Procede reclamo por diferencias salariales ante el distracto pues devino innecesaria la reserva de puesto de la trabajadora

Pesos argentinos 3Partes: Viera Douquette María Gabriela c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 14-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-81234-AR | MJJ81234 | MJJ81234

En tanto la empleadora no logró justificar la demora en la reincorporación de la actora luego del alta médica, corresponde admitir las diferencias salariales por el período que surge entre el vencimiento de la licencia paga y el distracto, pues el ingreso de la dependiente al período del reserva de puesto devino innecesario.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada y proceder al pago en favor del trabajador accionante de las diferencias reclamadas en materia de vacaciones y SAC, y la indemnización del art. 15 de la Ley 24013, pues quedó acreditado que la actora recibía una suma mensual que no era computada a tales efectos, que si bien la demandada reputó como suma no remunerativa, tal extremo no fue acreditado; así como también se probó que la relación no se encontraba debidamente registrada, por lo que el actor se consideró injuriado -en los términos del art. 242 LCT.- y por ende despedido.

2.-Resulta inadmisible que no se considere como parte de las denominaciones del salario o remuneración , -de acuerdo a la concepción que emerge del Convenio 95 de la OIT-, una prestación que entraña para quien la percibe, inequívocamente, una ganancia y que, con no menor transparencia, sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato o relación de empleo, la suma abonada en concepto de reintegro de gastos resulta remunerativa y corresponde computarla a los fines del cálculo de las vacaciones y SAC.

3.-Corresponde admitir la procedencia de los meses de salario adeudados, pues una vez dada el alta médica, -y vencido el plazo de licencia por enfermedad paga-, no quedó acreditada la necesidad de la empleadora de efectuarle a la actora otros controles médicos, y por consiguiente, su ingreso al período del reserva de puesto devino innecesario.

4.-Corresponde confirmar la multa del art. 2 de la ley 25323 puesto que las indemnizaciones de despido indirecto no fueron abonadas y en consecuencia obligaron a la actora a que, previa intimación fehaciente al pago, iniciara el presente litigio.

5.-La indemnización del art. 80 resulta procedente puesto que la actora intimó a la entrega de la certificación establecida en la referida norma mediante misiva y la demandada no acompañó la certificación requerida dentro del plazo que establece el dec. reglamentario 146/01 ni en ninguna otra oportunidad, no bastando la mera puesta a disposición mediante intercambio epistolar.

6.-No corresponde admitir la indemnización del art. 9 de la ley 24013, por no darse el supuesto establecido en la citada norma, toda vez que la misma prevé que el empleador consigne una fecha de ingreso posterior a la real, y en el caso, la registración de la fecha de ingreso fue la correcta.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de junio de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 319/322, interpusiera la parte actora (fs.326/327) y la demandada (fs. 332/337) por el fondo de la cuestión, y el perito calígrafo por sus honorarios (fs. 323).

Llega firme a esta alzada que la actora se colocó en situación de despido con fecha 4 de Mayo de 2009, justificando dicha decisión en la falta de registro del pago mensual de la suma de $800 y diferencias que ello genera sobre vacaciones y SAC, y en la falta de pago de los salarios caídos.

Se agravia la parte demandada alegando que no se encuentra justificado el despido indirecto en los términos del art. 242 toda vez que la suma mensual de $800 no tiene carácter remuneratorio ya que era abonada en calidad de reintegro de gastos por el pago del alquiler de su vivienda y que la falta de pago del período 3/3/2009 al 5/4/2009 se encontraba justificada.

Adelanto que, en mi opinión, la queja no tendrá favorable acogida.

Con respecto a la suma de dinero de $800 otorgada mensualmente al trabajador, entiendo le asiste razón a la juez “a quo” en tanto la demandada no demostró el carácter no remunerativo de dicha suma. En primer lugar, la accionada se basa en la documentación de fs.84 para acreditar dicho extremo, prueba que es descalificada ya que María Gabriela Viera desconoció su firma en dicho documento y la pericial caligráfica de fs.259/261 concluye la falta de autoría de la firma atribuida a la actora en el memo acompañado. Esto se suma a la falta de presentación de facturas que se correspondan con el debido reintegro. Sin perjuicio de la no acreditación, ya tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Pérez Aníbal c/ Disco S.A.” (sentencia de fecha 1 de septiembre de 2009), doctrina ratificada en “González Martin Nicolás c/ Polimat S.A. y otro” (sentencia de fecha 19 de Mayo de 2010) que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de las denominaciones “salario” o “remuneración” -de acuerdo a la concepción que emerge del Convenio 95 de la OIT- una prestación que entraña para quien la percibe, inequívocamente, una ganancia y que, con no menor transparencia, sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato o relación de empleo. Es decir que es preciso y necesario que a la persona trabajadora le sea reconocido, de manera tan plena como sincera, que se ha ganado la vida en buena ley, que toda ganancia que obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, i.e., una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa. Agrega que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida fundamentalmente por los elementos que la constituyen, independientemente del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen iuris sería inconstitucional (Fallos: 303:1812 y su cita y 329:3680). En efecto, considero corresponde confirmar lo decidido por la juez “a quo” y hacer lugar a las diferencias reclamadas en materia de vacaciones y SAC y la indemnización del art. 15 de la Ley 24.013.

El segundo agravio se refiere a la falta de pago del período 03/03/09 a 05/04/09.Al respecto la demandada manifiesta que no se valoraron las pruebas que dan cuenta y justifican la necesidad de efectuarle a la actora los controles médicos y por consiguiente su ingreso al período del reserva de puesto, lo que justificaría la falta de pago aducida. Sin embargo, concuerdo con la magistrada de grado en tanto la quejosa no logró justificar su posición para demorar la reincorporación de la accionante a su puesto de trabajo luego del vencimiento del período de licencia paga ante el alta médica por ella presentada y que no adjuntó ningún antecedente del servicio médico de dicho período que pueda discrepar con el certificado aportado por la actora notificando su alta médica. Por ello, corresponde confirmar la sentencia apelada en este tópico (salarios marzo y abril de 2009).

En virtud de lo hasta aquí expuesto, y a raíz de que la falta de pago de las retribuciones así como la incorrecta registración de las mismas es el incumplimiento de la prestación principal del empleador derivada del contrato, considero que la demandada incurrió en un incumplimiento de máxima gravedad configurativo de una injuria que no admitía la prosecución del vínculo (conf. art. 242 LCT). Por tanto, entiendo corresponde confirmar las indemnizaciones que de ella se derivan, incluyendo la multa del art. 2 de la Ley 25.323 desde que las indemnizaciones de despido indirecto no fueron abonadas y en consecuencia obligaron a la actora a que, previa intimación fehaciente al pago (ver fs. 25), iniciara el presente litigio.

Lo manifestado por el apelante a fs. 336 en cuanto a que las vacaciones proporcionales, SAC sobre las mismas y SAC proporcional ya fueron abonadas con la liquidación final, no se condice con lo probado en autos ya que el recibo acompañado a fs. 2 del sobre 6350 no posee la firma de la actora, por lo que, al no acreditarse dichos pagos, corresponde confirmar el monto de $2.864,21 establecido en origen.

En cuanto a la indemnización del art.80, también propicio confirmar lo resuelto en la instancia previa ya que de las constancias de autos surge que María Gabriela Viera intimó a la entrega de la certificación establecida en la referida norma mediante la misiva obrante a fs. 46 y la demandada no acompañó la certificación requerida dentro del plazo que establece el decreto reglamentario 146/01 ni en ninguna otra oportunidad, no bastando la mera puesta a disposición mediante intercambio epistolar.

En relación al agravio de la actora por el rechazo de la indemnización del art. 9 de la Ley 24.013, considero que no se da el supuesto establecido en la citada norma toda vez que la misma prevé que el empleador consigne una fecha de ingreso posterior a la real, situación que no se configura ya que la actora manifiesta que ingreso a trabajar el 1 de Julio de 2002 y esa fue la fecha en que se la registró. En consecuencia, propicio confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto.

Teniendo en cuenta el monto del juicio, y la calidad extensión y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, propicio se confirmen los honorarios regulados a fs. 322.

Con relación a las costas de alzada serán impuestas de igual forma que las de primera instancia (conf. Art. 68 C.P.C.C.N.) y a ese fin regularse los honorarios de los representantes letrados intervinientes en ésta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa (cfr. Art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio; II) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida; III) Regular los honorarios de los letrados profesionales intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su labor en origen.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s