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La apropiación de elementos de un cliente obsta sin duda la continuidad del vínculo laboral

Despido empleadoPartes: Posta Pilar S.A. C/ Gómez Julio s/ consignación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 9-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87696-AR | MJJ87696

Resulta inadmisible sostener que el apoderamiento de los efectos -billetera- de un cliente, no genera desconfianza tal que impide la continuación del vínculo laboral.

Sumario:

1.-Corresponde considerar justificado el despido toda vez que la conducta del trabajador constituyó un incumplimiento contractual grave pues quedó demostrado que éste se apoderó de la billetera (con dinero y tarjetas) que dejó olvidada un cliente de la empleadora, y cuando regresó a buscarla, el mismo negó haberla encontrado.

2.-El despido dispuesto por la empleadora resulta justificado pues apropiarse de la billetera de un cliente y negar tenerla cuando aquél intentó recuperarla, atenta contra la imagen o prestigio del empleador, y a su vez genera una desconfianza que impide la continuación del vínculo laboral.

3.-Dado que las directivas del art. 63 de la LCT. que imponen la buena fe constituyen una conducta que las partes (trabajador y empleador) deben respetar en el cumplimiento de sus obligaciones, tal como lo haría un ciudadano cuidadoso y prudente, preocupado por la preservación de la relación jurídica y cuidando de evitar un accionar abusivo que pudiese desentonar con la naturaleza del vínculo laboral, la retención de una billetera de un cliente, consituye causal que justifica el despido del trabajador.

4.-No corresponde admitir las horas extras toda vez que el trabajador no demostró por ningún medio la realización de trabajo suplementario, por lo que en nada perjudica a la empleadora el hecho de no haber exhibido al perito contador la documental requerida, tornándose en consecuencia inaplicable al presupuesto de autos la presunción que emana del art. 55 de la LCT.

5.-Corresponde confirmar la condena a la multa establecida en el art. 80 de la LCT. puesto que es obligación del empleador entregar al momento de extinguirse la relación laboral, dos certificados; uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y otro, con las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, y los certificados de trabajo acompañados por la demandada, no cumplen acabadamente con los requisitos.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- Ambas partes han apelado el pronunciamiento de la anterior instancia, que hizo lugar en lo principal, a las pretensiones interpuestas por la empleadora y desestimó a las del trabajador.

II.- Este último recurre, principalmente, que la sentenciante de grado hizo lugar a la consignación y desestimó el reclamo por el despido, en base a una valoración errónea de los elementos de prueba aportados en la causa.

La empleadora, en cambio, apela específicamente que se haya hecho lugar a la sanción contemplada por el art. 80 de la LCT, e impuesto las costas en el orden causado.

III.- El empleado objeta, que la señora Jueza, le haya dado validez a la declaración incriminatoria acompañada por la contraparte, como así también le haya adjudicado un incumplimiento contractual grave, pese a que no tenía antecedentes negativos durante los años de su desempeño laboral y no haber causado con la conducta imputada un daño patrimonial grave. A su vez, agrega que no tuvo en cuenta en el análisis y dilucidación del caso que la contraparte no probó la causal de despido y restó valor a los testigos propuestos por su parte, como así también a que el reclamante efectuó horas extras y la contraparte no acompañó a la causa las planillas de registro del horario laboral. Por último, tampoco dio observancia a lo normado en el art. 9 de la LCT.

El recurso linda con la deserción.Digo esto, pues el apelante en su escrito discursivo soslaya que la conducta injuriosa adjudicada al trabajador no surge únicamente de la prueba testimonial aportada a la causa, sino también de la declaración firmada por el propio trabajador (v. fs. 138vta. y reconocimiento de fs. 458), por lo que su objeción resulta insuficiente a los fines propuestos, máxime cuando no hay indicios que conduzcan a sostener la existencia de vicios en la voluntad.

Dentro de este contexto, en cuanto a que la conducta del trabajador no constituyó un incumplimiento contractual grave, -tal como aduce el recurrente-, quedó demostrado que éste se apoderó de la billetera (con dinero y tarjetas) que dejó olvidada un cliente de la demandada, y que cuando regresó a buscarla, el mismo negó haberla encontrado, lo cual atenta con las directivas del art. 63 de la LCT, el cual impone que la «buena fe» constituye una conducta que las partes (trabajador y empleador) deben respetar en el cumplimiento de sus obligaciones, tal como lo haría un ciudadano cuidadoso y prudente, preocupado por la preservación de la relación jurídica y cuidando de evitar un accionar abusivo que pudiese desentonar con la naturaleza del vínculo laboral. Esta noción, no es propia del derecho del trabajo pero sirve para destacar el valor ético del trabajo, que presupone una posición de honestidad y honradez de las partes. Es inadmisible sostener, como pretende el apelante de que el hecho de que el trabajador se apodere de los efectos de un cliente y niegue la posesión de los mismos (cuando reconoció tenerlos), conforme surge de las actuaciones, no atente contra la imagen o prestigio del empleador, y que a su vez no genere una desconfianza que impida la continuación del vínculo laboral.De conformidad con lo expuesto, carecen de trascendencia recursiva los restantes argumentos expuestos.

En relación a las horas extras, el trabajador no demostró por ningún medio la realización de trabajo suplementario, por lo que en nada perjudica a la empleadora el hecho de no haber exhibido al perito contador la documental requerida, tornándose en consecuencia inaplicable al presupuesto de autos la presunción que emana del art. 55 de la L.C.T. frente a la ausencia de elementos que posibiliten desentrañar la justificación del concepto bajo análisis.

II.-Se agravia la demandada por la condena a la multa establecida en el artículo 80 de la L.C.T. Diré que no le asiste razón.

La norma es por demás clara: es obligación del empleador entregar al momento de extinguirse la relación laboral, dos certificados. Uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social. Otro, con las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Lo expuesto pone en evidencia que los certificados de trabajo glosados a fs. 5 y 6, (formulario PS.6.2), acompañados por la demandada, no cumplen acabadamente con los requisitos dispuestos en la norma mencionada, por lo que su sanción debe ser confirmada.

En cambio, en lo que hace a las costas de grado por las acciones de consignación y despido, deberán ser modificadas e impuestas en el 90% y 10%, al trabajador y empleador, respectivamente, en atención al resultado de los respectivos recursos (art. 71 CPCCN). En cuanto a las costas de alzada, sugiero se impongan en el orden causado, en atención a la índole de la cuestión debatida y la forma de resolverse (art. 68, 2º pár. CPCCN). A su vez, los honorarios fijados en la instancia anterior deben ser mantenidos por encontrarse ajustados a las pautas arancelarias (arts. 6º, 7º y 8º de la ley 21.839, art. 38 de la L.O.y 3º del decreto ley 16.638/57).

IV.- Por lo expuesto, propongo en este voto, se confirme la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recursos y agravios, con excepción de las costas de grado por ambas acciones, que se imponen en el 90% y 10%, al trabajador y empleador, respectivamente, en atención al resultado de los respectivos recursos (art. 71 del CPCCN); se impongan las costas de alzada, en el orden causado, en atención a la índole de la cuestión debatida y la forma de resolverse (art. 68, 2º pár. CPCCN) y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de la memorias dirigida a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente le fueron regulados en la instancia anterior (artículo 68 CPCCN y 14 de la ley 21.839).-

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recursos y agravios, con excepción de las costas de grado por ambas acciones, que se imponen en el 90% y 10%, al trabajador y empleador, respectivamente, en atención al resultado de los respectivos recursos;

2)Imponer las costas de alzada en el orden causado;

3)Regular los honorarios de los letrados firmantes de las memorias dirigidas a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente le fueron regulados en la instancia anterior.-

Regístrese, notifíquese y cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada

C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.-

A.F.

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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