fbpx

Daño moral: la demora en informar la real situación bancaria impidió a la actora realizar un viaje y alquilar

shutterstock_59009110Partes: R. M. B. c/ Banco Supervielle S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 17-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-88578-AR | MJJ88578 | MJJ88578

Daño moral por la demora en informar la real situación bancaria, lo que impidió a la actora realizar un viaje de trabajo y alquilar un departamento. 

Sumario:

1.-Corresponde incrementar el monto admitido por el rubro daño moral con fundamento en las dificultades que debió superar la actora en su ámbito de trabajo, sumado a que aquellas se produjeron en el comienzo de la relación laboral, la inconveniencia de la situación crediticia negativa en atención al perfil de las tareas para la que había sido contratada, así como los demás malestares y las angustias que estar inscripta en la empresa de servicios de información crediticia en forma incorrecta pudo haber generado en ella.

2.-Puesto que la entidad bancaria demandada demoró un tiempo excesivo en regularizar la situación bancaria de la actora y debió informar a la empresa de servicios de información crediticia que la situación bancaria ya era normal, cabe confirmar la procedencia del rubro daño moral .

3.-La punición de conductas que se consideran socialmente nocivas no es una finalidad de la responsabilidad civil, o más ampliamente, del derecho de daños, cuyas únicas funciones consisten en la reparación de los daños injustamente sufridos, y eventualmente, en su prevención por la vía de la tutela civil inhibitoria.

4.-Toda vez que el daño moral puede medirse en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

5.-Sin perjuicio de que la actora tenía que alquilar un departamento para extranjeros porque al figurar en la empresa de servicios de información crediticia no podía acceder a un alquiler tradicional, no justifica la admisión del daño patrimonial que se pide, pues la actora debió acompañar al menos el contrato de alquiler temporario en cuestión.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 17 días del mes de Julio del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «R., M. B.n c/ Banco Supervielle S.A. s/ Daños y Perjuicios», respecto de la sentencia, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI – RICARDO LI ROSI –

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I.- La sentencia de fs. 221/223 hizo lugar a la demanda y condenó a Banco Supervielle S.A. a abonar en concepto de daño moral, dentro del plazo de diez días, la suma de $ 40.000 a M. B. R., con más los intereses y las costas del juicio.

El pronunciamiento fue apelado por las partes en cuanto al monto de condena. El banco demandado se queja a fs. 265/266 por la suma concedida, lo cual fue respondido por la actora a fs. 272/273. Por su parte, esta última se agravia a fs. 259/261 por el importe otorgado por «daño moral» y por el rechazo del daño patrimonial, el cual considera que fue provocado por el mayor valor locativo que debió abonar a raíz de su errónea situación crediticia generada por el demandado. Esta presentación, no recibió la réplica de su contraria.

II.- Antes de entrar en el tratamiento de los agravios, resalto que la cuestión relativa a la responsabilidad atribuida a Banco Supervielle S.A.ha sido consentida por las partes.

III.- Sentado lo que antecede, corresponde analizar las quejas sobre la partida indemnizatoria por «daño moral» reconocida en la sentencia en crisis.

El banco emplazado entiende que la condena es infundada porque el pronunciamiento omitió mencionar la base utilizada para fijar el monto. Invoca jurisprudencia e impugna el importe establecido. Por el contrario, la actora pide que se eleve la cantidad pues considera que la anterior sentenciante no tuvo en cuenta los incidentes sufridos en el ámbito laboral y para tramitar la visa de Estados Unidos. Estima debe valorarse la persistencia del accionar antijurídico del demandado y la continuidad en el tiempo, el perfil especial y altamente sensible derivado del empleo que tiene la actora y la nimiedad que representa la suma otorgada para una entidad financiera como es el banco demandado.

La Sra. juez de grado tuvo por acreditado que el banco demandado demoró seis meses en regularizar la situación bancaria de la actora (26/10/2009). En efecto, la magistrada de la anterior instancia consideró que el día 21 de abril de 2009 el banco Supervielle debió informar a ORGANIZACIÓN VERAZ SA la nueva situación bancaria normal de la actora, oportunidad en que el banco envió un correo electrónico a la Sra. R. por medio de la cual le anoticiaba que el reclamo había sido cerrado y que la cuenta estaba en cero. Todo eso se encuentra consentido ante esta alzada por las partes, como ya lo mencioné.

Sentado lo que antecede, cabe señalar en primer lugar que las sumas que los jueces mandan pagar por «daño moral» tienen una naturaleza resarcitoria, y no punitiva (CSJN, Fallos, 308:1160; Pizarro, Ramón D. -Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, t. 2, p. 678; Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Obligaciones, 9a ed., actualizada por Alejandro Borda, Buenos Aires, 2008, t. I, p. 199; Vázquez Ferreyra, Roberto, «Carácter resarcitorio de la indemnización del daño moral», JA, 2/1/1985; Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, t. 4, p.197; Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Lerner, Córdoba, 1992, p. 212 y ss.; Cazeaux, pedro N. – Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. I, p. 409; Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 103; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 208/209; Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, la Ley, Buenos Aires, 2011, t. II, p. 163). Por lo demás, he señalado en diversas oportunidades que la punición de conductas que se consideran socialmente nocivas no es una finalidad de la responsabilidad civil, o más ampliamente, del derecho de daños, cuyas únicas funciones consisten en la reparación de los daños injustamente sufridos, y eventualmente, en su prevención por la vía de la tutela civil inhibitoria (vid. mis trabajos La singularidad de la responsabilidad contractual, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 14/16, y «Sobre los denominados daños punitivos», LL, 2007-F-1154; «La función de la responsabilidad civil y los daños punitivos» -en coautoría con Alberto J. Bueres-, Revista de Derecho de Daños, 2011-2, p. 21/73).

Desechada entonces la posibilidad de considerar al daño moral como una pena, cabe analizar su procedencia en el caso desde un punto de vista exclusivamente resarcitorio.

Recuerdo, con Pizarro que: «El daño moral importa (.) una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (Pizarro, Ramón D., op. cit., p.31, 43?).

En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del CPCCN, se encuentra en cabeza de los actores la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, «Equitativa valuación del daño no mensurable», LL, 1990-A-655).

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: «Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros», RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede «medirse» en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., «Breve apostilla sobre el daño moral (como «precio del consuelo») y la Corte Nacional», RCyS, noviembre de 2011, p.259). La misma idea se desprende del art. 1041 in fine del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado que actualmente se encuentra a estudio del Congreso Nacional, a cuyo tenor: «El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas».

Es ese el criterio que tendré particularmente en cuenta para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.

Con relación a las molestias que sufrió la actora tengo en cuenta los dichos de la testigo Fiordalisi Saravia, quien relató los problemas que tuvo la actora en su trabajo. En este sentido, la deponente señaló: «que recuerda que tuvo un problema con ‘VERAZ’, que esto lo sabe pues en una reunión laboral se enteró que no pudo viajar a EEUU por ese problema, pues había tenido problemas para sacar la respectiva ‘VISA’ a ese país. Que esto lo supo en una reunión laboral y lo dijo el ‘Jefe’ de área (vid. respuesta segunda, fs. 119). Añadió que la Sra. R. tuvo problemas para que le acrediten el sueldo y que no le dieron las tarjetas de crédito que la empresa les da a todos los empleados de la compañía (vid. respuesta tercera, fs. 119).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las dificultades que debió superar la actora en su ámbito de trabajo, sumado a que aquellas se produjeron en el comienzo de la relación laboral, la inconveniencia de la situación crediticia negativa en atención al perfil de las tareas para la que había sido contratada (consultoría financiera, fs.145), así como los demás malestares y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en ella, y sus condiciones personales, entiendo que el importe de la partida reconocida en la sentencia en crisis es reducido, por lo que propongo que sea elevado a la de $ 60.000 (art. 165 del Código Procesal).

IV.- En cuanto al daño patrimonial invocado por la actora, si bien la testigo Daiub manifestó que aquella estaba «alquilando un depto para extranjeros porque al figurar en el VERAZ (. .) no le daban el alquiler» (vid. fs. 112 vta.) considero que este extremo no puede quedar acreditado únicamente con la prueba testimonial, pues la actora debió acompañar al menos el contrato de alquiler temporario en cuestión. Por eso, habré de rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia recurrida en este aspecto.

V.- En atención al éxito obtenido en esta instancia por cada una de las partes, en virtud de lo dispuesto por el art. 68 del CPCCN, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a la demandada.

VI.- Por todo ello, para el caso de que mi voto fuere compartido, propongo rechazar el recurso de la emplazada y admitir parcialmente el de la actora, y en consecuencia: 1) Elevar el monto de condena por «daño moral» a la suma de $ 60.000: 2) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios y 3) Imponer las costas de alzada a la demandada.

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Sebastián Picasso.

El Dr. Hugo Molteni no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, juliode 2014.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, Se resuelve:1) Elevar el monto de condena por «daño moral» a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000.-): 2) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios y 3) Imponer las costas de alzada a la demandada.

Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo normado por el artículo 279 del ordenamiento adjetivo y, dentro de los límites establecidos por el artículo 505 del Código Civil.

Ello así, valorando la calidad y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes, dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, monto de la condena con sus intereses, lo establecido por el decreto ley 7887/55, los artículos l, 6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432 corresponde fijar los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, Dres. E E. D y G G, en conjunto, en ($.-); los de la dirección letrada de la parte demandada, Dres. P S F, M S. K V G, J A. S y J P. S, en conjunto, en ($.-); los del perito informático, A L.E. M, en ($.-) y los de la mediadora, de conformidad con lo que surge del decreto 1465/2007, Dra. E M. M G, en ($.-).-

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios del Dr. D en ($.-) y los de los Dres. F y G G, en conjunto, en ($.-) (arts. l, 6, 7, 14 de la ley 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.

Notifíquese, a los interesados en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

RICARDO LI ROSI

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: