El empleado jerarquizado tiene un mayor compromiso con la empresa siendo apreciados sus actos con mayor severidad

shutterstock_99017954Partes: Tevez José Laureano c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 13-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-79620-AR | MJJ79620 | MJJ79620

El empleado jerarquizado tiene un mayor compromiso con la empresa y a su respecto se acentúa el deber de fidelidad en la medida en que desempeña funciones de confianza, siendo entonces apreciados sus actos con mayor severidad.

Sumario:

1.-Procede y se ajusta a derecho el despido de un trabajador por la causal de pérdida de confianza, cuando por omisión no cumpliera con lo esperable conforme a su cargo, resultando suficiente prueba que dicha omisión se extienda por un tiempo razonablemente prolongado.

2.-La demandada resuelve el contrato del actor por pérdida de confianza e incumplimiento a los deberes de buena fe, imputándole la omisión incurrida de informar a la empresa respecto de la relación de un familiar con una firma con la cual tiene vinculación comercial con la demandada a partir de ser una empresa proveedora de servicios.

3.-La pérdida de confianza resulta subjetiva y requiere de un elemento indicador objetivo que evidencie el apartamiento de los compromisos laborales, no siendo necesario qu el trabajador efectúe conductas dolosas ni ocasione daños de gran magnitud a los intereses del empleador.

4.-El empleado jerarquizado tiene un mayor compromiso con la empresa y a su respecto se acentúa el deber de fidelidad en la medida en que desempeña funciones de confianza, siendo entonces apreciados sus actos con mayor severidad.

5.-Se confirma la sentencia en relación al art. 242 del LCT., pues era razonable que el empleador pretendiera que el actor diera conocimiento de la existencia de un vínculo comercial entre su madre y la empresa proveedora de la demandada, justificando la extinción del vínculo por pérdida de confianza.

6.-Resulta salario toda ganancia que el trabajador obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo.

7.- Se modifica la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a la multa prevista en el art.80 de la LCT., al no ser entregado el certificado de trabajo, correspondiendo la multa peticionada.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DRA GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda entablada se agravia la parte actora según el escrito de fs.552/517, cuya réplica luce a fs.573/578 vta.

En relación con los honorarios regulados se agravia la perito contadora por considerarlos reducidos (fs.546).

Se agravia la parte actora porque el Sr. Juez “a quo” rechazó la demanda entablada al considerar que el despido por pérdida de confianza dispuesto por la demandada se ajustó a derecho.

Sostiene el recurrente que se ha efectuado una errónea valoración de las pruebas aportadas a la causa ya que las mismas no resultan convincentes para acreditar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y que impedirían -tal como lo sostuvo la demandada- la continuidad del vínculo.

Cabe señalar que, del análisis de la totalidad de la prueba aportada, no encuentro elementos objetivos que permitan apartarme de lo decidido en primera instancia.

El planteo expuesto referido al incumplimiento de lo previsto en el art.243 , L.C.T., deviene improcedente ya que las pruebas que se han producido en la causa se condicen con los hechos atribuidos al actor, sin que se advierta un apartamiento de la norma citada.

En lo que se refiere al fondo de la cuestión, invoca el recurrente error en el ejercicio de la facultad contenida en el art.242, L.C.T.en relación con la existencia de injuria.

Sostiene al respecto, que más allá de la ambigüedad de la causal de despido invocada, lo cierto es que, en el caso, ha quedado probado que no tenía conocimiento de la transferencia bancaria de la empresa I.A. (International Assistance S.A.) a la cuenta del Banco Santander Río a nombre de su madre, por lo que toda atribución de responsabilidad en relación con este tema deviene improcedente.

Cabe precisar que la demandada resuelve el contrato de Tevez por pérdida de confianza e incumplimiento a los deberes de buena fe (art.242 L.C.T.) imputándole la omisión incurrida de informar a la empresa respecto de la relación de un familiar directo o de su circulo de allegados, con una firma (I.A. Internacional Assistance S.A.) con la cual tiene vinculación comercial con la demandada a partir de ser una empresa proveedora de servicios (ver acta nota de fs.3).

La pérdida de confianza es una figura bajo la cual subyace un estado subjetivo del empleador, y que por ello necesita de un elemento objetivo indicador de un apartamiento de los compromisos laborales. No es imprescindible una conducta dolosa si en el contexto en el que se produce genera dudas razonables acerca de la buena o mala fe del dependiente. Tampoco se requiere que su proceder ocasione un daño de magnitud a los intereses del empleador, basta que se configure el hecho atribuido y se someta al aspecto subjetivo a la valoración de los jueces en el marco de las obligaciones que prescribe la L.C.T.

En este contexto, y sin perjuicio de los esfuerzos realizados en el escrito de agravios tendientes a desvirtuar los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia, considero que en el caso, se cuenta con pruebas que justifican el despido de Tevez por pérdida de confianza.

En efecto, de la prueba producida surge que el actor desempeñaba un cargo jerárquico en la empresa -Director de repuestos y servicios-, que la empresa I.A.era proveedora de la demandada y que en el período feb. 2006/feb. 2008 se efectuaron en la cuenta del Banco Santander Rio a nombre de la Sra. Proclava -madre del actor- 13 transferencias provenientes de la empresa I.A. (cfr. fs.276).

En este contexto, conforme al cargo que tenía el actor y a las normas éticas de la empresa, era razonable que el empleador pretendiera que el actor diera conocimiento de la existencia de un vínculo comercial entre su madre y la empresa proveedora de la demandada; más aún, si se tiene en cuenta que dicha situación se prolongó por un período de 24 meses.

Lo expuesto desvirtúa las afirmaciones efectuadas por el testigo Dadino, quien si bien reconoce el vínculo comercial entre I.A. y la madre del actor, sostiene que el mismo se dio en una sola oportunidad en el año 2006 (cfr. fs.403).

Cabe señalar que el empleado jerarquizado tiene un mayor compromiso con la empresa y a su respecto se acentúa el deber de fidelidad en la medida en que desempeña funciones de confianza. Por ello, la falta atribuida al empleado jerarquizado debe ser apreciada con mayor severidad cuando está vinculada con los valores precedentemente indicados.En consecuencia, y más allá del origen que tenía la denuncia efectuada en contra de Tevez que dio inicio a la investigación en relación con este tema, entiendo que se advierten elementos contundentes que justificaría la extinción del vínculo por pérdida de confianza.

En definitiva, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.-

En lo que se refiere a la multa prevista en el art.80 de la L.C.T., cabe señalar que aun cuando se han adjuntado las constancias de fs.82/84vta., lo cierto es que el certificado de trabajo no fue entregado, por lo que corresponde hacer lugar a la multa peticionada.

A efectos de establecer el monto de condena, tendré en cuenta una remuneración de $ 15.371,46, debido a la naturaleza salarial de los rubros “gastos de vehículo”, del “teléfono celular” y de la “medicina prepaga” ya que -a mi entender- tienen naturaleza remuneratoria. En efecto, toda vez que el salario se proyecta a la dignidad del trabajador, es preciso que a la persona trabajadora le sea reconocido que toda ganancia que obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo resulta un salario, esto es una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa, razón por la cual solo pueden ser llamados, jurídicamente, salario o remuneración.En conclusión y siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia en autos “Pérez Aníbal c/ Disco S.A.” , SD del 1/9/2009 resulta inadmisible que caiga fuera del alcance las nominaciones “salario” o “remuneración” una prestación que entraña para quien la recibe, inequívocamente una ganancia y que solo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato de empleo.

Por lo expuesto, el actor resultará acreedor a la suma de $ 46.114,38, a la que se le aplicará la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos desde que cada suma es debida y hasta su efectivo cumplimiento.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art.279 , del C.P.C.C.N., estimo que las costas de ambas instancias deberán ser impuestas en el orden causado.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 14 %; los de la representación y patrocinio de la parte demandada en el 12 %; y los del perito contador en el 5 %, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, propongo que se regulen los honorarios por esa actuación en el 25% de la suma que corresponde a la representación y patrocinio letrado de la parte apelante por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1- Modificar la sentencia de primera instancia y en su mérito establecer el capital de condena en la suma de $ 46.114, a la que se le aplicará los intereses dispuestos. 2- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. 3- Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la parte demandada en el 11%; y los del perito contador en el 5%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-. 4- Fijar los honorarios de alzada de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

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