudiera inferirse la efectiva prestación de servicios de los actores, ni estos habían presentado constancia fehaciente alguna.La sentencia impugnada, como se indicó, se limita a afirmar que está probada la designación en planta permanente y la prestación de servicios, y omite desvirtuar los argumentos de la demandada respecto de la insuficiencia de las constancias de la causa para dar por ciertos esos extremos. Por último, tampoco efectúa consideraciones respecto de la afirmación del municipio acerca de la acción judicial para obtener la ratificación de la nulidad del decreto 9/15 M.A.S., hecho este denunciado a fs. 398 y que, no obstante, surge también del decreto 2/16 M.A.S. (artículo 3°, fs. 306).

7°) Que es exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que los fallos deben contar con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, al encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las partes, además de que al expresarse las razones que el derecho suministra para la resolución de controversias se favorece la credibilidad de las decisiones tomadas por el poder judicial en el marco de una sociedad democrática (conf. Fallos: 338:488 y 339:290).

8°) Que, en las condiciones expresadas, los defectos de fundamentación en que incurrió el a quo afectan de modo directo e inmediato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la recurrente (ley 48, art. 15), justificando la invalidación del pronunciamiento a fin de que la cuestión sea nuevamente considerada y decidida. Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas. Reintégrese el depósito de fs. 3.

A tales efectos, el recurrente deberá informar la entidad bancaria, número de cuenta, CBU y CUIT en el que se realizará la transferencia correspondiente. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ – JUAN CARLOS MAQUEDA – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – HORACIO ROSATTI –

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito de fs. 3.

Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

HORACIO ROSATTI