La “perdida de confianza” como causal de despido no procede si el trabajador no tuvo la posibilidad de justificar su accionar

Despido (2)Partes: Rubio Walter Ariel c/ Panadería Iguazú S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 20-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91178-AR | MJJ91178 | MJJ91178

El despido dispuesto por la empleadora resultó apresurado pues la invocación de “pérdida de confianza” aparece injustificada en tanto no intimó al trabajador a fin de justificar sus inasistencias.

Sumario:

1.-No corresponde reputar legítimo el despido dispuesto por la empladora invoncado pérdida de confianza en la medida en la que no actuó diligentemente a los fines de evaluar las circunstancias en las que se produjeron las ausencias injustificadas, por lo que, al no darle la posibilidad al dependiente de justificar su comportamiento, el despido luce apresurado.

2.-Aún cuando se considere como hipótesis de análisis que la demandada logró demostrar que el actor se ausentó de su puesto de trabajo algunos días, lo cierto y concreto es que previo a decidir el despido debió intimar al dependiente a fin de darle la posibilidad de justificar sus inasistencias pues podían responder a un impedimento objetivo, teniendo en cuenta que por esas ausencias perdió la confianza en su dependiente.

3.-Las ausencias injustificadas y no preavisadas en las que incurre un dependiente pueden generar un eventual conflicto en la organización de la empresa y colisionar con el deber de diligencia y colaboración pero se trata de incumplimientos que no afectan por sí mismos la confiabilidad, fidelidad y lealtad.

4.-La pérdida de confianza no constituye una causal autónoma, sino la consecuencia de actitudes del dependiente que disipan las expectativas del empleador acerca de una conducta leal acorde con el deber de fidelidad creada con el devenir del vínculo y, en este sentido, las meras ausencias o incumplimientos de asistencia al trabajo no demuestran, por sí falta de lealtad y confiabilidad o una transgresión al deber de fidelidad (cfrme. art. 85 LCT.) sino incumplimientos al deber de diligencia (cfrme. art. 84 LCT.) frente a los que el empleador puede acudir al uso de las herramientas disciplinarias contenidas en la L.C.T. a fin de encausar la conducta del trabajador renuente el cumplimiento del débito laboral.

5.-La circunstancia de que la accionante hubiera demandado con fundamento en los términos del art. 8 de la ley 24.013 y, en rigor, resulta de aplicación el art. 9 de la LNE., ningún perjuicio le ocasiona al demandado habida cuenta que no difieren, en favor del deudor, la cuantificación de ambas sanciones, por lo que no existe agravio al respecto.

6.-Toda vez que se encuentra demostrado que el actor incumplió en forma reiterada su deber de asistencia y, si bien estas conductas reiteradas no pueden considerarse como fundamentos de la causal rupturista (pérdida de confianza), lo cierto es que pudieron generar en la demandada la idea de que le asistía razón al despedir al actor sin abonar las indemnizaciones de ley por lo que, en el estricto marco del presente proceso, la omisión de pago de la indemnización no resulta dolosa y la multa del art. 2 de la Ley 25.323 debe reducirse al 50%.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 20-11-2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. La Dra. Beatriz Ferdman, mediante el pronunciamiento de fs. 376/384, hizo lugar al reclamo incoado por el actor, condenando a Panadería Iguazú S.R.L. a pagarle la suma de $136.569,88.

Contra lo allí decidido se alza la demandada en los términos del recurso que luce a fs. 388/404, el que mereciera réplica de la contraparte a fs. 406/409.

Esencialmente, el actor demandó en procura del cobro de créditos salariales e indemnizatorios. Al respecto denunció haberse desempeñado para la demandada, desde Marzo de 2004, realizando tareas de panadero, percibiendo como contraprestación la suma de $3.100 mensuales. Afirmó que la relación laboral se mantuvo fuera de registro hasta que en el mes de marzo de 2008 se lo registró de modo deficiente, cuando su empleador se retrasó en el pago de salarios, lo que motivó el envío del telegrama intimatorio a los fines de regularizar ambas situaciones (registro y pago de salarios). Finalmente, denunció que ante la falta de respuesta se colocó en situación de despido en fecha 08-10-2010.

