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#Fallos No hubo justa causa: Es injustificado el despido de la trabajadora que envió por correo electrónico a un profesional una invitación para asistir a un congreso sin autorización

Partes: H. I. P. c/ Sidus S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VII

Fecha: 7 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137700-AR|MJJ137700|MJJ137700

Es injustificado el despido de la trabajadora que envió por correo electrónico a un profesional una invitación para asistir a un congreso sin autorización pues no se advierte cual sería el perjuicio.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que admitió las diferencias salariales reclamadas por la accionante con motivo del género, por cuanto la prueba testimonial se presenta hábil para demostrar que existía una diferencia de los sueldos entre los varones y mujeres, que era notable y que las gerentes mujeres cobraban menor remuneración.

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2.-Es procedente reparar el daño moral al estar acreditado que la demandada impetró una serie de conductas que demuestran una actitud persecutoria que provocó un grave daño a la trabajadora en su dignidad, lo que constituye un hecho ilícito que debe ser indemnizado con un resarcimiento autónomo al previsto en la LCT.

3.-Es injustificado el despido pues, si bien está cuestionada la intervención de la actora en el envío de un correo electrónico a un profesional para asistir a un congreso, lo cierto es que no puede soslayarse que no se advierte cuál es el perjuicio concreto que dicho accionar le generó a la demandada, ni tampoco se acreditó que existiera un protocolo específico para realizar la invitación efectuada por la actora, sin que se advierta que se hubiera extralimitado en sus funciones teniendo en cuenta que, en definitiva, no se acreditó que no estuviera autorizada a actuar de la manera que lo hizo, teniendo en cuenta las funciones gerenciales que cumplía y la antigüedad que llevaba en la empresa.

4.-La pérdida de confianza implica una expresión subjetiva de quien la emite y necesita como correlato sustentarse en un hecho objetivo que la avale, en tanto por sí sola no resulta operativa para decidir la disolución del vínculo laboral.

5.-En tanto la accionada no ha logrado acreditar la legitimidad del despido por ella dispuesto, ni tampoco demostró el pago oportuno de las indemnizaciones legales, teniendo en cuenta que la trabajadora se vio obligada a iniciar la presente acción para perseguir su cobro, se advierte configurada la situación prevista en el referido art. 2 de la Ley 25.323 que impone la condena de la multa allí establecida.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2022, para dictar sentencia en los autos: «H., I. P. C/SIDUS S.A Y OTRO S/DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda en lo sustancial, ha sido apelada por la parte actora y por la co demandada SIDUS S.A. a tenor de los memoriales de agravios que se visualizan a través del Sistema de Gestión Lex100, los cuales recibieron oportuna réplica por parte de sus contrarias.

El Sr. Perito contador, apela los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos bajos.

II. En virtud de la índole de las cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal, abordaré los agravios deducidos por las partes en el orden que sigue teniendo en cuenta la incidencia que cada uno de ellos representa en la solución del pleito.

Comenzaré entonces con el tratamiento del recurso de la co demandada SIDUS S.A. quien se queja fundamentalmente, porque en primera instancia se consideró injustificado el despido dispuesto por su parte.

En líneas generales la apelante sostiene que es errada la conclusión a la que se ha arribado en el fallo al declarar ilegítimo el despido toda vez que, según afirma, el motivo del despido con justa causa fue la falta de confianza por haber ejecutado tareas y efectuado compromisos en nombre de la empresa sin autorización alguna y durante el período en que se encontraban suspendidos ciertos efectos del contrato de trabajo por el art.

208 LCT, exponiendo la imagen y responsabilidad de la empresa frente a terceros, incurriendo en un grave y severo incumplimiento por parte de la actora.En esa línea, afirma que el sentenciante ha efectuado una errónea interpretación al sostener que la actora al remitir un correo electrónico mientras se encontraba de licencia por enfermedad implicase «una prueba del alto nivel de compromiso» que poseía, cuando el contenido del mencionado correo electrónico perjudicaba a los intereses de la empresa.

Destaca las testimoniales rendidas por Larrieu, Boscolo y Arnoso a fin de demostrar que la actora contaba con una holgada trayectoria y cargo en la compañía, y que tenía sobrado conocimiento de los procesos internos y autorizaciones necesarias para asumir compromisos en nombre y representación del laboratorio.

Analizadas las constancias de la causa, así como los términos de la presentación en análisis, desde ya anticipo que la queja, no ha de tener favorable acogida pues, en mi opinión, en la sentencia apelada se han analizado adecuadamente todos los elementos fácticos y jurídicos de la causa en este punto y no veo en el escrito de recurso datos o argumentos que resulten eficaces para revertir sus conclusiones.

Cabe recordar que no existió controversia entre las partes acerca de que la demandada despidió a la actora en virtud de los términos que surgen de la carta documento acompañada a estas actuaciones «. Comunicamos a usted que luego de exhaustivas investigaciones, hemos corroborado que usted ha ejecutado tareas y ha efectuado compromisos en nombre de su empleador sin autorización alguna y durante el período en que se encontraban suspendidos ciertos efectos del contrato de trabajo que nos une.Confirmando lo que le hicimos saber en nuestras anteriores cartas documento CD 669662305 y CD 833938335, sobre el particular, hemos corroborado a partir del e-mail de fecha 12 de junio de 2017 que usted ha enviado desde su casilla personal, se ha comunicado con nuestro gerente de farma, el señor Leonardo Arnoso, poniendo en copia al doctor Arrieta, extremo que luego de las investigaciones corroboramos su participación directa y ausencia total de autorización para obrar de ese modo, debiéndose haber abstenido llevar adelante actos, tareas o funciones relacionados con su actividad laboral declinando responsabilidad por aquello en que usted en forma unilateral y sin instrucción de nuestra parte decidió realizar no debiendo asumir al compromiso con el Dr. Arrieta a fin de que concurra al congreso escr en Portugal en octubre del corriente año por no estar autorizada al respecto, circunstancia que ocasiona un grave perjuicio a esta empresa, exponiendo su imagen y responsabilidad frente a terceros y en consecuencia un grave y severo incumplimiento de su parte. En efecto las investigaciones que acaban de concluir revelan que tales incumplimientos constatados implican un serio apartamiento de las obligaciones a su cargo y un acto contrario a la buena fe que configurar una severa pérdida de confianza configurativa de injuria, no consintiendo a prosecución del vínculo que nos une.» Desde tal perspectiva, considero oportuno recordar que, producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del demandado y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor. Ello es así, en los términos del art. 377 del Código Procesal.

Es función del jurista reconstruir el pasado para ver quién tiene razón en el presente y según se haya distribuido la carga de la prueba, será la actividad que deba desarrollar cada uno.Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso.

En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de las imputaciones que le atribuyó a la actora, como así también que ese eventual incumplimiento fuera de tal magnitud para extinguir el vínculo en los términos del art. 242 LCT.

En línea con lo expuesto, he de adelantar que comparto el análisis de la cuestión efectuado por el sentenciante de grado por el cual consideró al despido injustificado pues, si bien es cierto que no se encuentra cuestionada ante esta Alzada la intervención de la actora en el envío de un correo electrónico a un profesional para asistir a un congreso, lo cierto es que no puede soslayarse que no se advierte cuál es el perjuicio concreto que dicho accionar le generó a la demandada, ni tampoco se acreditó que existiera un protocolo específico para realizar la invitación efectuada por la actora.

Si bien los testigos que declararon a propuesta de la accionada, hicieron referencia a que la invitación de médicos a congresos era un «tema delicado», no se advierte que la Sra. H. se hubiera extralimitado en sus funciones teniendo en cuenta que, en definitiva, no se acreditó que no estuviera autorizada a actuar de la manera que lo hizo, teniendo en cuenta las funciones gerenciales que cumplía y la antigüedad que llevaba en la empresa.

En tal contexto, entiendo oportuno recordar que la valoración de la injuria debe realizarla el juzgador teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad. El hecho, para constituir una justa causa del despido debe revestir una gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo (art.10 de la Ley de Contrato de Trabajo).

