Admisibilidad del reclamo que pretende la indemnización por daño moral derivada de la falta de reconocimiento oportuno de un hijo

PesosPartes: B. C. M. c/ Q. S. H. s/ filiación extramatrimonial

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 24-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-90990-AR | MJJ90990 | MJJ90990

Admisibilidad del reclamo que pretende la indemnización por daño moral derivada de la falta de reconocimiento oportuno de un hijo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hace lugar a la pretensión de la actora por daños y perjuicios quien en nombre de su hijo menor reclama indemnización por falta de reconocimiento del hijo, toda vez que quien elude su deber incumple el deber jurídico de no dañar y así se hace jurídicamente responsable de los daños que cause a quien tenía derecho a esperar el cumplimiento de ese deber.

2.-La omisión del demandado en el oportuno reconocimiento de su hijo, que originó este reclamo judicial, demuestran cuando menos una actitud desinteresada, pese a la trascendencia del reclamo, lo que implica un daño a la persona de su hijo, a un derecho personalísimo, cual es de la identidad, que tiene expresa protección constitucional, derivada de su recepción en la Convención de los Derechos del Niño.

3.-La falta de reconocimiento legitima el daño moral porque el hijo ha sufrido el sentimiento de inferioridad, desde que careció de la figura paterna, cierta y visible, se lo privó de gozar de su emplazamiento de hijo y tener el apellido de su padre, por lo tanto la existencia de este daño hace viable una reparación. Y, siendo el agravio moral la consecuencia necesaria e ineludible de la violación de los derechos de la personalidad, la acreditación de la existencia de dicha transgresión importa al mismo tiempo la prueba de la existencia del daño.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 24 días del mes de junio del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A.

Román, Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito N° 10 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Cristóbal, Dra. Graciela V. Gutscher, en los autos caratulados: “Expte. N° 244 – Año 2012 – B., C. M. c/ Q., S. Hérnan s/ FILIAC. EXTRAMAT. – DAÑOS Y PERJ.”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segunda, Dra. Beatriz A. Abele; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Contra la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito Nro. 10 en lo Civil, Comercial y Laboral obrante a fs. 108/113 interpone la parte demandada recurso de nulidad parcial (fs. 114). Sin embargo, no se sostiene dicho medio recursivo en esta segunda instancia.

No obstante ello, tampoco se advierten en el decisorio impugnado ni en el trámite que le precedió, vicios procesales sustanciales que autoricen una declaración oficiosa de invalidez.

Consecuentemente, el recurso debe ser rechazado. Mi respuesta, por lo tanto, es negativa.

Así voto.

A esta misma cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1.La sentencia dictada en la instancia de origen hace lugar a la pretensión de la actora por daños y perjuicios (fs. 108/113). En consecuencia, condena al Sr. S. H. Q. a abonar a la Sra. C. M. B. -en representación de su hijo menor A. A. B.- la suma de $20.000,00 (pesos veinte mil), dentro de los diez días de quedar firme dicha resolución, con más los intereses que resulten de promediar la tasa pasiva y la activa que percibe el Banco de la Nación Argentina, a devengar desde la fecha de interposición de la demanda hasta su efectivo pago.

Asimismo, declara extinguido el proceso de filiación por sustracción de materia litigiosa. Y, en cuanto a las costas, las impone al demandado.

2. Contra esa decisión recurre en apelación parcial la parte accionada (fs.114).

Radicados los autos en esta sede (fs. 122; céds. fs. 123/124) expresa sus agravios el impugnante (fs. 126/131). Sustanciada dicha presentación, los contesta la contraria (fs. 133/135) y responde la vista la Sra. Asesora de Menores (fs. 137/138).

3. El planteo recursivo de la parte demandada se circunscribe a dos puntos de la sentencia de grado: el resarcimiento por daño moral y la imposición de costas a su cargo.

Indica que el fundamento del resarcimiento por daños debe encontrarse en la conducta reticente del progenitor en reconocer a su hijo y no en la circunstancia de haber tenido un hijo. Afirma no haber tenido conocimiento del hijo que se le atribuía y de su probable paternidad; y, de allí que, al tomar conocimiento del reclamo, inmediatamente se allanó y luego de tener la certeza y conocimiento de su hijo, lo reconoció voluntariamente.En suma, insiste en que no hubo posibilidad alguna de obrar doloso por su parte.

También le agravia la ponderación del monto del resarcimiento; lo califica de arbitrario.

El segundo eje de sus cuestionamientos los dirige en relación a las costas.

Señala que no se tuvo en cuenta el allanamiento tempestivo y la colaboración procesal con que actuó. De ahí que, con prudencia y razonabilidad, quiso conocer la verdad sometiéndose voluntariamente a la prueba de ADN. Sostiene que no hubo de su parte actitud esquiva o contradictoria con fines dilatorios y perjudiciales.

4. Como punto de partida para analizar esta apelación, recuerdo que el reconocimiento del hijo constituye un acto voluntario de quien lo realiza.

