Empleadora y ART responden por los trastornos psíquicos que padece la trabajadora a raíz de los malos tratos por parte del personal jerárquico

shutterstock_108401582Partes: A. M. F. c/ Banco de Brasil S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 22-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79532-AR | MJJ79532 | MJJ79532

La empleadora y la ART deben responder por los trastornos psíquicos que padece la trabajadora originados a raíz de los malos tratos por parte del personal jerárquico y del inicio de una causa penal por cuestiones laborales.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la acción civil incoada contra el banco empleador por los trastornos psíquicos que padece la trabajadora, pues la cosa riesgosa o peligrosa fue precisamente la forma y las condiciones en las que la actora tuvo que desempeñarse, con malos tratos por parte del personal jerárquico, y la causa penal en la que resultó imputada en virtud del cumplimiento de las tareas encomendadas por la demandada y que no tuvo más remedio que acatar.

2.-Cabe concluir que el nexo de causalidad existe y atento lo expresado por la perito psicóloga, de no haber ocurrido los hechos y las circunstancias en que se funda la presente acción, el trastorno adaptativo, con trastorno de comportamiento de grado leve que padece la accionante, probablemente no se hubiera desencadenado, por lo que no cabe presumir que los hechos ventilados en autos resultaron causantes de las dolencias que padece la actora y que dieron origen a la incapacidad determinada.

3.-La experta sólo tiene atribuciones para determinar la presencia de una dolencia en el trabajador siendo el sentenciante quien debe valorar, a través de los elementos de prueba arribados a los autos, si existe nexo causal en los términos del Código Civil.

4.-Las posibilidades de reinserción laboral de la accionante no se encuentran probadas, y hasta resulta delicado aventurar los efectos que la causa penal, de la que fuera parte, puedan tener sobre dicha reinserción, sobre todo si tuviera que darse la misma dentro de la actividad bancaria.

5.-El hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio alterum non laedere , deban ser indemnizados en los términos del art. 39 inc. 1° de la LRT. que excluye la vía reparadora del Código Civil, vuelve a dicha norma contraria a la dignidad humana ya que entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona considerándola no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2013, para dictar sentencia en estos autos: “A. M. F. C/ BANCO DO BRASIL S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE – ACCION CIVIL” se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda, apela la actora a tenor del memorial de fs. 384/385, el que fue contestado por ambas demandadas a fs. 390/392 y a fs. 394/395.

La representación letrada de la demandada BANCO DO BRASIL S.A. por su propio derecho y la perito psicóloga apelan sus honorarios por bajos (fs. 381 y fs. 383 respectivamente).

La parte actora se queja porque se rechazó su reclamo fundado en la ley civil al haber considerado la “a quo” que no se ha probado la presencia de incapacidad laborativa alguna vinculada con las tareas. Sostiene que en la sentencia en crisis, se omitió considerar el porcentaje de incapacidad parcial y permanente que estableció la perito psicóloga. Afirma que de las pruebas aportadas en autos surge el daño psicológico producido tanto por la actividad tensionante y de gran presión, como por el proceso penal entablado en su contra por seguir órdenes de su empleadora y por la persecución y maltrato recibido por parte del personal jerárquico.

Analizadas las constancias de la causa, adelanto mi posición favorable a la recurrente.

En tal sentido, me referiré, en primer lugar, al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la Ley 24.557 efectuado en el inicio en cuanto excluye la posibilidad de obtener la reparación integral de los daños y perjuicios padecidos por el accidente de trabajo denunciado en autos.

Al respecto, destaco que en mi opinión y a partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Aquino”, la inconstitucionalidad del art.39 de la Ley de Riesgos del Trabajo tiene fundamento en la prohibición que el mismo entraña para el trabajador de reclamar la reparación integral, a la que tendría derecho cualquier otra persona.

En efecto, tal como sostuvo la Corte, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio “alterum non laedere”, deban ser indemnizados en los términos del art. 39 inc. 1° de la LRT que excluye la vía reparadora del Código Civil, vuelve a dicha norma contraria a la dignidad humana ya que entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona considerándola no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo.

El Alto Tribunal argumentó en dicho fallo, que la Ley 24.557 se apartó de la concepción reparadora integral pues sólo indemniza daños materiales y dentro de éstos, únicamente el lucro cesante, el que es valuado en forma menguada.

Las consideraciones expuestas, son suficientes para sostener que el art. 39 inc.1º de la Ley 24.557 resulta inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil y así lo declaro.

Así las cosas, corresponde analizar la pretensión de la accionante en cuanto sostiene la aplicabilidad al caso del art. 1.113 del Código Civil.

Al respecto cabe reiterar que la actora demandó en los términos del Código Civil en virtud de las dolencias, que aduce, le ocasionaron la actividad laboral tensionante y de gran presión, el proceso penal iniciado contra ella por su actividad laboral y la persecución y el maltrato del personal jerárquico de la demandada justamente con motivo del proceso en el que se vio incluída.

Ahora bien, de acuerdo a lo que surge de las consideraciones médico legales efectuadas por la Sra. Perito médico psicóloga (ver fs. 158 y fs.172/173), la actora presenta un trastorno adaptativo con F43.24, con trastorno de comportamiento de grado leve, por lo que dicha experta determinó una incapacidad parcial y permanente del 10%, indicando que la aplicación de dicho porcentaje no resultaría, en su opinión, en su totalidad, sino en una proporción menor (3%), esto en virtud de considerar a los hechos en que se funda el reclamo, factores concausales del trastorno adaptativo. Señala que lo que se ha diagnosticado aparece relacionado secundariamente con el hecho de autos, pues se encuentra anudado a una situación anterior acaecida en la vida de la peritada que el hecho de autos sólo resignificó. Indica que la vivencia narrada en relación con su trabajo en el banco agravó una situación previamente no elaborada, dando origen a una manifestación como la descrita. A su vez señala que, el hecho de haber sido procesada por un delito del cual, la entrevistada se consideraba como no responsable, más la situación de haberse sentido discriminada en su trabajo, operaron como lo que se denomina “estresores”.

En el punto cabe advertir, que la experta sólo tiene atribuciones para determinar la presencia de una dolencia en el trabajador siendo el sentenciante quien debe valorar, a través de los elementos de prueba arribados a los autos, si existe nexo causal en los términos del Código Civil. Sentado ello, en virtud del análisis que antecede, considero que en el caso, el nexo existe y que atento lo expresado por la perito psicóloga, de no haber ocurrido los hechos y las circunstancias en que se funda la presente acción, el trastorno adaptativo con F43.24, con trastorno de comportamiento de grado leve que padece la accionante probablemente no se hubiera desencadenado, por lo que no cabe más que concluir, que los hechos ventilados en autos resultaron causantes de las dolencias que padece la actora y que dieron origen a la incapacidad determinada.

También resulta oportuno resaltar que las conclusiones arribadas por la experta a fs.193 en el sentido que “…es indistinto que la actora pueda trabajar en una entidad bancaria, en un comercio o en una fábrica…” carecen de sustento científico que las avalen y hasta carecen de asidero lógico, ya que no resulta atinado afirmar que, después de haber vivenciado la actora situaciones como las aquí ventiladas, producto de la actividad laboral desempeñada y en cumplimiento de su débito laboral, pueda resultar indistinto para la misma volver a insertarse en una entidad bancaria o en cualquier otra actividad. Ello así, hasta resulta inconsistente la conclusión recien reseñada, con lo indicado por la misma experta a fs. 173 vta. en cuanto a que “…en la actualidad, si fuera sometida a un psicotécnico, el profesional responsable, debería saber discriminar si aquellos signos que hoy han dado que hablar en este expediente, resultan incompatibles con su capacidad de trabajo y aptitud general en relación a un puesto de trabajo.”. En definitiva, las posibilidades de reinserción laboral de la accionante no se encuentran probadas, y hasta resulta delicado aventurar los efectos que la causa penal, de la que fuera parte, puedan tener sobre dicha reinserción, sobre todo si tuviera que darse la misma dentro de la actividad bancaria.

