El vencimiento del plazo de conservación del empleo no trae aparejada la ruptura automática del contrato de trabajo

shutterstock_128217269Partes: Nagel Miguel Ángel c/ Micro Omnibus Norte S.A. M.O.N.S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 29-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79037-AR | MJJ79037 | MJJ79037

El vencimiento del plazo de conservación del empleo no trae aparejada la ruptura automática del contrato de trabajo, sino que la relación de empleo subsiste hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla.

Sumario:

1.-La comunicación emitida por el actor no fue a los fines de extinguir el contrato, sino que ponía en conocimiento de la empleadora que se encontraba en condiciones de reintegrarse a su trabajo. Por ello no resulta contradictorio lo resuelto por el Juez en cuanto a que consideró extinguido el contrato de trabajo con la comunicación emitida por la empresa en la cual ponía fin al plazo previsto en el art. 211 LCT.

2.-En razón del principio de conservación del contrato de trabajo y del principio de buena fe, la empresa estaba todavía en condiciones de rectificarse, pues en el presente caso el actor -sin perjuicio de que la carta documento fue correctamente remitida- no había efectivamente recibido el telegrama de despido y, para el supuesto caso de desconocimiento del alta médica -si lo consideraba necesario- tenía a su alcance los medios para verificar si el actor realmente se encontraba en condiciones de retomar o no sus tareas y no directamente optar por extinguir el contrato de trabajo, decisión que luce apresurada.

3.-En nuestro sistema de relaciones laborales, el legislador opta por hacer efectiva la protección contra el despido arbitrario consagrada en el art. 14 bis de la CN., mediante un sistema indemnizatorio tarifado, esta indemnización implica una solución de carácter transaccional , ya que si bien se reconoce el derecho a una indemnización por un importe cuyas bases de determinación están preestablecidas en la misma ley (con independencia de la existencia de daño), la norma pone un tope máximo, dejando de lado el principio de reparación integral.

4.-Como principio general, el resarcimiento tarifado excluye la posibilidad de acumular una indemnización destinada a reparar el daño moral y o psíquico, salvo que del despido resulte un acto ilícito distinto de la simple ruptura del contrato; es decir cuando el empleador, en forma concomitante con el despido, incurre en conductas que causen perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual.

5.-También resulta inadmisible el resarcimiento peticionado con fundamento en daño psicológico , pues, la indemnización tarifada prevista en el art. 245 de la LCT., cubre todos los daños derivados del despido arbitrario.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 DE ABRIL DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I- Contra la sentencia de fs. 575/582, se alzan la parte actora a fs. 583/586 y la demandada a fs. 588/592, con réplica de sus contrarias a fs. 610/611 y 607/609, respectivamente. Asimismo los peritos médico (fs. 593) y contador (fs.603) apelan sus honorarios por considerarlos bajos.

A fin de posibilitar una mejor comprensión de las cuestiones planteadas, estimo conveniente analizar los agravios en el orden que se expondrá a continuación.

II- Se agravia la parte demandada porque la Sra. Juez consideró que la comunicación del actor fue anterior a la carta documento remitida por la empresa en la cual extinguía el contrato de trabajo.

Llega firme a esta instancia que el 18-10-06 la accionada extinguió el contrato de trabajo mediante comunicación telegráfica en la cual le comunicó al actor que “Vencido plazo reserva de puesto (art. 211 LCT) se resuelve contrato de trabajo sin obligación de indemnización” (ver fs. 142). El 17/10/06, el Sr. Nagel mediante TC 170 comunicó que se le había otorgado el alta médica e intimaba a fin de que le otorgaran tareas; este telegrama fue recibido el 18/10/06 a las 10:10 hs.

Ahora bien, en primer lugar cabe dejar en claro que la comunicación emitida por el actor no fue a los fines de extinguir el contrato, sino que ponía en conocimiento de la empleadora que se encontraba en condiciones de reintegrarse a su trabajo.Por ello no resulta contradictorio lo resuelto por el Juez en cuanto a que consideró extinguido el contrato de trabajo con la comunicación emitida por la empresa en la cual ponía fin al plazo previsto en el art. 211 LCT.

El puntual cuestionamiento que efectúa la apelante respecto del momento en que se efectuaron las comunicaciones se encuentra reñido con el principio de buena fe. Ello en primer lugar, en tanto debe considerarse que se toma conocimiento de la notificación cuando llega al destinatario y, en el presente caso, la empresa recibió el telegrama del actor el 18/10/06 a las 10:10 hs. y el trabajador pudo haberla recepcionado al menos el 19 ó 20/10/06. Por otra parte, la accionada no logró acreditar en autos la hora en que remitió su carta documento, es decir si fue antes o después de recibir la comunicación por parte del trabajador. Además, en razón del principio de conservación del contrato de trabajo y del principio de buena fe, la empresa estaba todavía en condiciones de rectificarse, pues en el presente caso el Sr. Nagel -sin perjuicio de que la carta documento fue correctamente remitida- no había efectivamente recibido el telegrama de despido y, para el supuesto caso de desconocimiento del alta médica -si lo consideraba necesario- tenía a su alcance los medios para verificar si el actor realmente se encontraba en condiciones de retomar o no sus tareas y no directamente optar por extinguir el contrato de trabajo, decisión que luce apresurada.

A lo expuesto cabe señalar que el testigo Sotelo (fs. 349) declaró que cuando el médico de la obra social otorga el alta médica, el trabajador luego tiene que ir al controlador médico de la empresa, en este caso el “Centro Médico Nogoyá S.A.” y para ello necesita una orden que se entrega en la empresa, en personal.

El mencionado Centro Médico informó que en octubre de 2006 el actor fue citado para laboratorio y orina (fs.405) y que el 12/10/06 concurrió a dicho centro y fue atendido (ver fs. 412 y 413) en el cual se le diagnosticó “Sin tratamiento, recuento de plaquetas menor 100.000 mm3. Se pide laboratorio para el 22/10”. Lo expuesto pone en evidencia que la empresa no podía desconocer la situación en que se encontraba el actor al momento del intercambio telegráfico.

Cabe señalar que el vencimiento del plazo de conservación del empleo no trae aparejada la ruptura automática del contrato de trabajo, sino que la relación de empleo subsiste hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla.

Por otra parte, es dable destacar que ante el requerimiento del actor por tareas y habiendo indicado que se encontraba en condiciones de trabajar, la empresa optó por el silencio. Tampoco cuestiona en esta instancia los certificados acompañados ni los informes médicos que la Sra. Jueza detalla a fs. 578 último párrafo de los cuales se extrae que al actor ya se le había otorgado el alta médica y por tanto se encontraba en condiciones de volver a su trabajo En síntesis, la empresa tuvo conocimiento de que el actor se encontraba en condiciones de trabajar el 18/10/06 y éste pudo haber tomado conocimiento de que se había vencido el plazo establecido en el art. 211, el 19/10/06. Por ello, si bien el 18/10/06 la empresa comunicó la extinción del contrato de trabajo, no logró acreditar en autos que hubiera remitido la carta documento antes del 18-10-06 a las 10.10 hs. por lo que debe tenerse por recepcionada la comunicación del actor en primer lugar.

En razón de lo expuesto corresponde confirmar la sentencia en este aspecto de la cuestión en debate.

III- Se agravia la demandada porque la Sra. Juez de grado hizo lugar a los reclamos de daño moral y psíquico.

Al respecto, cabe recordar que tal como lo ha sostenido esta Sala, la indemnización tarifada del art.245 LCT está destinada a reparar todo tipo de daño patrimonial y extrapatrimonial originado en la pérdida del empleo. He sostenido en otras oportunidades (“Bernachea Gustavo Javier c/ Cencosud S.A. s/ Despido” S.D. N° 95941 del 30/11/11) que, en nuestro sistema de relaciones laborales, el legislador opta por hacer efectiva la “protección contra el despido arbitrario” consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, mediante un sistema indemnizatorio tarifado. Esta indemnización implica, al decir de Deveali, una “solución de carácter transaccional” (Lineamientos del Derecho del Trabajo, pág. 39), ya que si bien se reconoce el derecho a una indemnización por un importe cuyas bases de determinación están preestablecidas en la misma ley (con independencia de la existencia de daño), la norma pone un tope máximo, dejando de lado el principio de reparación integral.