Ahora, que dependa de la iniciativa privada, no implica que el ordenamiento niegue el derecho del hijo a ser reconocido por su progenitor; y si el hijo tiene el derecho a obtener su emplazamiento respecto del padre o madre que no lo ha reconocido espontáneamente es obvio que éste asume el deber de reconocer al hijo que, como tal, es un deber jurídico.

En consecuencia, quien elude su deber incumple el deber jurídico de no dañar y así se hace jurídicamente responsable de los daños que cause a quien tenía derecho a esperar el cumplimiento de ese deber.

Por ello, entonces, no resultan eficaces los agravios expresados por el demandado para modificar la sentencia que impugna. La omisión del Sr. Q. en el oportuno reconocimiento de su hijo, que originó este reclamo judicial, demuestran cuando menos una actitud desinteresada, pese a la trascendencia del reclamo.Esto implica un daño a la persona de su hijo, a un derecho personalísimo, cual es de la identidad, que tiene expresa protección constitucional, derivada de su recepción en la Convención de los Derechos del Niño.

La falta de reconocimiento legitima el daño moral porque el hijo ha sufrido el sentimiento de inferioridad, desde que careció de la figura paterna, cierta y visible, se lo privó de gozar de su emplazamiento de hijo y tener el apellido de su padre, por lo tanto la existencia de este daño hace viable una reparación. Y, siendo el agravio moral la consecuencia necesaria e ineludible de la violación de los derechos de la personalidad, la acreditación de la existencia de dicha transgresión importa al mismo tiempo la prueba de la existencia del daño.

Como dije, con la falta de reconocimiento del estado del hijo se vulnera el derecho a la personalidad. Concretamente, hay un daño al niño que pasó su etapa escolar, ahora está en la adolescencia y nunca contó con el debido emplazamiento en el estado de hijo que le correspondía. Esa fragmentación de su emplazamiento familiar le impide conocer su filiación psicológica a lo que se debería agregar la lesión espiritual que se profiere al niño que se siente rechazado por su padre.

En el caso de autos, las testigos Irene Juárez (fs. 67) y Rosa Leiva (fs. 70) han expuesto certeramente que el Sr. Q. sabía del embarazo. Dichas declaraciones no han sido cuestionadas ni desvirtuadas por otras pruebas por lo que no pudo pasar inadvertido para el accionado que debía voluntariamente reconocer su paternidad.

En suma, coincido plenamente con la Sra. Jueza de la instancia anterior en cuanto que debe resarcirse el daño que deriva de la falta de emplazamiento en el estado de hijo por no haber mediado reconocimiento voluntario y oportuno (cfr.

MEDINA, Graciela, en “Daño extramatrimonial en el derecho de familia.” Revista de Derechos de Daños, MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis -directores-, Rubinzal-Culzoni Editores, T.6, págs. 90/91). Y, si bien deben valorarse las particulares circunstancias de cada caso, la edad del menor, el plazo transcurrido en la negativa paterna, la actitud del progenitor en el proceso, el daño psicológico producido, la asistencia a la escuela configuran los extremos que deben considerarse a los fines de fijar el rubro en estudio. A lo que, visto la orfandad probatoria existente en el expediente, considero razonable la suma estimada para este resarcimiento que estableció la Sra. A quo en su decisión.

Así las cosas, entiendo que este reclamo del recurrente no resulta procedente.

En otro orden, cuestiona la imposición de costas a su cargo alegando que efectuó un allanamiento tempestivo y se sometió voluntariamente a la prueba de ADN.

Sin embargo, tampoco puedo aceptar estos argumentos pues fue la actitud omisa a reconocer el estado del hijo, vulnerando el derecho a la identidad personal del menor lo que determinó la necesidad de iniciar este proceso y diligenciar todas las pruebas para confirmar la veracidad del reclamo.

También en este punto, expresa fundadamente la sentencia las razones por las cuales corresponde imponer las costas al demandado: los hechos relatados en el escrito de apertura de la instancia, corroborados luego por las pruebas efectuadas en la causa que permiten corroborar la existencia de una relación de pareja entre los litigantes y el conocimiento que el demandado tenía del embarazo de la accionante; con la necesidad de iniciar el presente juicio de filiación y el resultado de la prueba de ADN, todo lo cual demuestra una actitud renuente del demandado. Por estos motivos no puede quedar eximido el demandado del pago de los gastos ocasionados.

Por lo tanto, opino que también en este aspecto la sentencia debe ser confirmada.

5. En suma, para concluir y dar cierre a la pregunta que motivó el desarrollo de mi voto, mi respuesta es afirmativa.

Así voto.

A la segunda cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M.Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado precedentemente, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación parcial interpuestos por el demandado. En consecuencia, confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de impugnación. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 3) Fijar los honorarios de Alzada en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones d el Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación parcial interpuestos por el demandado. En consecuencia, confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de impugnación. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 3) Fijar los honorarios de Alzada en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s