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Responsabilizan al Estado por la sustracción de un pagaré y el fraguado de documentación reservados en la secretaría de un juzgado

shutterstock_141189550Partes: Kaerger Arturo Otto c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 14-may-2013

Cita: MJ-JU-M-79275-AR | MJJ79275 | MJJ79275

Se confirmó la sentencia que responsabilizó al Estado Nacional por la sustracción de un pagaré y el fraguado de documentación que se encontraban reservados en la secretaría del juzgado donde tramitaba el juicio ejecutivo impetrado por los actores.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó al Estado Nacional a abonar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la sustracción de un pagaré y el fraguado de documentación que se encontraban reservados en la secretaría del juzgado donde tramitaba un juicio ejecutivo de los actores si, ha quedado acreditado que el expediente estuvo en letra por error, pues ello permite concluir que hubo falta de servicio en la actuación del juzgado interviniente, por incumplir los deberes que surgen del reglamento para la justicia nacional (del dictamen de la Procuradora Fiscal a los que remite la Corte).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 430/434 de los autos principales (a cuya foliatura corresponderán las siguientes citas), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala 1) revocó la sentencia de primera instancia de fs. 395/397. En consecuencia, hizo lugar a la demanda que los actores promovieron contra el Estado Nacional para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicim que sufrieron derivados de la sustracción de un título ejecutivo y el fraguado de los documentos que se habían acompañado con aquél, que se encontraban reservados en la secretaría del juzgado en el que tramitaba el . juicio ejecutivo para su cobro.

Para resolver de ese modo, en primer término, la cámara relató los antecedentes del juido que los actores iniciaron para ejecutar el título, en el que se produjeron los hechos que impfdieronsucobro (sustracción de los documentos y cambio por otros), así como los del proceso penal que se abrió para investígar tales hechos y concluyó con una sentencia condenatoria firme.

En segundo término, sobre la base de los hechos acreditados en sede: p.enal que surgen de la sentencia firme incorporada a esta causa -yen el entendimiento de que no fueron controvertidos en el sub lite- el tribunal apelado consideró suficientemtnte demostrado que la sustracción del título ejecutivo y el fraguado de los documentos acompañados por el letrado de los actores en el juicio ejecutivo se produjeron cuando el expediente estaba reservado en la secretaría del juzgado.

El a quo, a diferencia de lo que sostuvo el juez de primera instancia, entendió que la circunstancia de que no se hubiera acreditado ni la connivencia de parte del personal del juzgado en esos hechos ni la falta de adopción de medidas para asegurar la custodia de los documentos va en desmedro tanto de normas reglamentarias como del mismo contenido de los principios normativos de fondo.En efecto, según la cámara, aun cuando se sabe que los hechos los realizó una tercera persona ajena a la dotación del juzgado, ello no obsta a que, de haberse adoptado los resguardos necesarios la anomalía no habría ocurrido. Es más, que la autora de los ilícitos no pertenezca al juzgado no impide la responsabilidad estatal por falta de servicio.

En tal sentido, recordó la doctrina de V.E. que surge de» los precedentes «Vadell», «Hotelera Rio de la Plata» y «De Gandía» (Fallos: 306:2030; 307:821, 318:845, respectivamente), entre otros, sobre la responsabilidad del Estado y, en su concreta aplicación al caso de autos, entendió que hubo una omisión en el deber de custodia de la documentación confiada al tribunal interviniente (el juzgado comercial en el que tramitó el juicio ej ecutivo), tal como lo prescribe el arto 68 del reglamento para la justicia nacional.

Una vez admitida la responsabilidad estatal, el a qua estableció el monto de la indemnización por los daños y perjuicios, reconoció a los actores. un monto por daño moral y resolvió que las sumas resultantes , quedaran consolidadas en los términos de la ley 25.344 .

-II-

Disconforme con esta decisión, el Estado Nacional dedujo el recurso extraordinario obrante 447/461, que fue denegado (fs. 479). Ante ello, aquél se presenta en queja y trae en asunto a conocimiento del Tribunal.

Sostiene, en esencia, que en el caso existe cuestión federal porque se encuentra en tela de juicio la inteligencia y alcance del régimen de responsabilidad aplicable a los funcionarios del Estado Nacional, contexto en el cual el art.1112 del Código Civil -base positiva del concepto de «falta de servicio»- debe considerarse como una norma de derecho público.

Luego de relatar los antecedentes de la causa, al concentrar sus agravios contra la sentencia de la cámara, dice que, con un razonamiento esquemático de responsabilidad objetiva, los jueces han abierto una compuerta que puede entrañar un gravísimo riesgo a futuro para el ejercicio de la función jurisdiccional. Ello es así, porque si bien existe la obligación de responder por un daño cierto, efectivo y comprobable por la acción u omisión ilegítima del Estado, no existe ese deber si no hay daño, aun cuando la conducta sea ilegítima. Y si, además, la presunta falta de servicio ha sido generada por la acción delictiva de quien era el deudor insolvente (y por ello el autor del daño), la situación creada por el tribunal apelado no solo constituye una solución de irrealidad jurídica y opacidad conceptual, sino un surtidor eventual de maniobras tendientes. a reproducir la novedosa trastada. En el caso, los actores. pudieron y debieron intentar cobrarle a la autora de los ilícitos condenada en sede penal pero no al Estado Nacional.

También señala que en el sub lite no hay daño y sobra el tercero y que, por la inexistencia del primero y la presencia activamente dañina del sujeto que causó las maniobras ilícitas, la condena a pagar lo que éste adeudaba se transforma para el Estado Nacional en la obligación de un pago sin causa y para los beneficiarios -los actores-, en ilícito enriquecimiento.

Concentra sus críticas contra la sentencia en que creó a favor de los actores un título con garantías de las que carecía y en que se quebró la relación causal por la conducta de un tercero.En tal sentido, dice que la falta decobro del crédito no constituyó una consecuencia necesaria y directa del extravío Ó desaparición del pagaré.

Como corolario, dice que, por no existir conducta ilegítima ni antijurídica del Poder Judicial de la Nación la indemnización por daño moral es improcedente; que no hay aporte alguno que justifique la existencia de las afecciones que se reparan y, además, que la sentencia nos coloca ante la insoslayable reflexión de sospechar que lo que se indemniza es el extraordinario privilegio de haber mutado un crédito incobrable por uno garantizado por la solvencia estatal.

-III-

En orden a examinar si en autos concurren los requisitos para habilitar esta instancia de excepción, debo decir que, en mi concepto, el recurso extraordinario fue correctamente denegado por la cámara.

Así lo entiendo, porque pese a que el recurrente alega que en autos se encuentra en juego la inteligencia de normas a las que asigna el carácter de federales, en rigor de verdad sus quejas se centran en la decisión que adoptó la cámara sobre aspectos de hecho y prueba, temas que, como se sabe, son propios de los jueces de la causa y ajenos, en principio, a su revisión por la vía que ahora se intenta (conf. doctrina de Fallos: 327:106).

En efecto, para resolver del modo que surge de la sentencia de fs.430/434, el a quo evaluó los distintos elementos probatorios incorporados a –

la causa y sobre esa base entendió que se encontraban acreditados los hechos que los actores imputan al demandado, así como la responsabilidad de este último en punto a la falta de servicio que se atribuyó al funcionamiento del órgano judicial.

Al respecto, cabe recordar que la cámara tomó en cuenta las consideraciones efectuadas por el tribunal penal en la sentencia firme por la que se condenó a la autora de los ilícitos, incluso con transcripciones de aspectos que consideró relevantes para extraer de ahí las conclusiones en las que apoyó su pronunciamiento.

Es precisamente a partir de la ponderación de esta prueba que aquélla hizo lugar a la demanda por la responsabilidad que le asignó a la irregular actuacióli del órgano judicial en el que tramitó el juicio ejecutivo en el que se produjeron los hechos delictivos. Y ciertamente se puede apreciar que

surge de la sentencia dictada en sede penal la descripción del procedimiento utilizado por el juzgado comercial para custodiar los documentos reservados, del cual seidestaca que «el expediente [se refiere al juicio ejecutivo] no tenía motivos para estar en letra. Si estuvo en letra fue por un error . «, según declaró la secretaria del juzgado comercial cuyo relato fue coincidente con el de otros testigos empleados del mismo juzgado (v. fs. 10/28, en especial fs. 20 y 26vta./27).

A partir de ello, es posible concluir, tal como lo hizo la cámara, que hubo falta de servicio en la actuación del juzgado comercial, por incumplir los deberes que surgen del reglamento para la justicia nacional, extremo que descarta que en autos se haya consagrado una responsabilidad de tipo objetiva.Desde esta perspectiva, los reproches contra la sentencia apelada no pueden ser atendidos, porque se trata de discrepancias con la evaluación de aspectos fácticos y de la prueba incorporada al proceso, sin que logren demostrar fallas en el razonamiento de la cámara de tal entidad que descalifiquen al pronunciamiento como acto judicial válido.

También considero que carecen de sentido las afirmaciones del recurrente de que el fallo apelado transformó al Estado en obligado al pago del crédito que los actores no pudieron cobrar de la deudora original o que hizo mutar un crédito incobrable por otro a cargo del Estado, porque, tal como se vio, aquél juzgó la conducta del órgano judicial y concluyó que fue deficiente y causa del dafio ocasionado a los actores.

La misma suerte deben correr las quejas contra la decisión en cuanto alegan que no están probados los dafios o la relación de causalidad entre los hechos imputados y los perjuicios ocasionados, porque el apelante se limita a discrepar con la ponderación del asunto realizada por el a qua, pero sin poner .de manifiesto -tal como es menester- deficiencias en el razonamiento o ausencia de razonabilidad en las conclusiones.

Finalmente, cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación estrictamente excepcional y no puede requerirse por su iI!terrnedio el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte .exclusivo de los jueces de la causa, salvo que se demuestre su notorio desvío de las leyes: aplicables o una total ausencia de fundamento, pues esa doctrina no pretende convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia, ni tiene por objeto c orregir fallos equivocados, toda vez que sólo pretende suplir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que impidan considerar a la sentencia como acto jurisdiccional válido (doctrina de Fallos:315:575; 317:481; 329:4577 ; 330:4770 , entre muchos otros), extremos que no se aprecian en el caso de autos ni el recurrente logra demostrar.

-IV-

Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario fue correctamente denegado y que corresponde rechazar esta queja.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires 14 de mayo del 2013

Vistos los autos: «Recurso de hecho dedudcido por el Estado Nacional – Poder JUdicial de la Nación en la causa Kaerger, Arturo Otto y otra c/ Estado Nacional Argentino s/ daños y perjuicios» para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta corte comparte los fundamentos y conclusiones expuestos por la señoara Procuradora Fiscal en el dictamen que antecede, a los que cabe remitirse en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por auquella, se desestima la queja. Notifíquese, devuélvase los autos principales y, oportunamente, archívese.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – ENRIQUE S. PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA

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