Se deniega prisión domiciliaria al interno que padece HIV, por encontrarse bien atendido en el servicio médico carcelario

Partes: Incidente de prisión domiciliaria de G.M.A. s/ infracción ley 23.737

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 2-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113226-AR | MJJ113226 | MJJ113226

Se deniega la prisión domiciliaria al interno que padece HIV, por encontrarse bien atendido en el servicio médico del establecimiento carcelario.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa, pues si bien el encartado padece una grave enfermedad -VIH-, desde el establecimiento penitenciario se le brinda la atención y el cuidado que un paciente de tales características requiere; efectuándose los controles necesarios a través del servicio médico del establecimiento carcelario por un médico especialista en infectología y brindándole la medicación correspondiente a tal patología.

2.-El beneficio del arresto domiciliario de interno enfermo procede cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario.

3.-La reforma introducida por la Ley 26.472 no impone automáticamente la ejecución de la prisión bajo la forma domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 32 de la Ley 24.660, sino que sujeta tal forma de prisión atenuada a la apreciación judicial.

Fallo:

Cordoba, 02 de agosto de 2018.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “Incidente de prisión domiciliaria de G.M.A. s/ infracción ley 23.737” Expte. FCB 19632/2017/11/CA4, venidos a conocimiento de esta Sala A en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensoría Oficial de Córdoba en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal de Villa María, con fecha 08.05.2018, obrante a fs. 37/40, en la que decidió:

“RESUELVO: I- NO HACER LUGAR al planteo efectuado por la defensa técnica del imputado G.M.A., conforme lo previsto por el art. 32 inc. “a” y “c” (a contrario sensu) de la Ley 24.660″.

Y CONSIDERANDO:

I.- El señor Juez Federal de Villa María, mediante resolución dictada con fecha 08.05.2018 dispuso no hacer lugar al beneficio de prisión domiciliaria solicitado en favor de G.M.A.

El Magistrado instructor consideró que en la presente causa no se dan las circunstancias requeridas por el art. 32 de la ley 24.660.

Manifestó que si bien el encartado G.M.A.padece una grave enfermedad -VIH-, desde el Establecimiento Penitenciario N° 5 se le brinda la atención y el cuidado que un paciente de tales características requiere; efectuándose los controles necesarios a través del servicio médico del Establecimiento carcelario por un médico especialista en infectología y brindándole la medicación correspondiente a tal patología.

Valoró que el encartado G.M.A., con anterioridad a su detención, no fue constante en el tratamiento de su enfermedad, volviéndose habitual los controles a partir de Por último, sostuvo que si bien se evidencia que el encartado sufre una enfermedad incurable, la misma no se encuentra en estado terminal, encontrándose garantizado su tratamiento médico por parte del Establecimiento Penitenciario N° 5 y el personal médico del Hospital Regional Pasteur.

II.- En contra de dicho decisorio, con fecha 10.05.2018 la Defensa Oficial interpuso recurso de apelación.

Sostuvo que el a quo erró al rechazar la concesión del beneficio solicitado, toda vez que en el caso de G.M.A. encuadra específicamente en el supuesto del inc. 32 de la Ley 24.660.

Sostuvo que, contrariamente a lo resuelto por el a quo, emana del informe médico de fecha 28.02.2018 que su defendido presenta “riesgo de vida debido al fallo virológico y a que aún no pudo determinarse la negativización de la carga viral con el esquema indicado por test de resistencia”.

Manifestó, que los traslados realizados por el Servicio Penitenciario a los fines de realizar la atención médica no son desarrollados en la forma indicada por su médica tratante, toda vez que no fue trasladado a la asistencia pública.

Destacó que conforme surge del informe elaborado por la doctora Frola (infectóloga del Hospital Pasteur) de fecha 16.03.2018, “el señor G.M.A.no ha sido atendido por ningún infectólogo, no se le han realizado análisis solicitados por su médica tratante doctora Carreño, sino que se han efectuado análisis de rutina con los cual el señor G.M.A. no está siendo atendido tal como su cuadro de salud lo requiere”.

Arguyó que, en definitiva que no se está asegurando el tratamiento adecuado de su defendido, lesionando su derecho a la salud y poniendo en riesgo su vida, pues recién se realizaron los análisis referidos el 25.04.2018, por la insistencia ejercida por el Ministerio Público de Defensa.

Agregó que en el estadio de la enfermedad en la que se encuentra su asistido, no puede verse agravado por su alojamiento en el penal, toda vez que en las condiciones edilicias y sanitarias de la cárcel, de humedad, oscuridad, falta de higiene, hacinamiento, lo colocan en un riesgo mayor de agravamiento de su salud al estar expuesto a contagiarse de otras patologías que en pacientes inmunodeprimidos pueden ser fatales.

Sostuvo que la enfermedad que padece no puede ser tratada adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado, toda vez que se evidenció en la demora en efectuarle los análisis para el conteo de la carga viral y recuento de linfocitos, además de exponerlo a riesgos mayores de contagio.

Por último, hizo reserva de caso federal.

III.- Con fecha 11.06.2018,la Defensa Oficial presentó el informe del art. 454 del CPPN, en el cual mantuvo el recurso interpuesto, remitiéndose a las consideraciones, argumentos y citas expuestas en el recurso de apelación deducido.

IV.- Efectuadas las consideraciones precedentes, el Tribunal abordará el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo al sorteo realizado para determinar el orden de votación de los señores Jueces de Cámara en autos (v. fs. 52).

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S.Montesi, dijo:

Estudiada la decisión en conflicto, debe analizarse si corresponde o no revocar la resolución de fecha 08.05.2018 dictada por el señor Juez Federal de Villa María y en tal caso hacer lugar a la prisión domiciliaria solicitada en favor de G.M.A.

I) Entrando al análisis de la cuestión planteada, corresponde en primer lugar establecer el marco normativo dentro del cual debe situarse el instituto de la prisión domiciliaria.

En primer lugar, es preciso recordar que el beneficio del arresto domiciliario de interno enfermo procede cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario.

Cabe destacar que la reforma introducida por la ley 26.472 no impone automáticamente la ejecución de la prisión bajo la forma domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 32 de la ley 24.660, sino que sujeta tal forma de prisión atenuada a la apreciación judicial. Ello surge con claridad de la redacción de los respectivos textos, pues mientras que en el primero se establece que “el Juez de ejecución o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria”, en el segundo se expresa que “Podrán a criterio del Juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria”, las personas que allí se enuncia De esta forma, el legislador -mediante dicha disposición- otorgó la facultad al juez para aplicarla, al igual que lo mantiene ahora con la reforma legislativa recientemente operada.Así, soy de la opinión que deberá evaluarse en cada caso particular la conveniencia o no de disponer la excepción a que se alude.

A los fines de verificar la viabilidad o no del beneficio de prisión domiciliaria en el caso concreto, corresponde analizar la razonabilidad de la medida cautelar en función de las condiciones de salud del imputado.

Es preciso advertir además que la Ley 26.472 “contempla la posibilidad de que durante el período en que la persona se encuentra privada de su libertad, se produzca una enfermedad cuyas características sean incompatibles con los hábitos carcelarios y que, a su vez tampoco corresponda su internación”. (Fellini Zulita; Ejecución de penas privativas de libertad, 1° edición, Bs. As., Hammurabi, 2014).

De tal modo, la norma se fundamenta, no solo en razones humanitarias, sino también en la imposibilidad de adaptarse a las pautas de conducta de la cárcel y a los programas de reinserción social para quien no goza de buena salud (Fellini Zulita, op. cit. pág.323).

Al respecto, cabe tener en cuenta los antecedentes parlamentarios de la citada ley 26.472, en los que se consideró que: “el ámbito carcelario para el tratamiento de ciertas enfermedades y dolencias o para el alojamiento de ciertas personas vulnerables, no es adecuado por sí mismo, independientemente de las mejoras que puedan realizarse.Es por ello que es justificable aplicar una medida coercitiva de menor intensidad sobre el individuo, sacrificando los fines de la pena para garantizar el derecho de jerarquía constitucional a la salud” (LL, Antecedentes Parlamentarios, 1997-A).

Sin perjuicio de lo mencionado, debo decir que ello no configura este beneficio, sino que es el juez, quien teniendo como objetivo principal garantizar la salud del encarcelado, debe munirse de todos los elementos que le permitan acceder a un conocimiento real de la situación, a fin de verificar si resulta o no viable el otorgamiento de tal medida.

Así las cosas, frente a dos intereses en juegoel del Estado, de disponer medidas restrictivas de la libertad de carácter cautelar para asegurar los fines del proceso, y el aseguramiento del tratamiento adecuado de la dolencia del encartado-, debe prevalecer, por cierto, este último, debiendo en consecuencia ceder el primero de ellos.

II.- En el caso en particular, corresponde señalar en primer lugar que el imputado G.M.A. se halla detenido a disposición del Juzgado Federal de Villa María desde el 31.12.2017. Se le atribuye participación penal en el delito de organización para la comercialización, transporte, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y distribución de estupefacientes art. 7 de la Ley 23.737), habiéndose dictado su procesamiento con fecha 13.04.2018, con modificación de su calificación por la de asociación ilícita (art. 210 C.P).

Por su parte, cabe destacar que en el presente caso se halla acreditado en debida forma que el imputado G.M.A. es portador de virus VIH (v. fs. 6/7, 9/10, 14, 24/25 y 26/29).

Ahora bien, de conformidad con los parámetros antes expresados, corresponde determinar si la situación del imputado G.M.A. se encuentra comprendida dentro de las hipótesis legales que habilitan la detención morigerada.

Anticipo al respecto que corresponde confirmar el rechazo de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa.Doy razones:

Surge de la declaración del doctor Juan Manuel Gandarillas, médico del Servicio Penitenciario N° 5, cuál es el protocolo que se sigue ante el ingreso al penal de un interno portador del virus inmunodeficiencia humana, expresando: “.informamos a la Dra. Frola el ingreso de un interno que padece esta patología. Cuando el interno ingresa al EP5 yo lo recibo como médico generalista, ya que no soy espe cialista en infectología(.)él me manifiesta que tiene VIH y que está en tratamiento con medicación antirretroviral, la que estaba tomando y que fue indicada por la Dra. Carreño de Asistencia Pública(.)el paso siguiente fue hacer la consulta con infectología en el Hospital Pasteur, a modo protocolar ya que es el primer centro de derivación que debemos hacer. Después de eso me interiorizo que el interno quería continuar su tratamiento con la doctora Carreño en la Asistencia Pública y coordinando con la abogada estuvimos de acuerdo, al igual que la Dra. Frola”. A continuación a la pregunta que efectuara el a quo sobre si con los internos portadores del VIH se encuentran programadas las entrevistas medicas para hacer un seguimiento o es un requerimiento del paciente, el galeno manifestó “.por ser una patología crónica, sí tenemos programadas las consultas con el infectólogo, después el Servicio Médico del EP5 está a disposición del interno las 24 hs. para controles médicos básicos, el seguimiento específico del VIH se hace con un control serológico con la infectóloga. Lo que hacemos nosotros es tener stock del medicamento retroviral” (fs. 30/32).

Tal como lo ha manifestado la Defensora Pública Oficial, del informe médico de fecha 28.02.2018 emana que su defendido presenta “riesgo de vida debido al fallo virológico y a que aún no pudo determinarse la negativización de la carga viral con el esquema indicado por test de resistencia”. (fs. 37.vta.).

La defensa señala asimismo que, en el caso de su asistido, la enfermedad que padece no puede ser tratada adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado, “lo que se evidenció en la demora en efectuarle los análisis para conteo de carga viral y recuento de linfocitos” exponiéndolo a riesgos mayores de contagio por ser una paciente inmunodeprimido.

De las objeciones de la defensa, surge la afirmación contradictoria de que por un lado, no se ha podido determinar la negativización de la carga viral con el esquema indicado por Test de resistencia, para a continuación indicar que el análisis en cuestión fue realizado pero con demoras.

Al respecto, cabe poner de resalto lo expresado por la doctora Noelia Vanina Carreño -médica infectóloga del encartado- quien refirió la importancia del control de laboratorio, carga viral y CD4, con control medico posterior. Sostuvo que el paciente “.actualmente se encuentra con uno de los últimos esquemas de medicación disponibles. Que el control de carga viral es necesario a los fines de evaluar si el esquema de tratamiento medicamentoso iniciado es adecuado(.) sin dichos análisis y control clínico posterior no puede determinar si los medicamentos están haciendo efecto o no.” (v. fs. 6/6 vta.).

Dicho esto, corresponde revisar en lo que sigue la sucesión de hechos desarrollados hasta aquí para evaluar la pertinencia o no de conceder la prisión domiciliaria al imputado.

A fs. 24/25 del presente incidente, surge el informe clínico de “Asistencia Pública Villa María, Espacio de abordaje Integral VIH/ITS” rubricado por las doctoras Noelia Carreño y Mariana Demarchi, que refiere que el paciente G.M.A.es portador del virus HIV, estableciendo en esa oportunidad control de carga viral y CD4 para el día 7 de marzo de 2018, con control clínico a los 15 días de la extracción de sangre.

Tal como efectivamente señala la Defensoría Oficial, dicho control de la carga viral no fue efectuada en la fecha programada, no surgiendo de autos los motivos por los cuales el imputado no fue entonces trasladado para la extracción de sangre correspondiente.

Con fecha 09.04.2018, la Defensoría Pública Oficial realizó un pedido de informe al Servicio de Infectología del Hospital Pasteur de Villa María a los fines de tomar conocimiento sobre si su defendido fue evaluado por algún médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital, si se extrajo muestra de sangre y si sobre la misma se realizaron los estudios de carga viral, recuento de linfocitos CD4, fecha de remisión de la muestra a los laboratorios para su análisis y resultados de encontrarse disponible (fs. 8).

En virtud de ello, con fecha 14.04.2018 María Soledad Frola, médica infectóloga del nosocomio, contestó el requerimiento, manifestando -entre otras cuestionesque el paciente G.M.A. no ha sido evaluado por ella ni por otro infectólogo del Hospital Pasteur, no constando en los registros de laboratorio central de la Provincia de Córdoba, estudios de carga viral VIH ni recuento de CD4 realizados en el año 2018. Asimismo, refirió que los controles del paciente deben realizarse según disponga su médica infectóloga doctora Noelia Carreño. Por último, informó que en ese día se gestionó a través del Servicio Social, un turno para extracción de carga viral y recuento de CD4 para el día 25.04.2018 en el laboratorio del Hospital Pasteur, comprometiéndose el personal del Servicio Penitenciario a trasladarlo para la extracción de sangre y para realizar el posterior control (fs.9).

Asimismo, cabe destacar que obra glosado el informe de fecha 25.04.2018, rubricado por el galeno Gandarillas del Establecimiento Penitenciario N°5, donde informó que el interno G.M.A. se encontraba en período de control clínico evolutivo de su patología, mediante extracción de muestra de sangre realizada el día 25.04.2018, para realizar la determinación serológica de carga viral y cuantificación de linfocitos CD4.

Analizado con detenimiento el desarrollo de las circunstancias, surge que el encartado G.M.A. ha recibido durante su alojamiento en el Establecimiento Penitenciario N° 5 atención médica y medicación acorde a su tratamiento (fs. 30/32). Asimismo, surge que el Servicio Penitenciario ha efectuado traslados del interno a los fines de la atención médica del nombrado fuera de la prisión, más allá de la demora constatada en la realización del estudio del mes de marzo del corriente año.

La afirmación de la defensa de que el encartado no es atendido por la asistencia pública de la Municipalidad de Villa María, o por cualquier otro centro de salud, no es verdadera si se repara en el propio Informe emitido por la doctora Frola, del Hospital Pasteur de Villa María, en respuesta al oficio librado por el Ministerio Público de Defensa. Surge de allí que el paciente no ha sido atendido por ella ni por ningún galeno del establecimiento, haciendo mención expresa a que el mismo es atendido por la doctora Carreño.

Así las cosas, coincido con el Juez de instrucción en que la enfermedad que padece el encartado G.M.A. puede ser tratada adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado, sin que ello implique un trato indigno e inhumano.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, disiento con el Magistrado inferior en cuanto sostuvo que, antes de la detención, G.M.A. no era constante en el tratamiento de su enfermedad, valorando para ello que el último control fuese en el mes de julio de 2017.Ello, en razón de que no surge del informe de fs. 24/29 la existencia de un turno médico al que el paciente no haya concurrido. Asimismo, no es posible valorar la constancia del tratamiento por parte del paciente a partir del espacio temporal entre las consultas médicas, toda vez que éstos son fijadas según el calificado criterio de los expertos.

Al respecto, obra el informe del médico Gandarillas del EP5, quien expresó que G.M.A. le pareció un paciente bastante comprometido y responsable con su tratamiento (fs. 30/32).

Por lo demás, tampoco constituiría un extremo a considerar a la hora de examinar y velar por la debida atención médica del interno.

Por las consideraciones dadas, estimo que procede la confirmación del auto apelado. Ahora bien, a fin de asegurar la puntual concurrencia del encartado a las consultas y estudios médicos que se establezcan, para una atención adecuada y rigurosa de su patología, estimo propicio disponer que el Juez Federal interviniente adopte los recaudos necesarios a dicho objeto.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución de fecha 08.05.2018 en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo efectuado por la defensa técnica del imputado G.M.A., conforme lo previsto por el art. 32 inc. a) y c) a contrario sensu de la Ley 24.660, debiendo el Juez Instructor proceder de conformidad a lo señalado precedentemente. Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Ávalos, dijo:

Compartiendo en un todo los argumentos y solución propiciada por la señora Juez de Cámara del primer voto, me expido en igual sentido.Así voto.

El señor Juez de Cámara doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:

En esta oportunidad, comparto los fundamentos dados por la señora Juez de Cámara del primer voto, expidiéndome en idéntico sentido.

Por lo expuesto; SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fecha 08.05.2018 en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo efectuado por la defensa técnica del imputado G.M.A. (DNI xx.xxx.xxx), conforme lo previsto por el art. 32 inc. a) y c) a contrario sensu de la Ley 24.660.

II.- DISPONER que el Juez Federal interviniente adopte los recaudos necesarios a los fines de garantizar una atención adecuada y rigurosa de la patología del imputado por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba, de conformidad a lo expuesto en la presente resolución.

III.- Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN).

IV.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

EDUARDO ÁVALOS

JUEZ DE CÁMARA

GRACIELA S. MONTESI

JUEZ DE CÁMARA

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES

JUEZ DE CÁMARA

CAROLINA PRADO