Los servicios prestados como administrador de los campos de la accionada configuraron una relación de trabajo encuadrada en las previsiones de la LCT.

ley-contrato-de-seguroPartes: Altman Ernesto Andrés c/ Estrada Agropecuaria S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 30-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79229-AR | MJJ79229 | MJJ79229

Corresponde reducir las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la LNE. en un 50% del previsto legalmente, porque son varias las particularidades y características de la relación mantenida entre las partes que pudieron generar en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la LCT. (conf. art. 16 de la LNE.), entre las cuales se destaca la posibilidad de que en la actividad agropecuaria, la prestación habida se enmarque en una locación de servicios de las contempladas en el derecho común.

Sumario:

1.-Corresponde considerar que la vinculación habida entre las partes fue una relación de trabajo encuadrada específicamente en las previsiones de la ley de contrato de trabajo porque debe tenerse en cuenta que, de modo personal, normal, habitual e ininterrumpido, -primero para la persona física y luego para sociedad continuadora-, el accionante prestó servicios como administrador de los campos que explota dicha empresa, conforme el plan general de trabajo establecido por la reclamada, percibiendo a cambio de ello las sumas mensuales convenidas, e inserto en una estructura empresarial ajena.

2.-Toda vez que el actor estuvo inserto en una infraestructura material, personal y técnica, afectada a la explotación que corrían por cuenta de la accionada, es dable concluir que éste integró los medios personales (conf. art. 5 LCT. to) de los que se valió la demandada para cumplir su actividad, -explotación agropecuaria-, dentro del cual cuenta con personal para realizar distintas tareas exclusivamente operativas, y en las que también intervino el actor, realizando además funciones administrativas con la finalidad de llevar a cabo tal objetivo.

3.-Corresponde admitir la demanda toda vez que existió prestación personal de servicios a cambio de una remuneración, -dependencia económica-, en base a una conducta ajustada a la organización empresarial demandada, -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales el actor integró; máxime siendo que la contratación del actor no lo fue para que libremente dispusiera de los bienes de la sociedad, sino para que administrara o gerenciara los mismos; y tan es así que la rendición de sus actos y ejecución de los presupuestos resulta del detalle que la propia empresa codemandada acompañó en oportunidad de alegar.

4.-Sin perjuicio de que puede perfectamente calificarse como independiente al actor como titular de su propia explotación agropecuaria, tal circunstancia aparece ajena a la vinculación con la reclamada, pues no es dicha organización la que fue afectada por el actor a la ejecución del contrato que mantuvo con la empresa codemandada, sino todo lo contrario, pues administró y gerenció los bienes y personal de la empresa, a cambio de una suma fija mensual de dinero, por lo que se verifica la ajenidad del demandante en el riesgo de dicha explotación, por lo tanto el demandante no fue otra cosa que un trabajador de los definidos en el art. 25 LCT. (to), contratado por un empleador de los señalados por el art. 26 de dicho cuerpo legal, y que el vínculo que existió entre ambos no fue más que un contrato de los descriptos por el art. 21 LCT. (to).

5.-En nada obsta a ello la falta de reclamación oportuna, pues los derechos del trabajador son irrenunciables (conf. art. 12 LCT. to) y si el simple hecho de emitir facturas, no gozar de vacaciones, estar inscripto como autónomo, no fichar la entrada y salida del trabajo, no estar anotado en los libros o registros laborales o poseer otra ocupación, significara que se trata de un trabajador autónomo, es posible que hubiera pocos trabajadores dependientes en el país, porque muchos de esos hechos dependen de la voluntad del empleador, y además, la relación de trabajo es un contrato realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos, tal como se dan, y no lo que las partes quieran decir de su relación o las denominaciones o formas que, de buena o mala fe, adoptan para poner un velo sobre lo realmente ocurrido.

6.-Considerando que la demandada bien pudo razonablemente tener un encuadre distinto de la real relación habida entre las partes, corresponde habilitar la reducción que autoriza el art. 16 de la ley 24013 siendo prudente reducir las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 en un 50% del previsto legalmente, porque son varias las particularidades y características de la relación mantenida entre las partes que bien pudieron haber generado en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la LCT. (conf. art. 16 de la LNE.), entre las cuales se destaca la posibilidad de que en la actividad agropecuaria la prestación habida se enmarque en una locación de servicios de las contempladas en el derecho común (art. 1623 y ss. del CCiv.).

7.-Resulta improcedente el reclamo indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25323, porque la intimación al pago de las indemnizaciones debidas efectuada en la misma comunicación extintiva resulta extemporánea por prematura, al haberse cursado antes de vencido el plazo del art. 255 bis de la LCT. que otorga al empleador un plazo máximo de cumplimiento en el pago de las indemnizaciones legales de cuatro (4) días hábiles (del voto del Dr. Enrique R. Brandolino al que adhiere el Dr. Gregorio Corach – mayoría).

8.-Procede la indemnización reclamada a partir del art. 80 LCT. (to art. 45 ley 25345) porque la accionada no hizo entrega, al cese de la relación de trabajo, de las certificaciones previstas por el art. 80 LCT. (to), y además omitió cumplir dicha obligación frente al expreso requerimiento que el actor le cursó, o sea, luego de vencido el plazo dispuesto por el art. 3 del dec. 146/01.

9.-La condena pecuniaria deberá ser soportada solidariamente por la persona física codemandada, en su condición de Presidente del Directorio de la empresa, porque no se demostró la inimputabilidad de la situación de irregularidad en que se desarrolló el contrato de trabajo, importando ello una violación a distintas disposiciones, tanto laborales como previsionales y fiscales, lo cual evidencia cuanto menos, la omisión de las diligencias elementales que impone la naturaleza de la obligación de administrador, o por lo menos, la omisión de las diligencias propias de un buen hombre de negocios (culpa leve -in abstracto-); estándar íntimamente relacionado con la fórmula de los arts. 512 y 902 del CCiv. que se traduce en una valoración de las diligencias necesarias que requiere una prudencia, cuidado y atenciones superiores a las de un hombre común por la profesionalidad que se le pide a un ordenado empresario.

10.-Corresponde receptar la indemnización del art. 2º de la ley 25323 pues, en definitiva, y ante la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido, el actor se vio compelido a iniciar el pleito en procura de su percepción, circunstancia que precisamente quiso evitar la norma en cuestión; es decir, que la finalidad del legislador ha sido la de imponer al empleador ese incremento indemnizatorio cuando no ha abonado las indemnizaciones derivadas del despido sin justa causa y además que una cosa es la exigencia insoslayable de intimación fehaciente y otra diferente la situación de mora en el pago (de la disidencia del Dr. Daniel E. Stortini).

Fallo:

Buenos Aires,30/04/2013 El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Luego de evaluar los elementos arrimados a la causa, la Sra. Juez “a-quo” determinó que, en las condiciones particulares en las que se desarrolló el vínculo entre las partes (administración de campo a cambio de una suma de dinero -honorarios-), resultó insuficiente para considerar que existió una relación de trabajo, y consecuentemente, desestimó la reclamación incoada.

Contra tal decisión recurre la parte actora a tenor del memorial de fs. 718/746vta, debidamente contestado por su contraparte a fs. 750/761vta.

También hay apelación de la demandada quien cuestiona por altos los regulados en la sentencia de grado, mientras que su representación letrada, por derecho propio, cuestiona los suyos por bajos. Por último, el perito contador cuestiona por bajos los emolumentos que le fueran asignados.

Liminarmente creo conveniente señalar que se puede, legítimamente, dado que se trata de un tema más que opinable, discrepar con la posición de la Dra. Barrionuevo, pero ello no habilita a que, como crítica en los términos del art. 116 L.O., se formulen cuestionamientos a la persona que los expuso y, menos aún a que se le atribuyan supuestas confusiones conceptuales que, en definitiva, no se aprecian como tales. Es más, ayuda a incurrir en problemas de esa índole escritos de una extensión (por ejemplo, cincuenta y ocho páginas) que no se compadece con la cuestión en debate; esto es establecer la naturaleza de la relación que unió a las partes desde 1.993 (extremo no controvertido), pues de su suerte depende el tratamiento de las restantes cuestiones articuladas por las partes; y al respecto, luego de evaluar, a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. art.386 C.P.C.C.N.), las probanzas arrimadas a la causa, me anticipo a señalar, tal como pretende el recurrente, que dicha vinculación configuró una relación de trabajo, encuadrada, específicamente en las previsiones de la ley de contrato de trabajo.

Digo esto, porque si se tiene en cuenta que, de modo personal, normal, habitual e ininterrumpido, en particular, desde febrero de 1.993, primero para Alejandro Manuel Estrada y luego para Estrada Agropecuaria S.A., como continuadora de éste (ver además pericial contable de fs. 596/60 -pto. 5-), el accionante prestó servicios como administrador de los campos que explota dicha empresa, conforme el plan general de trabajo establecido por la reclamada (llevando adelante la organización y decisiones operativas que hacen a la misma -ver términos del responde a fs. 139-), percibiendo a cambio de ello las sumas mensuales convenidas (ver detalle efectuado por el perito contador a fs. 598/9 -punto 15- y remisión a fs. 5/9 del escrito inicial), e inserto en una estructura empresarial ajena (toda la infraestructura material, personal y técnica, afectada a tal explotación corrían por cuenta de la accionada -así emerge de las declaraciones de Seewald -fs. 494/97-, Pozueta -fs. 498/500-, Sojo -fs. 501/503-, Caparon -fs. 504/506-, Buamden -fs. 509/511-, Reinaldo López -fs. 512/514-, Manzino -fs. 515/516-, Finnegan -fs. 551/555-, y Di Alessio -fs. 556/558-; e incluso listado de materiales devueltos a la accionada), es dable concluir que Altman integró los medios personales (conf. art. 5 L.C.T. to) de los que se valió la demandada para cumplir su actividad, que es precisamente, a la explotación agropecuaria (ver fs. 137), dentro del cual cuenta con personal como el identificado por el perito contador a fs. 582/593, para realizar distintas tareas exclusivamente operativas, y en las que también intervino el reclamante (conf.declaraciones citadas), realizando además funciones administrativas con la finalidad de llevar a cabo tal objetivo.

En otras palabras, existió prestación personal de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica-, en base a una conducta ajustada a la organización empresaria demandada -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales Altman integró. Repárese además, que la contratación del actor no lo fue para que libremente dispusiera de los bienes de la sociedad, sino para que administrara, o gerenciara, para decirlo con mayor precisión, los mismos; y tan es así que la rendición de sus actos y ejecución de los presupuestos resulta del detalle que la codemandada Estrada Agropecuaria S.A. acompañó en oportunidad de alegar (ver fs.

666/675).

Pero además, y a fuerza de ser reiterativo, si se advierte el detalle de las tareas que describió la demandada en su responde, queda en evidencia que, con prescindencia de la denominación, se trata, para hacerlo más gráfico, de una actividad de gerenciamiento, en el cual la reclamada tenía la facultad de determinar cuando y donde dirigía dicha prestación.

Además, aunque no soslayo que puede perfectamente calificarse como independiente al accionante como titular de su propia explotación agropecuaria (para lo cual además cuenta con un empleado -ver informe de fs. 335-), tal circunstancia aparece ajena a la vinculación con la reclamada (aunque ésta la pudo haber tenido en cuenta), pues no es dicha organización la que fue afectada por Altman a la ejecución del contrato que mantuvo con la codemandada Estrada Agropecuaria, sino todo lo contrario, pues como antes señalé, administró y gerenció los bienes y personal de ésta, a cambio de una suma fija mensual de dinero, por lo que se verifica la ajenidad del demandante en el riesgo de dicha explotación.

Desde esta perspectiva se aprecia que el demandante no fue otra cosa que un trabajador de los definidos en el art. 25 L.C.T. (to), contratado por un empleador de los señalados por el art.26 de dicho cuerpo legal, y que el vínculo que existió entre ambos no fue más que un contrato de los descriptos por el art. 21 L.C.T. (to).

En nada obsta a ello la falta de reclamación oportuna, pues los derechos del trabajador son irrenunciables (conf. art. 12 L.C.T. to); y lo mismo ocurre con la circunstancia de que su desempeño, de modo esencial o principal, no lo llevara a cabo dentro del establecimiento de la accionada, porque no es el lugar físico de prestación el que determina la existencia o no de contrato de trabajo (basta acudir a la figura del viajante). Pero además, si el simple hecho de emitir facturas, no gozar de vacaciones, estar inscripto como autónomo, no fichar la entrada y salida del trabajo, no estar anotado en los libros o registros laborales o poseer otra ocupación, significara que se trata de un trabajador autónomo, es posible que hubiera pocos trabajadores dependientes en el país, porque muchos de esos hechos dependen de la voluntad del empleador, y porque además, la relación de trabajo es un contrato realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos, tal como se dan, y no lo que las partes quieran decir de su relación o las denominaciones o formas que, de buena o mala fe, adoptan para poner un velo sobre lo realmente ocurrido.

Pero además, en lo particular, señalo que no es la actuación del accionante como productor agropecuario (independientemente de su envergadura), lo que está en tela de juicio o análisis aquí, sino exclusivamente la naturaleza de la relación que lo vinculó a la reclamada; y en este sentido, no sólo no cabe confundir causa con efectos de la inexistencia de contrato de trabajo, sino que no es la exclusividad una nota determinante o excluyente de una relación de trabajo (esto, a propósito de aquella otra ocupación del reclamante), pero además, tampoco se pactó lo contrario.

Sólo restaría agregar, aunqueestimo que quedó evidente, que no se confunde la voluntad individual (me refiero a la del trabajador) con la del patrón u órgano societario titular de la explotación, aunque este expresada por la misma persona, porque el llevar adelante las decisiones operativas correspondiente a la toma de decisiones previas, por parte de alguien ajeno al ente de existencia ideal (llámese administrador, con las obvias facultades para ello, o gerente), evidencian con claridad la posibilidad de considerar tal prestación como subordinada, y así señala Krotoschin al respecto que los administradores podrán ser dependientes, fundamentalmente, cuando no son socios, es decir, cuando ejercen sus funciones únicamente en virtud de un contrato de trabajo, situación en la cual su dependencia deriva de la sujeción, por lo menos potencial, a las órdenes e instrucciones que reciba de los socios con respecto a la modalidad del desempeño de la gestión (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, T. 1, pág. 132); máxime cuando, reitero, el accionante no integraba la sociedad demandada, sino que sólo administraba los elementos necesarios para su explotación, que es, en definitiva, el objeto de dicha sociedad.

Ahora bien, acreditado que entre las partes medió un contrato de trabajo, su negativa, por la demandada, evidentemente configuró injuria de tal gravedad que legitimó, en los términos del art. 242 L.C.T. (to), la decisión del actor de considerarse despedido el 16 de junio de 2010 (ver fs. 29 e informe de fs. 350), por lo que cabe diferir a condena las indemnizaciones generadas a consecuencia de ese hecho extintivo (conf. arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.), con más los días de junio de 2.010, S.A.C. prop. 2010, vacaciones proporcionales de igual año con más la incidencia del SAC, y el reclamo por S.A.C. durante el período no prescripto toda vez que no obra en autos comprobante alguno que acredite su cancelación (conf. art. 138 L.C.T.to).

Como se trató de una relación de trabajo no registrada y vigente la misma el actor intimó, en los términos del art. 11 inc. a) de la ley 24.013, su regularización, cumplimentando -además- la exigencia dispuesta por el art. 11 inc. b) de la citada norma (ver copias de fs. 369/370 e informe de fs. 371); y fue ésta una de las causales del distracto -op erado dentro del plazo contemplado por el art. 15 del mismo cuerpo legal; sin que la empleadora hubiera procedido en la forma legalmente prevista por el para eximirse de responsabilidad en la forma dispuesta por el artículo 11 -ante último párrafo- LNE, resultan procedentes las indemnizaciones establecidas por los arts. 8 y 15 de la normativa en cuestión pero, en mi opinión, en menor medida a la pretendida.

Y digo ello porque son varias las particularidades y características de la relación mantenida entre las partes que bien pudieron haber generado en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la L.C.T. (conf. art. 16 de la LNE), entre las cuales destaco la posibilidad de que en la actividad la prestación habida se enmarque en una Locación de Servicios de las contempladas en el derecho común (art. 1623 y sgtes del Código Civil); el carácter de productor agropecuario con una pequeña organización empresaria a su cargo (para lo cual además cuenta con un empleado -ver informe de fs. 335-), su inscripción como autónomo y el pago de los aportes respectivos por tal condición.

Bajo tales premisas -reitero- considerando que la demandada bien pudo razonablemente tener un encuadre distinto de la situación, estimo adecuado habilitar, en este caso, la reducción que autoriza el art. 16 de la ley 24.013 siendo prudente reducir las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de ese cuerpo normativo en un 50% del previsto legalmente (en similar sentido, ver del registro de esta Sala SD:18730, del 15/7/2011 in re “Kaufman Manfredo Alejandro c/ Revesta S.A. y otros s/ Despido”).

Juzgo improcedente el reclamo indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323, porque la intimación al pago de las indemnizaciones debidas efectuada en la misma comunicación extintiva (ver fs. 28/29 e informe de 350), resulta extemporánea por prematura, al haberse cursado antes de vencido el plazo del art. 255bis de la L.C.T. que otorga al empleador un plazo máximo de cumplimiento en el pago de las indemnizaciones legales de cuatro (4) días hábiles.

En el caso, reitero, el accionante efectuó el requerimiento en cuestión con anterioridad al plazo previsto por dicha norma (con remisión a lo dispuesto por el art.

128 del mismo cuerpo legal), por lo que el mismo resultó extemporáneo por prematuro ya que el crédito en cuestión todavía no era exigible, circunstancia que impide -a mi ver- admisibilidad del rubro reclamado.

Procede en cambio, la indemnización reclamada a partir del art. 80 L.C.T. (to art. 45 ley 25.345) porque la accionada no hizo entrega, al cese de la relación de trabajo, de las certificaciones previstas por el art. 80 L.C.T. (to), y además omitió cumplir dicha obligación frente al expreso requerimiento que Altman le cursó el 19/7/2010 (ver fs. 19 e informe de fs. 371), o sea, luego de vencido el plazo dispuesto por el art. 3 del dec. 146/01.

No advierto procedente, lo que el accionante calificó en su liquidación como “multa por temeridad y malicia” porque no cuenta con sustento fáctico y jurídico que justifique su valoración (art. 65 inc. 3 y 4 de la L.O.); y si se entiende que se refiere a lo dispuesto por el art. 9 de la ley 25.013 (ver fs. 53vta/54 -pto.V-), más allá de su sola enunciación, en particular -como indicara- resulta inadmisible, refiere a despidos sin causa y acuerdos rescisorios homologados, que no es la situación de autos, derivada de un encuadre jurídico distinto.

Respecto a la remuneración que cabe tener en cuenta a los fines de efectuar le cálculo de los diversos rubros diferidos a condena, habré de estar al importe facturado por el actor (conf. fs. 5/9 e informe contable de fs. a fs. 598/9 ya citado), porque es ilógico suponer que, bajo esa modalidad de pago, también se llevaba a cabo el pago de importes sin registrar, y menos aún cuando se desconoce su imputación en las rendiciones de gastos.

De resultas de ello, el importe salarial mensual percibido por el actor durante el último año de trabajo asciende a la suma de $17.400 y será el utilizado en el cálculo de los conceptos admitidos, a excepción de la indemnización por antigüedad (conf. art. 245 L.C.T.) para la cual tendré en cuenta, por aplicación de la doctrina sentada por la CSJN in in re “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A.” -del 14/9/04- utilizada por el propio reclamante en su demanda, un salario de $11.658.

Consecuentemente, considerando la fecha de ingreso denunciada en el inicio (25/1/1993 -que se corresponde con la facturación ya aludida) y de egreso del 16 de junio de 2010, el salario indicado en párrafos anteriores y los rubros admitidos, en definitiva, la acción progresa por los siguientes montos y conceptos:

Indemn. Art. 245 LCT : $209.844,00 Preaviso c/ inc. Sac: $37.700,00 Días Junio 2010: $9.280,00 Sac. Prop. 1er semestre: $7.975,00 Vac. Prop. 2010 c/ Inc. SAC: $10.556,00 Sac. Periodo no prescripto: $34.800,00 Art. 8 Ley 24.013 (50%): $489.375,00 Art. 15 Ley 24.013 (50%): $123.772,00 Art. 80 LCT:$52.200,00 Total $975.502,00 Dichos rubros totalizan la suma PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS ($975.502,00) devengarán intereses, desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Excma.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (conf. art. 622 C. Civil, Acta CNAT nº 2.357 del 7/5/02 y Res. 8/02).

Lo resuelto precedentemente en torno a los intereses, lleva a desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido contra los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (to art.

4 ley 25.561), pues, más allá de toda otra consideración, para viabilizar el tratamiento de un cuestionamiento de esa naturaleza, es menester la existencia de un perjuicio real y concreto, el que en este caso no se verifica, puesto que basta cotejar los índices de actualización cuya aplicación se persigue, con los intereses precedentemente determinados, para advertir la inexistencia de afectación de las garantías constitucionales que se denuncian conculcadas.

Integrará la condena, dado lo peticionado a fs. 56 -pto. d)-, la obligación de la empleadora de extender las certificaciones dispuestas por el art. 80 L.C.T. (to), bajo apercibimiento de disponer una multa diaria para el caso de incumplimiento (art. 666 bis C. Civil).

Dado lo peticionado a fs. 51/53vta -punto IV- del escrito inicial, la condena pecuniaria deberá ser soportada solidariamente por el codemandado Estrada, en su condición de Presidente del Directorio de Estrada Agropecuaria S.A. (aspecto no controvertido), porque el parámetro que para los administradores y representantes de toda sociedad impone el art.59 de la ley 19.550 (to ley 22.903) es el “obrar con lealtad y con las diligencias de un buen hombre de negocios, siendo personalmente responsable hacia la sociedad y los terceros cuando violan dicha obligación”; y en tanto que, no se demostró la inimputabilidad de la situación de irregularidad en que se desarrolló el contrato de trabajo con Altman, importando ello una violación a distintas disposiciones, tanto laborales como previsionales y fiscales, lo cual evidencia cuanto menos, la omisión de las diligencias elementales que impone la naturaleza de la obligación de administrador, o por lo menos, la omisión de las diligencias propias de un buen hombre de negocios (culpa leve -in abstracto-); estándar íntimamente relacionado con la fórmula de los arts. 512 y 902 del C. Civil, y que se traduce en una valoración de las diligencias necesarias que requiere una prudencia, cuidado y atenciones superiores a las de un hombre común por la profesionalidad que se le pide a un ordenado empresario.

En este orden de ideas, dispone el art. 274, apartado tercero , ley 19.550, que queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución, o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta.En otras palabras, el director o administrador actuante responde por “culpa in comitendo”, mientras que los restantes integrantes del directorio, por haber tomado conocimiento del acto -o debido tenerlo-, responden por culpa “in vigilando”, circunstancia esta que, a todo evento, también responsabiliza a Estrada.

En tales condiciones, y como terceros son todas las personas extrañas al contrato que vincula a la sociedad con sus dirigentes, por lo que no existe inconveniente alguno en calificar como tales a los trabajadores (en este caso, el actor), en base a lo dicho, la condena referida a los rubros salariales y los originados en el despido de Altman serán soportada solidariamente por el codemandado Estrada.

De acuerdo a la modificación que sugiero, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia en lo referente a la imposición de costas y regulación de honorarios (art. 279 C.P.C.C.N.).

En definitiva, corresponde fijar las costas de primera instancia a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandadas (en conjunto) y perito contador en un 15%, 12% y 8% -respectivamente- del capital de condena incluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7 , 9 , 19 , 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57 ).Finalmente, sugiero imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de los firmantes de fs. 718/746vta y fs. 750/761vta, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Revocar la sentencia recurrida y, consecuentemente, condenar, en forma solidaria a ESTRADA AGROPECUARIA S.A.y a Alejandro Manuel ESTRADA a pagarle, dentro del quinto día, a Ernesto Andrés ALTMAN, la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS ($975.502,00), con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo y, en igual plazo, la primera de las nombradas a hacerle entrega de las certificaciones dispuestas por el art. 80 L.C.T. (to), bajo apercibimiento de disponer una multa diaria para el caso de incumplimiento a esta última obligación (art. 666 bis C.

Civil), 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandadas (en conjunto) y perito contador, or las tareas de desarrolladas en la instancia anterior, en un 15%, 12% y 8% -respectivamente- del capital de condena incluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 4) Fijar los honorarios de los firmantes de fs. 718/746vta y fs. 750/761vta, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

Adhiero al voto que antecede en lo principal que decide, con excepción de lo resuelto en relación con la indemnización reclamada con fundamento en el art. 2º de la ley 25.323.

He de memorar que la citada normativa dispone un incremento indemnizatorio del 50% sobre las indemnizaciones emergentes del despido (es decir, las de los arts.232, 233 y 245 de la L.C.T.) cuando el trabajador, no obstante intimar de modo fehaciente al empleador en procura del pago de esos conceptos, se vea obligado a iniciar una acción judicial o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibir esos créditos.

Como puede advertirse, la norma no impone plazo alguno para efectuar la interpelación, con lo cual basta que el trabajador la efectivice de modo “fehaciente”, sin que medie impedimento válido para que la haga en la misma comunicación rescisoria.

Obsérvese, en ese sentido, que la finalidad del legislador, ha sido la de imponer al empleador ese incremento indemnizatorio cuando no ha abonado las indemnizaciones derivadas del despido “sin justa causa” y además que una cosa es la exigencia insoslayable de intimación fehaciente y otra diferente la situación de mora en el pago.

Repárese asimismo en que la situación jurídica no ha cambiado con la entrada en vigor del art. 255 bis de la L.C.T. (incorporada por ley 26.593 ) en cuanto alude al plazo del art. 128 para el pago de las remuneraciones e indemnizaciones correspondientes a la extinción del contrato de trabajo.

En efecto, antes de la sanción de dicho artículo la interpretación armónica de los arts. 128 y 149 de la L.C.T. también permitía concluir que las indemnizaciones relacionadas con la disolución del contrato de trabajo son exigibles una vez vencido el plazo para el pago (de tres días hábiles). Por ende si el empleador por hipótesis hiciere el pago de las indemnizaciones dentro del plazo legal, aunque previamente hubiese sido intimado “fehacientemente” por el trabajador, no resultaría operativo el recargo del mentado art. 2º.

Una interpretación diferente, a mi ver, constituiría un excesivo rigor formal que, además, sería contrario a lo dispuesto por el art.9º, segundo párrafo , de la LCT en cuanto prevé que la duda en la interpretación o alcance de la ley debe decidirse en el sentido más favorable al trabajador (ver mi todo en SD Nro. 20.33 de esta Sala X del 28/9/2012 “in re”: “Ortiz Giselle c/ Orazi María Lilia s/ despido”).

Desde la citada perspectiva de enfoque, considero que receptar la indemnización del art. 2º de la ley 25.323 pues, en definitiva, y ante la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido, la actora se vio compelida a iniciar este pleito en procura de su percepción, circunstancia que precisamente quiso evitar la norma en cuestión, tal como ya fue señalado.

Sugiero pues, modificar este aspecto del fallo y admitir el agravamiento del art. 2º de la ley 25.323 por la suma de $123.772 (247.544 x 50%).

Voto en consecuencia, por: 1) Revocar la sentencia de grado y, consecuentemente, condenar, en forma solidaria a ESTRADA AGROPECUARIA S.A. y a Alejandro Manuel ESTRADA a pagarle, dentro del quinto día, a Ernesto Andrés ALTMAN, la suma de $1.099.274 (pesos un millón noventa y nueve mil doscientos setenta y cuatro), con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo y, en igual plazo, la primera de las nombradas a hacerle entrega de las certificaciones dispuestas por el art. 80 L.C.T. (to), bajo apercibimiento de disponer una multa diaria para el caso de incumplimiento a esta última obligación (art. 666 bis C. Civil), 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas (art. 68, primer párrafo , del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandadas (en conjunto) y perito contador, or las tareas de desarrolladas en la instancia anterior, en un 15%, 12% y 8% -respectivamente- del capital de condena incluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec.ley 16.638/57); 4) Fijar los honorarios de los firmantes de fs. 718/746vta y fs. 750/761vta, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