Como principio general, el resarcimiento tarifado excluye la posibilidad de acumular una indemnización destinada a reparar el daño moral y o psíquico, salvo que del despido resulte un acto ilícito distinto de la simple ruptura del contrato; es decir cuando el empleador, en forma concomitante con el despido, incurre en conductas que causen perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual. En las presentes actuaciones, la decisión extintiva es sancionada a través de la indemnización tarifada, sin que se hayan acompañado elementos en la causa que me persuadan de la existencia de un daño extracontractual al actor, que justifique la procedencia de este rubro (esta Sala en los autos “Cedrón Emilce Irma c/ Laboratorios Diral S.R.L. S/ Despido” (SD N 95.333 del 26/4/11) y “Lugo Rubén Carlos c/ Proios S.A. s/ Despido” (S.D. N° 95.342 del 27/4/11).

Las observaciones que efectúa la Magistrada a fs. 580 pto. 4 resultan ser comportamientos vinculados con la extinción del contrato de trabajo y no puntualmente que se hubieran verificado en él durante el desarrollo del trabajo.Además, en cuanto a las declaraciones testimoniales, nótese que Farella (fs. 347) declaró que los problemas con la Clínica Nagoya eran reiterados y que ello les sucedía a los compañeros por diferentes enfermedades. Es decir, no surge acreditada una conducta discriminatoria en los términos de la ley en la ley 23592 .

Ello es así, si el motivo de la decisión rescisoria trasciende la simple disminución de la capacidad laboral del empleado y la incidencia que ésta ha de tener en su rendimiento en el trabajo, y se proyecta de modo negativo sobre aspectos personales del empleado afectado que – según los casos – pueden abarcar sus hábitos, sus costumbres y – en alguna medida – sus creencias y lo colocan en una posición de desprestigio y descrédito frente al resto.

Es claro que esta situación no se presenta en el caso y, además, nada se ha invocado ni probado.

En tales condiciones, entiendo que no cabe atribuir al despido del actor carácter discriminatorio en los términos de la ley 23592, por lo que propicio desestimar el reclamo por daño moral (art. 499 , Cód. Civil).

También resulta inadmisible el peticionado resarcimiento con fundamento en “daño psicológico”- aun ante el informe de fs. 541/542-, pues, como lo referí precedentemente, la indemnización tarifada prevista en el art. 245 de la L.C.T, cubre todos los daños derivados del despido arbitrario.

Cabe destacar que los fundamentos que en esta alzada invoca la apelante no fueron incorporado en el escrito de inicio lo cual viola el principio de congruencia.

Entonces, sugiero revocar la sentencia en este aspecto de la cuestión en debate, por lo que se torna abstracto expedirme sobre los agravios cuarto (fs. 584 vta./585) y sexto (fs. 585) de la parte actora.

IV- Se agravia la parte actora porque la Sra. Juez de grado consideró, a los fines del cálculo de la indemnización con sustento en el art.245 LCT, 10 períodos cuando en realidad debió calcularlo sobre la base de 11 períodos.

El perito contador informó a fs. 450 que el actor ingresó a trabajar bajo las órdenes de la demandada el 18/10/95 y conforme quedó explicado en el presente voto, el telegrama emitido por la accionada extinguió el contrato de trabajo, el 18/10/06 (ver fs. cit.).

En razón de lo expuesto no existe duda que son 11 la cantidad de añ os en que el actor trabajó bajo las órdenes de la demandada. Por ello, corresponde recalcular la indemnización con sustento en el art. 245 LCT y los rubros sobre los que lleva su incidencia y elevar el monto de condena.

V- También se agravia la parte actora por el monto establecido por la Sra. Juez respecto del reclamo con sustento en el art. 4 de la ley 25.972.

La Magistrada condenó a la accionada en la suma de $ 9.770, importe calculado en razón del 50 % de la indemnización establecida en el art. 245 LCT ($ 19.540).

El art. 4° de la ley 25.972, prorrogó la suspensión de los despidos sin causa y estableció que “En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias” (el subrayado no corresponde al original).

Como se advierte a simple vista, este texto es mucho más preciso que el del art. 16 de la ley 25.561 y no deja ningún espacio para la discusión, dado que identifica con absoluta precisión el resarcimiento que se duplica, que es exclusivamente la indemnización por antigüedad del art. 245 de la LCT (esta Sala, S.D.

91.732, 29/9/06, “Meabrio, Jorge Oscar c/ Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.s/ despido”; en igual sentido: CNAT, Sala III, 8/2/07, “Vázquez, Manuel A. c/ Siembra AFJP SA y otro” ; íd., Sala IX, 16/2/07, SD 13.937, “Sargiotto, Claudio Javier c/ Banco de Corrientes S.A. s/ despido”).

Más tarde, el Poder Ejecutivo por medio del decreto 1433/05 B.O. 23/11/05 limitó el porcentaje (50%) para el adicional previsto en el párr. 2 del art.

4 de la ley 25972, sin hacer referencia ahora a la base de cálculo, que -insisto- no puede ser otra que la expresamente determinada por la ley: el resarcimiento “establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.

En síntesis, a partir de la sanción de la ley 4° de la ley 25.972, el incremento del art. 16 de la ley 25.561 debe calcularse exclusivamente sobre la indemnización por antigüedad.

Por ello, y dado que, en el caso de autos, el despido se produjo el 18/10/06, corresponde confirmar el fallo en cuanto a la fórmula de realizar el cálculo, sin perjuicio de la modificación que se introduce en este voto respecto del monto de la indemnización del art. 245 LCT.

VI- La parte actora también se queja porque la Sra. Juez de grado no dio tratamiento al reclamo con sustento en el art. 80 LCT.

Siendo exacto lo manifestado y toda vez que en el escrito de inicio el actor reclamó a fs. 117 pto. X el certificado de trabajo y aportes y, dado que la accionada no lo ha acompañado con su escrito de contestación de demanda, corresponde condenarla a fin de que dentro del plazo de cinco días, entregue el certificado de trabajo contemplado por el art. 80 segundo párrafo de la LCT y el contemplado por el art. 12 inc.g ) de la ley 24.241 bajo apercibimiento de disponer la aplicación de astreintes ante el incumplimiento a esa obligación de hacer (art.666 bis , C.C. y 37 C. Proc.).

VII- En razón de las consideraciones expuestas la presente acción prospera por los siguientes rubros e importes:

1-Indemnización por antigüedad: $ 21.494.

2- Art. 4º ley 25.972: $ 10.747.

3- indemnización sustitutiva del preaviso con SAC: $ 4.233.

4- remuneración octubre e integración del mes de despido: $ 1.954.

5- SAC proporcional: $ 651.

6- Vacaciones proporcionales: $ 836 7- SAC sobre vacaciones: $ 70.

TOTAL: $ 39.985.

VIII- Sin perjuicio del nuevo resultado del pleito que se propone en este voto, la demandada conserva la calidad de vencida, por lo que propongo mantener a su cargo las costas de primera instancia (art. 68 CPCCN), con la aclaración de que los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena -capital e intereses- (art. 279 del Código Procesal). Sin embargo las costas de alzada se impondrán por su orden en atención a proporción al éxito alcanzado por cada parte, conforme a la entidad, monto y resultado de las cuestiones propuestas.

Por otra parte, teniendo en cuenta el resultado del pleito, los trabajos realizados, y las normas arancelarias vigentes (art. 38 de la L.O., ley 21.839 , ley 24.432 , y decreto ley 16.638/57 ), estimo que el porcentaje de honorarios establecido en primera instancia correspondiente a la representación y patrocinio letrado de la parte actora que debe ser calculado sobre el nuevo monto de condena, luce adecuado, por lo que propicio su confirmación.

Asimismo, corresponde fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que perciban por su actuación en la anterior instancia.

Por lo expuesto en este voto, sugiero: I) Modificar la sentencia apelada, y reducir el monto de condena a la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 39.985), con los intereses dispuestos en el fallo recurrido.II) Confirmar la imposición de costas a cargo de la demandada vencida, efectuada en la instancia anterior (arts. 68 y 279 CPCCN) e imponer las de alzada por su orden. III) Confirmar la regulación de honorarios correspondiente a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y peritos, con la aclaración de que los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses). IV) Fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada, y reducir el monto de condena a la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 39.985), con los intereses dispuestos en el fallo recurrido. II) Confirmar la imposición de costas a cargo de la demandada vencida, efectuada en la instancia anterior (arts. 68 y 279 CPCCN) e imponer las de alzada por su orden. III) Confirmar la regulación de honorarios correspondiente a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y peritos, con la aclaración de que los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses). IV) Fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara GRACIELA ELENA MARINO Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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