Más allá del contenido inapropiado de un mail, atento la relación de confianza del trabajador con sus superiores, el despido luce desproporcionado.

E-mailPartes: F. P. J. c/ Volkswagen Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 26-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-97003-AR | MJJ97003 | MJJ97003

Sin perjuicio del contenido poco decoroso del mail que el trabajador remitió a sus superiores, el despido luce desproporcionado frente a la relación de confianza existente entre las partes.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el despido decidido por la empleadora resultó desproporcionado, pues se trató de un trabajador sin ninguna sanción por incumplimientos similares o de superior entidad; máxime siendo que no se advierte que con el mail que, en forma privada envió a los directivos, hubiera generado algún perjuicio concreto y grave a la empresa.

2.-Dado que el mail que el actor envió en forma privada a los directivos resultaba reprochable de conformidad con las pautas que se desprenden de los arts. 10 y 242 de la LCT, la accionada pudo haber hecho uso de las facultades disciplinarias que la ley laboral le confiere a los efectos de encausar la conducta del dependiente (cfr. art. 67 de la LCT) y no proceder sin más a la ruptura de la relación.

3.-Si bien el mail que el actor envió a los superiores fue redactado en términos poco decorosos, a los fines de que el mismo justifique el despido, debe ser analizado en el contexto en que el mismo se envió, y habida cuenta el trato de confianza con los destinatarios, se estima que la medida rescisoria resultó desproporcionada (cfr. art. 242 de la LCT).

4.-La pérdida de confianza no funciona como motivo autónomo del despido, ya que el art. 243 de la LCT no refiere a consideraciones subjetivas sino a conductas objetivas de incumplimiento que sean tan graves que impidan continuar la relación laboral ni tan siquiera a título provisorio (requisito este último que deriva de la buena fe descripta en el art. 63 de la LCT); por lo tanto, debe sustentarse en comportamientos injuriosos para los intereses de la afectada, que tornen objetivamente imposible la prosecución del contrato.

5.-Se confirma el rechazo de las multas con base en la Ley 24.013 pues el accionante no cumplió con el recaudo formal que impone el art. 11 de dicho cuerpo legal en la medida que intimó a la registración con posterioridad a la extinción del vínculo decidido por la contraria.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 26 de noviembre de 2015, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia que receptó el reclamo incoado (fs. 309/19) se alzan las partes actora y demandada, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 320/1 y fs. 328/31, respectivamente, replicados a fs. 335/6 y fs. 340/2.

El actor cuestiona que no se haya hecho lugar a las multas con base en la ley 24.013 y que no se haya tenido por acreditada su real fecha de ingreso por la fusión por absorción de la empresa TNT S.A., tal como lo denunció en la demanda.

La accionada finca su disenso en la admisión del reclamo en cuanto a lo principal, señalando que ello deviene de una errónea valoración de la injuria fundante del despido directo decidido por su parte. Asimismo cuestiona que se haya hecho lugar al incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, que se hayan diferido a condena los rubros vacaciones proporcionales y SAC 2011 y, a su vez, critica la tasa de interés aplicada al monto de condena. Por último se alza por la forma en la que fueron impuestas las costas procesales.

A su turno (fs. 325), la perito analista de sistemas recurre los emolumentos regulados a su favor por considerarlos bajos.

II.Razones de orden metodológico me llevan a tratar en primer término la queja de la demandada en cuanto al fondo de la cuestión que, adelanto, no tendrá favorable acogida en mi propuesta.