Llamado a expedirme sobre la disidencia planteada en orden al incremento contemplado por el dispositivo del art. 2º de la ley 25.323, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Brandolino pues como ya he expresado con anterioridad, dicha reparación a mi juicio resulta improcedente cuando -como ocurre en el caso- la interpelación contemplada en dicha norma, se efectúa contemporáneamente con la comunicación del despido.

En efecto, entiendo que el artículo en cuestión exige, de manera clara, que la intimación que allí se prevé debe ser realizada, cuando menos, luego de producido el distracto y si éste, como sucede en autos, se produjo por despido “indirecto”, el dependiente debe cursarla una vez disuelta la relación.

Es que si el dispositivo aludido establece que dicho rubro resulta procedente cuando se abonaren las indemnizaciones por despido, parece evidente que el requerimiento deba efectuarse una vez producida la extinción del vínculo, en tanto es en ese momento (si es que no se quiere aguardar al vencimiento del plazo contemplado en el art.

128 LCT al que remite el art.149 del mismo cuerpo legal) en que resultan exigibles los resarcimientos derivados del despido; me parece evidente que mal podría intimarse el pago de una determinada acreencia cuando ésta, por el motivo que fuere, no se ha hecho aún exigible.

Cabe recordar, también que desde antaño la doctrina y la jurisprudencia han insistido en que el despido (o mejor, su comunicación) es un acto recepticio, lo cual, como se sabe, significa que solamente se perfecciona con la recepción en el ámbito del control y conocimiento del destinatario (Justo López, en la obra en colaboración con Centeno y Fernández Madrid, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada” 2ª ed. t. II págs. 1111/1113, 1150 y 1166; C.N.Trab. Sala III SD 62.954 del 30-4-92 in re “Smith, Susana c/Grimberg Silvia s/despido”; id. Sala V SD 57.138 del 24-10-97 in re “Lannutti, Mönica y otros c/Furba SRL y otros s/despido”; id. Sala IV SD 53.797 del 27-5- 85 in re “Gómez, Julia A. c/ Est. Textiles San Andrés SACIF”; SCBA 18-11-86 “Marín, Daniel H. c/Refrescos del Sur SAIC s/indemnización” en Trab. y Seg. Soc. 1988 p.

703; id. 29-12-94 “Meza, Pablo J. c/Antonio González S.A. s/indemnización por despido” en D.T. 1995-A, 1011, entre muchos otros). Esto implica que tampoco puede admitirse que la interpelación exigida por la norma citada se concrete conjuntamente con la denuncia del vínculo; ello es así dado que hasta no se encuentre debidamente formalizado el distracto, no existe derecho alguno a la reparación por despido ni, consecuentemente, posibilidad alguna de intimar su pago (ver en este sentido, mi voto, in re “González Hugo Ermenegildo c/Asoc. Civil Club Atlético Huracán s/Despido”, SD 14.584, del 13/9/06).

En virtud de lo expuesto, tal como adelantara, adhiero al voto del Dr. Brandolino.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE:1) Revocar la sentencia recurrida y, consecuentemente, condenar, en forma solidaria a ESTRADA AGROPECUARIA S.A. y a Alejandro Manuel ESTRADA a pagarle, dentro del quinto día, a Ernesto Andrés ALTMAN, la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS ($975.502,00), con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo y, en igual plazo, la primera de las nombradas a hacerle entrega de las certificaciones dispuestas por el art. 80 L.C.T. (to), bajo apercibimiento de disponer una multa diaria para el caso de incumplimiento a esta última obligación (art.

666 bis C. Civil), 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandadas (en conjunto) y perito contador, or las tareas de desarrolladas en la instancia anterior, en un 15%, 12% y 8% – respectivamente- del capital de condena incluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 4) Fijar los honorarios de los firmantes de fs. 718/746vta y fs. 750/761vta, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Ante Mí.

Ms.

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