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Cuando son varias las causales invocadas en la notificación del autodespido, la acreditación de una de ellas, es suficiente para justificar la medida

Despido (2)Partes: L. M. E. c/ RYA S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 17-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79859-AR | MJJ79859 | MJJ79859

El despido indirecto en que se colocó la trabajadora resulta ajustado a derecho puesto que fueron acreditas dos de las causales invocadas, -registración defectuosa de fecha de ingreso y remuneración-, aun cuando no haya acreditado la negativa de tareas aducida luego de la licencia por epidemia de «influenza A H1N1».

Sumario:

1.-El despido indirecto resultó ajustado a derecho puesto que todos los testigos manifestaron noticias claras que permiten inferir la existencia de dos de las causales que invocó la actora, -esto es la fecha de ingreso y la remuneración-, aun cuando en sus testimonios no precisen exactamente la fecha de ingreso, pues sí acreditan que en el periodo trabajado por ellos también se desempeñaba la actora, y tal información coincide con la denunciada por la accionante en su escrito de inicio.

2.-Cuando son varias las causales invocadas en la notificación del auto-despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante virtualidad o entidad como injuria, es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente, por lo que habiendo la actora probado la incorrecta registración de la fecha de ingreso y la remuneración, existieron motivos suficientemente injuriantes como para impedir la continuidad de la relación (art. 242 de la LCT.).

3.-La intimación cursada por la actora en el momento de disponer la disolución del vínculo por despido indirecto resulta suficiente para tener por cumplido el requisito formal contenido en el art. 2 de la ley 25323, pues allí intimó el pago de las indemnizaciones, por lo que corresponde hacer lugar al incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley citada.

4.-La intimación al pago de las indemnizaciones debidas, con el aviso de despido indirecto o como respuesta al despido directo, cuando aún no se han cumplido los cuatro o tres días hábiles, a los efectos de reclamar las indemnizaciones descriptas, no tienen la finalidad de constituir en mora al acreedor, ya que la mora en el caso, se produce de manera automática.

5.-Corresponde confirmar la procedencia de la multa del art. 80 LCT. puesto que la obligación de entregar los instrumentos allí establecidos nace en el mismo momento de la extinción del contrato o, a lo menos, en el tiempo que razonablemente pueda demorar su confección y no puede sujetarse el cumplimiento de la misma a que el trabajador concurra a la sede de la empresa a retirarlos, máxime siendo que si la demandada los puso a disposición, es decir tuvo esa voluntad de entregarlos de inmediato, debió en todo caso consignarlos judicialmente y no lo hizo -art. 756 del CCiv.-.

6.-Corresponde confirma la obligatoriedad de hacer entrega de los certificados de trabajo contenidos en el art. 80 de la LCT., porque el certificado de servicios y remuneraciones acompañado por la demandada con su contestación de demanda, resulta evidentemente insuficiente por no haber sido confeccionados en base a las reales pautas en las cuáles se dio la prestación de servicios entre las partes; máxime siendo que fueron acompañados en forma extemporánea, pues había vencido la oportunidad de entregárselos a la trabajadora (386 del CPCCN.).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril de 2013, para dictar sentencia en los autos: «L. M. E. c/ RYA S.A. s/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 18/33 se presenta la actora L. M. E. e inicia demandada contra RYA SOCIEDAD ANONIMA en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedora, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aduce que ingresó a trabajar para la demandada el 7 de agosto de 2006, bajo la categoría de administrativa A.

Destaca que la demandada es una sociedad que desempeña su actividad en el rubro de Arquitectura Publicitaria, brindando y ofreciendo servicios, productos y a fines de están para eventos etc.

Señala que cumplió una jornada de trabajo de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Percibió como mejor remuneración la suma de $3.000.

Manifiesta que la demandada registró la relación laboral de manera defectuosa, ya que su fecha de ingreso la registró de forma incorrecta el 18/09/08 y su remuneración en $2.171,74 inferior a la que efectivamente percibía.

Expresa que el día 27 de julio de 2009, concurrió a la empresa a retomar tareas, luego de una licencia otorgada por epidemia de «influenza A H1N1», pero le fueron negadas tareas.

Ante esa situación, el mismo día intimó a la demandada para que aclare su situación laboral y registre correctamente la misma -ver TCL., de fs. 5-.

