El despido indirecto es injustificado si la trabajadora no cursó una previa intimación para hacer cesar los maltratos que denunció

Partes: V. I. M. c/ Comando de Transportes Navales s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 14-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108502-AR | MJJ108502 | MJJ108502

El despido indirecto es injustificado si la trabajadora no cursó una previa intimación para hacer cesar los maltratos que denunció.

Sumario:

1.-Es injustificado el despido indirecto de la trabajadora que, considerando la existencia de una situación de maltrato continuo o mobbing hacia su persona, disolvió el vínculo sin previamente intimar a la empleadora a que reviera su conducta, porque esa decisión no se adecua al principio de buena fe conforme al cual están obligadas las partes a obrar tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo (arg. art. 63 , Ley 20.744).

Fallo:

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DR. LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda recurre la actora a tenor del memorial de agravios, obrante a fs. 395/406, sin réplica del accionado, Comando de Transporte Navales.

Por su parte, los peritos contador y psicóloga y la representación letrada de la actora -por su propio derecho- cuestionan los honorarios que les fueron regulados por considerarlos reducidos (ver fs. 407/vta.; fs. 409 y fs. 395, pto. 1, respectivamente).

A su vez, el demandado, Comando de Transportes Navales, se agravia por la forma en que fueron impuestas las costas del juicio, así como también por los emolumentos que fueron fijados a favor de los profesionales intervinientes en autos por estimarlos elevados (ver fs. 393/vta.).

La Señora Jueza “a quo” desestimó la pretensión de la trabajadora, porque consideró que había quedado demostrado en la causa que ésta había disuelto el vínculo laboral sin haber previamente emplazado al demandado para que dejara de hostigarla o, bien, a fin de que arbitrara los medios necesarios para hacer cesar las causas que habían provocado en ella el malestar expresado. A su vez, y sin perjuicio del reparo en torno a la actitud de la actora, concluyó que aquélla, tampoco, había aportado indicios que permitieran inferir un trato discriminatorio (ver fs. 387/392).

II. La parte actora se agravia por cuanto considera que la sentencia se encuentra “.plagada de afirmaciones dogmáticas, sin sujeción a la prueba colectada y de las obligaciones que pesaban en cada para en el marco de la buena fe” (ver fs.395vta.).

Previo a todo, señalo que comparto el temperamento asumido por la sentenciante de grado al concluir que la decisión de la trabajadora de disolver el vínculo sin más en su misiva del 29/04/2009 -CD Nro. 004953872- (ver fs. 164 e informe de fs. 169) sin previamente intimar a la empleadora a que reviera su conducta resultó injustificado. Ello es así, por cuanto considero que tal conducta no se adecúa al principio de buena fe conforme al cual están obligadas las partes a obrar “.tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo” (arg. art. 63 de la L.C.T.).

En este sentido, no advierto que, en este tramo del memorial recursivo, se esboce una crítica concreta y razonada contra lo decidido en este punto en la anterior instancia (arg. art. 116, 2do. párrafo, de la L.O.).

En efecto, las consideraciones que la recurrente expone a fs. 395vta./399, pto. 2.1, sólo constituyen meras afirmaciones dogmáticas, pues se limita expresar su disconformidad propia de la parte vencida, aunque en modo alguno logra conmover el fundamento central expuesto por la Magistrada de grado, criterio que, como lo señalé “ut supra”, comparto.

Propongo, por ello, mantener lo resuelto en la sede de origen en lo que concierne a este aspecto.

No obstante la objeción formal apuntada, la “a quo”, de todos modos, se adentró a analizar la causal rupturista invocada por la actora -v.gr.: “.el maltrato continúo y permanente (.) por personal jerárquico terrestre y embarcado de la empresa.” (ver fs. 164)- y, lo decidido al respecto, también, motiva la queja de la trabajadora (ver fs. 399/402, pto. 2.2).

Sin embargo, en mi opinión, en este punto, tampoco corresponde apartarse de lo resuelto en la sede de origen.

Digo ello, por cuanto, en mi criterio, del detenido análisis de las constancias obrantes en autos, y, en especial, de los testimonios rendidos a fs. 336/337; fs. 338/339; fs. 341/342 y fs.343/344 -los que no fueron objeto de impugnación alguna por la recurrente en la etapa procesal oportuna (arg. art. 90 de la L.O.)-, valorados a la luz de las reglas de la sana crítica (arg. art. 386 del C.P.C.C.N), no surge indicio alguno que, “prima facie”, autorice a presumir que la actora hubiera sido víctima de “mobbing” o de un maltrato continúo por parte del personal jerárquico de Comando Transporte Navales.

En efecto, el testigo M. (ver fs. 336/337), quién se desempeña como Jefe de división técnica e inspecciones del Comando de Transportes Navales, dijo que “el trato de los jefes y pares a la actora era normal, cordial afable, y lo sabe porque se desempeña en el primer piso como jefe de inspecciones y compartía 9 y 10 horas de trabajo con el resto de los inspectores. Que el testigo no tiene conocimiento de que la actora haya sufrido maltrato en la sede laboral” (ver fs. 336vta. “in fine”/337).

Por su parte, Lodo (ver fs. 343/344) señaló que “nunca tomó conocimiento de maltrato ni acoso ni verbal ni escrito contra la actora y lo dice porque trabajando en el área jurídica, el departamento personal, ante cualquier conflicto laboral tenía obligación de consultar al departamento jurídico (.) La primera vez que la testigo se enteró de una causa de acoso fue cuando recibió la demanda o ante una denuncia en el Inadi que llegó a transportes navales en forma simultánea” (ver fs. 344).

Similares apreciaciones puede efectuarse en torno a los dichos de Juan Carlos Testa (ver fs.338/339). Así, el dicente afirmó que “el trato de los superiores hacia la actora era normal dentro del ambiente de trabajo, dentro de un marco de respecto, por momento podía llegar a ser más exigente dependiendo de la urgencia o volumen de tareas, siempre dentro de un marco de respeto” (ver fs. 338vta.).

Sobre los dichos de este último testigo no dejo de reparar la ajustada crítica que formula la apelante a fs.399vta. “in fine” acerca de que no se trata de un testigo ofrecido por ambas partes, pues la que ella había propuesto era su hija -v.gr.: Sabrina Testa-. No obstante, considero que la defensa que esboza, recién, en esta instancia, no puede ser admitida. Ello es así, por cuanto -reitero- no sólo no impugnó en la etapa procesal oportuna el testimonio de referencia sino que, además, la propia apelante al desistir de la declaración de Sabrina Testa lo hizo sobre la base de que había “perdido contacto” (sic.) con ella (ver fs. 335), lo que no luce coherente con la hipótesis que avizora en su memorial.

No soslayo que, al apelar, la actora insiste en los testimonios brindados por Gjinovich y Almirón (ver fs. 399vta./402) en el marco del expediente S04:056621/2011 que inició ante el INADI, el que luce agregado por cuerda.

Sin embargo, no puedo dejar de advertir que, en ningún pasaje de su escrito recursivo, la apelante se hace cargo de la crítica esencial que la “a quo” formuló en torno a que “.los hechos relatados por aquéllos tienen la particularidad de referirse a comentarios oídos de sus superiores” (ver fs.

390vta. “in fine”). A su vez, tampoco desactiva eficazmente el argumento dado en el fallo basado en la circunstancia de que “lo expresado por los testigos tampoco evidencia una violencia psicológica extrema, ejercida en forma sistemática y durante un tiempo prolongado sobre la trabajadora”.

En esta línea de razonamiento, advierto que Almirón, en su declaración en sede administrativa, al referirse a un episodio con el Capitán I. señaló que “ella (la actora) a los días va a la oficina y discute fuertemente con él. A lo que él le respondió: “tráemelo acá”. Haciendo referencia a mí (.).

Me consta que le han llamado la atención al capitán I (.), fue el comentario de todo el taller”, lo que pone de relieve el carácter referencial de sus dichos (arg. art.445 del C.P.C.C.N.).

A ello cabe agregar que dicente -al igual que Gjinovich, que también prestó declaración en el ámbito administrativo- tampoco dio razón de sus dichos al afirmar que “.los motivos (de los maltratos) eran su carácter de mujer, tener un cargo muy alto para la edad y el género”. Al respecto, considero que sus dichos no dejan de ser apreciaciones subjetivas del dicente sin que encuentren sustento probatorio en el marco de este proceso judicial.

Las consideraciones hasta aquí reseñadas aunado a que la actora desistió de la totalidad de los testigos ofrecidos en la presente causa, entre los que se encontraban Gjinovich y Almirón (ver fs. 24, pto. 7, apartado d y fs. 335), me lleva a proponer que, de ser compartido mi voto, se confirme lo resuelto en la anterior instancia.

Por último señalo que, en cuanto a las demás alegaciones que se efectúan en el memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (doct. Fallos 272:225; 280:230; entre otros) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración precedentemente realizada.

Propicio, en síntesis, y como ya lo señalara, se desestime la queja.

III. El cuestionamiento que introduce el demandado dirigido a cuestionar la forma en que fueron impuestas las costas del juicio (ver fs. 393/vta.) no puede ser compartido.

Ello es así, por cuanto entiendo que, ante las peculiares aristas fácticas del planteo deducido en el escrito de inicio, la actora pudo creerse con derecho a litigar como lo hizo.

Propongo, por ello, que las costas de primera instancia sean soportadas en el orden causado y las comunes por mitades (arg. arts. 68, 2do.párrafo, y 71 del C.P.C.C.N.).

En coherencia con ello, y por las mismas razones, propicio que también las costas de Alzada sean soportadas en el orden causado.

Por lo demás, teniendo en cuenta la extensión e importancia del trabajo realizado, el valor económico del litigio, el resultado obtenido y las pautas arancelarias de aplicación, estimo que los honorarios regulados a favor de los profesionales intervinientes en autos recurridos a fs. 395, pto. 1; fs. 407/vta. y fs. 409, se ajustan a derecho, por lo que propicio sean confirmados (arts. 38 de la L.O.; 6º, 7º y concs. de la ley 21.839 y ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

Asimismo, regúlense los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en un 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su labor en la anterior etapa (art. 14 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432).

LA DRA. GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.) el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo todo que decide y que fuera materia de recurso y agravios, con excepción de lo resuelto en materia de costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado y las comunes por mitades, atento a que el actor pudo creerse con derecho a litigar como lo hizo; II) Imponer las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68, 2do. párrafo, y 71 del C.P.C.C.N.); III) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en un 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CÁMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

FABIANA SILVIA RODRIGUEZ

SECRETARIA DE CÁMARA