No constituye justa causa de despido que el actor no llevara camisa y corbata, pues era el único obligado a vestirse de ese modo

Partes: Stransky Ignacio Alejandro c/ Longueira y Longueira S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 21-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111911-AR | MJJ111911 | MJJ111911

 

No constituye justa causa de despido que el actor no llevara camisa y corbata pues era el único obligado a vestirse de ese modo.

 

Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que existió justa causa para despedir al actor por no llevar al trabajo camisa y corbata, y acceder a los reclamos devenidos de los arts. 232 , 233 , 245 RCT y multa del art. 2 de la Ley 25.323, pues surge probado que era el único obligado a vestirse de esa manera y no era una regla general del establecimiento; máxime que la obligación impuesta resulta incongruente respecto de las funciones que cumplía (cajero) en una empresa comercial de turismo en un tiempo en que el concepto de lo formal en la vestimenta se ha relativizado notoriamente respecto a las ideas sociales de mediados del siglo pasado.

2.-La facultad de crear normas que la Ley atribuye al empleador no se encuentra seccionada del sistema jurídico general en el que el régimen normativo empresario está inserto, por lo que las normas empresarias deben ser analizadas en cuanto a su validez y eficacia desde el punto de vista del ordenamiento general, de los derechos elementales de los ciudadanos y de las razones tenidas en vista por el legislador para acordar esta potestad normativa al empleador (art. 1071 CCiv.).

3.-Corresponde modificar la tasa dispuesta en origen de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina omitiendo la aplicación de la tasa de interés sugerida por Acta Nº 2630 de la CNAT, pues la tasa de interés utilizada conforme Acta 2357 sólo en apariencia ha cumplido con la función a la que estaba destinada, en la medida que la tasa utilizada como referencia no corresponde a las operatorias comunes de mercado, por lo que resulta aconsejable la utilización de una tasa de interés que tenga relación con las operaciones más comunes de mercado evitando la utilización de porcentuales fijos con el riesgo de que la variación de las condiciones económicas generales pudieran tornarlos usurarios para el deudor o insuficientes para compensar la pérdida sufrida por el acreedor.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de junio de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente;

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de origen que consideró que existió justa causa para despedir se agravia la actora. Por sí, el letrado del actor apela los honorarios regulados.

El apelante sostiene que se ha demostrado la inexistencia de justa causa de despido pues no existe relación adecuada entre la alegada injuria y la reacción frente a ella y porque no se acreditó la existencia de la injuria.

Si, como resulta de las declaraciones testimoniales transcriptas por la sentencia de origen, el actor era el único obligado a llevar camisa y corbata o, en todo caso, no era regla general del establecimiento, la acción contra un trabajador en particular importa el uso disfuncional de los poderes disciplinarios y de organización otorgados por el legislador al empleador por razones de política social.

Los poderes empresarios de dirección, organización o disciplinarios, exorbitantes al régimen común de los contratos, se alejan del esquema obligacional para manifestarse como poderes jurígenos, como la posibilidad de crear normas obligatorias para el dependiente sin necesidad de la concurrencia de la voluntad de éste.

Esta facultad de crear normas que la ley atribuye al empleador no se encuentra seccionada del sistema jurídico general en el que el régimen normativo empresario esta inserto. Las normas empresarias deben ser analizadas en cuanto a su validez y eficacia desde el punto de vista del ordenamiento general, de los derechos elementales de los ciudadanos y de las razones tenidas en vista por el legislador para acordar esta potestad normativa al empleador (art. 1071 Código Civil).

En el marco del Estado de Derecho las normas no deben ser obedecidas por la sola circunstancia de que la persona de quien emanan se halle investida de la facultad para dictarlas.Es necesario que el contenido normativo se ajuste a los principios elementales del derecho positivo argentino, en especial los que tienen raigambre constitucional. La legitimidad de origen es solo una de las pautas para determinar si una norma de conducta tiene validez jurídica, es menester analizar su congruencia con el esquema normativo general. Al respecto, el art. 3º de la ley 27, establece la obligación de los jueces de analizar el conflicto jurídico desde el punto de vista Constitucional, piedra angular del ordenamiento jurídico y de la que emana todo poder válido.

Desde la resolución del caso Kot no existe lugar para dudas respecto de la operatividad bifronte de los derechos constitucionales, no sólo son un límite para la actividad del Estado sino también, y con más razón, un límite para el ejercicio del poder en manos privadas.

De este modo, la utilización desigual del poder normativo (una obligación general que pesa sobre un sujeto o una clase de sujetos) afecta el principio mismo de rule of law. Sin perjuicio de ello, la obligación impuesta resulta incongruente respecto de las funciones que el actor cumplía (cajero) en una empresa comercial de turismo en un tiempo en que el concepto de lo formal en la vestimenta se ha relativizado notoriamente respecto a las ideas sociales de mediados del siglo pasado.

Por este motivo, entiendo que en el punto la sentencia de origen debe ser dejada sin efecto y, en consecuencia, acceder a los reclamos de la actora en términos de los artículos 232, 233 y 245 RCT y multa del artículo 2 de la ley 25.323.