Expresa que el 30 de julio de 2009, la demandada contesta negando los hechos imputados por la actora y la íntima para que se presente a laborar.

Por tal motivo el 3 de agosto de 2009, la accionante se presenta a su puesto de trabajo, pero nuevamente le fue negado el ingreso a la empresa, en consecuencia ese mismo día se considera en situación de despido indirecto -ver TCL de fs.10-.

Viene en consecuencia a reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, multas y recargos previstos en la normativa laboral.

La demandada RYA S.A. responde a fs. 43/53.

Niega cada uno de los hechos denunciados por la actora en su escrito de inicio.

Señala que la actora ingresó a laborar bajo sus órdenes el 18/09/2006 y percibió como remuneración la suma de $2.171,74.

Manifiesta que la accionante trabajó hasta el 2/7/2009 ya que comenzó a gozar de una licencia por epidemia «influenza A H1N1» debiendo reincorporarse a la empresa el 27/07/09, pero a pesar de la intimación que se le remitió, no se presentó a su puesto de trabajo.

Solicita en consecuencia el rechazo de la demanda e impugna liquidación.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 287/293.

En ella el «a-quo», luego de analizar los extremos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones de la actora y condena a la demandada al pago de las indemnizaciones por despido incausado por considerar legítimo el distracto dispuesto por la Sra. L.

A fs. 300/306, obra la apelación de la demandada, quien además del fondo de la cuestión apela la regulación de los honorarios de todos los profesionales intervinientes por estimarlos elevados.

También hay apelación del Dr. Marcelo Rodolfo Muñoz -por su propio derecho-, quien considera reducido los honorarios que le han sido regulados (fs. 298).

II.- Respecto al fondo de la cuestión varios son los agravios de la accionada.a.- Despido:

La apelante cuestiona que en el fallo se haya considerado legítimo el despido dispuesto por la reclamante, al sentirse injuriada por negativas de tareas, falta indebida de registración laboral, respecto a la fecha de ingreso y remuneración.

Pero a mi ver el recurso no resulta eficaz en estos aspectos.

Debo señalar con respecto a la ruptura del vínculo, que la situación fáctica indica que la accionante intimó -reitero- por negativas de tareas, correcta registración laboral con respecto a su fecha de ingreso y remuneración, lo que considera incumplimiento injurioso, y lo hace bajo apercibimiento de considerarse despedida, el que a posteriori ante las negativas de la demandada hace efectivo.

Véase que, la recurrente si bien transcribe partes de las declaraciones con la que intenta desvirtuar la decisión del sentenciante, no aporta datos que sean eficaces para ello.

Y bien, conforme a lo que se decide en grado, respecto a las declaraciones de los testigos aportados por la parte actora -Sr. Francisco De Meyer; fs. 120/121, Sr.

Gerardo Francisco Lavecchia; fs. 247 y Rodolfo Carretero; fs.248/249-, la accionante logra acreditar y demostrar de manera prístina dos de dichas causales.

Veamos:

En cuanto a la fecha de ingreso y remuneración, los testigos declaran que:

Francisco De Meyer expresa que «…conoce a la actora de mediados del 2006, porque hicieron un trabajo muy grande…que no recuerda exactamente desde que fecha estaba en RAY S.A., pero recuerda que empezaron a realizar el trabajo más o menos julio y agosto… «.

Gerardo Francisco Lavecchia expresa «…que conoce a la actora trabajando en la demandada, que fue para las vacaciones de invierno de 2006…que eran compañeros de trabajo…que ingresó en mayo de 2006 y la actora lo hizo un par de meses después…».

Rodolfo Carretero «…narra que conoció a la accionante al ingresar en mayo 2008, que la actora hacía tarea administrativa y el dicente la parte técnica, que la remuneración de la actora era de $3.000, que le consta ya que a veces cobraban juntos en la oficina…».

En el caso en examen, todos los testigos al declarar manifiestan noticias claras que permiten inferir la existencia de dos de las causales -fecha de ingreso y remuneración-.

De las mismas se desprende que si bien en sus testimonios los dicentes no precisan exactamente la fecha de ingreso de la actora, sí acreditan que en el periodo trabajado por ellos también se desempeñaba la actora, lo cual coincide con la fecha denunciada por la accionante en su escrito de inicio.

Nótese además que dichas declaraciones no fueron impugnadas por la demandada y constituyen prueba testifical idónea en tanto han sido concordantes en las cuestiones sustanciales que declaran (arts.90 de la Ley 18.345, 386 y 456 del Código Procesal).

De cualquier forma, de la lectura de las declaraciones producidas, debe inferirse que el sentenciante ha tenido bien en cuenta los aspectos esenciales y fundamentales del contenido de la prueba testifical aportada por la parte actora, ya que lo expuesto no excede los límites del objeto de la prueba y resulta verosímil el hecho y la forma que los testigos dijeron que llegaron a su conocimiento.

Además la parte que se agravia no realiza una crítica normal, ni del contenido de los testimonios que afecte la credibilidad y aptitud que plasmó el sentenciante en el fallo (en igual sentido esta Sala en «Parra, Francisco c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Dorrego s/ diferencias de salarios», sent. 37.280 del 19.02.04).

Teniendo en cuenta todo lo analizado en los párrafos anteriores considero que lo expresado anteriormente ha sido el motivo determinante del despido, conducta, a mi modo de ver, suficientemente injuriante como para impedir la continuidad de la relación (art. 242 de la L.C.T.); y la demandada no logra indicar una sola prueba que pueda desvirtuarlo.

A mayor abundamiento, deseo señalar al respecto que cuando son varias las causales invocadas en la notificación del auto-despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante virtualidad o entidad como injuria, es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente.

Por todo lo expuesto, propicio confirmar este punto del fallo. b.- Se agravia la demandada, porque el sentenciante consideró no probado el pago de la remuneración correspondiente a los meses de junio, julio y SAC 1º semestre de 2009.

Manifiesta en su defensa que la actora debió presentarse en la empresa para recibir el pago reclamado, ya que el mismo había sido ofrecido por su empleador por medio de CD.

A mi entender no le asiste razón.

Digo esto, porque en autos no quedo acreditado que la demandada haya realizado dicho pago, ya que no presentó ningún comprobante que lo demuestre (art.138 de la LCT.).

Por tal motivo, corresponde confirmar dicho puntos del fallo. c.- ARTÍCULO 2 DE LA LEY 25.323:

Se agravia la demandada porque el «a-quo» hizo lugar al incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la Ley 25.323.

Señala en su defensa que la intimación realizada por la accionante fue mal hecha, ya que la realizó ante el transcurso del término previsto para el pago de las indemnizaciones por despido, cuando debió realizarlo una vez vencido ello.

A mi modo de ver no le asiste razón a la apelante.

Creo necesario recordar en un trabajo en el que analizo el tema. Allí he señalado que el pago, según reza nuestra legislación general actual, es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar. Así lo establece el artículo 725 CC, detallando y conceptualizando la enumeración que brinda en el artículo anterior, acerca de los modos de extinción de las obligaciones y antes de regular con singular detalle, todo lo que hace al cumplimiento y consecuente extinción efectiva de las obligaciones contraídas.

Obviamente, la norma en cuestión no es ajena al derecho del trabajo y debe entenderse vigente y regulatoria, no solo del pago de las remuneraciones, como obligación de dar, y entre ellas de dar una suma de dinero, sino también del pago que el trabajador lleva a cabo con continuidad, efectivizando su obligación de hacer, cuando presta su servicio, realiza su obra, etc.

También paga el empleador, cuando entrega las indemnizaciones correspondientes a la extinción del contrato de trabajo.

Por otra parte, sabido es, que cualquier pago debe cumplir con los requisitos de identidad, integridad y oportunidad que impone la misma normativa.

De tal manera, el artículo 740 CC relativo al objeto del pago, habla de «la misma cosa», (principio de identidad ), y el artículo 742, señala que no se puede obligar al acreedor a que acepte «en parte»el cumplimiento de la obligación (principio de integridad), que no invalida el artículo 260 de la LCT, que funciona como facultad del trabajador de aceptar el pago parcial, pero nunca como obligación de ello.

Por otra parte, el pago debe ser oportuno, debiendo hacerse efectivo el día del vencimiento de la obligación (principio de oportunidad) Claro está, que no siempre, la situación es tan clara y precisa y puede surgir la responsabilidad del deudor, a cuyos efectos se deben producir los siguientes presupuestos: Incumplimiento material, Imputabilidad, Daño y Relación de causalidad.

El primer presupuesto, está dado por el incumplimiento material de la obligación; es decir la disconformidad entre la conducta obrada y la debida, pero en nuestro sistema legal no se identifica el incumplimiento material con la responsabilidad, ya que, para la existencia de esta última se requiere el estado de mora, y si bien puede haber incumplimiento material sin mora, no puede haber mora sin incumplimiento material.

Este último, solo es jurídicamente relevante si promedia el estado de mora.

El mismo, luego de la reforma del Código, quedó estatuido de manera casuística en el artículo 509, sin perjuicio de lo cual la LCT, establece la mora automática en su artículo 137 a los efectos del pago de las remuneraciones, por el solo vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 128 de la misma ley Si la ley especial laboral, no hubiera incluido esta norma, se aplicaría el artículo 509 CC y el resultado sería el mismo, ya que se trata de obligaciones a plazo y el artículo 509, establece que, en el caso de obligaciones a plazo, la mora se produce por el solo vencimiento.

La mora automática ha dejado de lado el famoso «requerimiento», con origen en los tiempos de la colonia, cuando los españoles, espada en tierra, intimaban a los habitantes autóctonos a convertirse a la religión católica y a someterse al rey de España.

Dicho requerimiento, que el antiguo 509, distinguía en «judicial» o «extrajudicial», no desapareció de lalegislación nacional, pero se torna inadmisible, cuando la mora es automática por imperio legal, y tal es el caso de las remuneraciones, según marca el artículo 137 LCT.

Empero, nada dijo el legislador del pago de las sumas, ya sean remuneraciones o indemnizaciones que correspondan a la extinción del contrato de trabajo, dejando una suerte de vacío que vino a cubrir la ley 26.593, del 26 de octubre de 2010, cuando incorpora el artículo 255 bis a la LCT.

Allí se establece que para los supuestos indicados ut supra, cualquiera sea la causa, el pago se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128 computados desde la fecha de extinción de la relación laboral, es decir dentro de los cuatro días hábiles para los trabajadores remunerados en forma mensual o quincenal y dentro de los tres días hábiles para quienes sean remunerados en forma semanal y siempre a partir de la extinción.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, queda claro, que la nueva norma ha concedido al empleador-deudor, un plazo de tres o cuatro días hábiles, según los casos, para la efectivización del pago de las indemnizaciones que se deban abonar con motivo del despido.

Sin embargo, tal inclusión no afecta la vigencia de la mora automática y de la exclusión de la intimación o requerimiento. Ocurre, que la deuda por el incumplimiento material se ha consolidado, en la fecha del despido arbitrario, pero a los efectos de la responsabilidad del empleador-deudor, se toma relevancia jurídica, según lo dicho, con el vencimiento del plazo concedido Para decirlo mejor:la fecha del despido, sin pago, da cuentas del incumplimiento material de la obligación; y, el vencimiento del plazo de los cuatro días hábiles hace emerger la responsabilidad jurídica del deudor, por la constitución automática de la mora.

Yendo más allá, es evidente que el legislador ha pretendido dar claridad a un territorio de controversia, por las posiciones encontradas que existían tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y lo ha hecho plasmando en la legislación laboral, los principios propios del derecho común, tal como debía ser.

Según lo dicho, el territorio de los cuatro días hábiles que va desde el despido arbitrario que conlleva el no pago de indemnizaciones legales, hasta el acaecimiento de la mora, presenta un deudor-empleador al que no se puede exigir el pago pero que ya es deudor; un deudor que todavía puede cumplir sin consecuencias aditivas, pero que si no lo hace, deberá soportar la imposición de las consecuencias de su acto de incumplimiento material de la ley, cuando la mora automática se produzca y aparezca la relevancia jurídica del hecho.

No se me escapa que el ámbito del derecho del trabajo, también es territorio apto para una serie de apreciaciones que no debe descuidar el especialista laboral.

Así, muchas veces la intimación al pago de las indemnizaciones se produce de manera simultánea con el despido, sin esperar esos cuatro días, pero, entiendo, que no solo por lo expuesto, respecto del lapso temporal casi infértil que impone el legislador en el artículo 255 bis, sino, además, porque se puede haber negado la relación laboral, y resulta luego existente, o por los diversos vaivenes que pueden suscitarse en el intercambio telegráfico, aparece una nota distintiva que se enseñorea en el ir y venir de las prestaciones obligacionales y procesales, tal como es la hiposuficiencia del trabajador.

De alguna manera, estas consideraciones del derecho común, plasmadas en el código de Vélez, se mantienen porque son la base del sistema de responsabilidad, pero seflexibilizan en el ámbito del derecho del trabajo, habida cuenta la asimetría constante de los protagonistas, que no desaparece en ni aún en los preparativos de un litigio, ni tampoco en el litigio mismo.

El ir y venir de un acreedor común en el derecho común, en los actos preparativos de la contienda judicial, no puede ser motivo de igual exigencia que el actuar de un acreedor laboral, trabajador, al fin, en los mismos actos de prelación, ya que sus, casi seguros, escasos recursos económicos y temporales lo ubica en una situación de precariedad notoria.

No puede escapar al criterio de los estudiosos del derecho del trabajo, la profunda conexión que hay entre las consideraciones expuestas y lo normado por el artículo 2 de la ley 25.323.

La misma, otorga a los trabajadores la posibilidad de ser acreedores de un incremento del 50% de las indemnizaciones previstas por los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 o las que en el futuro las reemplacen.Siempre y cuando haya intimado fehacientemente y se viere obligado a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.

En diversas presentaciones que llegan a los estrados judiciales, se avizoran posturas interpretativas diversas, en cuanto a la necesaria intimación que requiere la ley 25.323 y el plazo fijado en la LCT por el artículo 255 bis.

Es que algunos estudiosos piensan que la intimación fehaciente de que habla el artículo 2 de la ley, debe ser efectuada vencido el plazo de los cuatro días hábiles, en razón de que antes de dicho período el deudor-empleador no se encuentra en mora, mientras que otros entienden que no es necesario que dicho plazo haya corrido, a los efectos del recargo que impone la ley.

Si bien es cierto que no dejan de ser interesantes ambas posiciones, tengo para mí, que la intimación efectuada, con el aviso de despido indirecto o como respuesta al despido directo, cuando aún no se han cumplido los cuatro o tres días hábiles, a los efectos de reclamar las indemnizaciones descriptas, no tienen la finalidad de constituir en mora al acreedor, ya que, según hemos observado, la mora en el caso, se produce de manera automática.

La intimación previa a la mora, increpa, como debe hacerlo todo requerimiento de pago, ante el incumplimiento material de la ley, que se produce con la ruptura arbitraria del vínculo, y no es óbice a ello, que el tiempo transcurrido no haya devenido en mora, puesto que la relevancia jurídica del incumplimiento material, va a surtir sus efectos, en el momento en que el plazo venza.

Si el deudor pagara dentro del cuarto día hábil y hubiese sido intimado antes, el efecto cancelatorio del pago es pleno y oportuno, la ley 25.323, no produce efecto alguno y el hecho intimatorio carecerá de efecto jurídico alguno, no generando ningún beneficio al trabajador-acreedor.

De lo expuesto se colige que el sistema de responsabilidad del derecho común resulta aplicable a todo el espectro jurídico argentino.

De tal manera, los cuatro presupuestos de responsabilidad a los que he aludido, tienen plena vigencia en cualquier situación de respuesta que se plantee.

Empero, en la interpretación y aplicación de la ley, en el ámbito laboral, considero que se debe tener en cuenta, sin perjuicio de lo expuesto, la vigencia de los principios del derecho del trabajo, partiendo del principio «operarii», tanto como la función especial del juez laboral, que habrá de tener en cuenta que la relación, tanto sustantiva, como adjetiva que se concreta entre el empleador y el trabajador, como protagonistas de dicha relación laboral, da lugar a obligaciones de naturaleza distinta, que contienen un vínculo oblicuo.

Ese elemento esencial de la obligación laboral (el vínculo), es el que prohíja una situación jurídica asimétrica y obliga a quien administra justicia a acudir a los principios, una de cuyas finalidades, es la corrección de la oblicuidad con el retorno a una cierta simetría.