Por su parte, de las declaraciones vertidas por los testigos de la causa se desprenden los tormentos alegados por la actora, en tal sentido lo hacen Garzón Torres a fs. 258/259, Lopez Dowling a fs. 264/266 y Romero a fs. 271/272. Todos ellos dan cuenta de los padecimientos de la actora durante el trámite de la causa penal, de los malos tratos que fuera objeto la misma por parte de los superiores ante el acaecimiento de dicha causa y del deterioro de su salud en ese tiempo.

En mi opinión, la prueba testimonial referenciada a la luz de lo normado por el art. 386 CPCCN, se revela objetiva, concordante y con debida razón de sus dichos, siendo que los deponentes han declarado sobre hechos que conocieron por haber trabajado con A. en condiciones similares.Advierto que los testigos citados se revelan conocedores de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las que depusieron y no logran ser desvirtuados por las impugnaciones efectuadas.

El análisis que antecede, pone de manifiesto, en mi opinión, que se encuentran reunidos en autos los extremos requeridos para tornar aplicable al caso la responsabilidad objetiva prevista por el art. 1113 del C. Civil respecto de la co demandada Banco Do Brasil S.A.

Que, de los términos de las contestaciones de demanda tanto de su empleadora Banco Do Brasil S.A. como de la ART Consolidar ART S.A., no surge alegado que la actora padeciera alguna dolencia previa, y tampoco que se le hubiera practicado a la misma un examen preocupacional a los efectos de advertir el estado de salud en el que se encontraba al momento de su ingreso al Banco Do Brasil S.A., por lo que cabe presumir que se hallaba en plena capacidad laborativa.

En efecto, en este caso, la “cosa riesgosa o peligrosa” fue precisamente la forma y las condiciones en las que la trabajadora tuvo que desempeñarse, y la causa penal en la que resultó imputada en virtud del cumplimiento de las tareas encomendadas por la demandada y que no tuvo más remedio que acatar. En el punto corresponde destacar que tal como surge de fs. 212/216, en la causa penal señalada la actora resultó absuelta, no sobreseída, debiendo transitar por el proceso penal durante por lo menos unos cinco años, con las tribulaciones que ello supone.Por las consideraciones expuestas, sugiero entonces revocar la sentencia apelada y, a fin de ponderar la medida de reparación del daño, he de tener en cuenta las condiciones personales de la actora, en particular su edad, su expectativa de ganancia, la incidencia que la incapacidad padecida puede tener sobre la misma tanto en su fase personal como laboral, la época de consolidación del daño y el tiempo transcurrido hasta la fecha, todo lo cual me inclina a proponer fijar en $120.000 la reparación del daño material y en $80.000 la compensación por daño moral, ambos calculados a valores del presente pronunciamiento. Sobre dicha suma se aplicarán intereses desde la fecha en que quede firme la sentencia y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cfr. Acta 2357).

Sentado lo expuesto, corresponde referirse a la responsabilidad que le cabe a CONSOLIDAR ART S.A., quien al responder la demanda, entre otras defensas opuso excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 100/101).

Analizados los términos del escrito de inicio se observa que el reclamo respecto de esta parte ha sido fundado en las normas de la ley 24.557. Siendo ello así, en tanto ha quedado acreditado que la ART rechazó el siniestro denunciado por considerar que las patologías resultaban de carácter inculpable, mientras que en autos quedó probada la relación de causalidad directa entre dichas dolencias y las tareas desempeñadas por la actora para el BANCO DO BRASIL S.A., corresponde hacer lugar a la demanda en su contra, pero dentro de lo dispuesto por el art. 14 a) de la ley 24.557.

En consecuencia, atendiendo a la incapacidad acreditada, el salario que llega firme, y la edad de la accionante al momento del infortunio, propongo condenar a CONSOLIDAR ART S.A.solamente hasta la concurrencia de la suma de $17.648,84, con más los intereses correspondientes según lo ya dispuesto supra.

En virtud de la revocación del fallo que dejo propuesta, corresponde efectuar una imposición de costas y regulación de honorarios en forma originaria, que torna de tratamiento abstracto los recurso incoados al respecto (art. 279 CPCCCN).

En consecuencia, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por las demandadas (art. 68 CPCCN) limitando las mismas respecto de CONSOLIDAR ART S.A. hasta el 9% del total de las costas impuestas, con excepción de las correspondientes a su propia representación letrada que deberá asumir en un 100%.

A tales efectos, sugiero regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el 16% (actora); 11% (Banco Do Brasil S.A.); 11% (Consolidar ART S.A.); y 7% (perito contador) del monto de condena, y en atención a la reticencia demostrada por la perito médico psicóloga, la que se traduce en las reiteradas impugnaciones, formuladas por todas las partes integrantes del proceso, de las que fue objeto la pericia realizada por la misma, considero ajustado sugerir regular sus honorarios en el 4% del monto de condena.(Conf. art. 38 L.O., Ley 21.839 y Dec. Ley 16.638/57 ).

Por las tareas ante esta alzada propongo fijar los honorarios de los letrados intervinientes en el 25 % de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 14 ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto propongo: 1) Revocar el fallo de grado y hacer lugar a la demanda condenando a BANCO DO BRASIL S.A. a abonar al actor dentro del quinto día de notificada en la ocasión prevista por el art.132 L.O., y mediante depósito judicial en autos, la suma de $200.000 (pesos doscientos mil), calculada a valores del presente pronunciamiento con más los intereses devengados desde la fecha en que quede firme la sentencia y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cfr. Acta 2357). 2) Extender la condena a CONSOLIDAR ART S.A. solamente hasta la concurrencia de la suma de $17.648,84 (pesos diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con 84/100) con más los intereses correspondientes según lo ya dispuesto. 3) Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas, limitando las mismas respecto de CONSOLIDAR ART S.A. hasta el 9% del total de las costas impuestas, con excepción de las correspondientes a su propia representación letrada que deberá asumir en un 100%. 4) Regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el 16% (actora); 11% (Banco Do Brasil S.A.); 11% (Consolidar ART S.A.); 4% (perito médica psicóloga) y 7% (perito contador) del monto de condena. 5) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el 25 % de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal Resuelve: 1) Revocar el fallo de grado y hacer lugar a la demanda condenando a BANCO DO BRASIL S.A. a abonar al actor dentro del quinto día de notificada en la ocasión prevista por el art.132 L.O., y mediante depósito judicial en autos, la suma de $200.000 (pesos doscientos mil), calculada a valores del presente pronunciamiento con más los intereses devengados desde la fecha en que quede firme la sentencia y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cfr. Acta 2357). 2) Extender la condena a CONSOLIDAR ART S.A. solamente hasta la concurrencia de la suma de $17.648,84 (pesos diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con ochenta y cuatro centavos) con más los intereses correspondientes según lo ya dispuesto. 3) Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas, limitando las mismas respecto de CONSOLIDAR ART S.A. hasta el 9% (nueve por ciento) del total de las costas impuestas, con excepción de las correspondientes a su propia representación letrada que deberá asumir en un 100% (cien por ciento). 4) Regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el 16% (actora); 11% (Banco Do Brasil S.A.); 11% (once por ciento) (Consolidar ART S.A.); 4% (cuatro por ciento) (perito médica psicóloga) y 7% (siete por ciento) (perito contador) del monto de condena. 5) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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