Se juzga que un “gesto desagradable” no es injuria suficiente para justificar el despido del trabajador

Despido empleadoPartes: Fretes Cardozo Francisco Javier c/ Laboratorios Arrayanes s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 22-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-88863-AR | MJJ88863 | MJJ88863

El despido dispuesto por la empleadora no resultó justificado dado que las inconductas reprochadas, -ausentarse del puesto de trabajo-, no constituyen injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 de la LCT.

Sumario:

1.-No corresponde tener por justificado el despido dispuesto por la empleadora con fundamento en haberse ausentado del puesto de trabajo en reiteradas oportunidades en un día en particular para charlar con compañeros de trabajo, -respondiendo con gritos ante el llamado de atención del superior-, dado que ninguna de las declaraciones testimoniales permiten aseverar que el demandante hubiera incurrido en la conducta que se le reprocha.

2.-El despido careció de justa causa, pues, aun cuando se hubiere demostrado que el actor se ausentó del puesto de trabajo y respondió con gritos al superior cuando le llamó la atención por este hecho, lo cierto es que el empleador goza de la facultad de imponer un amplio abanico de sanciones al dependiente incumplidor sin que sea atinado, de acuerdo a los principios que rigen nuestro ordenamiento procesal, recurrir a la adopción de la máxima sanción cuando los hechos no exigen esa consecuencia como única posible.

3.-El despido dispuesto por la empleadora no resultó justo dado que vulnera la disposición contenida en el art. 10 de la LCT; máxime siendo que las sanciones que figuran en el legajo del actor, que ni siquiera fueron acompañadas en la contestación de demandada se refieren a ausencias no justificadas, llegadas tardes y no a las causales relacionadas con las invocadas en la carta documento rescisoria.

4.-Dado que las testimoniales lucen contradictorias y poco convincentes para justificar el despido con causa de un trabajador, cabe modificar la sentencia y admitir las indemnizaciones que se piden, ya que los hechos que motivaron el distracto no constituyen injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 de la LCT. para finalizar el vínculo laboral.

5.-El despido directo dispuesto por la demandada resultó anterior al despido indirecto en que se colocó el actor puesto que existió cruce telegráfico, y partiendo del carácter recepticio de las notificaciones, cabe estarse a dicha solución, puesto que si bien el correo no logró dejar la carta documento, la misma fue dirigida al correcto domicilio del actor, y por tal motivo, la falta de recepción de las misivas que le fueron dirigidas sólo puede atribuirse a su conducta.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 22-9-14 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: “FRETES CARDOZO FRANCISCO JAVIER C/LABORATORIOS ARRAYANES

S.A. S/DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

El DR. ROBERTO C. POMPA dijo:

A.I- Contra la sentencia dictada en primera instancia de fs. 177/180 y 182 que rechazó la demanda en lo principal se alza la parte demandada a mérito del memorial agregado a fs. 184/185 y la parte actora a tenor del que luce a fs. 187/189vta., contestado este último a fs. 198 y vta.

El perito contador apela la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos a fs. 183.

La parte demandada cuestiona a fs. 184 la regulación de los honorarios de todos los profesionales por estimarlos excesivos y los propios por reducidos. Solicita se impongan las costas de ambas instancias al actor a fs. 184vta.

La parte actora se agravia por la regulación de los honorarios de todos los profesionales a fs. 184.

A.II- La parte actora cuestiona la decisión de primera instancia que concluyó que el despido con causa del actor fue ajustado a derecho.

Aduce que la demandada violó el principio de buena fe al no responder las intimaciones cursadas ante la negativa de trabajo y que sólo contestó la comunicación del despido indirecto en que se colocó el trabajador.

Sostiene, además, que rechazó expresamente el despido directo dispuesto por la demandada mediante TCL Nº70170641 del 17/12/08. En este punto se agravia porque aduce que de corresponder, a esa parte incumbía la carga probatoria a efectos de acreditar los extremos aludidos en aval de su postura (art. 377 del C.P.C.C.N.), para eximirse del pago de las indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, cuestiona las declaraciones testimoniales arrimadas por esa parte.

Por su parte, la demandada apela la suma de condena determinada en la sentencia de grado ($3.700,80) y sostiene que efectuó una dación de pago de $4.775,94 el 23/06/10 mediante depósito judicial en el Banco Ciudad Suc.75, Tribunales que debió descontarse.

A.III- Por razones de orden lógico, trataré en primer término la queja dirigida por la parte actora contra la valoración que mereciera la extinción del vínculo, teniendo en cuenta las derivaciones que eventualmente pudiera tener lo decidido respecto de los restantes agravios.

En esa inteligencia, de la lectura de la causa surge la existencia de un cruce telegráfico. El de la parte actora transcripto en la demanda (cfe. fs.5/6vta.) y reconocido por la contraria (cfe. fs. 28vta. pto. VI.2.); y el denunciado por la empleadora a tenor de la prueba informativa a Correo Argentino de fs. 78/90.

En este punto no resulta superfluo destacar que conforme ha quedado trabada la litis, los telegramas remitidos por el dependiente -transcriptos en la demanda- sólo poseen fecha de emisión (no de recepción) y, en sentido contrario, la fecha de entrega o no de las cartas documentos impuestas por la empleadora fueron informadas por el Correo Argentino.

Ahora bien, del intercambio reseñado y partiendo del carácter recepticio de las notificaciones, adelanto -como indicó la Sra. Juez de Grado- que el vínculo finalizó por el despido directo del dependiente en los términos de fs. 87 mediante carta documento impuesta el 26/11/08.

Digo ello porque la recurrente no rebate el argumento central basado en que fue la parte demandada la que produjo la ruptura del contrato poniendo fin al vínculo (art. 116 L.O.).

En efecto, conforme lo expuesto por la prueba a Correo Argentino a fs. 89, la misiva fue impuesta el 26/11/08, salió a distribución los días 2 y 3 de diciembre de ese año, siendo devuelta por el agente con la observación “cerrado con aviso”.

Ahora bien, las reseñadas notificaciones fueron correctamente dirigidas al domicilio del actor sito en Pasaje Craig 746 de la C.A.B.A., esto es, al domicilio denunciado en el acta de Seclo y en la demanda (cfe. fs.2 y

4) circunstancia que permite inferir que la falta de recepción de las misivas que le fueron dirigidas sólo puede atribuirse a su conducta.

Por lo expuesto, el despido directo dispuesto por Laboratorios Arrayanes SACIA resultó anterior al despido indirecto en que se colocó el actor el 05/12/08.

Sentado ello, destaco que el dependiente intimó a efectos de que se aclare su situación laboral mediante CD Nº 978363427 del 27 de noviembre de 2008, es decir, un día después de la fecha de imposición de la comunicación extintiva, C.D. Nº979284898, una segunda C.D. Nº 989377444 del 01/12/08 y una tercera C.D. Nº 968222518 del 5/12/08, en la que el actor se considera injuriado y despedido ante la negativa de trabajo del día 27/11/08. Sin embargo, insisto, pese lo expuesto en el memorial recursivo en torno al silencio que habría guardado la demandada a las reseñadas intimaciones, lo cierto y concreto del caso es que el vínculo fue extinguido con anterioridad, con fundamento en la causa invocada.

Sentado ello, resulta central elucidar si se encuentran justificados los extremos invocados para despedir al actor con causa.

Así pues, y dado que la apelante cuestiona la valoración de la prueba vertida en la causa, corresponde destacar que toda vez que el despido se perfeccionó a instancias de la empleadora (y fue rechazado por el trabajador cfe. CD Nº9959215301 del 17/12/08, ver fs. 5vta./6) la carga de la prueba de tales circunstancias estaba a su exclusivo cargo (art. 377 del C.P.C.C.N.).

Ello así, Fretes fue despedido en los siguientes términos: “En el día de ayer 25 de noviembre de 2008 Ud. Abandonó su puesto de trabajo en reiteradas oportunidades y se lo encontró charlando con sus compañeros de trabajo, a pesar de las reiteradas advertencias de sus superiores. Ante el llamado de atención de la Sra. Silvia Bustindury, Ud. Respondió con un grito, faltando el respecto a la Sra. Vicepresidente.Ante la falta de respeto y conducta laboral inapropiada, le notifico que a partir de la fecha está despedido por su culpa.”.

Adelanto que de la lectura de las declaraciones testimoniales y los restantes elementos probatorios que han sido arrimados a la causa con el fin de demostrar la activa y directa participación del dependiente en los hechos imputados, impide a mi ver concluir de modo certero en la existencia de un obrar reprochable de magnitud tal que hiciere imposible la prosecución de la relación laboral.

En efecto, ninguna de las declaraciones testimoniales que seguidamente analizaré permite aseverar – del modo pretendido – que el demandante hubiere incurrido en la conducta que se le reprochó y, en este sentido, encuentro arbitraria y carente de sustento la afirmación vertida por la sentenciante para dar cierre a sus conclusiones porque el dependiente rechazó la causal invocada.

Por último, solo a mayor abundamiento, me veo en la necesidad de precisar que, aun cuando así hubiere sido demostrado (lo que reitero no ocurrió) y para seguir en la misma línea hipotética que se propuso en esta contienda desde el inicio, lo cierto es que el empleador goza de la facultad de imponer un amplio abanico de sanciones al dependiente incumplidor sin que sea atinado, de acuerdo a los principios que rigen nuestro ordenamiento procesal, recurrir a la adopción de la máxima sanción cuando los hechos no exigen esa consecuencia como única posible. Tal es el caso de marras en abierta violación además a la disposición contenida en el art. 10 de la L.C.T. Y lo sostengo porque las sanciones que figuran en el legajo del actor (cfe. pericia contable pto. f) a fs. 72), que ni siquiera fueron acompañadas en la contestación de demandada se refieren a ausencias no justificadas, llegadas tardes y no a las causales relacionadas con las invocadas en la carta documento rescisoria.

