Desproporción en el despido de un trabajador con 16 años de antigüedad por haber cometido una irregularidad en la confección de un balance

Partes: Gallardo Saldivar Pedro Saturnino c/ Coto Centro Integral de Comercialización S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 10-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113199-AR | MJJ113199 | MJJ113199

Resultó desproporcionado el despido del trabajador con dieciséis años de antigüedad por haber cometido una irregularidad en la confección de un balance.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido causado del actor, pues si bien incurrió en irregularidades en la confección del balance, la medida resulta desproporcionada con la falta cometida, ya que la empresa advirtió el incorrecto balance confeccionado por el actor y se efectuó uno nuevo, por lo que no se concretó el daño que invoca la accionada; además el trabajador contaba con casi dieciséis años de antigüedad, sin precedente de sanciones significativas pues solo fue objeto de amonestación.

2.-En virtud del principio de buena fe contemplado en el art. 63 LCT y de continuidad de la relación, la empleadora, previo a decidir la aplicación de la máxima sanción, debió encausar la inconducta del trabajador mediante otras sanciones previas, acorde con la irregularidad endilgada.

3.-Cabe acoger el resarcimiento por maltratos en el ámbito laboral, pues los epítetos agraviantes expresados por el superior jerárquico, oídos por los demás en el ambiente de trabajo, en el caso, constituyen claros ataques que vulneran la dignidad del trabajador como persona humana, absolutamente incomprensibles e insostenibles en las relaciones laborales y, por lo tanto en modo alguno deben ser tolerados por el empleador.

4.-No corresponde condenar a las ART en los términos del art. 1074 CCiv., pues el trabajador no reclama la reparación por violencia laboral contra las aseguradoras y tampoco fueron anoticiadas del acoso laboral; así, la condena por resarcimiento integral por el daño sufrido por el actor por violencia laboral fue atribuida a los maltratos proferidos por el superior jerárquico, dependiente de la empresa, en función de lo dispuesto en el art. 1113 del CCiv.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2018, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZALEZ DIJO:

I.- La sentencia de grado acogió la demanda que procura el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral derivados del despido, maltratos y accidente en el marco de normas del derecho común. Contra dicha decisión se alzan en apelación la codemandada Coto Centro Integral de Comercialización S.A, la actora, Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. y, por sus honorarios, los peritos contador y médico, conforme a los recursos de fs. 1069/1091, 1063/1066, 1093/1098,1061/1062 y 1067/1068.-

II.- La accionada, se queja, en primer lugar, por cuanto el Sr. Juez “a quo” consideró injustificado el despido directo del actor de fecha 07/07/2012. Cuestiona las condenas por horas extras y art. 2° de la ley 25.323. Apela, asimismo, la procedencia de los reclamos por accidente y mobbing. Por último, se agravia por las costas del proceso, intereses y honorarios.

III.- De comienzo afirmo que, por mi intermedio, los agravios de la demandada sobre el punto no tendrán recepción y en esa inteligencia me explicaré. La apelante insiste en que, las causales del despido dispuesto por la empresa, se hallan probadas y que las mismas constituyen injurias suficientes en los términos del art. 242 de la L.C.T. El planteo debe ser desestimado. Me explico, el Sentenciante de grado, si bien reconoce en base a los testimonios de los testigos ofrecidos por la empleadora (Roldan y Gómez ver fs.871 y fs.876), que el actor incurrió en irregularidades en la confección del balance de fecha 27/05/2012, entiende que el despido, impuesto como medida disciplinaria, resulta desproporcionada con la falta cometida.Coincido con la decisión atacada. Tal como surge de los mismos testimonios ( Roldan y Gómez), la empresa advirtió el incorrecto balance confeccionado por el actor y se efectuó un nuevo balance cuyo resultado reveló la falta del cotejo físico de mercaderías, es decir la magnitud del error incurrido por el demandante. Asimismo, el testigo Roldan, -Jefe de Personal- declara que “todo el tiempo se realizaba balances parciales y finales” (ver fs. 871). De ello se deduce que, en definitiva, no se concretó el daño que invoca la accionada en su memorial recursivo y que atribuyó al actor, pues el monto de $ 250.000 que hace hincapié la quejosa, constituye el valor estimado del stock de las mercaderías no tenidas en cuenta en el balance erróneo y que se verifico el en el segundo y consecuentemente fue remediado. En dicho contexto, cabe ponderar, que el trabajador contaba con casi 16 años de antigüedad, sin precedente de sanciones significativas pues solo fue objeto de amonestación, en el transcurso de dichos años de vigencia de la relación laboral. En tales circunstancias, la decisión rescisoria resulta exorbitante. Desde luego que, el error incurrido por el trabajador, en el marco de los hechos señalados, merecía una sanción disciplinaria, pero a mi parecer, no la máxima sanción. En efecto, el despido por justa causa necesariamente requiere la concurrencia de tres recaudos: causalidad, oportunidad y proporcionalidad. De tal modo que, aunque se verifiquen los dos primeros, corresponde examinar si la falta cometida fue de entidad suficiente para legitimar el distracto, ello teniendo en cuenta que, en todo caso, la empleadora puede adoptar otras medidas disciplinarias previas. En dicha inteligencia y, en virtud del principio de buena fe contemplado en el art. 63 de la L.C.T. y de continuidad de la relación, estatuido en el art.10 del mismo cuerpo normativo, en el caso en vista de las condiciones señaladas, a mi criterio, la empleadora, previo a decidir la aplicación de la máxima sanción, debió encausar la inconducta del trabajador mediante otras sanciones previas, acorde con la irregularidad endilgada. En definitiva, a mi juicio, la decisión de grado, en este aspecto, debe confirmarse.

IV.- La queja por la admisión del rubro horas extras tampoco tendrá desde mi acogida favorable. En efecto, según el actor le corresponden 30 horas extras mensuales. En el escrito inaugural la empleadora, no señala cuál era la jornada del actor. Se limita a sostener en forma contradictoria que el actor “nunca laboro horas extras” y luego señala “si alguna vez realizo, las mismas fueron correctamente liquidas” y seguidamente, denuncia, entre otros, 8 recibos de pagos de horas suplementarias (ver fs.392). Ahora bien, la realización de tareas por parte del actor en exceso a la jornada legal, fue corroborada por, las declaraciones de los testigos Tello (fs. 775), López (fs.779), Zuazo (fs. 873) y Lugo (fs. 878). Y el perito contador corrobora, el pago de solo 3 horas extras mensuales, lo que surge de la planilla de fs. 984. En tales circunstancias, la queja traída al punto solo revela disconformidad sin elementos factico ni jurídico que lo sustente, por lo que debe confirmarse la sentencia de grado.

V.- La accionada, solicita, en forma subsidiaria, se morigere la condena prevista en el art. 2° de la ley 25.323, en orden a lo establecido en el párrafo 2° de la misma norma. A tal efecto, arguye que, aunque se considere insuficiente para considerar la causal de despido, el caso amerita la aplicación del supuesto normativo citado. No comparto el razonamiento de la quejosa. La parte final del artículo 2º de la Ley 25323 autoriza a reducir parcialmente el importe de la agravación que prevé -hasta la eximición de su pago- si hubiesen existido causas que justificaren la conducta del empleador.En la especie, la desestimación de los presupuestos de hecho configurativos del despido justificado, aconseja confirmar lo decidido en grado sobre la multa que se trata. En efecto, la multa prevista en el art. 2º de la Ley 25323 no es aplicable exclusivamente a los despidos sin causa, puesto que no cabe distinguir allí donde la ley no distingue. Nótese que, de ser así bastaría que el empleador invocara cualquier motivo para tornar ineficaz la normativa legal. La sanción allí establecida está condicionada a la falta de pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, siendo su falta de pago el único presupuesto de operatividad exigido por la norma (Ver autos “Margulis Edgardo Marcelo c/ Hogar Israelita Argentino para ancianos Asociación Civil sin fines de lucro s/ despido”, SD 33.030 del 28.02.06, del registro de esta Sala). En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de la recurrente.

VI.- La demandada también se queja porque se hizo lugar al reclamo indemnizatorio por maltratos laborales y estimo que no le asiste razón. Si bien es cierto, el corto período que el actor denuncia el maltrato recibido y que atribuyó al personal jerárquico de la empresa Jefe Auditor Bruno Hernán, lo cierto es que los insultos, agravios y las humillaciones fueron percibidas y corroboradas en cuanto modo, tiempo y lugar de los hechos por los ex compañeros de trabajo: Tello (fs. 775), López (fs.779), Zuazo (fs. 873) y Lugo (fs.878). Estos testigos, proporcionan datos al respecto aun en mayor medida que las concretas expresiones descriptas en el escrito inicial, lo cual resulta comprensible si se tiene en cuenta, que las mismas son hirientes a la sensibilidad de cualquier persona. Los epítetos agraviantes expresados por Bruno, de tal modo que fueron oídos por los demás en el ambiente de trabajo, en el caso, constituyen claros ataques que vulneran la dignidad del trabajador como persona humana, absolutamente incomprensibles e insostenibles en las relaciones laborales y, por lo tanto, en modo alguno, deben ser tolerados por el empleador.Por lo expuesto y habida cuenta de lo informado por el dictamen del perito psicólogo obrante a fs. 850/865, la empleadora debe responder por los hechos dañosos ocasionados por su dependiente.

VII.-En cuanto hace a la queja por la admisión del resarcimiento del daño moral, tampoco tendrá recepción. El juez a quo, con criterio que comparto, enmarcó los hechos en cuestión en las disposiciones del art. 1113 y 1078 del C.Civil, que contemplan la reparación de daños en forma integral. A tal efecto, asimismo, debe recordarse la añeja doctrina sentada en el Fallo Plenario n°243 in re “Vieytes Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A.”, sobre la integración de daño patrimonial y extra patrimonial en el concepto de resarcimiento integral, por lo que ningún reproche merece la decisión en dicho aspecto.

VIII.-Seguidamente la accionada se agravia por el monto fijado en la instancia anterior en concepto de resarcimiento por maltratos en el ámbito laboral. Al respecto, coincido con el quantum fijado por el Juez de grado, teniendo en consideración los padecimientos sufridos por el actor, las circunstancias acreditadas en la causa, el informe psicológico aludido, el carácter resarcitorio del importe en cuestión y demás hechos demostrados en el caso que justifican el monto determinado en grado (art. 165 CPCCN), ya que es oportuno recordar que la empleadora debió velar por la integridad psicofísica de su dependiente ya que tenía la obligación de cumplir con el deber de seguridad y el principio de indemnidad (arts. 75 LCT y 4º apartado 1 LRT). En tales circunstancias, era su obligación preservar la dignidad del actor en cuanto se relaciona con las “condiciones dignas y equitativas de labor” que establece nuestra Constitución Nacional (art. 14 bis C.N.); aspectos que no fueron cabalmente cumplidos por su parte.Al respecto, cabe recordar que rige el artículo 1113 del Código Civil que establece la responsabilidad por los hechos del dependiente en cuanto señala “.la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve , o que tiene a su cuidado.”. Por último, y a mayor abundamiento, cabe agregar que la apelante tampoco efectúa una crítica concreta y razonada de los aspectos del decisorio que en ese sentido considera equivocados, como ineludiblemente lo impone el artículo 116 de la LO. Por ello, propongo confirmar este aspecto de la sentencia.

IX.-También es motivo de queja, por parte de la empresa empleadora porque la sentencia de grado eximio de responsabilidad a la ART. Pretende que la misma sea condenada en forma solidaria en los términos del art. 1074 del C.Civil. Ciertamente, las ART pueden ser condenadas solidariamente en los casos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con basamento en los incumplimientos en que hayan incurrido a las obligaciones que emergen de la LRT y con sustento en lo normado en el art. 4° de dicho texto normativo y en el art. 1074 del C.Civil. Sin embargo, en el caso, llegan firme a esta instancia, que el trabajador no reclama la reparación por violencia laboral contra las ART codemandadas y tampoco fueron anoticiados del acoso laboral. La condena por resarcimiento integral por el daño sufrido por el actor por violencia laboral fue atribuida a los maltratos proferidos por el Sr. Bruno, dependiente jerárquico de la empresa, en función de lo dispuesto en el art. 1113 del C.Civil. En las circunstancias apuntadas hasta aquí, no se advierten en la postura de la empleadora los basamentos esenciales exigidos por el art. 1074 del C.Civil, en su intento de compartir la responsabilidad con la ART.En efecto, los comportamientos humanos indebidos sufridos por el trabajador no fueron notificados a la ART, por lo que aun admitiendo en estos casos la responsabilidad de la misma en materia de prevención, ello es en la medida que tome conocimiento a los efectos de implementar, en todo caso, las medidas preventivas necesarias en tal carácter (asesorar, sugerir a la empresa que modifique los aspectos comunicacionales indebidos que pudieran afectar las condiciones laborales y disminuir los factores de riesgo psico-social, incluso con capacitaciones al personal directivos sobre relaciones interpersonales). (Ver al respecto, documento publicado por la OIT en torno a la prevención del acoso laboral: “Violence at Work”). Por las demás expresiones vertidas por la accionada sobre dicho tópico constituyen meras manifestaciones de disconformidad con lo decidido en grado que una crítica concreta y razonada de los aspectos de la sentencia que se consideran equivocados (artículo 116 de la LO). Por lo tanto, el planteo es improcedente.

X. La empleadora y Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., se alzan contra la sentencia de grado que hace lugar al reclamo por accidente de trabajo. Los agravios expresados apuntan a la decisión del juez a quo, porque aplica las disposiciones del derecho común sin declarar la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT y por el monto del resarcimiento determinado “por encima de las previsiones de la LRT”. No asiste razón a las quejosas. La decisión atacada reconoce los daños traumatológicos sufridos por el trabajador y fundamenta la condena por resarcimientos en los art. 1109, 1113 y 1074 del C.Civil y la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Aquino c/Cargo” y expresamente analiza el art. 39 de la ley 24.557. La omisión invocada carece de la virtualidad que pretende la quejosa.Al respecto, tal como sostiene el Juez a quo, la Corte Suprema de Justicia ha zanjado definitivamente esta cuestión en el caso “Aquino c/Cargo”. Allí, se sostuvo, que resulta incuestionable que la comparación o cotejo ha de llevarse a cabo según los términos de la extensión del resarcimiento al que la víctima accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil emergente por aplicación de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. En la inteligencia de la doctrina sentada en dicho fallo, la ley 24.557 eliminó o desarraigó de los accidentes o enfermedades laborales el aludido régimen de responsabilidad establecido en el Código Civil (cfr. consid. 10º, voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni; consid. 5º, voto de los jueces Belluscio y Maqueda; consid. 12º, voto de la Jueza Highton de Nolasco), y que este último en tanto reglamenta el deber de no dañar consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional expresa un régimen que regula cualquier disciplina jurídica (“Fallos”, 308:1118), aplicable a todos los habitantes de la Nación (art. 1, Código Civil), resulta evidente que su reemplazo por un régimen especial de responsabilidad sólo puede ser constitucionalmente válido en tanto el mismo contenga, como mínimo, análogos alcances al sistema reparatorio del derecho común. En este sentido, no resulta ocioso recordar que la ley 24.557 no admite reparación por ningún otro daño que no sea la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida (conf. consid. 6º del voto de Petracchi y Zaffaroni; consid. 9º del voto de Belluscio y Maqueda; consid. 4 del voto de Boggiano; consid. 11º del voto de Highton de Nolasco). Luego, de verificarse en el caso concreto, tras el análisis de las pruebas conducentes, que algunas de las facetas del daño resarcible han quedado sin reparar, la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 ha de imponerse para garantizar la supremacía constitucional (conf.Doctrina SCBA. L. 81826 del 11-05- 2005). Avala lo expuesto lo indicado por el Máximo Tribunal Nacional en cuanto a que las indemnizaciones fincadas en el régimen de la L.R.T. no “repara integralmente” el daño producido, y sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que, asimismo, evalúa menguadamente (Fallos 327: 3753 , considerando 6º pág. 3769). La LRT no se adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de haber proclamado que tiene entre sus objetivos, en lo que aquí interesa, “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales (art. 1º, inc. 2.b.) y ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y, por consiguiente por esta Corte, que no debe cubrirse sólo en apariencia” (con. CSJN. L. 515. XLIII – “Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/Taddei Eduardo y otro s/accidente – acción civil” del 17-08-2010). En la especie, el demandante acreditó que presenta una incapacidad parcial y permanente del 2 % de la T.O. por padecer “Desgarro del supra espinoso, aumento de grosor y econoginicidad del supra espinoso”, conforme dictamen médico de fs. 939/940. De igual modo, no merece mayor análisis la cuestión introducida en torno a la relación causal determinada en el marco de los arts. 1109 y 1113 del C.Civil. Digo ello, pues llega firma a esta instancia que el accidente que sufrió el trabajador se produjo en cumplimientos de órdenes de trabajo de la empresa empleadora (mientras levantaba a mano una heladera para introducirla en un montacargas). En tales circunstancias, se encuentran reunidos los presupuestos de la responsabilidad civil que ataña a los quejosos. En suma, no encuentro fundamentos válidos para apartarme de lo decidido en origen.XI.- La misma suerte deben correr las quejas sobre el monto diferido a condena por el accidente sufrido por el actor en el mes de febrero del año 2012. Me explico. En la decisión atacada se ha tenido en cuenta, el salario del pretensor ($ 9.488,20.-), porcentaje de incapacidad del accidentado (2%) y la edad a la fecha del infortunio (42 años). El importe correspondiente al daño material se determinó en $ 65.000.- (comprensiva del resarcimiento por lucro cesante y daño emergente). A ello se agregó $ 13.000.- en concepto de daño moral. Estimo que los valores reconocidos en grado resultan ajustados a derecho, toda vez que es oportuno recordar que la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho y reiterado que “el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales”, ya que no se trata “de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (CSJN, A.436.XL. del 8/4/08 “in re” “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Cia. S.R.L” ). En ese sentido, teniendo en cuenta la edad del actor, el grado de incapacidad reconocido en la causa, la proyección de su proyecto de vida y demás circunstancias acreditadas en el caso, estimo razonables los montos fijados en grado en concepto daño material y daño moral (artículo 165 del CPCCN) Por ello, debe confirmarse este aspecto de la sentencia.

XII.- A su turno, se queja la parte actora porque se desestiman los reclamos por entrega de certificados de trabajo y el pago de la indemnización prevista en el art. 45 de la ley25.345.No asiste razón a la quejosa. Los certificados fueron entregados oportunamente (ver fs. 113 y siguientes, expedido el 30/07/2012) y, así lo reconoce la propia parte, sin que formulara impugnación alguna de los mismos en el escrito inaugural. El hecho de que, luego prosperara su reclamo por horas extras, en las condiciones apuntadas, no autoriza a considerar deficientes los certificados no cuestionados en tiempo oportuno.

XIII.- Tampoco tendrá andamiento los agravios vertidos por el rechazo de la categoría laboral pretendida. En efecto, inicialmente el demandante formula su petición de que se le reconozca la categoría laboral de Encar gado de Segunda. A tal efecto, denuncia que tenia de 3 a 5 personas a cargo. En cambio, fue registrado con la categoría laboral de Especializado B. En art. 12º del CCT 130/75, contempla dicha categoría laboral y dispone que: “Se considera encargado de segunda, al empleado que es responsable del trabajo que se realiza en un sector de una sección, actuando en calidad de ejecutor, distribuidor y supervisor de las tareas que se cumplan en aquél”. En el caso, el demandante no solo no individualizó al personal que supuestamente se hallaba a su cargo y tampoco lo hicieron los testigos que declaran en la causa (ver testimonios de fs. 775 (Tello), fs. 779 (López), fs.778 (Lugo), fs. 876 (Gómez), fs. 873 (González), fs. 871 (Roldan). Pero aun soslayando tal circunstancia, lo cierto es que de los testimonios brindados por los referidos testigos no se desprende concretamente el sector depósito del patio de comida se hallara a su cargo del actor, tal como sostiene a fs. 10 y tampoco que tuviera a su cargo la supervisión de tareas que se cumplan en dicho sector. En definitiva, la queja traída al punto, no tendrá andamiento.

XIV.- Corresponde ratificar la tasa de interés y la fecha a partir de la cual se ordenó el cómputo de los créditos reconocidos en grado, toda vez que es el criterio habitualmente aplicado por esta Sala (cfr.Actas Nº 2601, Nº 2630 y Nº2658) siendo oportuno recordar que el crédito devenga intereses desde el momento de nacimiento de la obligación.-

XV.- Atento lo dispuesto en el artículo 68 del CPCCN propongo mantener lo decidido en grado respecto a las costas procesales por la acción deducida contra Galeno ART SA.

XVI .- Las regulaciones de honorarios lucen razonables, considerando la importancia, mérito y extensión de las tareas cumplidas (artículo 38 de la LO y concordantes de la ley 21839 y decreto ley 16638/57).

XVII.- Por las razones expuestas propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento el resultado de los recursos y forma de resolverse. 3)Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículo 68 del CPCCN y 14 de la ley 21839).-

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO: Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.-

Ante mí: sr/mdg 8.03

MARÍA DORA GONZALEZ

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA

SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

SECRETARIO