Se configura un caso de mobbing ante la conducta del empleador que modificó el horario de trabajo del dependiente, causándole cambios en su vida familiar y social

Partes: A. D. J. c/ Hipódromo Argentino de Palermo S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 25-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102074-AR | MJJ102074 | MJJ102074Sumario:
1.-Corresponde juzgar que la actora fue víctima de mobbing si, habiendo sido dejada fuera del CCT 662/04 E para cumplir funciones de mayor responsabilidad, le fue fijado un horario conforme dicho convenio, lo que le provocó cambios en su vida familiar y social -circunstancias que se advierten de la pericia psicológica- y fue objeto de sanciones injustificadas, por lo cual la actitud de la patronal es reprochable desde el punto de vista del principio de buena fe que debe regir en toda relación laboral (art. 62 y 63 de la LCT).

2.-Corresponde confirmar la procedencia del daño moral puesto que de la conducta adoptada por la patronal se extrae con claridad que resultó nociva para su salud de la trabajadora y se configuró la situación de persecución y malos tratos por la cual la reclamante solicitó se contemple la reparación.

3.-Corresponde tener por configurada la existencia de injuria suficiente para justificar el despido indirecto conforme lo normado por el art. 242 LCT. puesto que los descuentos salariales fueron incorrectos a poco que se observe que la actora cumplió de manera satisfactoria con las exigencias requeridas para justificar su ausentismo.

4.-Corresponde confirmar que el despido indirecto fundado en los descuentos injustificados en los haberes del trabajador, pues siendo que la empresa admitió que a desempeñarse como personal fuera de convenio conforme las características de su nuevas labores, no podía seguir aplicando las consecuencias del CCT 662/04 E relativo a las ausencias por cuidado de familiar enfermo.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 2.016, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 369/377 se alza la demandada Hipódromo Argentino de Palermo a tenor del memorial de agravios obrante a fs. 387/394 mereciendo oportuna réplica a fs. 398/404. La representación letrada de la parte actora cuestiona a fs. 378/381 por estimar reducidos los honorarios que le fueran regulados en la presente causa.

II.- Memoro que en el particular, el Sr. Juez “a quo” resolvió receptar el reclamo, condenando a la demandada a abonar las indemnizaciones adeudadas y derivadas de la desvinculación que fue decidida por la trabajadora el día 05/01/2012 (cfr. liquidación que practicó a fs. 376/377). Para así decidir, entendió que la injuria invocada en su telegrama extintivo -relativa al descuento por los días no trabajados- se encuentra acreditada, por lo tanto la actitud rescisoria en que se colocó la Sra. A. resultó ajustada a derecho. Además, consideró procedente el reclamo deducido a fin de adicionar un resarcimiento extratarifario (integrativo de los conceptos daño moral y material) al considerar comprobada la circunstancia alegada por la parte actora respecto a los actos discriminatorios sufridos en el final de su relación laboral por parte de la patronal, consistentes en malos tratos y hostigamientos (mobbing).

III.- El demandado apela el pronunciamiento dictado en anterior grado y se queja por el progreso de la demanda tal como ha sido decidido por el Sr. Magistrado que me precedió. Cuestiona la forma en que resultaron apreciadas las pruebas producidas, considera que las ausencias de la trabajadora no se encuentran justificadas, por lo tanto la injuria invocada no resultó válida para considerarse despedida con justa causa.Asimismo, se agravia por entender, por un lado, que el reclamo por mobbing no se encuentra acreditado y por el otro, que el quantum luce excesivo. Asimismo, discrepa porque se hizo lugar a la multa establecida en el art. 80 de la LCT y por los accesorios de condena dispuestos en origen, los cuales, argumenta, devienen gravosos para su parte. Y por último, cuestiona por elevados la totalidad de los emolumentos fijados en origen.

IV.- Sin perjuicio de señalar que el primero de los agravios introducidos por el recurrente debe ser declarado desierto pues no cumple con los requisitos exigidos por el art.116 de la LO, al sólo efecto de satisfacer el derecho de defensa del recurrente, haré las siguientes consideraciones. Ahora bien, conforme se desprende del profuso intercambio telegráfico la Sra. Á. reclamó, a su empleadora, mediante los TCL Nº 22320342 y Nº 22319941 (ver fs. 167/168 e informe de fs. 173), el reintegro de los descuentos (por faltas injustificadas) en sus haberes de los meses de octubre y noviembre de 2012. A su vez, el informe contable de 241, da cuenta de esta situación, al determinar que en el periodo referido la empresa Hipódromo Argentino de Palermo S.A. dedujo a la actora la suma de $6.318,87 por días no trabajados. La accionada para defender su postura, argumentó que si bien hubo algunas ausencias justificadas y otras no, lo cierto es que a las primeras no corresponde que se abonen en virtud de tratarse de enfermedades de familiares y que las mismas son sin goce de haberes por haberse excedido el tope anual de días pagos previsto por el CCT 662/04 en la cual la trabajadora se encontraba encuadrada. Cabe destacar, que en su responde, la empresa admitió que la actora, a partir del 1 de febrero de 2008, pasó a desempeñarse como personal fuera de convenio conforme las características de su nuevas labores (ver fs.72 y 78/vta.), lo expuesto determina que el planteo esgrimido por la patronal, de aplicar las consecuencias de un convenio colectivo a quien no le corresponde, resultó desacertado para justificar su accionar. A mayor abundamiento, considero que, tanto del protocolo de ausentismo por enfermedad delineado por la patronal (ver fs. 71), como de los testimonios del Sr. Domínguez (fs. 282/282), la Sra. Fierro Day (fs. 306/307) y el Sr. Mattia (fs. 308/309), -los cuales relataron la forman de anoticiar sus inasistencias-, la actora cumplió de manera satisfactoria con las exigencias requeridas para justificar su ausentismo. Observo que la faltas, objeto de descuento (octubre y noviembre de 2011) se encuentran desvirtuadas por los informes del Sanatorio San Lucas (ver fs. 203/236) que dan cuenta que el día 25 de octubre de 2011 la Sra. A fue atendida el en nosocomio mencionado por un cuadro de cervicalgia (ver fs. 222), luego el 8 de noviembre le prescriben reposo por 48 hs. a raíz de una contractura cervical y cefalea (ver fs. 224). Once días después es revisada en guardia, por una gastroenterocolitis prescribiendo el facultativo reposo por 72 hs. (ver fs. 225). Finalmente los días 24 y 27 de noviembre concurre al Departamento de Urgencias del referido Sanatorio, por una dolencia gastrointestinal (ver fs. 225/226). Todos los certificados apuntados tienen recepción por parte de la demandada, ello se desprende del sello de recibido insertos en el cuerpo de las constancias médicas, cuyas fojas he individualizado precedentemente. Todo ello, aunado a que la patronal no ofreció prueba alguna para acreditar que la actora fue citada al control médico, conforme lo explicitara a fs. 80, concluyo, al igual que lo hizo el Judicante, que la Sra. A logró acreditar que los descuentos salariales fueron incorrectos, por lo tanto cabe tener por configurada la existencia de injuria suficiente para justificar el despido indirecto conforme lo normado por el art. 242 de la L.C.T.V.- Adelanto que, de compartirse la solución que propongo, la queja referida al progreso del reclamo por mobbing deberá ser desestimada y corresponde mantener lo decidido por el Sr. Juez de la anterior instancia. Sin perjuicio de lo normado por el art. 377 del CPCCN, en materia probatoria, resulta de aplicación al caso la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Pellicori, Liliana c/ Colegio de Abogados de la Capital Federal s/ Amparo” (P.489, XLIV, del 15.11.11), es decir, la actora debía aportar indicios serios y concretos acerca de que las actitudes que describe en la demanda dirigidas hacia su persona por parte de sus empleadores, lesionaron su derecho fundamental y la parte demandada acreditar que su conducta se generó en causas absolutamente ajenas a la invocada vulneración de derechos fundamentales (en igual sentido, ver causa nº 21243/10 “Grillo, Lorena Beatriz c/ Libertad SA y otro s/Despido” SD. 88308 del 05/12/12).

Desde esta perspectiva, observo que la actora suministró suficientes elementos para formar y acreditar el cuadro indiciario aludido. En efecto, en el escrito inaugural (ver fs. 6 y sgtes.) manifestó que a partir del mes de marzo de 2011 mantuvo con su empleadora un reclamo verbal por horas extras impagas por el periodo septiembre 2010 a febrero 2011. La empresa, de forma intempestiva comenzó a rotar sus horarios de trabajo afectando su vida social y familiar, así como su salud física y psíquica, lo que motivó que realizara en innumerables oportunidades quejas verbales a sus superiores de su disconformidad y de las alteraciones que le provocaba el cambio constante de horarios. Explicó que no habiendo recibido ningún tipo de respuesta por parte del Hipódromo se vio en la necesidad de iniciar el intercambio telegráfico pertinente. La accionada por intermedio del colacionado del 08/07/11 y en uso de las facultades que le confieren los arts. 67 y 68 de la LCT decidió apercibir a la actora como consecuencia de sus reiteradas llegadas tardes. La Sra. A.rechazó las imputaciones que se le efectuaron aduciendo que la cartular fue remitida a su domicilio anterior, circunstancia que era conocida por la demandada. Luego el 09/08/11 la accionante reiteró cuál era su correcta residencia e intimó al pago de horas extras impagas y que se indicara cuál era su verdadero horario de trabajo (ver fs. 172). En respuesta a su misiva, la patronal el 15/08/11 desatendió su reclamo y volvió a imponerle un severo apercibimiento por incumplimiento horario, negando que la jornada de trabajo sea constantemente modificada de manera unilateral o discrecional. El intercambio epistolar continuó hasta que el día 06/10/11 al ser negado el ingreso al su lugar de trabajo reclamó para que se aclarara su situación laboral. (ver fs. 170). La empresa respondió a ello argumentando que fue suspendida con motivo de sus reiteradas llegadas tardes (ver fs. 145). Esta situación se agravó cuando la empleadora decidió descontar de los haberes de noviembre de 2011 inasistencias injustificadas. Mediante el telegrama del 19/11/11, la Sra. A. intimó para que deponga su actitud de hostilidad hacia su persona, ya que las faltas imputadas fueron justificadas de manera oportuna mediante certificado médico que lucía en su poder. A su vez relató la imposibilidad de acceder a su contrato de trabajo, pese a que la documentación fue puesta a disposición en el sector de RRHH, la misma no le fue entregada por su exclusiva culpa. Y culminó exhortando a que la empresa desista de continuar con la persecución laboral, malos tratos y hostigamiento en su persona. Así las cosas, y continuando la accionada con su conducta lesiva intimó por última vez el 07/12/2011, para que le entreguen una copia del contrato laboral, reintegre los descuentos de las supuestas inasistencias de los meses de noviembre, bajo apercibimiento de considerarse despedida por su exclusiva culpa (ver fs. 167). Finalmente y ante la respuesta negativa de su contraria (ver telegrama del 29/11/11) el 05/01/12 hizo efectivo el apercibimiento y extinguió la relación laboral.Ahora bien, conforme surge de la nota de fs. 72 la f irma Hipódromo Argentino de Palermo, en el mes de febrero de 2008, ofreció a la Sra. A. pasar a desempeñarse como personal fuera de convenio, en función de las características de sus nuevas labores. Sin embargo, observo que en dicho documento, no se especificó la cantidad de horas semanales que debía cumplir la accionante, como así tampoco su distribución. En consecuencia, entiendo que la denuncia realizada por la trabajadora mediante el telegrama del 09/08/11, relativo a aclarar su jornada laboral y al reclamo de horas suplementarias, resultó acertado. Tal situación se encuentra corroborada, por el testimonio del Sr. Mattia a fs. 308/309, el cual sostuvo que “la actora era la encargada de turno de la barra en la cual el testigo trabajaba.cuando ingresó empezó a trabajar en la noche, la actora estaba como encargada, compartían el turno.que la rotación de horarios era cada cuatro meses.que en último año con las nuevas disposiciones, implementaron que tenía que haber un solo jefe de turno para todas las salas.la actora no estaba encargada de una sino de las cuatro salas, es decir que el trabajo que hacía en una sala, tenía que hacerlo en las cuatro.verificar que esté todo el personal presente, si había inconvenientes con algún cliente resolverlo en todas las salas.sabe de ese cambio porque el testigo también se vio afectado por el cambio que implementó el gerente.recuerda que fue a partir de principios del 2011.que sabe de los cambios en las tareas de la actora en el último tiempo porque son las mismas funciones que tenían que realizar todos los jefes de turno.”. Se recuerda que la actora el 10/08/2011 (v. fs.172) intimó para que le indicaran cuál era su jornada de trabajo, dado la modificación unilateral y arbitraria por parte de su empleadora quien le contestó que el pedido de que se aclarara su horario de trabajo era insólito y temerario pues a ella le constaba y que además cumplía sus labores conforme el CCT 662/04 “E” (v. al respecto CD de fs. 147 del 15/08/2011). Sin embargo, de acuerdo a las constancias de autos y al informe de fs. 72 -ya analizado-, en febrero de 2008 (v. pericia contable de fs. 241) la actora fue dejada fuera del convenio aludido por la demandada, por ello, no cabe más que concluir que la fijación injustificada del horario provocó en la trabajadora cambios en su vida familiar y social, circunstancias que se advierten de la pericia psicológica de fs. 329/334 a la que me referiré con más detalle. Ello motivó el comienzo de un largo intercambio epistolar, que se prolongó por más de cinco meses, para que se reconocieran sus derechos, siendo sugestiva la conducta de la demandada respecto de una empleada con una antigüedad de 5 años y si bien fue objeto de sanciones, se ha visto, fueron injustificadas. Por otro lado, advierto que del intercambio telegráfico, la patronal se desdijo cuando la accionante realizó una serie de reclamos pormenorizados relativos a su jornada laboral, hizo mención a que la actora se encontraba encuadrada en el CCT 662/04 “E” (v. CD de fs. 63 del 15/08/2011) y luego, casi cuatro meses después, en otro telegrama afirmó que la misma estaba fuera de convenio (v. CD 225104615 5 del 07/11/2011). Desde esta perspectiva, no escapa a mi observación, que la actitud de la patronal resulta reprochable desde el punto de vista del principio de buena fe que debe regir en toda relación laboral (art. 62 y 63 de la LCT), ya que la Sra.A., conforme se determinó en el acápite anterior, justificó sus inasistencias de manera acabada, sin embargo, reitero, la actitud de desconocimiento esgrimida por la empleadora en sus telegramas, pese a que los certificados en cuestión obraban en su poder mientras que respecto de las cuestiones vinculadas a la jornada laboral pese a verificar su error continuó adoptando una postura negativa y lejos estuvo de la solución del conflicto, por el contrario, su conducta ha sido contraria al deber de actuar con previsión, cuidado y lealtad recíproca. Llegado a este punto del análisis, recuerdo que he señalado con anterioridad que la violencia en el ámbito de las relaciones laborales se manifiesta en diferentes formas de maltrato, se relaciona con la utilización abusiva del poder para obtener un resultado concreto, mediante toda acción, conducta o inactividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral por la parte empleadora, superiores jerárquicos o terceros que restringen la esfera de la libertad y constituyen un atentado a la dignidad, la integridad física, moral o sexual de la persona trabajadora. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha definido la violencia en el lugar de trabajo como toda acción incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual la persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, ( V. Esta Sala, in re Von Pieschel Marcos Alejandro c/ Teletech Argentina S.A.s/ despido”, S.D. 87370 del 13/1/2012 y “Alais Andrea Karina c/ Ekekens S.A.y otro s/ despido” S.D. 87631 del 25/4/2012). Memoro que el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren prestando las tareas asignadas por éste y que dicha obligación dimana del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts.75 LCT y 4 apartado 1 LRT) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin,1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: De Palma). De allí que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.), por ello, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 , 75 y concordantes de la LCT). Por otro lado, el daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por quien lo reclama, un detrimento que, de otro modo, quedaría sin resarcir. Siendo eso así, se trata de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido, el cual se encuentra receptado en los arts. 522 y 1078 del Código Civil y adquirió rango constitucional a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, pues en el artículo 5 apartado 1 del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054) encuentra la debida tutela.A los fines de su determinación, tengo en cuenta que nuestro más Alto Tribunal ha señalado que debe considerarse el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, lo que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. Fallos: 321:1117 , 323: 3614 y 325:1156 , entre otros); que el dolor humano es apreciable y que la tarea de quien juzga es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. También la CSJN ha expresado que aun cuando el dinero sea un factor inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra – patrimoniales” (conf. Fallos 334: 376, Considerando 11º y Recurso de Hecho V.G.B. c/ Hospital Vicente López y Planes Unidad Hospitalaria de General Rodríguez s/ accidente de Trabajo” V.206.XLV.R.HE del 04/06/2013).

La parte demandada cuestiona el progreso de la indemnización por daño moral y sostiene -entre otros argumentos- que la pericia psicológica de autos luce insuficiente para tener por acreditado el mobbing invocado.

En mi visión, sugiero se confirme lo decidido en anterior grado.

De la reseña que he realizado respecto del intercambio telegráfico y la consecuente conducta adoptada por la empleadora a la que me he referido se extrae con claridad que se configuró la situación de persecución y malos tratos por la cual la reclamante solicitó se contemple la reparación.Nótese que el perito psicólogo fue contundente al señalar que “los sucesos que promueven las presentes actuaciones han tenido para la subjetividad de la Sra. A, la suficiente intensidad como para evidenciar un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de daño psíquico, por acarrear modificaciones en diversas áreas de despliegue vital: lo emocional, social y laboral.el hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma.es posible establecer que como reacción al impacto traumático producto de su menoscabo en su integridad física, ha desarrollado conductas de asilamiento y evitación, perdida de la autoestima, alteración de las relaciones interpersonales, sentimientos distimicos y perturbaciones en el aprovechamiento de la energía psíquica, elementos todos que concluyen en una perturbación del equilibrio psíquico y su vínculo con el mundo exterior.que el cuadro psíquico que en la actualida d presenta la peritada guarda un nexo causal directo con los sucesos que se investigan.”. A su vez concluyó que “.conforme al psicodiagnóstico efectuado y las circunstancia narradas por la actora es posible establecer que las situaciones laborales descriptas por la Sra. A (y denunciadas en autos) resultan compatibles con el fenómeno denominado Mobbing.no se encontraron indicadores de simulación, fabulación, el Juicio de realidad esta conservado y se encuentra orientada en tiempo y espacio.”. No soslayo, que el informe pericial fue impugnado por la demandada (ver fs. 338/340) sin embargo sus argumentos lucen insuficiente para rebatir las conclusiones arribadas por el experto. Es más, el facultativo, en su responde de fs. 342, fue claro al señalar que “.que durante todo el proceso de la pericia psicológica, la presencia de consultores técnicos permite la observación de esta práctica en el momento en que se está desarrollando, y en las presentes actuaciones no se ha contado con la presencia de los mismos.”. Lo expuesto, conduce a concluir que la conducta adoptada por la patronal resultó nociva para su salud de la trabajadora.Cabe agregar que si bien “.en situaciones como la que se analizan en particular, no siempre es determinante para una eventual reparación el resultado de la pericia psicológica.” (ver SD 90763 del 3/8/2015 autos “Valente, Antonio Francisco c/ Ledesma SA s/ despido” Expte nro. 42.589/2011 del Registro de esta Sala), lo cierto es que el informe pericial luce decisivo para tener por acreditado las circunstancias descriptas en el escrito de inicio. Por ende, comparto que sea receptada la pretensión de su reparación autónoma tal como lo ha decidido el Sr. Juez de anterior grado.

La demandada también cuestiona el monto derivado a condena, el que considera elevado. En este punto y más allá de considerar que el agravio vertido no cumple con las prescripciones del art. 116 LO, entiendo que -en virtud de lo normado por el art. 165 del CPCCN- la cantidad determinada en anterior instancia luce justa y equitativa. Por dicha razón, sugiero su confirmación y el rechazo de la queja deducida por el quejoso en este segmento de su memorial. VI.- De igual modo, propongo confirmar la condena decretada en los términos del art.2º de la ley 25.323. Tal como he indicado en anteriores pronunciamientos, la finalidad perseguida por la norma es la reparación del perjuicio sufrido por el trabajador en los casos en que no se le abonan las indemnizaciones derivadas del despido en tiempo y forma (arts.232, 233 y 245 de la LCT) y debe iniciar una causa judicial tendiente a obtener la satisfacción de su crédito. Como señalé precedentemente, en las presentes actuaciones la actora se consideró despedida -con justa causa- y requirió el pago de las indemnizaciones correspondientes (v. fs. 165 e informe de fs. 173) y la demandada no se avino a ello, obligándolo a iniciar el presente reclamo para lograr su cobro.Como además advierto que la patronal no invocó ninguna causa que justifique la falta de pago de las indemnizaciones referidas, resulta evidente la procedencia del incremento indemnizatorio fundado en el art.2° de la ley 25.323, razón por la cual propicio confirmar lo decidido en el punto.

VII.- Tampoco prosperara el reclamo referido al progreso de la multa establecida en el art. 45 de la ley 25.345.

Conforme surge del cotejo del certificado de trabajo -especialmente fs. 37-, la fecha de certificación data del 23/02/2012. No llega discutido que el distracto operó el día 05/01/2012 por imperio del telegrama validado a fs. 165 y 173, y es por ello no puede discutirse que la demandada no los confeccionó dentro de los treinta días que otorga el art. 3º del decreto 146/01 para ese fin resultando, por ende, irrelevante la conducta de la actora respecto de la concurrencia a su lugar de trabajo a retirarlos en plazo legal, pues los mismos no estaban confeccionados. Por lo expuesto, propicio desestimar este segmento de apelación. VIII.- En cuanto a la tasa de interés, la demandada se agravia porque considera que el Señor Juez de grado dispuso aplicar la que surge del Acta de la CNAT 2.601 del 21/5/2014, en forma perjudicial a los intereses de su parte. Sostiene que lo correcto es aplicar la Tasa activa para este tipo de créditos.

En primer término, cabe precisar que las resoluciones que adopta ésta Cámara mediante actas sólo consisten en la exteriorización su criterio y son indicativas de una solución posible pero no constituyen actas obligatorias; en segundo lugar, siendo que los juicios laborales carecen de intereses legales, la tasa determinada por el Sr.Magistrado de grado se encuentra adecuadamente fundamentada -con remisión al Acta Nº2601 de esta Cámara- que se ajusta a lo dispuesto en el inc.c) del art.768 del CCCN en tanto, en definitiva, se remite a una tasa de interés de una entidad bancaria pública que funciona bajo la égida del Banco Central de la República Argentina.

Por otra parte, como he señalado en otras oportunidades, la tasa de interés tiene como objetivo mantener incólume el contenido de la sentencia; la integridad del crédito de naturaleza alimentaria y evitar que el transcurso del tiempo lo convierta en irrisorio. En este contexto, si bien la tasa establecida en el Acta 2357 del 7/5/02 al principio fue adecuada, esta Cámara advirtió que en la actualidad y frente a los ajustes y variaciones económicas financieras que surgen de elementos propios de la realidad, quedó desajustada y sin posibilidades de disipar la existencia de un agravio patrimonial.

Por ello, ante la conducta del empleador moroso que no permitió que la persona trabajadora utilizara su dinero libremente, es criterio jurisprudencial reiterado que la tasa de interés compensa el deterioro del crédito laboral y el lógico avatar que implica un juicio tendiente a recuperar el capital indebidamente retenido por su empleador. De aplicar un interés ajeno a la realidad social y política, notoriamente inferior al imperante en el mercado financiero, sin establecer pautas correctoras de la conducta antijurídica y no contemplar la verdadera dimensión del perjuicio sufrido, significaría premiar al deudor que no cumplió oportunamente sus obligaciones. Por lo expuesto, propongo rechazar este aspecto de la queja articulada y, en su mérito, mantener en este punto la decisión de grado.

IX.- Que siendo exacto lo manifestado por la recurrente a fs.382 y habiéndose deslizado un error aritmético en el pronunciamiento de grado, corresponde, en virtud de lo normado en el art.104 de la L.O., aclarar que el monto diferido a condena por el rubro “vacaciones proporcionales más SAC”, asciende a $5.900,62 y no $95,52 (ver liquidación de fs. 242 que se remite al informe pericial). En consecuencia el monto diferido asciende a la suma de $211.212,53.

X.- Resta el tratamiento de las quejas vertidas en materia arancelaria. En atención al mérito, extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, lo normado en el art. 38 L.O., los arts. 1, 3, 6, 7, 8 y 19 de la ley 21.839 (modif. 24.432), entiendo que lucen ajustados a las pautas arancelarias de aplicación los honorarios fijados a la representación letrada de la parte demandada, perito contadora y perito psicóloga. Sin embargo, encuentro reducidos los fijados a la asistencia letrada de la parte actora y propicio elevarlos al 16% del monto definitivo de condena. XI.- Las costas de Alzada se imponen a la accionada en su calidad de objetivamente vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y se regulan los honorarios de los firmantes de fs. 387/394 y 398/405 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación). En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, aclarando que el monto diferido a condena asciende a la suma de $211.212,53 conforme se explicitara en el acápite IX); 2) Mantener los honorarios cuestionados a excepción de los regulados a la representación letrada de la parte actora que se elevan al 16% del monto definitivo de condena y 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y regular los emolumentos de los firmantes de fs.387/394 y 398/405 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

El Doctor Miguel Ángel Maza dijo Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, aclarando que el monto diferido a condena asciende a la suma de $211.212,53 conforme se explicitara en el acápite IX); 2) Mantener los honorarios cuestionados a excepción de los regulados a la representación letrada de la parte actora que se elevan al 16% del monto definitivo de condena; 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y regular los emolumentos de los firmantes de fs. 387/394 y 398/405 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación) y 4) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 11/14 de fecha 29/04/14 y Nº 3/15 de fecha 19/02/15 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentada. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Jueza de Cámara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2016 se dispone el libramiento de

Verónica Moreno Calabr ese

Secretaria

En de de 2016 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria