fbpx

Rechazo de indemnización del art. 178 LCT. pues la trabajadora embarazada no cumplió con el recaudo del art. 177 LCT.

reglamento-internoPartes: Perez Lobos Marcia Karina c/ Aseo Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 27-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83931-AR | MJJ83931

Se rechaza la indemnización derivada del art. 178 LCT. pues no cabe presumir que el despido respondió al embarazo pues la actora incumplió con el recaudo del art. 177 LCT. y no fue acreditado que el estado de gravidez haya sido ostensible y conocido sin dudas por el empleador.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la indemnización especial del art. 182 LCT. puesto que la actora reconoce que no ha dado cumplimiento con el recaudo formal de notificación del embarazo establecido en el art. 177 LCT.; máxime siendo que no obra en la causa prueba alguna que acredite que el empleador estaba en conocimiento de su embarazo.

2.-Si bien para aquellos casos en los que el estado de gravidez sea un hecho ostensible y conocido sin duda por el empleador, puede admitirse como excepción a la exigencia prevista en el art. 177 LCT., y en pos del principio de buena fe, la admisión de la presunción legal (art. 178 LCT.), no es aplicable al caso de autos, pues tal extremo no se encuentra probado en la especie.

3.-Toda vez que surge acreditado que la prestación de tareas de la actora era en horario matutino y vespertino, cabe concluir que efectivamente la actora prestaba tareas en jornada completa desde el inicio del vínculo laboral, y más allá de que no existe prueba que avale la tesis de que parte del salario se abonaba fuera de los registros, lo cierto es que, acreditada la prestación de tareas en jornada completa, resulta ajustado a derecho que a los fines del cálculo de los rubros debidos se adopte el salario que debió percibir por dicha prestación laboral.

4.-No corresponde admitir la sanción del art. 1 de la ley 25323 pues dicha sanción sólo progresa en los supuestos en que se advierta ausencia de registración o deficiencia registral en los términos de la ley de empleo, y en la especie, si bien se invocan pagos en negro , no existe prueba que avale tales extremos.

5.-Cumplido el recaudo formal exigido por el art. 80 LCT. y su decreto reglamentario en tiempo oportuno, y siendo que la fecha de certificación de la firma del representante del empleador está fuera de los plazos legales y reglamentarios, cabe propiciar que se admita la multa reclamada.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE NOVIEMBRE DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I-Contra la sentencia de primera instancia -fs. 170/175 – se alzan la parte actora y la demandada a tenor de los memoriales recursivos de fs. 17/182 y fs. 184/186. Asimismo, a fs. 176 el perito calígrafo recurre sus honorarios por entenderlos reducidos.

II-A fin de ordenar la exposición he de referirme a la queja deducida por la parte actora. En primer término cuestiona la sentencia anterior en cuanto se rechaza la indemnización derivada del art. 178 LCT.

Sostiene que la empleadora había tomado conocimiento de su embarazo ya que era de público conocimiento y cita, al respecto las declaraciones de Etcheverry y Giacomello. Afirma que los certificados médicos del 08/07/2011 y 19/11/2011 confirman el estado de embarazo y agrega que «si bien la actora no llegó a cumplimentar la notificación fehaciente que exige el art. 177 de la LCT.de las probanzas de autos surge que la demanda estaba en conocimiento del estado gravidez de la actora.». Agrega que ante la fecha del despido, la actora «no llegó temporalmente a cumplir la notificación formal de su estado.»

Adelanto desde ya que, a mi juicio, corresponde desestimar el planteo. Hago esta afirmación porque, a diferencia de lo sostenido en el escrito de demanda -en el que aduce la trabajadora que había entregado los certificados médicos y notificado su estado- en la apelación la actora reconoce que no había cumplido con el recaudo formal de notificación del embarazo.Ahora bien, ello de por sí sellaría la suerte de la queja pues, tal como lo sostiene el Magistrado de grado, el art. 177 de la ley de contrato de trabajo establece la obligación de la trabajadora de la comunicación fehaciente al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto o requerir su comprobación por el empleador, extremos que no han acontecido en la especie. Pero aun soslayando lo expuesto y de estar a la tesis sustentada por la dependiente en el recurso, tampoco obra en la causa prueba alguna que acredite que el empleador estaba en conocimiento de su embarazo. En efecto, si bien se ha admitido jurisprudencialmente, como excepción a la exigencia prevista en la norma citada y en pos del principio de buena fe, la admisión de la presunción legal y por ende de la indemnización agravada en supuestos en que el estado de gravidez es un hecho ostensible y, sin duda, conocido por el empleador (ver, al respecto Litterio, Liliana en «Ley de Contrato de Trabajo Comentada», dirigida por Vázquez Vialard, T. II, pág.176 y sigts, Ed. Rubinzal-Culzoni) tal extremo no se encuentra probado en la especie.

Repárese en que las declaraciones testimoniales de autos resultan harto insuficientes para considerar que la empleadora sabía que la dependiente estaba embarazada: tanto Etcheverry (fs. 55) -empleada de la empresa Frávega en la que la actora prestaba el servicio de limpieza- como Suárez (fs. 57) -compañera ocasional de viaje en colectivo- y Giacomelli (fs. 157) -empleada del Banco en el que, afirma, prestaba tareas la demandante- se limitan a sostener que Pérez Lobos les comentó que estaba embarazada, sin que en ningún momento pudieran afirmar que al menos algún representante de la empresa empleadora hubiera tomado conocimiento de dicha información. La prueba referida a los certificados médicos (fs. 80/82) tampoco resulta relevante -a la luz del art. 386 CPCC- pues dichos certificados ni siquiera hacen referencia a embarazo alguno y la documental de fs.83 es una hoja de ingreso en la guardia de la clínica a la cual obviamente no tuvo acceso el empleador.

En definitiva, por las razones expuestas, corresponde rechazar este agravio.

III- También cuestiona la demandante el rechazo del art. 1 de la ley 25323 y la base tomada en consideración para el cálculo de las indemnizaciones adeudadas. Aduce que ha quedado demostrado que la relación estaba defectuosamente registrada pues los declarantes de autos hacen referencia a la prestación de tareas de la reclamante en el horario matutino y en el vespertino aunque estaba registrada como trabajadora de media jornada. Dice que en los recibos no se liquidaban la totalidad de las horas trabajadas y las remuneraciones registradas eran las correspondientes a media jornada. Pide que se ajusten los valores al salario por jornada completa.

De los escritos constitutivos resulta que la actora adujo que laboraba para la demandada en jornada completa aunque sólo estaba registrada por media jornada; sostuvo que parte de su salario lo percibía en forma clandestina. En el responde, la accionada dijo que la trabajadora cumplió jornada «reducida» hasta junio de 2011 y «jornada completa» en el mes de julio de 2011; niega el pago «en negro» y acompaña dos recibos.

El Magistrado anterior consideró innecesaria la prueba pericial contable, decisión que no fue objeto de impugnación en la causa. El perito calígrafo, en su informe, sostuvo que las firmas insertas en los dos recibos de salarios acompañados en autos con el responde -fs. 24/25- no pertenecían a la trabajadora. Los testigos de autos corroboran la tesis inicial. Digo esto porque Etcheverry (fs. 55) afirma que conoce a la actora porque era la que hacía la limpieza en Frávega, empresa esta última en la que laboraba la declarante y señala que la veía trabajar a partir de las 8,30 hs. de la mañana; agrega que comenzó a prestar taras en febrero o marzo de 2011; Carreras (fs.147) dice ser empleado del Banco Macro Sucursal Devoto y que allí vio laborar a la demandante desde febrero de 2011, por lo menos hasta que el testigo se fue, en mayo de 2011; que la veía trabajar de 14 a 18 hs. Finalmente, Giacomelli (fs. 157) también empleada del Banco Macro Sucursal Devoto manifiesta que veía a la demandante prestar tareas de limpieza en el Banco «desde el mediodía hasta que se iban tipo 5,30 o 6 de la tarde.», que Pérez Lobos comenzó a prestar tareas en enero o febrero de 2012 hasta junio o julio. Este último testimonio fue impugnado a fs. 158 pero su mera lectura permite observar que constituyen meras discrepancias harto generales que no enervan su relevancia probatoria.

Así las cosas, de conformidad con la forma en que quedó trabada la litis, observo que la demandada adujo que la jornada de la trabajadora era «reducida» aunque en el último mes se había extendido a jornada completa, aspectos sobre los cuales no aportó prueba alguna; a ello cabe agregar que la prueba testimonial de autos se presenta clara, precisa y concordante -a la luz del art. 386 CPCC- respecto de la prestación de tareas de la actora en horario matutino y vespertino, he de concluir que efectivamente Pérez Lobo prestaba tareas en jornada completa desde el inicio del vínculo laboral. De este modo, más allá de que tal como se señala en grado no existe prueba que avale la tesis de que parte del salario se abonaba fuera de los registros, lo cierto es que, acreditada la prestación de tareas en jornada completa, resulta ajustado a derecho que a los fines del cálculo de los rubros de autos se adopte el salario que debió percibir por dicha prestación laboral.

Así, en ejercicio de las facultades que me confiere el art. 56 LO y 56 LCT, teniendo en consideración la norma convencional que cita la propia demandada -art. 8 LCT- CCT 281/96 y Ac.74/99 y las escalas salariales vigentes a la fecha del vínculo de autos, la jornada laboral de la trabajadora, considero ajustado a derecho tomar como base salarial $ 2.505.

No he de admitir el art. 1 de la ley 25323 pues como ha sostenido esta Sala en numerosas oportunidades, dicha sanción sólo ha de prosperar en los supuestos en que se advierta ausencia de registración o deficiencia registral en los términos de la ley de empleo, esto es ante la falta de registro, la inscripción en los libros de una fecha de ingreso posterior a la real o los pagos clandestinos. En la especie se invocan pagos «en negro» pero comparto la apreciación del sentenciante anterior acerca de la inexistencia de prueba que avale tales extremos.

IV-También apela la demandante el rechazo de la sanción del art. 80 LCT. En mi criterio le asiste razón. En efecto, tal como resulta de la contestación de demanda, la empleadora no desconoce expresamente el telegrama de fecha 12 de octubre de 2011 en el que la trabajadora intima a fin de que le hagan entrega de los certificados previstos en el art. 80 LCT (ver telegrama que se encuentra en el sobre agregado por cuerda) transcripto además en la demanda (se limita a desconocer la CD Nro.20224710 4 que es la que fue despachada el 03/08/2011 (según constancia que obra en el sobre antes mencionado). Y, de hecho en la carta documento que adjunta con el responde -fs. 28- se hace expresa referencia a la notificación de la actora Nro. 21093577 y se informa que los certificados estaban a su disposición.

Por ende, cumplido el recaudo formal, corresponde examinar si efectivamente la empleadora había puesto a disposición de la trabajadora, en tiempo oportuno, la documentación requerida. Basta al respecto observar la fecha de certificación de la firma del representante del empleador de fs. 23 para concluir que no se cumplió en tiempo oportuno con la exigencia impuesta por el art. 80 LCT y su decreto reglamentario.En efecto, se ha certificado la firma de la certificación de servicios y remuneraciones el 3 de noviembre de 2011, es decir fuera de los plazos legales y reglamentarios (cabe recordar que el despido se produjo el 22 de julio de 2011), lo que me lleva a propiciar que se admita este rubro.

En consecuencia, dicho ítem ha de prosperar por l a suma de $ 7.515.

V-La demandada apela la sentencia de grado en cuanto considera que la actora no percibió la liquidación final. Aduce que la conclusión basa en el informe caligráfico resulta arbitraria y errónea pues se ha descartado las impugnaciones formuladas por su parte, que reitera. En su segundo agravio vuelve a cuestionar la admisión de los rubros derivados a condena pues sostiene que han sido cancelados, razón por la cual deviene inaplicable el art. 2 de la ley 25323 y la declaración de conducta temeraria y maliciosa de su empresa.

Comparto la valoración efectuada por el Juez de grado a la pericial caligráfica. Repárese en que el informe (fs. 118/139 y respuesta de fs. 150/152) se presenta claro, preciso, fundado, con una explicación diáfana acerca de los aspectos de las grafías que se tuvo en cuenta para llegar a la conclusión a la que arriba, sin que las dogmáticas afirmaciones expresadas en el escrito de impugnación incoado a fs. 142 y reiteradas a fs. 158 justifiquen apartarse de lo allí expuesto.Cabe recordar que, tal como lo ha dicho esta Sala con anterioridad, no puede soslayarse que el trabajo del perito, en función de la aptitud y especial versación que cabe reconocer a quienes se hallan oficialmente habilitados para ejercer la ciencia u oficio de que se trata, goza de una presunción de idoneidad que hace que, en principio, deban aceptarse sus conclusiones en lo que a su especialidad se refiera, salvo la presentación pro el interesado de elementos de doctrina que por su autoridad permitan dudar acerca de sus conclusiones o bien cuando éstas puedan aparecer manifiestamente infundadas o arbitrarias a la vista del lego lo que en atención a las consideraciones expuestas, no ocurren en el caso (ver, entre otros, «CelizJoseluis c/ Liberty ART» abril 2011 expte. 19662/09).

Lo expresado me lleva a propiciar el rechazo del agravio deducido por la demandada respecto de la procedencia de los rubros derivados del despido y la liquidación final así como del art. 2 de la ley 25323 y la declaración de temeridad y malicia dispuesta en grado, cuyo planteo está asociado al pago oportuno de las indemnizaciones por despido.

VI-En definitiva, la presente demanda ha de prosperar por los siguientes rubros y montos: -indemnización por antigüedad $ 2.505, – indemnización sustitutiva del preaviso con más sac $ 2713,75, -integración mes de despido con más sac $ 723,67, días laborados en julio de 2011 $ 1837, -sac proporcional $ 153,08, -vacaciones proporcionales con más sac $ 886,50, -art. 2 ley 25323 $ 2971,21, -art. 80 LCT $ 7.515 lo que hace un total de $ 19305,21 que llevará los intereses fijados en grado.

VII- La modificación introducida me lleva a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios de conformidad con lo establecido por el art. 279 CPCC. Ello torna abstracto los planteos incoados al respecto.

Desde tal orden de saber las costas en ambas instancias propongo imponerlas a cargo de la demandada vencida (art.68 CPCC) regulando los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito calígrafo en el 15%, 12% y 8% del monto de condena (capital más intereses); ello en función de las labores realizadas y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, ley 21839 y 24432).

En la Alzada sugiero fijar los honorarios de los profesionales actuantes ante esta instancia, en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en esta etapa.

En síntesis, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Modificar la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $ 19305,21 (diecinueve mil trescientos cinco pesos con veintiún centavos) que llevará los intereses dispuestos en grado, 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el considerando VII.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto de la doctora Pinto Varela.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:1)Modificar la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $ 19305,21 (diecinueve mil trescientos cinco pesos con veintiún centavos) que llevará los intereses dispuestos en grado, 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el considerando VII.

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y oportunamente devuélvase.

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

  1. ojala dios la ayude y le paguen todo a la trabajadora gestante .ya que x ahi no pudo avisar de su embarazo en dicho momento .las empresas con tal de ahorrarse unas monedas no le importa nada .a mi me despidieron despues de la baja de maternidad con hijos y no les importo nada y menos indemnizarme .ni pedir excedencia pude ,chau suerte

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: