O. U. P c/ Swiss Medical S.A.

Partes: O.U.P c/ Swiss Medical S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 30-dic-2010

Cita: MJ-JU-M-81827-AR | MJJ81827 | MJJ81827

Toda vez que los informes médicos sólo revelan un estado de depresión reactivo a situaciones vinculadas con el trabajo, -pero en términos genéricos y sin la posibilidad de inferir la existencia de un caso de maltrato psicológico-, no corresponde justificar la situación de despido indirecto en esta causa.

Sumario:

1.-No corresponde justificar la situación de despido en que se colocó la trabajadora puesto que no ha logrado probar las causales que oportunamente invocó para adoptar la decisión extintiva, por cuanto las declaraciones vertidas por los testigos que depusieron a instancia de la accionante, resultaron infructuosas para avalar los hechos sobre los cuales la demandante fundó el despido, ya que ninguno de ellos dio cuenta del aludido maltrato laboral, ni de la negativa de tareas denunciada, únicas circunstancias sobre las cuales la actora pretendió sustentar su decisión extintiva.

2.-No corresponde admitir la existencia de acoso moral, pues la prueba informativa resulta inidónea para acreditar tal extremo, pues los informes psicodiagnósticos sólo dan cuenta de que la actora presentaba síntomas compatibles con trastornos de angustia sin agorafobia, sin especificar maltrato laboral alguno; máxime siendo que los certificados médicos sólo revelan un estado de depresión reactivo a situaciones vinculadas con el trabajo, pero son términos genéricos y no permiten inferir que nos encontremos frente a un caso de maltrato psicológico.

3.-Toda vez que la actora se encuentra comprendida dentro del ámbito de la clínica demandada, en cuyos quirófanos también desplegó su actividad como asistente, cabe concluir que es el convenio colectivo 122/75 el que deberá tenerse en cuenta a los fines de determinar la procedencia de eventuales diferencias salariales a favor de la actora.

4.-Toda vez que no se ha alegado ni mucho menos probado que la actora estuviese expuesta durante el 75 % como mínimo de su jornada en el área de exposición (sala de rayos), no corresponde estar a la jornada reducida de 6 horas diarias y 36 semanales, que el CCT 122/75 prevé; máxime siendo que la propia actora consignó en la demanda que estando embarazada había logrado el cambio de sector.

5.-No corresponde admitir diferencias salariales a favor de la actora, toda vez que los únicos meses que revelarían su procedencia, se encuentran dentro del período en que la actora estaba de licencia por maternidad, por lo tanto, no existía en dicho lapso obligación de pago de salarios por parte de la demandada.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE DICIEMBRE DE 2010, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 365/369, formula la actora a fs. 377/386, y que merecieron réplica de la demandada a fs. 391/402.

Asimismo, el perito contador a fs. 371/372 apela sus emolumentos por estimarlos bajos, mientras que la accionada a fs. 374, recurre los estipendios del contable por considerarlos elevados.

I) Se queja la actora porque la sentenciante concluyó que no se acreditaron ninguno de los presupuestos sobre los cuales fundó su decisión extintiva y, en tal entendimiento, rechazó los reclamos indemnizatorios por ella incoados.

A mi juicio, lo decidido debe mantenerse.

Hago tal afirmación en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer lugar cabe señalar que la actora se colocó en situación de despido conforme surge de la pieza postal rupturista debido a: “.mis múltiples llamados telefónicos y de haberme presentado nuevamente en la empresa el día miércoles y jueves a los efectos de que se me otorguen tareas no recibí respuesta alguna por parte de Uds. es más habiéndome presentado en el día de la fecha en compañía de testigos a las 8 horas en el domicilio sito en Pueyrredón 1443 piso 3 Capital, solicitando ser atendida por la Sra. Ingrid Taboada, la misma en el día de la fecha no se dignó siquiera a atenderme.Atento el largo período de maltrato psicológico y de la actitud de la empresa en donde ni siquiera una persona responsable sale a darme explicaciones de mi futuro laboral, sabiendo de mi endeble estado de salud ME CONSIDERO GRAVEMENTE AGRAVIADA Y DESPEDIDA SIN CAUSA.” (cfr. pieza postal CD 97362993 6 y CD 97362886 0 -ambas de fecha 19/09/08-, que obran en sobre anexo 3997).

Es decir que Oliver se consideró en situación de despido por la supuesta negativa de tareas ocurrida los días miércoles y jueves -17 y 18 de septiembre de 2008- y el día 19 en que envió la pieza postal reseñada. Además invocó como causal rescisoria un supuesto maltrato psicológico sufrido en el ámbito del establecimiento de la demandada.

Ahora bien, cabe puntualizar también que de conformidad con el modo en que acaeció la extinción del vínculo habido entre las partes, era sobre Oliver que pesaba la carga probatoria de los hechos descriptos en la referida pieza postal (cfr. art. 377, CPCCN).

Ello es así, pues como principio general aplicable a los procesos de conocimiento, es la parte que afirma un hecho controvertido invocado como presupuesto de su pretensión, defensa o excepción quien carga con la prueba de ello (cfr. Carlos Eduardo Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, pág. 377, Edit. Astrea, Bs. As. 2000).

Formuladas tales precisiones, anticipo que a mi juicio, la recurrente no ha logrado probar las causales que oportunamente invocó para adoptar la decisión extintiva.

Digo esto por cuanto las declaraciones vertidas por los testigos que depusieron a instancia de la accionante, resultaron infructuosas para avalar los hechos sobre los cuales la demandante fundó el despido.

En efecto, Andrea Sánchez (fs. 303/304) si bien refirió que la actora padecía maltrato laboral y, que tenía que presentarse a trabajar pero no le permitieron el ingreso, dijo saberlo por comentarios de la propia actora.

A su turno, Gustavo Daniel Rodríguez (fs.305/306) manifestó que la actora tenía problemas en su trabajo, que padecía mucha presión en su empleo, pero dijo que tuvo conocimiento de ello por dichos de su esposa -la testigo precedentemente reseñada- y, si bien recordó que en una ocasión la fue a buscar a Oliver al trabajo en compañía del marido de ésta y la notó muy angustiada, ello no permite inferir la configuración de una situación de acoso laboral.

Braulio Cáceres (fs. 310) empleado de una remisería, que llevó a la actora al trabajo durante un lapso de aproximadamente 3 meses en el año 2007, declaró sobre aspectos ajenos a las causales en estudio y de los que tomó conocimiento por dichos de Oliver.

Tampoco resulta idónea la declaración de Gabriela Fernanda Torres (fs. 330/332) para avalar la versión sustentada por la actora.

Ello es así, pues respecto a la negativa de tareas: cabe recordar que conforme consignó en el escrito de demanda, Oliver habría concurrido en compañía de dicha testigo en dos ocasiones -los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre de 2008- para solicitar dación de tareas (ver fs. 9 pto. J).

Sin embargo de la declaración de la testigo se desprende que no acompañó a la actora al establecimiento de la demandada en las fechas anteriormente indicadas, pues sólo lo habría hecho en una sola oportunidad y con antelación a tales fechas, lo cual dista de la versión esgrimida por Oliver en la pieza posta rescisoria.

Asimismo, del telegrama transcripto en el escrito de inicio a fs. 12 vta. se advierte que dicha ocasión en que la testigo acompañó a la actora al establecimiento de la demandada sito en la avenida Pueyrredón 1443, fue el día lunes 15 de septiembre de 2008, con lo cual éste último telegrama también colisiona con lo posteriormente sustentado en la cartular extintiva.

Respecto al maltrato psicológico, la testigo refirió que tuvo conocimiento de ello por comentarios de la actora.Incluso observo que la declarante tuvo como primera impresión que el estado de malestar que padecía Oliver obedecía a una depresión post parto.

En síntesis, ninguno de los testigos que depusieron a instancia de la demandante dieron cuenta del aludido maltrato laboral, como así tampoco de la negativa de tareas ocurrida los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2008, únicas circunstancias sobre las cuales Oliver pretendió sustentar su decisión extintiva.

Cabe añadir respecto del alegado acoso que, de conformidad con el “Diccionario esencial de la lengua española”, el término acosar significa “perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona” como así también “perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos” (cfr. Diccionario Esencial de la lengua Española. Real Academia Española. Espasa. 2006).

Asimismo, el acoso moral en el trabajo, lo podemos definir siguiendo a la Dra. Marie France Hirigoyen como “toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud.) que atenta, por su repetición o sistematización contra la dignidad o integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo” (cfr. Marie France Hirigoyen, “El Acoso Moral en el Trabajo El maltrato psicológico en la vida cotidiana”; Ed. Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 48″).

A su vez, para una mejor caracterización del fenómeno en estudio, siguiendo a Iñaki Piñuel y Zabala se pueden señalar algunas de las conductas mediante las cuales se materializa el acoso moral en el empleo, que a saber ellas son: a) Intentar someter o eliminar a una persona de su puesto de trabajo usando maquinaciones contra ella. b) Desestabilizar emocionalmente a una persona mediante todo tipo de estrategias buscando que ésta explote. c) Atacar sistemáticamente a una persona criticando destructivamente cuanto realiza en su trabajo. d) Maltratar verbalmente a una persona mediante amenazas, gritos o insultos para minarla psicológicamente atacando su dignidad. e) Deteriorar deliberadamente el rendimiento laboral de una persona. f) Hostigar sistemáticamente a una persona mediante acusaciones falsas acerca de su trabajo.g) Inducir intencionalmente a una persona a cometer errores. h) Destruir la reputación personal o profesional de una persona mediante calumnias. i) Forzar a una persona a un abandono prematuro o ilícito de un puesto de trabajo mediante coacciones o amenazas. j) Destruir la salud física o psicológica minando la autoestima y la confianza en sí misma de una persona. k) Aislar a una persona y reducir sus posibilidades de expresarse o de comunicarse con jefes o compañeros de trabajo; l) Sobrecargar de trabajo a una persona sistemáticamente o reducir los plazos de ejecución de las tareas para forzarla al fracaso en los objetivos; ll) Dejar a una persona sin nada que hacer, para desestabilizarla y acusarla después de falta de rendimiento; y m) Alterar el entorno laboral de la persona, envenenando a sus compañeros de trabajo en contra de ella (cfr. Iñaki Piñuel y Zabala, “El mobbing o acoso psicológico en el Trabajo” en “Mobbing el acoso psicológico en el ámbito laboral”, Revista Jurisprudencia Argentina 2005-II-955).

Caracterizado así el acoso moral, observo que, en el caso de autos no se ha podido -reitero- corroborar conducta alguna que pudiera encuadra en alguno de los supuestos precedentemente señalados.

En efecto, como ya señalé, la prueba testifical rendida a instancia de la actora resultó infructuosa a tal fin.

La prueba informativa también resulta inidónea para acreditar tal extremo, pues los informes psicodiagnósticos brindados por Sistema Médico y que obran a fs 233/238 sólo dan cuenta de que Oliver presentaba síntomas compatibles con trastornos de angustia sin agorafobia, lo cual no especifica maltrato laboral alguno.

A su vez, los certificados expedidos por el Dr. Patiño -entre septiembre de 2007 y abril de 2008 inclusive- refieren a un síndrome distímico depresivo con productividad ideatoria reactiva a las condiciones medio ambientales laborales.Es decir que sólo revelan un estado de depresión reactivo a situaciones vinculadas con el trabajo, pero son términos genéricos y no permiten inferir que nos encontremos frente a un caso de maltrato psicológico.

En cuanto al certificado expedido por el mismo profesion al pero con fecha 7 de mayo de 2008, advierto que más allá de ser diferente al resto en cuanto al modo en que fue escrito -a máquina y no manuscrito como era habitual-, dicha certificación excede la incumbencia profesional del galeno; en efecto, se extralimita y vierte en dicho instrumento opiniones que no guardan un debido correlato científico, y que, en todo caso, se apoyarían en los dichos de la propia actora.

Por otra parte las certificaciones expedidas por la médica que continuó tratando a la actora pocos días después -a partir del 30 de mayo de dicho año- como consecuencia del fallecimiento del anterior profesional, sólo indicaron que la actora padecía de un cuadro de estrés post traumático, diagnóstico que tampoco permite concluir que Oliver fuese víctima de maltratos psicológicos.

Por todo lo expuesto, propicio desestimar el agravio.

II) En cuanto a las diferencias salariales pretendidas, a fin de analizar su procedencia, cabe determinar en primer lugar cual es la convención colectiva aplicable.

Al respecto, recordemos que en el escrito de inicio Oliver denunció que le era aplicable el CCT 108/75, mientras que la accionada consignó en el responde que la normativa convencional que rige en su establecimiento es el CCT 122/75.

Ahora bien, conforme se desprende del art. 3º del CCT 122/75, su ámbito personal de aplicación se circunscribe al personal técnico, administrativo y obrero, en relación de dependencia con clínicas, sanatorios, hospitales privados y establecimientos geriátricos (cfr. art.3º CCT 122/75), mientras que el ámbito de aplicación del CCT 108/75 comprende al personal técnico, administrativo y obrero que en relación de dependencia trabaje en Institutos Médicos u Odontológicos sin internación, laboratorios de análisis clínicos, rayos X o similares y, en general toda organización sin internación cuya finalidad sea la recuperación, conservación y/o preservación de la salud (cfr. art. 4º CCT 108/75).

En tal marco normativo y, dado que se encuentra comprendida dentro del ámbito de la demandada la clínica y maternidad suizo argentina -Instituto de internación-, en cuyos quirófanos también desplegó su actividad como asistente la actora (v. fs. 6 vta.), cabe concluir que es el convenio colectivo 122/75 el que deberá tenerse en cuenta a los fines de determinar la procedencia de eventuales diferencias salariales a favor de la actora.

A lo hasta aquí dicho debe sumarse que la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, informó que en el ámbito de la demandada regía el CCT 122/75 (ver. fs. 199/212), lo cual no mereció objeción alguna por parte de la accionante.

Además el experto contable a fs. 272/273 también dio cuenta de que era el CCT 122/75 el que se aplicaba en el establecimiento de la demandada y, dicho punto pericial tampoco fue observado por la parte actora.

En cuanto a la categoría profesional ostentada por Oliver, cabe a mi modo de ver estar a la de Auxiliar Técnico de Rayos X, pues es la que más se ajusta a las funciones que llevaba a cabo la accionante en el establecimiento de la demandada.

Respecto al reclamo por horas extras impagas, en virtud de la norma convencional apuntada y la actividad desplegada por Oliver en la demandada, la jornada de trabajo de ésta no debía exceder de las 8 horas diarias y las 48 horas semanales (cfr. Ley 11.544, Dec.16.115/33 y art.14 CCT 122/75, ), digo esto por cuanto si bien he propuesto precedentemente el encuadre de la actora en la categoría de Auxiliar Técnico de Rayos X, no se ha alegado ni mucho menos probado que estuviese Oliver expuesta durante el 75 % como mínimo de su jornada en el área de exposición (sala de rayos), por lo que no corresponde estar a la jornada reducida de 6 horas diarias y 36 semanales, que el citado convenio prevé. Además la propia actora consignó en la demanda que estando embarazada había logrado el cambio de sector (v. fs. 7 vta.).

Precisado lo anterior, recordemos que en el escrito inicial, la actora denunció haber cumplido un horario de lunes a viernes de 7:45 hs a 14:00 hs. y sábado por medio de 7:45 a 16:00 hs. (v. fs. 6 vta. y fs. 14 vta.), y sobre tal base horaria, al practicar liquidación computó seis horas extras mensuales al 50% (ver liquidación, fs. 14 vta. pto. IX), mientras que en el responde la demandada, sostuvo que la jornada laboral de la actora era de de lunes a viernes de 8:00 hs a 13:00 hs. y sábado por medio de 8:00 hs a 15:00 hs. (v. fs. 100 vta. pto. a).

Asi planteada la cuestión, observo que aún de estar a la versión esgrimida por la accionante, no se exceden los límites máximos de extensión de la jornada legal.

Ello es así, pues a lo sumo la actora trabajaba 6 horas con 15 minutos de lunes a viernes y sábado por medio 7 horas con 15 minutos, lo cual arroja una extensión horaria semanal en aquellas semanas en que laboraba los días sábados de 39 horas y media.Por lo tanto sugiero desestimar el reclamo de dicho concepto.

Precisado la normativa convencional aplicable, la categoría profesional a tenerse en cuenta y desestimado el reclamo por el trabajo en tiempo complementario, a los fines de determinar la procedencia de eventuales diferencias salariales a favor de la actora.

Formuladas tales aclaraciones, repárese que no se evidencian diferencias salariales a favor de la actora, toda vez que los únicos meses que revelarían su procedencia, se encuentran dentro del período en que Oliver estaba de licencia por maternidad, por lo tanto no existía en dicho lapso obligación de pago de salarios por parte de la demandada.

En tal orden de saber, propicio desestimar también este segmento del memorial recursivo de la accionante.

III) Respecto del recurso por el modo en que fueron distribuidas las costas, estimo que en razón al modo de resolverse éstas deben ser impuestas en ambas instancias en un 95 % a cargo de la actora y el 5 % restante a cargo de la demandada (cfr. art. 71, CPCCN).

En cuanto a los recursos por honorarios, considero que, en virtud del resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por cada uno de los profesionales intervinietes y a lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3º y conc. dect.ley 16.638/57 como así también las demás normas arancelarias vigentes, los estipendios de la representación y patrocinio letrado de la actora y los de la representación y patrocinio letrado de la demandada no lucen elevados por lo que propicio su confirmación, mientras que los correspondientes al perito contador, se aprecian reducidos y en tal entendimiento sugiero elevarlos a la suma de $ 7.960. A su vez, propongo fijar los emolumentos de los profesionales por su actuación en ésta Alzada en el 25 % de los que les correspondan por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

En síntesis de prosperar mi voto, correspondería: 1) Confirmar el decisorio recurrido en lo principal que decide y, modificarlo: a) respecto de la imposición de costas de la anterior instancia que se colocan en un 95 % a cargo de la actora y el 5 % restante a cargo de la demandada (art. 71, CPCCN) y b) elevar los honorarios del perito contador a la suma de $ 7.960. 2) Imponer las costas de Alzada a la actora en calidad de vencida. 3) Fijar los emolumentos de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25 % de los que les correspondan por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

La doctora Estela M. Ferreiróa dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio recurrido en lo principal que decide y, modificarlo: a) respecto de la imposición de costas de la anterior instancia que se colocan en un 95 % a cargo de la actora y el 5 % restante a cargo de la demandada (art. 71, CPCCN) y b) elevar los honorarios del perito contador a la suma de $ 7.960. 2) Imponer las costas de Alzada a la actora en calidad de vencida. 3) Fijar los emolumentos de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25 % de los que les correspondan por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI:

m.l.r.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s