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Procede la indemnización reclamada pues la suscripción de contratos de agencia no convierte a la trabajadora en empleadora

Pesos argentinos 2Partes: Gdansky Vanesa c/ Balut Hermanos S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 13-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83928-AR | MJJ83928

La presunción del art. 23 LCT. no fue desvirtuada, -y por ello cabe admitir las multas e indemnizaciones-, pues la suscripción de contratos de agencia no convierten a la trabajadora en empleadora; máxime siendo que las tareas de boletera revisten naturaleza dependiente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la actora prestó servicios de índole dependiente puesto que, tal como lo prevé el art. 23 , LCT. el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario, y tal presunción no ha sido desactivada, pues ni la suscripción de los contratos de agencia ni la registración de la actora en los organismos de recaudación fiscal como empleador, la convierten en una empresaria.

2.-Puesto que de la prueba testimonial se desprende con claridad que las tareas de la actora eran de boletera (venta de pasajes) en la oficina de la terminal de ómnibus, no cabe admitir que existió un contrato de agencia entre las partes, si no que la prestación de servicios revistió naturaleza dependiente.

3.-Corresponde admitir el pago del plus vacacional adeudado puesto que la finalidad de la norma (art. 162 LCT.) en relación a las vacaciones es higiénica, y justamente se pierden si no se gozan, pero en el caso, la actora admitió haberlas gozados, por tanto y no obrando en autos constancia documental de su pago, corresponde hacer lugar a las vacaciones en atención a las previsiones de los arts. 156 y 162.

4.-No corresponde admitir el reclamo de horas extra puesto que de las declaraciones testimoniales se extrae que la prestación de tareas era en horarios rotativos, pero no se advierte en forma concreta en qué consistían dichos horarios ni en qué extensión; máxime frente a lo poco convincente y contradictorio que resultan los dichos.

5.-Corresponde confirmar la condena solidaria de la persona física demandada puesto que el régimen de responsabilidad previsto en la LSC es de derecho común en tanto obliga a indemnizar el daño causado, y por ello, está sujeto a la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre el incumplimiento del gerente y el perjuicio ocasionado al trabajador; y en el caso, las circunstancias de irregularidad registral acreditadas comprenden la situación prevista en los arts. 59 y 157 de la ley de Sociedades Comerciales y a su respecto, la trabajadora víctima de la ilicitud, tiene el derecho a la reparación correspondiente por parte de quien ejerciera la administración del órgano societario.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia vienen en apelación ambas partes.

La actora presenta su queja a fs. 766/772, con réplica de la codemandada Balut Hermanos SRL de fs. 785/787 y del codemandado Inklemona, Oscar de fs. 788/vta.

Por su parte, Balut Hermanos interpone recurso de apelación a fs. 776/780, e Inklemona, Oscar lo hace a fs. 781/783; siendo ambas quejas contestadas por la parte actora a fs. 794/800 y fs. 791/793, respectivamente.

Asimismo, la representación letrada de la parte actora, por su propio derecho, cuestiona a fs. 765, los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

En primer lugar examinaré, en forma conjunta, los términos vertidos por ambas demandadas en relación a la naturaleza del vínculo que uniera a las partes.

Desde esta perspectiva adelanto que los argumentos expuestos por los accionados al respecto, no resultan eficaces para conmover la decisión de grado en el sentido de que la actora prestó servicios de índole dependiente.

En el caso, las accionadas sostienen que el vínculo que las uniera con la actora era de tipo comercial, ya que entre las partes se suscribieron contratos de agencia para la venta de los pasajes de larga distancia que comercializa la demandada Balut Hermanos SRl.

En este sentido y tal como lo prevé el art. 23, LCT el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.

En el supuesto en examen, los accionados no han logrado desactivar los efectos de la presunción señalada; ni la suscripción de los contratos de agencia adjuntados a la causa, ni la registración de la actora en los organismos de recaudación fiscal como empleador; la convierten en una empresaria.

Máxime tomando en consideración los términos que surgen de las declaraciones testimoniales de autos (fs. 218, fs. 221, fs. 225 y fs. 235), que han sido analizadas por la sentenciante de grado, y de las cuales se desprende con claridad que las tareas de la actora en su calidad de boletera (venta de pasajes) en la oficina 53 de la terminal de Retiro, revestían naturaleza dependiente.

Por lo demás, cabe destacar que los argumentos esgrimidos por los accionados para demostrar el carácter empresarial de la actividad de la actora basados en que la misma viajaba periódicamente a la ciudad de Jujuy no resiste análisis, puesto que en mi opinión, dicha circunstancia puede darse perfectamente en una relación dependiente.

Por tanto y no encontrando en los escritos recursivos en examen elementos objetivos que permitan apartarse de lo decidido en grado al respecto propongo se lo mantenga.

Tampoco resultan atendibles los argumentos esgrimidos por la accionada BalutHnos SRL, en relación a la remuneración considerada por la Sra.Juez «a quo», toda vez que la misma ha sido valorada de conformidad con las facultades legales previstas por la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 56 y 114; y en consideración a la aplicación de los efectos presuncionales previstos por el artículo 55 LCT.

Sentado lo expuesto, me abocaré al examen de los agravios planteados por la parte actora en relación a lo decidido en materia de vacaciones y horas extras.

En cuanto a las vacaciones correspondientes al período 2005/2006, adelanto que la queja resulta atendible.

En este punto corresponde poner de resalto que la finalidad de la norma (art. 162 LCT) en relación a las vacaciones es higiénica, y justamente se pierden si no se gozan. En el caso, la actora en su escrito de inicio (ver fs. 27 vta.) manifiesta que «.si bien se le asignaban los días, no se le abonaba el plus vacacional.», es decir, que la parte manifiesta haberlas gozado, por tanto y no obrando en autos constancia documental de su pago, corresponde hacer lugar a las vacaciones correspondientes a los años 2005 y 2006, en atención a las previsiones de los artículos 156 y 162, y a que el despido data del mes de junio del año 2007.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto propongo se modifique el fallo apelado y se adicione al monto de condena la suma de $7.527 (vacaciones períodos 2005/2006)

En cuanto a la apelación de la parte actora en relación a las horas extras, adelanto que la misma no resulta atendible.

Sin perjuicio de destacar que la prueba de las horas laboradas en exceso de la jornada legal ameritan el mismo rigor probatorio que cualquier otro hecho, lo cierto es que el testimonio aislado de Barrios (fs. 218) no alcanzan en mi opinión a demostrar dicho presupuesto fáctico, ya que sus dichos no se evidencian corroborados por otros elementos de prueba.

Así, el testigo Bracamonte (fs.225), no da precisiones, se limita a manifestar que cumplían horarios rotativos; Paez (fs.221) tampoco concreta horarios, sólo manifiesta que trabajaba doce horas (más horas que las invocadas por la propia actora) y en relación a su testimonio cabe destacar que la declarante expresa haber trabajado allí hasta principios del año 2006. Tampoco resulta convincente el testimonio de Campillo (fs. 235) quien declara no saber el horario exacto pero que siempre estaba, tanto a la mañana como a la tarde; extremo que no se condice con las manifestaciones de la propia actora quien invoca como horario de ingreso las 15 horas.

Por lo expuesto, y no encontrando en el escrito recursivo elementos objetivos que justifiquen una decisión distinta, propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto.

Finalmente, examinaré en forma conjunta los agravios vertidos por las accionadas en relación a la condena solidaria de la persona física demandada en autos, Oscar Inklemona.

Desde esta perspectiva de análisis, adelanto que las quejas vertidas al respecto no tendrán favorable andamiento.

En el caso, considero que para determinar la responsabilidad del gerente debemos remitirnos al art. 59 de la LSC, que establece un estándar jurídico de conducta al que deben ajustar su gestión. De este modo, establece que tanto los administradores como los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultares de su acción u omisión.

Debe destacarse que el régimen de responsabilidad previsto en la LSC es de derecho común en tanto obliga a indemnizar el daño causado. Por ello, está sujeto a la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre el incumplimiento del gerente y el perjuicio ocasionado al trabajador.

En el caso de autos, las circunstancias de irregularidad registral probadas en autos comprenden la situación prevista en los arts.59 y 157 de la ley de Sociedades Comerciales y a su respecto, la víctima de la ilicitud, en el caso el trabajador, tiene el derecho a la reparación correspondiente por parte de quien ejerciera la administración del órgano societario.

Por lo expuesto, y no encontrando en el escrito recursivo elementos objetivos que permitan un apartamiento de lo decidido al respecto, propongo se lo mantenga.

Por tanto de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y se establezca el monto de condena en la suma de $253.661,84; la que llevará los accesorios dispuestos en primera instancia.

En virtud de las previsiones del art. 279 CPCCN, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos propongo confirmar los porcentuales establecidos en grado para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandadas (en conjunto) con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses.

En cuanto a los trabajos profesionales cumplidos ante esta alzada propongo se fije los emolumentos correspondientes, para la representación letrada de la parte actora y demandadas (en conjunto) en el 25% de lo regulado en la etapa anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18345) EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $253.661,84 con los accesorios dispuestos en primera instancia. III) Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN). IV) Mantener los porcentuales de honorarios establecidos en grado para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandadas (en conjunto) con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses. V) Fijar los honorarios por los trabajos cumplidos ante esta alzada para la representación letrada de la parte actora y demandadas (en conjunto) en el 25% de lo regulado en la etapa anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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