Rechazan la causal de “abandono de trabajo” por considerar que el despido se produjo de modo indirecto a raíz de incumplimientos de la patronal.

despido 4Partes: González María Belén c/ Mediconex S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 9-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-93124-AR | MJJ93124 | MJJ93124

Proceden las indemnizaciones solicitadas por la trabajadora, pues a pesar de alegar el empleador que existió abandono de trabajo, ello no era posible en tanto el vínculo se había extinguido previamente por incumplimientos patronales.

Sumario:

1.-No corresponde admitir que existió abandono de trabajo puesto que en tanto la actora acusó a la demandada de haberle negado trabajo y ésta, como respuesta, negó la existencia de dicha negativa y, a su vez, le atribuyó a aquélla haber incurrido en faltas injustificadas, le correspondía a la empresa acreditar tal hecho así como también el cumplimiento de las formalidades que prevé la Ley de Contrato de Trabajo (arg. art. 244 de la LCT), para que el contrato se considerare disuelto por culpa del trabajador.

2.-No existió abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT (art. 253 Ley P-1018), pues para que se configure, debe existir un comportamiento inequívoco por parte de la trabajadora de dejar su puesto sin causa, ni aviso previo, es decir, que se separe de la empresa en forma inconsulta, lo cual no sucedió en autos.

3.-La misiva enviada por la empleadora conforme a la cual pretendió ponerle fin a la relación laboral, con sustento en un supuesto abandono de trabajo, deviene claramente ineficaz, en tanto el vínculo ya se encontraba extinguido por el incumplimiento a ella imputable consistente en la negativa a regularizar la situación de registro y el pago de las remuneraciones adeudadas (arg. art. 242 de la LCT).

4.-Corresponde confirmar que existió un defecto en la registración de la relación laboral de la actora toda vez que las declaraciones testimoniales rendidas tienen entidad suficiente para sustentar la fecha de ingreso denunciada por la trabajadora; máxime ante la regla interpretativa que emana del art. 9º de la LCT.

5.-Se confirma la procedencia de la indemnización conforme art. 9º de la LNE, pues ha quedado acreditado que la demandada consignó una fecha de ingreso distinta a la real.

6.-Debe confirmarse la condena solidaria en los términos del art. 54 de la Ley 19.550 pues la relación laboral se encontraba parcialmente registrada y ese hecho motivó la decisión rescisoria adoptada por la dependiente.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DR. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MADRID DIJO:

I. Llegan los autos a esta Alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, interpusieron los sucesores del coaccionado, Osvaldo Ricardo Torresi, a tenor del memorial obrante a fs. 322vta./333, cuya réplica luce agregada a fs. 360/361.

A su vez, los sucesores de Torresi apelan la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes por considerarlos altos, así como también la forma en que fueron impuestas las costas del juicio (ver fs. 322 y fs. 332vta., pto. IV).

El Señor Juez “a quo” admitió la pretensión de la trabajadora, porque consideró que, de la prueba testimonial rendida en las actuaciones, surgía que ésta había comenzado a prestar servicios el 1/08/2009 y no en la fecha invocada por la empresa -esto es, el 1/06/2010-, por lo que la negativa a regularizar la situación de registro y el pago de las remuneraciones de los meses de abril y mayo de 2010, configuraban incumplimientos de suficiente entidad como para no consentir la prosecución del vínculo, en los términos del art. 242 de la L.C.T. En consecuencia, hizo lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., con más el recargo del art. 2º de la ley 25.323, arts. 9º y 15 de la L.N.E., así como también los adicionales establecidos en los arts. 30 y 35 del CCT 122/75 (ver fs. 318/320).

II.Los sucesores del codemandado Torresi se agravian por cuanto entienden que la disolución del vínculo se produjo por abandono de trabajo, pues -dicen- que “.la actora comenzó a ausentarse de la empresa sin justificar sus inasistencias los días 14 y 15 de junio de 2010.”. Sostienen, por ello, que el “a quo” omitió valorar y merituar la totalidad de la prueba (ver fs. 324/325, pto. III. a).

Adelanto que no asiste razón a los quejosos.

En efecto, el mero análisis del intercambio telegráfico que existió entre las partes, agregado en el sobre de fs. 5, fs. 28/31 y fs. 139/144, permite concluir que, en el caso, no se existió abandono de trabajo, en los términos del art. 244 de la L.C.T. (art. 253 Ley P-1018), el cual, para que se configure, debe traducirse en un comportamiento inequívoco por parte de la trabajadora de dejar su puesto sin causa, ni aviso previo, es decir, de separarse de la empresa en forma inconsulta.

Ahora bien, en el “sub lite”, el 11/06/2010, la demandante intimó a Mediconex S.A. para que, en el plazo de 48 hs., aclarara la situación laboral ante la negativa de tareas y a que regularizara, en debida forma el vínculo (ver TCL 74456155, fs. 143). Tal requerimiento fue rechazado por la empresa, tres días después, el 16/06/2010 (ver CD 098867530, fs. 141), oportunidad en la cual le requirió que justificara las inasistencias de los días 14 y 15 de junio, cuando, en verdad, era la actora la que solicitaba un comportamiento de su parte; negativa que la obligó a considerarse injuriada y despedida, mediante el TCL 72858974, del 18/06/2010 (ver fs. 140).

En este marco, lógico es concluir que la misiva remitida por la empleadora, el 23/06/210 (CD 127396693, fs. 139), conforme a la cual pretendió ponerle fin a la relación laboral, con sustento en un supuesto abandono de trabajo, deviene claramente ineficaz, en tanto el vínculo ya se encontraba extinguido por un incumplimiento a ella imputable (arg.art. 242 de la L.C.T.).

Desde esta perspectiva de análisis, y en tanto la actora acusó a la demandada de haberle negado trabajo y ésta, como respuesta, negó la existencia de dicha negativa y, a su vez, le atribuyó a aquélla haber incurrido en faltas injustificadas, correspondía a la empresa acreditar tal hecho así como también el cumplimiento de las formalidades que prevé la Ley de Contrato de Trabajo (arg. art. 244 de la L.C.T.), para que el contrato se disuelva por tal motivo, lo que no advierto cumplido en la especie.

Propongo, en síntesis, se confirme lo decidido en primera instancia en este aspecto.

III. Los sucesores del codemandado Torresi se agravian por cuanto el sentenciante de grado consideró que entre la actora y Mediconex S.A. existió una relación de carácter laboral con anterioridad al 1/06/2010 (ver fs. 325vta./327, pto. III. b)

Considero que el agravio no puede ser admitido.

Digo esto porque, los elementos glosados en autos y, en particular, las declaraciones testimoniales rendidas a fs. 164/166; fs. 167/170; fs. 171/173 y fs. 161/163, ponderadas a la luz de la sana crítica (arts. 386 del C.P.C.C.N. y 90 de la L.O.), tienen entidad suficiente para sustentar la postura de González acerca de que su verdadera fecha de ingreso fue el 1/08/2009, tal como se decidió en la sede de origen.

Así, Picchio (ver fs. 164/166), quién fue compañera de la actora y trabajó con ella “.en cirugía en el mismo sector” (ver fs. 166), dijo que la conoció en la clínica “.a principios del año 2010 ya que las últimas cirugías que realizó para la ortopedia fue para esa fecha” (ver fs. 165).

Por su parte, Lanzilotta (ver fs.171/173), que se desempeñó como instrumentadora aséptica, si bien no precisó la fecha en que había ingresado la demandante, manifestó que cuando ella comenzó a trabajar “.en noviembre del año 2009 (.) la actora ya estaba ahí refiriéndose a la clínica” (ver fs. 172).

Similares apreciaciones corresponde efectuar en torno a los dichos de Manaslitchi (ver fs. 167/170), en tanto dijo saber “.la fecha de ingreso de la actora en julio o agosto del año 2009 (.) porque la dicente ya estaba trabajando ahí cuando ingreso la actora. Que la dicente ingresó en abril del año 2009” (ver fs. 167 “in fine”/168). Y, si bien, no soslayo que la testigo afirmó tener “juicio pendiente” contra la empresa (ver fs. 168), aspecto sobre el que se insiste al apelar (ver fs. 326vta.), cabe señalar que, ello no invalida por sí solo sus dichos, los que lucen coherentes, precisos y concordantes con los de Picchio; Lanzilotta y Codazzi.

La eficacia convictiva de estas declaraciones no aparece -a mi juicio- enervada a partir de las declaraciones rendidas a fs. 182/184; fs. 185/187 y fs. 188/190 a instancia de la empleadora, máxime si se tiene en cuenta que los tres dicentes continúan, en la actualidad, desempeñándose bajo las órdenes de la empresa y, en el caso particular de Ercorega y Armoa- Pereira, lo hacen desde hace veinte y veinticinco años, respectivamente (ver fs. 186 y fs. 190).

En tal sentido, tampoco puedo dejar de advertir que la testigo Vargas Moya (ver fs. 182/184) pese a que manifestó saber que “.la actora ingresó a Mediconex en la vacaciones de invierno del año 2010” inmediatamente agregó “.en el mes de junio ingresó y aclara antes de las vacaciones” (ver fs. 183).

Por otra parte, creo necesario agregar, ante las consideraciones que se exponen a fs. 326vta., que el dato relativo a la fecha de ingreso de la demandante que consta en el libro del art.52 de la L.C.T., a la cual pretenden aferrarse los recurrentes, carece de eficacia probatoria en este punto, si se advierte que, aun cuando aquél fuera llevado en legal forma, tal registración es puesta, en forma unilateral y exclusiva, por la empresa, por lo que, en principio, deviene inoponible al trabajador.

El contexto reseñado unido a la regla interpretativa que emana del art. 9º de la L.C.T. (texto según ley 26.428, B.O.: 26/12/08), me llevan a proponer, como ya lo señalara, se confirme lo decidido en la anterior instancia.

IV. Los recurrentes se agravian por la base de cálculo utilizada por el “a quo” para determinar las indemnizaciones de ley, esto es, de $ 6.196,12. Afirman que dicha remuneración fue denunciada por la actora al iniciar su acción, pero teniendo en cuenta la incidencia de horas extras, cuyo reclamo fue desestimado por el Señor Magistrado. Asimismo, agregan que, en el caso, no quedaron acreditados los pagos “en negro” -sic.- (ver fs. 327vta./328, pto. III.c).

La queja tampoco será admitida en este punto.

En primer término, señalo que coincido con la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado en relación con los pagos fuera de registro. Y, en tal sentido, destaco que no asiste razón a los quejos cuanto afirman que “.no ha existido un solo testigo (.) presencial” (ver fs. 328), si se repara en los dichos de Manaslitchi, quién dijo saber que la actora ganaba $ 6.000 porque “.íbamos a cobrar juntas en tesorería.” (ver fs. 169).

En segundo lugar, tampoco lucen acertadas las manifestaciones vertidas al apelar acerca de que el magistrado pese a que rechazó el reclamo por horas extras, admitió que el salario fuera ese. Ello es así, por cuanto, de lo informado por el experto contable a fs.220, surge expresamente que a la mejor remuneración mensual normal y habitual allí denunciada ($ 6.493,12), el “a quo” le restó lo calculado en concepto de horas extras ($ 297), lo que le permitió arribar a un salario de $ 6.196,12.

En último término, destaco que las argumentaciones que se exponen al apelar acerca de cuál era la realidad de nuestro país en el año 2010 para tratar de persuadir acerca de que “.nadie (.) ganaba $ 6.196,12 en la actividad de la actora” (ver fs. 328), resultan meras afirmaciones dogmáticas, que no aparecen respaldadas por elemento objetivo e idóneo alguno (arg. art. 116, segundo párrafo, de la L.O.).

Propicio, en síntesis, se confirme lo resuelto en la instancia de origen.

V. Igual suerte correrá el agravio que se deduce a fs. 328vta./329, pto. III. d), destinado a cuestionar los rubros de los arts. 30 y 35 del CCT 122/75, en tanto los apelantes se limitan a insistir en lo que surge de las declaraciones de los testigos por ellos ofrecidos, que, reitero, son act uales empleados de Mediconex S.A., pero omiten tener en cuenta los restantes elementos obrantes en autos.

VI. También se quejan los recurrentes por cuanto, en la instancia de grado, se hizo lugar a la indemnización art. 9º de la LNE (ver fs. 329, pto. III. e)

El agravio es claramente inadmisible. Ello es así, por cuanto, tal como ya lo he afirmado, en el “sub examine”, ha quedado acreditado que Mediconex S.A. consignó una fecha de ingreso distinta a la real. A su vez, pese a lo que se expone al apelar (ver fs. 329 “in fine”), la multa a la que alude el ya citado art. 9º de la LNE integró la pretensión deducida en el escrito inaugural e, incluso, formó parte de la intimación telegráfica que la actora le cursó el 11/06/2010 (ver TCL 74456155, fs. 144) y fue remitida la correspondiente comunicación a la AFIP, de acuerdo con lo previsto en el art.11 de la ley 24.013 (ver TCL 77003795, fs. 142)

Propongo, por ello, se confirme lo decidido en grado.

VII. En último término, la sucesión del codemandado Osvaldo Ricardo Torresi se agravia por la condena solidaria en los términos del art. 54 de la ley 19.550. Sostiene, en su defensa, que la actora no probó que Mediconex S.A. fuera una sociedad constituida con el propósito de eludir el cumplimiento de la ley (ver fs. 329vta./332).

Adelanto que el agravio tampoco será admitido.

Digo esto porque, considero que, en el presente caso, se verifican circunstancias de gravedad suficiente que resultan encuadrables en los supuestos de excepción que permiten establecer la responsabilidad pretendida (arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550).

Ello es así, pues ha quedado demostrado en el “sub iudice” que la relación laboral se encontraba parcialmente registrada; que ese hecho motivó la decisión rescisoria adoptada por la dependiente y que el codemandado Torresi estuvo personalmente involucrado en la actuación societaria atinente a esos incumplimientos en su calidad de presidente del ente (ver fs. 20).

Las circunstancias expuestas, emanadas de los términos en que se trabó y desarrolló la litis, en mi opinión, muestran – sin perjuicio de otros eventuales reproches- una actuación societaria susceptible de ser calificada por la “consecución de fines extrasocietarios” y como “…un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros” (cfr. art.54 de la LSC).

Esa calificación de la conducta de la persona de existencia ideal, que genera la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios o controlantes que la hicieron posible, por los perjuicios causados, resulta a partir de una interpretación armoniosa de los textos legales con miras no sólo a la preservación del eje -de la personalidad diferenciada- sobre el que asienta el régimen de sociedades, sino también poniendo especial atención en las diversas normas -puestas en vigencia en los últimos años- que, insistentemente, procuran la eliminación del empleo no registrado; apuntan al denominado “trabajo decente” (ley 24.013, arts. 2º, inc. j), 3º, 7º y sgtes. y su reglamentación, ley 25.323, ley 25.345, ley 25.877, arts. 7º, 28 y sgtes. y modificaciones a la ley 20.744, entre otras) y promueven la contratación de trabajo registrado (ley 26.940, título II y concs.)

Téngase presente que el art. 59 de la ley 19.550 impone deberes de lealtad y diligencia y sanciona la violación de normas atendiendo a la actuación personal de quienes ostentan funciones directivas, la cual -como se señaló anteriormente- resultó demostrada.

Propongo, por ello, se confirme lo decidido en grado en este aspecto.

VIII. Lo hasta aquí expuesto, autoriza a afirmar, en mi criterio, que la actuación de los demandados revela una conducta maliciosa y temeraria comprendida en la sanción que prevé el art. 275 de la L.C.T., por lo que, de prosperar mi voto, a la condena deberá sumársele un interés de una vez y media al que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales. Este interés es punitorio y se sumará al establecido en la instancia de origen (ver, en igual sentido, SD Nro. 66247 del 22/04/2014, del registro de esta Sala, en autos “Errecalde Marcela Verena c/ U.S. Equities Realty LLC Argentina y otro s/ Despido”).

IX. Respecto al cuestionamiento que efectúan los recurrentes a fs.322, contra la imposición de costas decidida en primera instancia, teniendo en cuenta el resultado del litigio, no advierto motivos para apartarme del principio general de derrota que rige en la materia, por lo que propicio su confirmación (art. 68 del C.P.C.C.N).

En ese orden de ideas, y en atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del proceso y pautas arancelarias de aplicación, estimo que los honorarios regulados a favor de los profesionales intervinientes en autos, recurridos a fs. 332vta., pto. IV, se ajustan a derecho, por lo que propicio que sean confirmados (art. 38 de la L.O., 6º, 7º y concs. de la ley 21.839, ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

Asimismo, las costas de Alzada serán impuestas a los demandados vencidos (art. 68 del C.P.C.C.N.); a cuyo efecto regúlense los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por sus labores en la instancia previa (art. 14 de la ley 21.839, ya citada).

EL DR. LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.), el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; II) Imponer a los demandados un interés sancionatorio de una vez y media al que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales; III) Imponer las costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 del C.P.C.C.N.); IV) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por sus labores en la instancia previa.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

JUAN CARLOS FERNANDEZ

MADRID JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

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