Consecuentemente corresponde hacer lugar a la demanda tal como fuera planteada, con la excepción de los reclamos por daño moral y multa del artículo 80 RCT cuyo rechazo quedó firme por no haber sido apelada la resolución de origen.

En efecto, corresponde acceder al planteo de la parte actora respecto a los conceptos “ut supra” precisados a los que se suman los detallados a fs.162, cuya cuantía deberá ser determinada en la instancia de origen en la oportunidad prevista en el art. 132 de la L.O.

Resta analizar los agravios vertidos por la parte actora en torno a la tasa de interés aplicada en origen que dispusiera la aplicación al presente de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina omitiendo la aplicación de la tasa de interés sugerida por Acta Nº 2630 de la CNAT.

La tasa de interés utilizada conforme Acta 2357 sólo en apariencia ha cumplido con la función a la que estaba destinada, en la medida que la tasa utilizada como referencia no corresponde a las operatorias comunes de mercado pues la utilización de préstamos tomando como garantía documentos comerciales, ha caído en progresiva desuetudo desde finales del siglo pasado. Como consecuencia de la práctica inexistente operatoria, ella no refleja los valores transables del dinero en operaciones que permitan entender que se haya compensado la pérdida sufrida o la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación.

Por este motivo resulta aconsejable la utilización de una tasa de interés que tenga relación con las operaciones más comunes de mercado, evitando la utilización de porcentuales fijos con el riesgo de que la variación de las condiciones económicas generales pudieran tornarlos usurarios para el deudor o insuficientes para compensar la pérdida sufrida por el acreedor.Entre las distintas operaciones financieras en análisis (letras de cambio del Estado, préstamos personales o descubierto autorizado en cuenta corriente bancaria) ha parecido más equitativo utilizar la tasa efectiva anual de créditos personales para préstamos de 49 a 60 meses por ser la que mejor se ajusta a las condiciones promedio de acceso al crédito y al tiempo medio de duración del proceso.

De cancelarse este tipo de operaciones de mercado, se utilizará la del tiempo inmediatamente inferior utilizado en la operatoria de mercado.

En la medida que este desajuste se prolonga en el tiempo es necesario que la tasa indicada se aplique aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, incluyendo a las actuaciones administrativas y juicios en trámite, los que estuvieran en proceso de ejecución, cualquiera sea la etapa en que se encuentren. Es de señalar que resultaría contradictorio establecer una fecha a partir de la cual aplicar una nueva tasa de interés sin consolidar los perjuicios de la tramitación judicial, justamente sobre los acreedores que más tiempo han debido esperar para la realización de su crédito.

No obsta a lo propuesto la eventual falta de reserva de los beneficiarios pues no existen derechos adquiridos con relación a una simple expectativa financiera.

Cabe asimismo indicar que la tasa referida por la norma del artículo 768 CCCN no resulta aplicable al caso, pues no existe acuerdo de partes, ley especial o reglamentación del BCRA.

En dicho contexto, la falta de aplicación de la tasa de interés nominal anual para préstamos personales de libre destino fijada por el Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses (Acta CNAT 2601 y 2630), representaría una confiscación del patrimonio del actor por efecto de la aplicación de una tasa ficticia, no convalidada por el mercado de dinero y que, eventualmente, puede afectar la propiedad del acreedor produciéndose de esta manera una confiscación que repulsa la Constitución Nacional.Por lo expuesto precedentemente, corresponde modificar la tasa dispuesta en origen desde que cada suma es debida hasta el 30/11/2017 (Acta Nº 2601). A partir del 01/12/2017 y teniendo en cuenta lo resuelto en el Acta CNAT Nro. 2658, corresponde acatar prudentemente su aplicación y disponer que desde esa fecha y hasta su efectivo pago, la tasa aplicable sea la activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación (conf. Acta 2658, CNAT). Esto último sólo es a los fines de evitar una situación caótica con relación a los intereses.

De conformidad a lo normado por el artículo 279 CPCCN corresponde adecuar lo resuelto con relación a costas y honorarios, imponiéndose las costas en ambas instancias a la empleadora vencida ante el hecho objetivo de la (conf. art. 68 CPCCN).

Asimismo corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes en los siguientes porcentajes respecto del monto de condena con sus accesorios. Los honorarios de los letrados son regulados en su doble carácter de abogado y procurador. Para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 16%, para la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el 12%.

Los honorarios de alzada se estiman en un 30% de lo que regulado por su actuación en origen (artículo 30 de la ley 27.423).

LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE 1. Modificar la sentencia de grado elevando el monto de condena a lo que resulta de la operación ordenada por el primer voto que se concretará en la oportunidad del artículo 132 LO, con más intereses dispuestos en los considerandos del primer voto. Costas en ambas instancias a la demandada vencida. 2. Regular los honorarios de los letrados interviniente en un 16% para la representación y patrocinio letrado de la actora y para la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en un 12%. Los honorarios de alzada se establecen en el 30% de lo que les fuera regulado a los Sres. letrados en origen.

3. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N.

15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MLF

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara