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Por ser más beneficioso en materia de jornada, el Estatuto Profesional para Médicos prima por sobre el CCT de empresa aplicable

Medico 4Partes: Giacola Viviana Edith c/ International Health Services Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 14-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88462-AR | MJJ88462

Corresponde adecuar la situación del demandante a la estipulación de jornada establecida por el «Estatuto Profesional para Médicos», puesto que resulta más favorable al trabajador que el CCT de empresa vigente.

Sumario:

1.-Corresponde la aplicación del Estatuto Profesional para Médicos dec.-ley 22.212/1945 toda vez que la norma establece que regirá en cualesquiera otros establecimientos asistenciales y la demandada es, a su propia interpretación, una empresa que se dedica a la prestación de servicios de asistencia médica; máxime siendo que la actora se desempeñaba en las unidades móviles de la demandada.

2.-Resulta aplicable la regulación estipulada en el Estatuto Profesional para Médicos para el cálculo de la jornada pues si bien la demandada invoca un convenio de empresa, cabe estarse a lo normado en el primer párrafo del art. 7 de la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, que establece que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones son aplicables en tanto resulten más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en protección del interés general, y no es el caso.

3.-Puesto que el Estatuto Profesional para Médicos establece para la actividad el horario de cuatro horas diarias continuas como máximo, en un solo turno y en el mismo servicio (art. 27 , decreto-ley nro. 22.212/1945) resulta más favorable que el CCT de empresa invocado por la demandada, y por lo tanto, cabe estarse al mismo (art. 7 ley de Convenciones Colectivas de Trabajo).

4.-Siendo que resulta de aplicación el art. 27 del decreto-ley nro. 22.212/1945 queda acreditada la jornada laboral invocada por la actora, y puesto que trabajaba más horas de las estipuladas en el estatuto, cabe admitir las horas extras que se reclaman.

5.-Corresponde hacer lugar al reclamo de la actora en cuanto se consideró despedida en los términos del art. 242 de la LCT. tornando operativas las indemnizaciones previstas en los arts. 232 , 233 y 245 de la misma norma, toda vez que la parte demandada acompañó recibos de haberes originales en los que consta la real fecha de ingreso de la trabajadora, tal como esta manifestara.

6.-Puesto que la prueba documental -en el caso recibos de haberes originales-, fue prestada mediante un acto libre, una vez incorporadas y reconocidas en las actuaciones, revisten carácter de confesión expresa excluyendo el tema del ámbito probatorio (art. 1190 , CCiv.), y por lo tanto, resultan hábiles para tener por reconocida la fecha de ingreso denunciada por la actora.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de agosto de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia (fs. 508/ 513) que rechaza el reclamo, se alza en apelación la parte actora a fs. 516/ 522 cuya respuesta obra a fs. 542/ 547 vta. Asimismo, a fs. 514, el perito contador cuestiona los honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos.

II- La primera queja de la actora está dirigida a cuestionar la decisión por la cual se consideró que la demandada logró desvirtuar la presunción iuris tantum que recaía sobre esta última, conforme al art. 57 de la L.C.T., en cuanto a la fecha de ingreso registrada. Adelanto que, a mi entender, le asiste razón.

El incumplimiento de una carga origina una posición jurídica desfavorable al gravado por ella: en este caso consistirá en una presunción cuya consecuencia o efecto desfavorable recae sobre el empleador. En el supuesto de un litigio entre las partes, como el presente, consistirá en la inversión de la carga de la prueba.

Así, correspondía a la demandada probar que Giacoia ingresó a laborar a sus órdenes el 2 de mayo de 2004 cumpliendo tareas los días lunes de 8 a 16 hs. y los miércoles de 7 a 19 (ver fs. 98 vta. y 105). Sin embargo, luego de analizar las pruebas colectadas en autos, considero que la demandada no ha logrado demostrar dicho extremo fáctico (art. 386, C.P.C.C.N.).

Los testigos que declararon a propuesta de la accionada no fueron precisos acerca de la fecha de ingreso. Mobiglia (fs.479) dice «.que no sabe desde cuándo comenzó a trabajar la actora.»; y Feigelsohn, trabajador de la demandada hace 20 años según señala, no conocía a la actora más que a través de informes de la empresa.

En efecto, la propia demandada acompaña originales de los recibos de haberes (fs. 87/ 95), de los cuales surge que la fecha de ingreso de la actora data del 1/04/2005 tal como esta manifestara. Dichas piezas, prestadas mediante un acto libre, una vez incorporadas y reconocidas en las actuaciones, revisten carácter de confesión expresa excluyendo el tema del ámbito probatorio (art. 1190, Cód.Civ.).

Por lo expuesto, considero que corresponde dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia y hacer lugar al reclamo de la actora en cuanto se consideró despedida en los términos del art. 242, L.C.T. tornando operativas las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245, L.C.T. (t.o.) a calcular respecto a la mejor remuneración normal y habitual, conforme informa el perito contador a fs. 436 vta./ 437, de $ 3.230,44.- (Convenio 95 O.I.T.; art. 103, L.C.T. y; Fallo González c/ Polimat S.A. y otro – C.S.J.N.,19 de mayo de 2010-).

III- La segunda queja está dirigida al rechazo de la demanda por el pago de horas por fuera de la jornada lo que rechaza la jueza de grado por entender que no es de aplicación la normativa «Estatuto Profesional para Médicos» («decreto-ley» 22.212/45).

La actora denunció concretamente el horario en que se desempeñaba – lunes de 9 a 16 hs.; miércoles 7 a 19 hs.; y domingos 18 a 1 hs.-, la misma es reconocida parcialmente en la contestación de demanda (v. fs. 98 vta., 3er. párrafo). Respecto de la jornada cumplida los días domingos y sin perjuicio de que la presunción ya invocada del art. 57 L.C.T.invertiría la carga probatoria en este sentido, surge asimismo del contrato acompañado por la propia demanda a fs. 70 tanto como de las declaraciones testimoniales aportadas por la actora. En este sentido, Ohanian (fs. 462) dice «.la vi hasta domingos haciendo guardias.» y Martino (fs. 483) «.conoce que la actora trabajaba domingos de 18 a 1.».

Dicho lo anterior, cabe analizar si de la jornada determinada resulta el desempeño de tareas en horas suplementarias. La sentenciante de grado excluye a la actora del ámbito de aplicación de la normativa «Estatuto Profesional para Médicos» («decreto-ley» nro. 22.212/45) por considerar que la dependencia en la que prestaba tareas no queda alcanzada por la misma. Entiendo que tal interpretación es errónea.

El art. 1, b) de dicha norma señala y así lo resalta la jueza de grado: «.El presente decreto regirá las condiciones de trabajo de los profesionales enumerados en el artículo siguiente, cuando prestaren servicio en forma permanente, bajo la dependencia de alguna de las instituciones que se expresan a continuación: b) Hospitales de colectividades, sanatorios, clínicas y cualesquiera otros establecimientos asistenciales o servicios generales de carácter particular o privado.» (el resaltado me pertenece).

Ante esto, la demandada denuncia a fs. 98 vta. y 104 vta. «.IHSA es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de asistencia médica domiciliaria en situaciones de urgencias y/o traslados de pacientes a instituciones sanatoriales u hospitalarias.» y exige la aplicación del Convenio de Empresa nro. 759/2006 (Resolu- ción ST nro. 95).

En primer lugar, en cuanto la norma establece que regirá en cualesquiera otros establecimientos asistenciales y la demandada es, a su propia interpretación, una empresa que se dedica a la prestación de servicios de asistencia médica, entiendo que la misma será de aplicación en los establecimientos -en términos del art.6, L.C.T.- de IHSA, por tanto, entre otros que pudieran existir, en las unidades móviles en que se desempeñaba Giacoia.

En cuanto al argumento defensivo que invoca el Convenio de Empresa, parece olvidar que, para que una norma convencional sea aplicable debe adecuarse al orden público de protección que establece el ámbito dentro del cual las partes pueden realizar negocios válidos. En el caso particular, ha de estarse a lo normado por el primer párrafo del art. 7 de la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo en cuanto establece que «.las disposiciones de las convenciones colectivas deberán ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, a menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultarán más favora- bles a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en protección del interés general.»

Dicho esto, entiendo que es aplicable la regulación estipulada en el Estatuto precitado, también para el cálculo de la jornada y, por tanto, para la actividad en cuestión rige el siguiente horario: cuatro horas diarias continuas como máximo, en un solo turno y en el mismo servicio (art. 27, «decreto-ley» nro. 22.212/45).

Considerando la jornada laboral invocada y probada, resulta que la actora trabajaba 14 horas semanales que deberían haber sido pagadas con recargo, 3 de las cuales deberán pagarse con un recargo del 100% por haberse cumplido en día domingo mientras que a las 11 restantes corresponde un incremento del 50%. De ello se sigue una proyección de 47,63 horas con recargo del 50% y 12,99 con recargo del 100% mensua- les, lo que resultaría en 1.143,12 horas con incremento del 50% y 311,76 con incremento del 100% correspondiente al reclamo de dos años.Debe señalarse que en la medida que se ha realizado el pago del tiempo trabajado como simple, lo que debe abonarse es el recargo exclusivamente.

Esto importará incrementar el capital de condena en cuanto a lo resuelto en el considerando anterior incorporando la incidencia de las horas suplementarias aquí señaladas, cálculo que deberá realizar el perito contador designado en la etapa del art. 132, L.O.

IV- En cuanto al agravio dirigido a la asignación de emergencias pediátricas y neonatológicas, invocada como causal del despido en el distracto rescisorio, lo resuelto en los anteriores considerandos torna abstracto su tratamiento.

V- De admitirse la propuesta de mi voto, la solución de grado debería revocarse y admitirse la demanda por lo que resultarán procedentes las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 LCT; y también el incremento del art. 2 ley 25.323, porque se encuen- tran reunidos los presupuestos de hecho (ver TLC a fs. 3 e informe de fs. 168) para su admisión, toda vez que no se está ante un caso de ribetes tales que autorice a reducir o suprimir el incremento allí previsto.

Lo mismo sucederá con el incremento previsto por el art. 1 de la misma ley, que impone un incremento de las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario en los casos en que la relación laboral estuviese deficientemente registrada como lo es en autos.

Asimismo, toda vez que la actora hubo intimado a la entrega de los certificados, en la medida que las constancias que resultan de las certificaciones no son las que en definitiva son objeto de condena, la cosa ofrecida y consignada recién en la instancia posterior a la sentencia de grado, no cumple con el requisito de identidad del pago. La puesta a disposición de la cosa que no es debida no se computa para el derecho (artículos 740 y 741 del Código Civil) por lo que la defensa no es sostenible. Consecuen- temente debe prosperar el reclamo en términos del artículo 80 RCT.

VI- Así corresponde diferir a condena los siguientes rubros:a) indemnización por antigüedad; b) indemnización sustitutiva del preaviso; c) incidencia del SAC sobre rubro anterior; d) integración mes despido; e) arts. 1 y 2, ley 25.323; f) multa art. 80, RCT (t.o.); y g) recargo horas extras.

Al capital de condena deberá aplicarse intereses según la tasa nominal para préstamos personales sobre destino del Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses desde que cada suma es debida, conf. Actas CNAT 26000 y 2601 del 07 y 21/05 de 2014 respectivamente.

VII- De prosperar mi voto debería aplicarse la norma del artículo 279 CPCCN dejando sin efecto lo dispuesto con relación a costas y honorarios. Corresponde imponer las costas en ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68 CPCCN) y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base económica suficiente para su determinación.

EL DR. OSCAR ZAS dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto del Dr. Juez de cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda interpuesta por Viviana Edith Giacoia y condenar a International Health Services Argentina S.A. a pagar a la actora el monto de condena conforme lo dispuesto en el primer voto de acuerdo a los cálculos que debe realizar el perito contador en la etapa del artículo 132, L.O. estableciendo la tasa de interés conforme indica el voto.2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida. 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base económica suficiente para su determinación. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 1 se encuentra vacante (art.109 R.J.N.)

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

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