La demandada, por su parte, defendió los datos de registro y destacó que el actor se ausentó en varias oportunidades hasta que en el mes de septiembre de 2010 se lo despidió por “pérdida de confianza” fundada en las ausencias reiteradas e injustificadas.

Por su parte, la magistrada de grado consideró que el distracto se produjo por despido directo incausado dispuesto por la demandada el 01-10- 2010, y que las circunstancias de la relación, denunciadas por el actor, deben tenerse por ciertas en virtud de la presunción que emana del art. 55 de la L.C.T.

II.En primer lugar la demandada actualiza el recurso de Apelación de fs. 272 yeste aspecto del recurso ha sido oportunamente resuelto a fs. 416.

En segundo término la demandada se agravia por la decisión de grado que reputó incausado el despido dispuesto por el empleador, tras concluir que no se acreditaron las ausencias del actor ni se lo intimó a retomar tareas con anterioridad a la denuncia del vínculo.

Sobre el tópico, el recurrente señala que se encontraría demostrado, a partir de la prueba pericial contable y demás elementos de prueba, que el actor se ausentó de su puesto de trabajo pues fueron descontados los días no laborados, y que esta circunstancia, aunada a los anteriores incumplimientos, provocaron la pérdida de confianza del empleador que motivó el despido del actor fundado en justa causa.

A mi modo de ver, pese al esfuerzo argumental desplegado por el apelante, lo cierto y concreto es que aún cuando se considere como hipótesis de análisis que la demandada logró demostrar que el actor se ausentó de su puesto de trabajo los días 13, 26 y 28 de Septiembre de 2010, lo cierto y concreto es que previo a decidir el despido debió intimar al dependiente a fin de darle la posibilidad de justificar sus inasistencias pues podían responder a un impedimento objetivo (vgr. prescripción de reposo médico, etc.), teniendo en cuenta que por esas ausencias perdió la confianza en su dependiente. Sin embargo, el empleador de manera apresurada despidió al dependiente por lo que la invocación de la “pérdida de confianza” aparece injustificada en la medida en que no actuó diligentemente a los fines de evaluar las circunstancias en las que se produjo el hecho objetivo: ausencias.

Pero más allá de esta circunstancia determinante, lo cierto es que, a mi juicio, la confianza que el empleador deposita en sus empleados es, desde el comienzo del vínculo, la motivación sobre la que se cimenta el vínculo jurídico.Por ello, como contraprestación ética se le exige al dependiente el deber de actuar sin traicionar esa confianza que el empleador le brinda.

Es por ello que la pérdida de confianza lesiona gravemente el deber de fidelidad que deriva de la índole de las tareas asignadas y no permite la continuación de la relación laboral. Y ello es así por cuanto la falta de confiabilidad recae sobre las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad exigible a todo trabajador.

Desde esta perspectiva, resulta evidente que a tal efecto los hechos u omisiones del trabajador deben afectar la confiabilidad, fidelidad y lealtad por lo que no todo incumplimiento se inscribe en la órbita de tales deberes éticos.

Las ausencias injustificadas y no preavisadas en las que incurre un dependiente pueden generar un eventual conflicto en la organización de la empresa y colisionar con el deber de diligencia y colaboración pero se trata de incumplimientos que, a mi juicio, no afectan por sí mismos la confiabilidad, fidelidad y lealtad salvo, claro está, que demustre lo contrario. En este sentido, viola el deber de confianza el trabajador que se ausenta de su puesto de trabajo de manera premeditada y motivado por el perjuicio que le ocasionará a su empleador ese particular incumplimiento, es decir, cuando se ausenta con la intención de ocasionar un daño adicional al principal, lo que sucede cuando estos incumplimientos se dan en determinados momentos que el dependiente sabe que afectarán particularmente al principal, incurriendo en un incumplimiento doloso.

Y ello es así por cuanto sabido es que la “pérdida de confianza” no constituye una causal autónoma, sino la consecuencia de actitudes del dependiente que disipan las expectativas del empleador acerca de una conducta leal acorde con el deber de fidelidad creada con el devenir del vínculo y, en este sentido, las meras ausencias o incumplimientos de asistencia al trabajo no demuestran, por sí y en el marco del presente proceso, falta de lealtad y confiabilidad o una trasgresión al deber de fidelidad (cfrme. art.85 L.C.T.) sino incumplimientos al deber de diligencia (cfrme. art. 84 L.C.T.) frente a los que el empleador puede acudir al uso de las herramientas disciplinarias contenidas en la L.C.T. a fin de encausar la conducta del trabajador renuente el cumplimiento del débito laboral.

En consecuencia, juzgo que no aparecen demostrados incumplimientos o irregularidades razonablemente configurativas de una situación objetiva de pérdida de confianza, lo que me conduce a confirmar el decisorio de grado en lo que respecta a la ilegitimidad de la causal rupturista invocada por el empleador (arts. 628/63, 242 y concs. L.C.T.).

III. En lo que respecta a la queja que recae sobre la procedencia del reclamo por deficiencias registrales, el apelante insiste en señalar que no se han ponderado las pruebas documental e informativa a fin de desvirtuar los dichos de los testigos y la presunción del art. 55 de la L.C.T., elementos de prueba en los que se sustentó la sentenciante de grado para receptar el reclamo.

Sobre el punto destaco que ni los recibos de haberes confeccionadas por la empresa, ni los informes de la AFIP y ANSES que dan cuenta de la fecha de alta temprana del trabajador (obligación a cargo de la empresa), configuran medios de prueba idóneos a los fines de lograr la modificación del decisorio de grado pues, en definitiva, se trata de información unilateralmente brindada por la empresa a los organismos estatales e ingresada en los recibos de haberes confeccionados por la empresa, sin la intervención del actor, lo que se asimismo a una mera manifestación de parte y, por ende, carente de fuerza probatoria.

No soslayo que la demandada cuestionó la veracidad de los dichos de los testigos que depusieron a propuesta del actor, pero aun prescindiendo de tales elementos de prueba -pese a compartir la valoración hecha por la magistrada de grado-, lo cierto es que ello no podría conducir a tener por cierta la fecha de ingreso denunciada por la demandada (28-03-2008) pues no contrarrestó mediante otros elementos de prueba,la presunción activada en los términos del art. 55 de la L.C.T. a fin de tener por acreditado dicho extremo.

Sin embargo, considero que asiste razón parcial al recurrente puesto que de los elementos de juicio arrimados a la causa permiten concluir que al actor no pudo haber ingresado a prestar servicios con anterioridad al 19-01-2005 toda vez que esa es la fecha probada de inicio de actividades y, esencialmente, porque los testigos que depusieron en autos no refirieron haber visto al actor prestar servicios con anterioridad al año 2005. En efecto, el testigo Quintero (fs. 320/321) refirió que vio al actor entre Enero y Febrero de 2005, cuando fue a colocar una cámara de frio. La circunstancia de que el deponente no conociera al dueño de la empresa no obsta a la fuerza convictiva de sus dichos pues el testigo declaró que fue llevado allí por su hermano, circunstancia que torna verosímil los dichos del testigo, quien puede desconocer al titular de la explotación pues fue su hermano, y no el dueño, quien lo llevó a hacer el trabajo.

Barrios Fretes (fs. 355), por su parte, vio al actor desde el año 2006 mientras que Colman (fs. 361/362) vio al actor en el año 2005.

La crítica que mereció el testimonio de Fretes por parte del demandado, no puede ser atendida puesto que pretende forzar, con parcialidad y subjetividad, la interpretación de los dichos del deponente.

Estas circunstancias me persuaden de que el actor sólo demostró haber prestado servicios a partir de la fecha de inicio de la explotación, también acreditada en autos y no contrarrestada por otros elementos de prueba, por lo que sugiero se modifique este aspecto del decisorio de grado y se establezca como verdadera fecha de ingreso el 19-01-2005.

Ahora bien, acreditada la relación laboral desde la fecha indicada, frente a la verosímil remuneración invocada por el accionante ($3.100) y a la presunción que emana del art.55 de la L.C.T., corresponde e star a la suma denunciada pues el accionado no ha probado haber abonado sumas inferiores, con prueba objetiva.

Por lo expuesto, sugiero receptar parcialmente el agravio con el alcance antedicho, lo que conduce al recalculo de los rubros diferidos a condena en función de la antigüedad probada.

IV. La demandada también se agravia por la condena dispuesta en los términos del art. 80 de la L.C.T. En este sentido, de seguirse mi propuesta, corresponderá confirmar lo decidido en grado pues los certificados que la demandada pretende hacer valer sólo contemplan su tesis defensiva que no se corresponde con la realidad del vínculo que ha sido probada en autos, en particular la fecha de ingreso y remuneraciones efectivamente percibidas, por lo que sugiero tener por incumplida la obligación a cargo del empleador en la medida en que las constancias documentadas lucen manifiestamente insuficientes por contener datos no verídicos. Sostener lo contrario importaría habilitar al empleador a entregar cualquier certificado incompleto, parcial o falso para eximirse de la obligación legal, lo que colisiona con el espíritu de la norma.

En cuanto al presunto incumplimiento formal endilgado al actor, relacionado con la inobservancia de la intimación dispuesta por el art. 3 del dto. 146/01, advierto que la misiva obrante a fs. 125, cuya autenticidad ha sido acreditada mediante el informe rendido por el Correo Oficial a fs. 128, debe entenderse como suficientemente constitutiva del emplazamiento exigido por la norma en tanto intimó, luego de transcurridos más de 30 días de la extinción del vínculo, a la entrega del certificado de trabajo.

V.Finalmente se agravia el accionado por la procedencia de las multas de la ley 24.013, señalando al respecto que a la época en la que el actor intimó en los términos de dicha norma el contrato de trabajo se hallaba resuelto de conformidad con la extinción del vínculo notificada por el empleador.

Sin embargo, llega firme a esta alzada que el vínculo se extinguió el 01-10-2010 y que el actor intimó el 30-09-2010 al debido registro del vínculo en los términos de la ley 24.013 (v. fs. 121), circunstancias soslayadas en la queja de la demandada, que sellan la suerte del recurso en sentido adverso a la pretensión recursiva.

No soslayo que la intimación cursada por el actor llegó a conocimiento de la demandada el 01-10-2010 a las 11,00 hs. (v. fs. 122 y 128), pero lo cierto es que la empresa no probó que la misiva rupturista hubiera sido enviada con anterioridad a esa hora, por lo que habré de confirmar la decisión de grado.

En lo que respecta a la fecha de ingreso consignada en la intimación cursada, aún cuando no se hubiera precisado el día de inicio, no puede sostenerse que ello importó un incumplimiento que exima al demandado de la obligación de abonar las multas contempladas en dicho cuerpo normativo pues individualizó el mes y año de ingres. Si bien no se destaca la importancia del día, lo cierto es que ello no impide la procedencia de la multa pues resulta factible que el accionante no recordara con precisión esta circunstancia y ello no hubiera sucedido si el contrato hubiera sido registrado debidamente. Sin perjuicio de ello, lo cierto y concreto es que el demandado sabía que la relación debía estar registrada con una fecha anterior y por un salario superior, y persistió en su negativa pese a la intimación fehaciente cursada por el trabajador durante la vigencia del vínculo, lo que torna procedentes los créditos reclamados frente a la probada deficiencia registral.La circunstancia de que la accionante hubiera demandado con fundamento en los términos del art. 8 de la ley 24.013 y, en rigor, resulta de aplicación el art. 9 de la L.N.E., ningún perjuicio le ocasiona al demandado habida cuenta que no difieren, en favor del deudor, la cuantificación de ambas sanciones, por lo que no existe agravio al respecto.

Además, no debe soslayarse que el actor denunció que la relación se encontró deficientemente registrada en función de la fecha de ingreso y salario, supuesto que difiere del precedente invocado por el apelante (in re “Voichuk, Angela Beatriz C/ Laboratorio Domínguez S.A. S/ Despido” , Expte. Nº 15.950/06, SD Nº 95606 del 14-3-08, PMG), por lo que la magistrada de grado al sustituir el art. 8 por el 9, ambos de la L.N.E. para cuantificar la multa, no ha hecho más que ejercer la facultad indiscutida

-consagrada en la máxima iuria novit curia – mediante la cual el juzgador aplica el derecho que estima pertinente, en función de los hechos alegados y probados.

Lo que no puede el magistrado hacer es fallar extra petita, es decir que debe ceñirse a las acciones ejercitadas, toda vez que no puede permitirse cambiar una acción por otra, ya que ello importaría una violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio, pero nada le impide -más aún está obligado- a pronunciarse acerca de la factibilidad de los “ítems” solicitados en el marco del régimen legal que consideró aplicable al caso, lo que impone el rechazo de este tramo del recurso.

En definitiva, considero que en el sublite no media un supuesto de pronunciamiento extrapetita ni se ha violentado el principio de congruencia afectando el derecho de defensa de la demandada toda vez que los hechos sobre los que sustentó el reclamo (deficiente registro de la fecha de ingreso y salario) ha sido materia de debate y prueba de autos.Por ello, conforme las facultades especialmente conferidas por el legislador, le asiste a los tribunales la potestad de fallar ultra petita determinando la exacta y correspondiente extensión de los créditos reclamados y procedentes y fijando los importes de tales créditos siempre que su existencia este legalmente comprobada (cfrme. art. 56 LO), tal como sucede en la especie, en la que se determinó la deficiencia registral denunciada en el libelo inicial.

Por lo expuesto, sugiero desestimar la queja analizada.

VI. Seguidamente el demandado se agravia por la procedencia del reclamo del salario del mes de Agosto de 2010, señalando que el actor reconoció el recibo de haberes por el suscripto, prueba suficiente de pago.

A mi juicio, asiste razón al recurrente pues a fs. 274 el perito contador informó que al actor se le liquidó y depositó la suma de $2.762,82 correspondiente al mes de Agosto de 2010 y esta circunstancia no ha merecido cuestionamiento alguno por parte del interesado, lo que sella la suerte del recurso en sentido favorable a la pretensión del recurrente.

Por lo expuesto, auspicio dejar sin efecto la condena al pago del salario del mes de Agosto de 2010.

Distinta suerte correrá la queja que cuestiona la condena al pago de los días trabajados del mes de Octubre de 2010, toda vez que la dogmática afirmación de la demandada, en cuanto a la inexistencia de prueba de prestación de servicio durante ese mes, carece de incidencia toda vez que correspondía a la recurrente demostrar la ausencia del trabajador ese día (01-10-2010) y ninguna prueba invoca en defensa de su tesis.

VII. Finalmente, la sociedad demandada se queja por la condena al pago de la indemnización prevista en el art.2 de la ley 25.323, señalando en su defensa que los antecedentes del actor resultaron suficientes para justificar la decisión rupturista y, subsidiariamente, señala que la empresa pudo, razonablemente, estimar que se daban las condiciones que habilitaban un despido con justa causa y que este podía ser demostrado en juicio.

A mi juicio asiste parcial razón al recurrente toda vez que se encuentra demostrado en autos que el actor incumplió en forma reiterada su deber de asistencia y, si bien estas conductas reiteradas no pueden considerarse como fundamentos de la causal rupturista (pérdida de confianza), lo cierto es que pudieron generar en la demandada la idea de que le asistía razón al despedir al actor sin abonar las indemnizaciones de ley por lo que, en el estricto marco del presente proceso, no advierto que la omisión de pago resulte dolosa.