De tal forma, y volviendo al tema puntual que nos convoca, la interpretación judicial de la intimación efectuada por el trabajador, en el período de tiempo que la ley brinda al empleador, debe entenderse, a mi modo de ver, como un anticipo legítimo, que se torna fértil, cuando, vencido el plazo de cuatro días hábiles y mora automática mediante, el deudor no cumple con su obligación de pagar las indemnizaciones requeridas, dando lugar a la punición que acompaña el incumplimiento, es decir la aplicación del artículo 2 de la ley 25.323 y el recargo que ella impone (ver Ferreirós, Estela Milagros, «Relaciones entre la Ley 26.593 que reforma la LCT.y la sanción impuesta por la Ley 25.393, apartado 2», en prensa en Doctrina Laboral y Previsional- Errepar; junio de 2012).

Sobre la base de lo expresado tengo para mí que, la intimación cursada por la actora con fecha 08-09-09, en el momento de disponer la disolución del vínculo por despido indirecto, resulta suficiente para tener por cumplido el requisito formal contenido en el art. 2 de la ley 25.323, pues el actor intimó el pago de las indemnizaciones -ver TCL. de fs. 11-.

Por tal motivo, propongo confirmar este punto del agravio. d.- MULTA ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO:

La demandada cuestiona que el Juez de primera instancia haya hecho lugar a dicha multa, ya que la actora nunca concurrió a su lugar de trabajo para retirar los certificados requeridos.

Considero que dicho agravio no tendrá favorable acogida.

Digo ello ya que la obligación de entregar dichos instrumentos nace en el mismo momento de la extinción del contrato o, a lo menos, en el tiempo que razonablemente pueda demorar su confección y no puede sujetarse el cumplimiento de la misma a que el trabajador concurra a la sede de la empresa a retirarlos.

Si la demandada los puso a disposición, es decir tuvo esa voluntad de entregarlos de inmediato, debió en todo caso consignarlos judicialmente y no lo hizo -art. 756 del Código Civil-.

Además, la certificación de servicios y remuneraciones acompañada por la demandada con su contestación de demandada, no resulta suficiente, ya que de las constancias de autos se desprende que el despido indirecto de la actora se produjo con fecha 03.08.09, y según la documental de fs.40/41, la certificación de servicios cuenta con fecha cierta emanada de la certificación de firma del Banco HSBC Bank Argentina el 16.06.10, es decir diez meses y 13 días después, lo cual trae como consecuencia que no se pueda determinar que a la fecha de la intimación del actor el certificado de trabajo se encontraba a su disposición conforme los requisitos establecidos en el art. 80 de la LCT.

Por lo tanto, habiendo la actora cumplido con los requisitos impuestos en la ley, resulta también acreedora de la multa en cuestión. f.- En cuanto a la entrega de los certificados de trabajo contenidos en el art. 80 de la LCT., estimo que tampoco le asiste razón a la accionada.

Digo esto, porque el certificado de servicios y remuneraciones -acompañado por la demandada con su contestación de demanda a fs. 40/41-, resultan evidentemente insuficientes por no haber sido confeccionados en base a las reales pautas en las cuáles se dio la prestación de servicios entre las partes.

A esto hay que agregarle que fueron acompañados en forma extemporánea, pues había vencido la oportunidad de entregárselos a la trabajadora (386 del Código Procesal).

Por lo expuesto, propongo confirmar también este punto del agravio.

III.- En cuanto a las costas, considero que no le asiste razón a la accionada.

El principio general que consagra el art. 68 del C.P.C.C.N. encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota; quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, nov. 91 en «Confederación General de Empleados de Comercio y Otros c/ E.

Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social»), Rev. Doc. Judicial, año VII, Nº 55 del 16.12.92.

Ahora bien, en este caso, la parte actora ha obtenido condena favorable en lo sustancial -Art. 245, Art. 232 + S.A.C., Integ. mes de despido más días de agosto 2009, vacaciones propor.2009, SAC proporcional 2009, SAC 1º cuota 2009, Art. 2 de la Ley 25.323, Art. 80 de la LCT., Art. 9 de la Ley 24.013 y Arts. 9, 10 y 15 de la LE -.

Por ello, propongo confirmar este ítem del fallo.

IV.- Los honorarios regulados a los profesionales intervinientes y al Dr. Marcelo Rodolfo Muñoz, me parecen equitativos sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados (art. 38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias).

V.- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren en el orden causado, atento la falta de réplica al escrito de recurso (art. 68 del C.P.C.C.N.) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte demandada en el 25% de los determinados en la instancia anterior (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA: no vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado. 2) Confirmar los honorarios regulados. 3) Costas de alzada en el orden causado. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada en el 25% de los determinados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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