Para así decidir, conviene memorar que el día 05/07/2011 la demandada decidió la ruptura del vínculo en los siguientes términos “En atención a la comunicación vía mail a sus superiores jerárquicos que Ud. remitiera en la fecha, presentando diferentes reclamos relacionados con el uso de vehículos de esta compañía y cuestiones con el comedor, utilizando un lenguaje por demás injurioso, soez y por lo tanto inaceptable, situación que de ninguna manera puede ser consentida por Volkswagen Argentina S.A:, ya que representa claramente la violación de importantes obligaciones que en su carácter de trabajador disponen tanto normas legales, convencionales e internas, es que comunicamos que a Ud. que se lo despide con causa (art. 242 LCT), a partir del día de la fecha. Lo expuesto lo es asimismo, en razón de haber perdido la confianza que se depositara en Ud. situación representada por su demostración de una total falta de contracción a las normas citadas en especial los arts. 62, 63, 64 y 84 de la LCT y art. 31 punto I c del Reglamento de Trabajo Planta Pacheco, habiendo puesto Ud. de manifiesto un total desinterés respecto de las formas que hacen a su trabajo especialmente en el respeto hacia compañeros de trabajo y sus superiores. Comunicamos finalmente que, tanto la liquidación final como los certificados de trabajo se encontraran a su disposición dentro del plazo legan en la sede de esta empresa. Queda Ud. Notificado” (cfr. telegrama de correo de fecha 5/07/11 obrante en el sobre de fs. 3).

La sentenciante de grado, tras analizar las posturas asumidas por las partes en los escritos constitutivos y las pruebas que identificó a fs.310 (considerando II), estimó que las declaraciones testimoniales aportadas por el reclamante dan cuenta que entre el actor y sus superiores existió una relación que excedió el estricto trato laboral ya que tuvo por demostrado que a lo largo del vínculo compartieron fiestas, eventos, partidos de fútbol, etc. Desde esta perspectiva, juzgó desproporcionada la medida rescisoria decidida por la patronal en tanto consideró: a) que a lo largo de los 12 años que el actor se desempeñó para la empresa no fue obj eto de sanción alguna, de manera que se pudiera colegir que mantuvo con sus superiores o compañeros de trabajo un trato “irrespetuoso”, tal como lo manifestó la accionada en su defensa; b) que más allá de la reprochabilidad que pudiera efectuársele al accionante en relación a los términos poco decorosos en los que se dirigió hacia los Sres. M. y B. en oportunidad de enviarle el mail (cuyo contenido obra a fs. 35), se acreditó en la causa que era el trato que se dispensaban; c) que el actor no envió el mail en cuestión al personal que se encontraba sobre él, sino solamente a superiores con los que mantenía una relación de paridad personal; d) que no está demostrado en la causa que el reclamante haya faltado el respeto a sus compañeros de trabajo ni que haya incumplido con sus obligaciones laborales; e) que la comunicación vía mail en que la empleadora se apoyó para fundar el despido dirigido a los Sres. M. y B. no ha salido de la esfera de conocimiento privada de éstos, dado que no encontró demostrado que el actor haya manifestado públicamente su disconformidad respecto de las decisiones tomadas por sus superiores en cuanto a la disposición del vehículo y comedor, sino que dicho cuestionamiento se ha efectuado a través de un correo electrónico privado salido de las casilla del reclamante y recepcionado en las casillas de M.y de B., con la consecuente privacidad de que ello se público fue por propia voluntad de los mencionados.

Por todo ello estimó que la máxima sanción decidida por la patronal estuvo reñida con el principio de proporcionalidad que debe guiar la apreciación de la injuria en los términos del art. 242 de la LCT y el régimen sancionatorio progresivo de índole eminentemente conminatorio que se desprende del art. 67 de la LCT, en aras de la prosecución del vínculo laboral (art. 10 de la LCT). Consecuentemente, hizo lugar a las indemnizaciones derivadas del despido injusto reclamadas al demandar.

La accionada cuestiona este segmento medular del decisorio. Sin embargo, a mi ver, la crítica luce insuficiente a los fines pretendidos.

Repárese en que la recurrente insiste en la supuesta gravedad de la injuria cometida por el ex dependiente, señalando que la empresa cuenta con más de 4000 empleados, que se deben someter a un Reglamento Interno que conocen al ingreso, y que la eventualidad de la relación personal que pudiera haber tenido aquél con las personas a las que dirigió el mail no lo eximía de cumplirlo.

Empero, es claro que la apelante, no se hace cargo de cada uno de los fundamentos articulados por la sentenciante de grado en su decisión que la llevaron a fallar como lo hizo, sino que se limita a expresar, en forma subjetiva, su disconformidad con la forma en la que se ha valorado en la anterior sede la injuria en la que su parte fundó el distracto, postura que resulta propia de la parte vencida y que en modo alguno constituye la crítica concreta y razonada que impone el art. 116 de la L.O.

No resulta ocioso señalar que la jurisprudencia con la que coincido ha determinado que no reúne las exigencias del art.116 el escrito de expresión de agravios que trasunta exclusivamente una mera disidencia con la forma en que el sentenciante ha analizado las constancias probatorias de la causa (CNAT, Sala VIII, del 11/07/96 “Alvarado c/Metrovías, DT 1997- A 317) o una simple disconformidad con lo resuelto (CNAT, Sala I, del 20/02/97 “Nodar c/Agrocom S.A.” DT 1997- B-1376, entre otros).

Enseñaba Carlos J. Colombo que la expresión de agravios establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. arts. 271 y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Carlos J. Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.).

Lejos de ello la recurrente insiste en que nada modifica la situación que el actor no hubiera dirigido el mail a sus superiores o que tuviera un trato de confianza con M. y B., por cuanto estima que ello no atenúa la gravedad de la falta.

Sin embargo, se advierte que más allá de invocar jurisprudencia en apoyo a su postura recursiva, dicha apreciación no deja de ser una manifestación dogmática de la apelante en tanto no indica concretamente las razones de su argumentación ni mucho menos donde radicaría concretamente el yerro de la sentenciante de grado en su decisión, todo lo cual no constituye la crítica concreta y razonada que impone el ya señalado art.116 de la L.O.

Parecería omitir la apelante que si bien la Sra. Jueza apreció que los términos del mail que obra a fs. 35 fue redactado en términos poco decorosos -si se quiere- lejos de soslayar las cuestiones que menciona en la crítica, las analizó en el contexto que evidenciaron las constancias obrantes en autos -de las que tampoco se hace cargo en el memorial- concluyendo -con criterio que comparto- que, en tal marco, la medida rescisoria resultó desproporcionada (cfr. art. 242 de la LCT).

Sobre ello y merced a los términos esgrimidos en el memorial no resulta ocioso señalar que en el Derecho Laboral la pérdida de confianza no funciona como motivo autónomo del despido, ya que el art. 243 de la LCT no refiere a consideraciones subjetivas sino a conductas objetivas de incumplimiento que sean tan graves que impidan continuar la relación laboral ni tan siquiera a título provisorio (requisito este último que deriva de la buena fe descripta en el art. 63 de la LCT).

En consonancia con ello, la conducta atribuida al otro sujeto debe ser hasta tal punto grave e injuriosa que impida la vinculación. De ahí que la extinción de la re lación laboral aduciendo como motivo la pérdida de confianza nada significa por sí mismo sino que es necesario evidenciar que esa pérdida de confianza puede objetivarse para que los jueces analicen la situación y puedan verificar su real configuración así como su grado de relevancia para justificar la ruptura del vínculo.

Esto es así pues, en el sistema jurídico nacional, las decisiones de las partes sobre la extinción del contrato están sometidas al examen y decisión judicial por el art.242 de la LCT, lo que obsta a la consideración de sentimientos o sensaciones que no puedan ser evidenciadas en el proceso a los fines de dicho análisis.

Dicho de otro modo, la pérdida de confianza (sentimiento subjetivo) no constituye causal autónoma de rescisión del contrato de trabajo; debe sustentarse en comportamientos injuriosos para los intereses de la afectada, que tornen objetivamente imposible la prosecución del contrato.

A influjo de lo expuesto y habida cuenta las circunstancias debatidas en autos, no parece fundada la decisión rescisoria de la empleadora cuando se trata de un trabajador que no tiene ninguna sanción por incumplimientos similares o de superior entidad y dado que a simple vista no se advierte -ni tampoco se menciona en la queja- que con el mail que, en forma privada envió a los Sres. M. y B., hubiera generado algún perjuicio concreto y grave a la empresa.

A lo sumo, y dado que el aludido mail resultaba reprochable de conformidad con las pautas que se desprenden de los arts. 10 y 242 de la LCT y frente a las particularidades del caso, tal como se sostuvo en grado, la accionada pudo haber hecho uso de las facultades disciplinarias que la ley laboral le confiere a los efectos de encausar la conducta del dependiente (cfr. art. 67 de la LCT) y no proceder sin más a la ruptura de la relación.

Por todo ello y en vista de que no surgen de la queja argumentos de peso que lleven a enervar el decisorio apelado, mociono su confirmación en cuanto a lo principal que decide.

III. La sentenciante de grado rechazó las multas con base en la

ley 24.013 que el actor había reclamado al considerar que la accionada no registró la verdadera fecha de ingreso, por cuanto estimó que éste no logró acreditar la absorción de la empresa T.N.T S.A. que denunció en la demanda (cfr. informe de IGJ de fs.81/6, 121/2 y prueba testimonial rendida en autos a propuesta del actor), de manera tal que desvirtúen la fecha de ingreso que sostuvo la demandada en la defensa (01/01/99) y que se desprende del informe contable de fs. 224/46.

A su vez, la Sra. Jueza a quo señaló que, más allá de ello, tampoco el reclamo fundado en la ley 24.013 podría prosperar toda vez que el accionante no cumplió con el recaudo formal que impone el art. 11 de dicho cuerpo legal en la medida que intimó a la registración el 07/07/2011, esto es, con posterioridad a la extinción del vínculo decidido por la contraria, que ingresó a la esfera de conocimiento de su parte el 05/07/2011, tal como surge de la propia documentación acompañada por el reclamante en el sobre de fs. 3.

El actor cuestiona este segmento del decisorio alegando que, al contrario de lo que se consideró en la anterior sede, del informe de la IGJ se desprende que la demandada realizó varias fusiones pero no detalló con quien o con quienes. A su vez alega que de los testimonios de Philip, Brown, Tucci y Valenti resultaron contestes en cuanto a la absorción de la demandada.

Sin embargo la crítica luce insuficiente a los fines pretendidos.

Respecto de lo manifestado por el apelante con relación al informe de la IGJ, se advierte que la queja luce inconsistente para enervar la valoración que de dicho medio probatorio se efectuó en la anterior sede en tanto a cargo del actor se encontraba demostrar los extremos en los que fundó la demanda en este punto, a saber, la fusión de la demandada con la empresa T.N.T. S.A. (cfr. art.377 del CPCCN).

Desde dicha perspectiva si, tras el resultado del informe de la IGJ, el ahora apelante consideraba que éste resultaba insuficiente para probar la supuesta fusión debió haber instado a que dicho organismo aclarase los extremos que consideraba oscuros, esto es, en su hipótesis, que la entidad aclarase con qué empresas se habría fusionado la aquí demandada. Sin embargo, ninguna manifestación efectuó en su hora respecto del resultado de los dos informes en cuestión y ello sella la suerte de este tramo de la queja por carecer de base fáctica atendible (cfr. art. 116 de la L.O).

Lo mismo sucede cuando sostiene que los testigos que trajo al pleito corroborarían la fusión denunciada al demandar por cuanto advierto que de los dichos de los deponentes que menciona en la crítica y que declararon a fs. 128, 130, 136 y fs.181, sólo Tucci (fs. 128) refiere someramente a la supuesta fusión, señalando que, en su caso, cuando la empresa TNT absorbió a la demandada, ésta le reconoció la antigüedad pero que desconoce cuál fue la situación del actor.

Como se advierte la escueta manifestación del mencionado testigo en modo alguno posee la suficiente entidad suasoria para acreditar el extremo en cuestión (cfr. art. 386 del CPCCN) y ello me conduce más que a desestimar también la crítica en cuanto a este punto.

Por lo demás, considero estériles los cuestionamientos que efectúa en torno a la intimación del art. 11 de la LNE.

El apelante sostiene en la crítica que no existe ninguna constancia en autos de que su parte haya tenido conocimiento del despido con fecha 05/07/2011, argumento en el cual apoya su postura de que el requerimiento formulado en los términos de la señalada norma cursada el día 07/07/2011 fue oportuno.

Empero, dicha postura deviene insincera por cuanto en la propia documental que acompañó el ahora quejoso al interponer la acción (ver sobre de fs.3) adjuntó la misiva mediante la cual su parte rechazó los términos del colacionado rupturista donde indicó expresamente, cito textual “que vengo a rechazar su telegrama fechado el 05/07/2011.” (ver TCL 76224385 del 07/07/2011).

De allí que, tal como se decidió en la anterior sede, el colacionado cursado el 07/07/2011 en los términos de la ley 24.013 fue posterior al distracto y ello me lleva a propiciar la confirmatoria de este segmento del fallo apelado.

V. La demandada cuestiona que se hayan diferido a condena los rubros vacaciones proporcionales y SAC 2011 alegando que del informe del Banco Santander Río surge que su parte le abonó dichos conceptos a través de transferencia bancaria.

A mi juicio, el planteo revisor no ha de prosperar por cuanto ni del informe contable de fs. 244/46, ni del oficio remitido por la señalada institución bancaria obrante a fs. 108 surge el pago de los tópicos supra señalados, lo cual echa por tierra la defensa intentada.

Sin perjuicio de ello, no puedo soslayar que -tal como lo sostiene la demandada recurrente- del informe del Banco Santander Río de fs. 108 surge que los días 05/07 y 12/07 de 2011 la recurrente efectuó un depósito en concepto de acreditación de sueldo por un total de $18.441,73 (ver asimismo fs. 246 considero debe ser deducida del monto total de condena, de conformidad con lo que establece el art. 260 de la LCT, lo que así dejo propuesto.

VI. La accionada apela también la procedencia del incremento indemnizatorio que establece el art.2 de la ley 25.323 señalando que su parte se consideró con derecho a despedir al actor, de modo que no se encontraba obligada al pago de las indemnizaciones legales y por ello peticiona que se la exima de su pago.

A mi modo de ver, corresponde admitir este tramo de la crítica por cuanto, si bien es cierto que el actor tuvo que iniciar el presente litigio para acceder a las indemnizaciones derivadas del distracto, también lo es que las circunstancias que se suscitaron entre las partes y que generaron la decisión rupturista llevan a entender justificado que la empresa no haya pagado la indemnización en ese momento y haya intentado probar en autos la responsabilidad imputada al demandante. Aún cuanto, en mi opinión, el proceder del actor no justificó el despido, es indiscutible que su ex empleadora haya considerado que tenía derecho a romper el vínculo de manera que no es justo sancionarla por no haber oblado las indemnizaciones.

Ante ello considero que se dan en el caso las circunstancias excepcionales a las que hace mención el párrafo final del art. 2 de la ley 25.323, por lo que propicio eximir a la demandada del pago de este recargo.

De prosperar mi voto entonces, corresponderá modificar también la sentencia apelada en cuanto a este aspecto y reducir del monto total de condena la suma que se admitió por el tópico en cuestión, que ascendió a $158.109,07 (ver punto i., fs. 318).

VII. Volkswagen Argentina S.A. cuestiona que la sentenciante de grado haya aplicado al monto diferido a condena, desde la fecha del despido y hasta su efectivo pago, los intereses a la tasa nominal anual para préstamos libre destino fijada por el Banco de la Nación Argentina según planilla difundida por la Prosecretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (cfr. Art. 622 y Acta de la Excma. C.N.A.T.n° 2.600 y 2601 del 21/5/2014).

Sin embargo, a mi modo de ver, el planteo recursivo luce inviable.

Es que, atento las circunstancias debatidas en la lid y por el resultado que auspicio confirmar en los acápites anteriores, la demandada deberá abonar al trabajador las sumas resultantes por el despido incausado.

Frente a dicha circunstancia, va de suyo que el actor tiene derecho a percibir intereses sobre el monto de condena, entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste fue reconocido judicialmente ya que una postura contraria “beneficiar al deudor a costa del acreedor quien necesariamente debió seguir el procedimiento previsto en la ley para lograr el reconocimiento del derecho que invocó como fundamento a su pretensión, amén de que en el ínterin se vio privado del uso y goce del capital.

Por otra parte cabe señalar que, a criterio de esta Sala, la tasa de interés aplicada en la sede de grado es la adecuada para compensar la demora en el pago de las obligaciones y el daño derivado de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda provocado por la inflación que asecha la economía desde 2008, así como para punir la mora del deudor.

Dado que la tasa de interés no constituye un derecho adquirido de los contendientes sino que es establecida en el pronunciamiento que reconoce la existencia efectiva de créditos adeudados, considero que el argumento ensayado en base a lo prescripto por el art. 3 del Código Civil, debe desestimarse.

Por todo ello, voto por confirmar la sentencia apelada también en cuanto a este aspecto.

VIII. En suma, de conformidad con el resultado que auspicio hasta aquí, corresponderá modificar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto total de condena a la suma de $314.356,04 (esto, restándole a los $490.906,84 que se determinaron en la sede de grado, $18.441,73 y $158.109,07 -conf. acápites V.y VI del presente), cifra a la que corresponderá adicionarle los intereses dispuestos en la anterior instancia de grado, cuya aplicación he propuesto confirmar en el considerando precedente.

IX. La solución que propongo conlleva a dejar sin efecto lo resuelto en la instancia anterior en lo que respecta a las costas y los honorarios (cfr. art. 279 del CPCCN), de modo que deviene abstracto el tratamiento de la crítica de las partes con relación a ambos aspectos.

Respecto de las costas de primera instancia, atento el resultado del recursos interpuestos y la existencia de vencimientos parciales y mutuos, voto por imponerlas en un 60% a cargo de la demandada y en un 40% a cargo del actor (cfr. arts. 68 2a parte y 71 del CPCCN).

A tal fin, teniendo en cuenta la extensión y calidad de las tareas desplegadas en la anterior sede, sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor, de la demandada y de los peritos analista de sistemas y contador, en el 15%, 12%, 7% y 7%, respectivamente, del monto total de condena que comprende los intereses (cfr. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37, 38 de la ley 21.839 y decreto ley 16638/57).

A su vez, atento el resultado de los recursos interpuestos, voto por imponer las costas de Alzada en el orden causado (cfr. art. 68 2ª parte del CPCCN), a cuyo fin, y a tenor de los mismos parámetros expuestos supra, propongo regular honoraros a la representación letrada del actor y de la demandada, por los trabajos realizados ante esta sede, en el 25% para cada una de ellas, de lo que en definitiva, les corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto total de condena a la suma de pesos trescientos catorce mil trescientos cincuenta y seis con cuatro ctvs.($314.356,04), cifra a la que corresponderá aditarle

los intereses dispuestos en la sede de grado; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en la anterior sede respecto de la imposición de costas y la regulación de honorarios; 3) Imponer las costas de primera instancia en un sesenta por ciento (60%) a cargo de la demandada y en un cuarenta por ciento (40%) a cargo del actor; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor y de la demandada, y de los peritos analista de sistema y contador, en un quince por ciento (15), doce por ciento (12%), siete por ciento (7%) y siete por ciento (7%), respectivamente, del monto total de condena que incluye los intereses; 5) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 6) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 7) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y de la demandada, por sus actuaciones ante esta sede, en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su desempeño en origen; 8) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por la ley 26856 y la Acordada de la CSJN N° 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.