Desde esta perspectiva, considero que las razones invocadas por la demandada deben interpretarse, en el presente litigio, como causas que justificaron razonablemente la conducta del empleador, razón por la que sugiero reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el art. 2 de la ley 25.323 al 50% de lo que establece dicha norma.

VIII. Por las razones expuestas precedentemente, sugiero diferir a condena los siguientes rubros y montos, teniendo en cuenta a tal fin el salario de $3.100, fecha de inicio 19-01-2005, fecha de registro el 28-03-2008 y fecha de despido incausado el 01-10-2010:

Indemnización por antigüedad: $ 18.600,00

Indemnización sustitutiva de preaviso: $ 6.200,00

S.A.C. s/ preaviso: $ 516,66

Integración mes de despido: $ 3.000,00

S.A.C. s/ integración; $ 250,00

Días trabajados Octubre 2010: $ 100,00

Salario Septiembre 2010: $ 3.100,00

S.A.C. 1/2010: $ 1.550,00

S.A.C. Proporcional: $ 774,99

Vacaciones proporcionales: $ 1.953,00

S.A.C. s/ vacaciones proporcionales: $ 162,75

Art. 9 Ley 24.013 ($3.100 x 41,3 x 25%): $ 32.007,50

Art. 15 Ley 24.013: $ 28.566,66

Art. 2 Ley 25.323:$ 7.141,66

Art. 80 L.C.T.: $ 9.300,00

$ 113.223,22

Dicha suma llevará los intereses fijados en grado, que no han sido cuestionados en esta alzada.

IX. El resultado que dejo propuesto importa una reducción del monto de condena a la suma de $113.223,22.

En virtud de ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- he de reexaminar las costas determinadas en grado.

Sin perjuicio de ello, considero que en la especie no resulta necesaria tal adecuación en la medida en que el pronunciamiento de grado se distribuyó de un modo adecuado al resultado que ahora auspicio, por lo que sugiero se mantenga lo allí decidido (cfrme. art. 68 párr. 2° y 71 del CPCCN), quedando aquí subsumida la apelación de la parte demandada.

En orden a ello, y en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigi o y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador en el 15%, 13% y 4% respectivamente, del monto total de condena, capital mas intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243) quedando aquí subsumida la apelación deducida por las partes y peritos intervinientes.

Las costas de esta alzada, sugiero se impongan en el orden causado, en atención al resultado del recurso de la demandada (art. 68, 2ª pte. CPCCN).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por los trabajos en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, con la siguiente aclaración:en el caso particular de estos autos, tal como lo puntualiza mi distinguido colega preopinante, se da una situación diferente con relación a la que se planteo en los autos “Voichuk, Angela Beatriz C/ Laboratorio Domínguez S.A. S/ Despido”, Expte. Nº 15.950/06, SD Nº 95606 del 14-3-08 del registro de esta Sala, porque, en realidad, el actor explicó en la demanda que había mediado un registro tardío de la relación laboral, y no adujo que esta no hubiera estado registrada en toda su extensión. Por otra parte, al efectuar la liquidación de la indemnización no incluyó allí la totalidad de los períodos comprendidos en la extensión temporal del vínculo sino sólo una parte de ellos; lo cual denota que tuvo la clara intención de reclamar la indemnización del art. 9 de la L.N.E. y que sólo por un error material consignó “art. 8 L.N.E.”. Con tal puntualización adhiero a la propuesta del Dr. Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Reducir el monto de condena a la suma de pesos ciento trece mil doscientos veinte tres con 22/100 ($113.223,22) mas los intereses fijados en grado; 2) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la parte demandada y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el quince por ciento (15%), de la demandada en el trece por ciento (13%) y del perito contador en el cuatro por ciento (4%), todos ellos del monto total de condena, capital mas intereses; 3) Imponer las costas de Alzada por su orden; 4) Fijar los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el veinticinco por ciento (25%) respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

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