Ahora bien, respecto de la prueba adunada a la causa, la declaración de la testigo Bustunduy (fs. 117/118), impugnada a fs.133/134, no resulta idónea para elucidar los hechos debatidos porque la deponente declaró sentirse parte, tener un interés en la causa y no haber presenciado los hechos que determinaron el despido del trabajador. En suma, la declaración en análisis no genera convicción a la luz de la sana crítica (art. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N).

A su turno, lo depuesto por Díaz (fs. 122/124) e impugnado a fs. 135/136, no coincide con los dichos de la propia testigo Bustunduy. Adviértase que la deponente dice que el actor fue despedido porque se produjeron toda una serie de incumplimientos tales como amonestaciones, avisos y una situación en la oficina de Silvia donde ella le recriminó esta postura y él le contestó con un gesto desagradable y se retiró. Por lo demás, la deponente señala que lo llamaron a la oficina para reclamarle la actitud que tenía con respecto a su trabajo y las llegadas tarde pero no

-como indica el telegrama-“abandono de su puesto de trabajo y charla con sus compañeros”.

En suma, la testimonial analizada no resulta convictiva e incurre en contradicciones con la comunicación rescisoria, por lo que no resulta un elemento probatorio sino a efectos de justificar el despido del actor (art. 90 L.O. y 386 C.PC.C.N.).

Por último, los dichos de Sirok (fs. 125/127) tampoco aportan elementos relevantes dado que al referirse a los hechos del distracto indicó -contrariamente a lo que surge de la carta documento extintiva- que el despido fue por los antecedentes disciplinarios y porque “Silvia” le habría recriminado la postura del actor y él contestó con un gesto desagradable y se retiró. Sólo a modo ilustrativo transcribo:”un movimiento con las manos, como sosteniendo algo pesado”.

Desde esta óptica, dadas las falencias apuntadas precedentemente, las testimoniales analizadas lucen contradictorias y poco convincentes para justificar el despido con causa de un trabajador.

Es así porque tal situación imponía un riguroso análisis de las constancias de la causa, en base a las cuales discrepo respetuosamente con la Sra. Magistrada que me precedió, ya que en mi opinión, los elementos probatorios analizados resultan ineficaces para ac reditar, en forma fehaciente, que los hechos que motivaron el distracto puedan constituir injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 de la L.C.T. para finalizar el vínculo laboral.

En consecuencia, y considerando que el despido no se ajustó a derecho, por los fundamentos expuestos, propicio revocar la decisión anterior, y hacer lugar a las indemnizaciones derivadas del despido y reclamadas en la demanda.

A.IV- Por su parte la demandada se agravia porque la Sra. Juez de grado determinó el pago al actor de la suma de $3.800,70.- Sostiene la existencia de una dación en pago del 23/06/10.

Ahora bien, dicha suma ($4.775,94.-) sólo surge de lo informado por el perito contador y no fue acompañada a la causa la boleta de depósito invocada ni el recibo de pago con la firma reconocida por el actor, circunstancias que impiden hacer lugar a los agravios (art. 386 del C.P.C.C.N.).

De conformidad con lo expuesto y en atención a las argumentaciones vertidas en el presente voto corresponde rechazar la apelación de la parte demandada.

A.V- En virtud de lo resuelto y de los parámetros expuestos en la pericia contable (fs. 72, no impugnada en este segmento), el actor resulta acreedor de los siguientes parámetros: 1) Mes de Noviembre de 2008 e integ. Mes de distracto: $ 1.992.- 2) Indemnización por antigüedad: $ 3.984.- 3) Preaviso:$1.992.- 4) Vacaciones proporcionales:

$1.035,84.- S.A.C.: $ 830.- que arroja un monto total de condena de $9.833,84.-, con más los intereses dispuestos en la instancia de grado que no ha sido materia de apelación en esta instancia.

A.VI- El nuevo resultado del litigio impone dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.N.) en relación con la acción articulada y consecuentemente proceder a fijarlos en forma originaria, deviniendo así abstractos los recursos deducidos sobre estas cuestiones.

A tal fin, y teniendo en cuenta el hecho objetivo de la derrota, sugiero imponer las costas en la acción a cargo de la parte demandada vencida (conf. art. 68, C.P.C.C.N.).

En cuanto a las retribuciones de los profesionales actuantes, teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, las pautas arancelarias previstas en los artículos 6°, 7°, 8° y 19 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, 38 de la LO y 3° del decreto-ley 16.638/57, como así también el mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas, estimo adecuado regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada, y del perito contador, en el 16%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con sus intereses.

Sugiero se impongan las costas de alzada a la demandada (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN) y se regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los asignados en grado (artículo 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH: No vota (art.125 L.O.).

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el capital nominal de condena a la suma de pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($9.833,84.-), con más los intereses dispuestos en la instancia de grado. 2) Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de origen a la demandada vencida. 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada, y del perito contador, en el 16%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el nuevo monto de condena con sus intereses. 5) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada. 6) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los asignados en grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Dr. Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Dr. Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Ante mí:

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