En orden a ello es que comparto lo resuelto en la primera instancia, en cuanto a que no se advierte la configuración de una injuria tal que justifique la extinción de un vínculo dependiente que duró aproximadamente dieciocho años, siendo que si consideró reprochable la conducta de la actora, bien pudo ser sancionada con una medida de menor envergadura previa a la máxima sanción prevista en la ley.

La demandada reitera en su recurso que la actora por su lograda trayectoria y cargo en la compañía tenía sobrado conocimiento de los procesos internos y autorizaciones necesarias para asumir compromisos en nombre y representación del laboratorio, pero lo cierto es que no explica cuáles eran esos procesos ni cuál es, en definitiva, el grave perjuicio que la conducta de la actora le habría ocasionado a su entonces empleadora. En el punto tampoco cabe soslayar que de la pericia contable, no surge constatado que se hayan efectuado gastos correspondiente a un viaje a Portugal a nombre de José Arrieta.

Sentado lo expuesto creo oportuno señalar que «la pérdida de confianza» -causa invocada por la accionada para producir el despido basada en los hechos que se le imputan- implica una expresión subjetiva de quien la emite y necesita como correlato sustentarse en un hecho objetivo que la avale, en tanto por sí sola no resulta operativa para decidir la disolución del vínculo laboral.

Es el juez quien debe analizar los hechos u omisiones imputables al trabajador para evaluar si la decisión del despido tuvo causa que lo legitime de manera que resultase inviable la continuidad del vínculo (conf. art. 242 L.C.T.).

En tales condiciones comparto la solución dispuesta en origen pues entiendo que el obrar de la demandada se perfiló contrario a la vocación de continuidad del vínculo cuya preservación incumbe a ambas partes (arts.10 y 63 de la L.C.T.), por lo que propongo sin más la confirmación del fallo en este segmento debiendo desestimar también el segundo agravio deducido por la accionada vinculado a la procedencia de las indemnizaciones por despido (cfr. art. 232; 245 LCT).

Consecuentemente, también he de proponer que se confirme la sentencia de grado en cuanto admitió el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2° de la ley 25.323, puesto que la actora cumplió los requisitos formales al intimar oportunamente el pago de las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. En función de lo expuesto y en tanto la accionada no ha logrado acreditar la legitimidad del despido por ella dispuesto, ni tampoco demostró el pago oportuno de las indemnizaciones legales, teniendo en cuenta que la trabajadora se vio obligada a iniciar la presente acción para perseguir su cobro, se advierte configurada la situación prevista en el referido art. 2º de la ley 25.323 que impone la condena de la multa allí establecida.

En consecuencia, no encuentro motivos para apartarme de lo decidido en grado sobre este rubro, a lo que considero oportuno agregar que tampoco advierto que en el cas o se haya configurado circunstancia alguna que pueda respaldar el ejercicio de la facultad conferida en el último párrafo del citado art. 2º, en orden a la reducción o dispensa del rubro.

El recurrente se queja además por la condena a abonar la multa prevista en el art. 1º de la ley 25.323 pero, en este punto, el recurso se encuentra desierto pues sólo se observa cuestionada la procedencia del rubro en forma genérica sin que se hayan expresado agravios concretos que permitan revisar lo dispuesto en origen (cfr. art. 116 LO). Por ello, propongo confirmar la condena también en este segmento.

En lo que respecta al aguinaldo y vacaciones proporcionales, afirma la demandada que se acompañó como prueba documental el recibo de liquidación final firmado de puño y letra por la parte actora.En el punto, tampoco le asiste razón pues cabe destacar que el Sr. Juez «a quo» procedió a restar de la condena las sumas oportunamente abonadas mediante recibo, por lo que no se advierte cuál es el agravio que le genera lo resuelto al respecto. (cfr. art. 116 LO).

III. La codemandada SIDUS se queja por la condena a abonar la multa prevista en el art. 80 LCT pero, en virtud de que llega firme lo dispuesto en grado respecto de la deficiencia registral operada en autos, en mi criterio, de haber existido la entrega de certificados a los que hace referencia la demandada, los mismos carecen de idoneidad para que se pueda tener por cumplida la exigencia legal en análisis y en tanto que en autos no está debatido que el actor efectuó el requisito formal previsto en el mencionado art. 80, una vez transcurrido el plazo que dispone el art. 3º del decreto Nro. 146/01, no encuentro razones para apartarme de lo resuelto en origen.

En definitiva, estimo que corresponde confirmar lo decidido en cuanto se condenó a la demandada a abonar la indemnización reclamada por el accionante con base en lo normado en el art. 80 de la L.C.T.

IV. A su turno, la parte actora se queja por la remuneración considerada por el sentenciante para efectuar los cálculos de condena en tanto afirma que el Sr. Juez a quo, no tuvo en cuenta lo decidido por el perito contador al contestar las impugnaciones efectuadas por su parte. De acuerdo a lo expuesto y analizadas las constancias digitales que se visualizan en el Sistema de gestión Lex100, entiendo que cabe hacer lugar al recurso planteado en el punto.

Tal como afirma el recurrente, cabe advertir que el experto contable, en la contestación de la impugnación efectuada por la parte actora, rectificó la suma establecida en su pericia originaria como mejor salario y estableció el correspondiente al mes de enero de 2017 por la suma de $113.424,00.En consecuencia, corresponde modificar la liquidación correspondiente a los rubros de condena en base a dicha base salarial.

Sentado lo anterior, debo dejar sentado que he de desestimar la queja que formula la actora en cuanto pretende que no se aplique el tope indemnizatorio previsto en el art. 245 de la L.C.T., puesto que, en términos que comparto, el Sr. Juez de grado, consideró la aplicación del mismo de acuerdo a la doctrina sentada por la CSJN en el precedente «Vizzotti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/ despido» (del 14 de setiembre de 2004).

La parte actora afirma que no corresponde aplicación de tope alguno en virtud de que la trabajadora estaba fuera de cualquier convenio colectivo, pero sus argumentos deben ser desestimados pues dicho supuesto se encuentra expresamente contemplado en el párrafo 3º del art. 245 LCT .

En consecuencia, estimo que corresponde confirmar la aplicación del tope referido, conforme a los parámetros establecidos por la CSJN y, por consiguiente, establecer la limitación prevista en el párrafo segundo del art.

245 de la L.C.T., solo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.

Ahora bien, la parte demandada también se agravia por la suma considerada en grado como mejor remuneración mensual, normal y habitual en tanto sostiene que no reúne los requisitos para ser considerada como tal pero, teniendo en cuenta lo resuelto precedentemente, deviene de tratamiento abstracto el agravio deducido en el punto.

Con relación a los argumentos relativos a que se habrían calificado gastos extra recibos con carácter remuneratorio (uso del automotor, celular tarjeta corporativa), tampoco pueden tener favorable acogida pues no se advierte que se haya efectuada una crítica concreta y razonada del aspecto del fallo que pretende ser revisado.Cabe hacer notar que la demandada se limita a disentir -en términos por demás genéricos- con la remuneración tomada como base de cálculo por el Juez «a quo» pero ni siquiera señala cuál sería la suma indicada según su tesis, ni mucho menos cuál sería el resultado pretendido de ser admitida su queja.

No obstante la deserción aludida, no quiero dejar de señalar que respecto de la inclusión de los gastos de telefonía celular, no resultó controvertido que a la trabajadora le era abonado el pago del abono mensual a cargo de la empresa empleadora, habiéndose acreditado, además, que su uso no se encontraba limitado a la prestación laboral. En función de lo expuesto, entiendo que debe ser considerado como parte integrante de la remuneración, como una forma de salario en especie y en los términos que establece el art. 105 de la L.C.T, tal como fue considerado en la sentencia de la anterior instancia.

Con relación a los gastos de automotor y tarjeta corporativa, el recurrente ni siquiera efectúa un detalle de los montos que pretende cuestionar y tampoco explica qué incidencia tendrían sus agravios en el resultado del juicio cuando precisamente se halla cerrado el proceso de conocimiento y las partes cuentan con todos los elementos necesarios para sostener sus respectivas tesituras y la medida de su interés en la Alzada, con lo que deviene una carga inexcusable para expresar agravios.

En función de lo expuesto, propongo desestimar los agravios deducidos en el punto.

V.Continuaré con los agravios deducidos por la demandada con relación a la procedencia de las diferencias salariales reclamadas por la accionante con motivo del género, aspecto que también arriba cuestionado por la actora en cuanto al monto por el cual progresó.

En lo que a ello respecta, la parte demandada pretende obtener la modificación de lo actuado para lo cual hace mérito de la prueba testimonial rendida en autos por Ballester y Arnoso en cuanto negaron que existiera en la empresa demandada la discriminación salarial denunciada, pero lo cierto es que no se hace cargo del principal argumento brindado por el sentenciante respecto a que, conforme surge de la pericia contable, se constató una diferencia salarial en perjuicio de la actora respecto de otros gerentes de línea del orden del casi 10% de su remuneración. En forma genérica insiste la co demandada SIDUS S.A. en su presentación, que todo empleador tiene la facultad de premiar a sus trabajadores en función de razones objetivas como por ejemplo mayor eficacia, laboriosidad y contracción a las tareas pero, en definitiva, no puede explicar por qué razón la actora percibía una remuneración menor que sus compañeros que tenían la misma categoría.

En torno a ello, cabe hacer mención a la prueba testimonial que produjo la trabajadora la cual, en mi opinión, se presenta hábil para demostrar que existía una diferencia de los sueldos entre los varones y mujeres, «que era notable» -testigo Barraco- y que «las gerentes mujeres cobraban menor remuneración» -Testigo Rudoy-. A mi juicio, las declaraciones citadas resultan idóneas para generar convicción sobre el extremo apuntado, dado que los deponentes describieron, en forma concordante y dieron una clara razón de sus dichos por haber trabajado en condiciones similares que la actora y por haber percibido las cuestiones sobre las que declaran a través de sus sentidos.

Frente a todo lo expuesto, desde mi punto de vista, la testimonial analizada por el Sr. Juez de grado, a la luz de lo normado en el art.386 del C.P.C.C.N., se observa objetiva, concordante y debidamente fundada, y se revelan conocedores de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las que depusieron. En ese marco, las conclusiones a las que se arribó en el fallo apelado en mi óptica lucen acertadas, sobre la base de los elementos fácticos y jurídicos agregados en la causa y no observo en el escrito del apelante datos o argumentos que resulten eficaces para revertir el fallo, en tanto que el sentenciante examinó detalladamente las declaraciones testimoniales y les confirió en términos que comparto pleno valor probatorio.

Deseo aclarar además que la circunstancia de que algunos de los testigos que declararon a instancia de la actora tengan juicio pendiente contra la accionada, a mi juicio, no les resta eficacia probatoria por ese sólo hecho si no se acredita además la sinrazón de sus declaraciones. Cabe destacar que ello no basta para descalificar su testimonio y privarlo de eficacia, sino que obliga a apreciar y valorar sus manifestaciones con mayor rigurosidad y dentro del marco probatorio integral, puesto que no se trata de un testigo excluido.

En función de todo lo expuesto, propongo que también se desestimen los agravios en análisis y, consecuentemente, que se confirme lo decidido sobre este punto en la sentencia de grado.

La parte actora, a su turno, expresa agravios respecto de la cuantía por la cual progresó el rubro y, en mi opinión, teniendo en cuenta la rectificación efectuada por el perito contador en la presentación del día 9/2020, encuentro que le asiste razón por lo que he de proponer la modificación del rubro, el cual deberá prosperar por la suma de $274.038,78.

En el mismo orden de ideas, he de admitir el concreto agravio deducido por la parte actora en cuenta pretende que se adicione a la base remuneratoria, el 10% vinculado a la discriminación salarial acreditada en autos, por lo cual cabe establecer que el salario computable a los fines indemnizatorios y salariales que surjan del presente voto, deberánser calculados de acuerdo a una base salarial de $124.766,40 (con excepción de la indemnización prevista en el art. 245 LCT).

Finalmente, la parte actora afirma que en la sentencia no se ha abordado su pretensión vinculada al rubro art. 208 LCT y diferencias sobre vacaciones pero, en este aspecto no habré de atender su reclamo pues, si bien afirma que fueron rubros solicitados en la demanda, lo cierto es que no explica cuáles son las razones por las cuales pretende su procedencia. Ello sentado y en virtud de que el recurso de apelación debe bastarse a sí mismo y no alcanza con referirse a presentaciones anteriores, propongo declarar desierto este aspecto de su presentación de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 LO.

VI. También he de proponer que se confirme lo decidido en la anterior instancia respecto de los resarcimientos por daño moral y psicológico que fueron admitidos en grado y arriban a esta alzada cuestionados por la co demandada SIDUS S.A. Ello pues, en mi opinión, en la sentencia apelada se han analizado adecuadamente todos los elementos fácticos y jurídicos de la causa sobre estos puntos y no veo que en el escrito de recurso se hayan expuesto datos o argumentos que resulten eficaces para revertir sus conclusiones.

Al respecto, destaco que los testimonios prestados a propuesta de la parte actora lucen claros, contundentes y precisos en cuanto describen los malos tratos que la actora recibía de un alto directivo de la empresa -Marcelo Arguelles-, consistentes en un permanente destrato verbal por el cual se refería a la actora como «inútil y tarada» que maltrataba a todo el mundo pero con las mujeres era peor, que la trataba de «idiota a la actora» (ver testigo Barraco) que las reuniones con Arguelles eran «tensas», que «era gritón» y que la vio a la actora salir alterada (testigo Rudoy), que el Sr. Arguelles «tiene un liderazgo fuerte y marcado», cuando consideraba que las cosa no estaban bien ejercía mucha presión y cierta agresividad en su lenguaje.Se enojaba, gritaba. que la actora salía «afectada» de las reuniones con él (ver testigo Hariri) que se veía que la actora estaba con estrés por situaciones laborales, por maltrato en las reuniones de equipo, por desvalorización de su trabajo frente a sus partes, que la testigo, que los malos tratos los ejercía Arguelles, que era de carácter fuerte, autoritario (testigo Cassini).

Los testimonios reseñados se presentan serios, objetivos, coincidentes y debidamente fundados en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los testigos adquirieron el conocimiento de los sucesos que aseguraron conocer, en tanto que las consideraciones que se vierten en el memorial de agravios, en mi opinión, no contienen argumentos que sean idóneos para afectar su valor probatorio, pues en modo alguno demuestran que los deponentes hubiesen incurrido en ambigüedades, error o mendacidad, por lo que no resultan hábiles para desvirtuar lo testificado en tanto que se basan en meras apreciaciones subjetivas y conjeturas de la recurrente -tales como alusiones genéricas a una supuesta parcialidad y falsedad de las declaraciones-, a la par que soslayan lo efectivamente declarado por los deponentes sobre la cuestión en examen y que coincide en cuanto informa sobre el trato que Arguelles dispensaba a la trabajadora, sin que se observe expuesto argumento alguno de rigor que desacredite lo aseverado en las declaraciones, en tanto que todos los testigos refirieron que presenciaron personalmente los hechos que relataron.

Tampoco encuentro que los testimonios prestados a instancias de la parte demandada logren desvirtuar lo declarado por los testigos de la actora.

Ante el panorama descripto, estimo oportuno puntualizar que el empleador tiene el deber legal de garantizar la indemnidad de la persona trabajadora, no solo en su aspecto pecuniario, físico y psicológico sino también, con igual o mayor pujanza, en su esfera moral, pues la dignidad inherente a la persona debe ser protegida de cualquier acometida que tienda a su menoscabo y, con mayor ahínco, cuando se trata, como en el caso, de un sujeto de preferente tutela constitucional (cfr.C.S.J.N., 14 de setiembre de 2004, «Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido», considerando 9º).

Por lo demás, cabe recordar que la indemnización prevista en el art. 245 de la L.C.T. fue implementada con el fin de compensar los daños generados por la violación contractual del principio de continuidad, y si bien se pudo haber reglamentado un régimen libre de reparación integral y concreta, lo cierto es que el legislador optó por un sistema tarifado o de indemnización forfataria, en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas (conf. Cons. 6 CSJN «Vizzoti c/ Amsa»).

Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que el sistema reparatorio previsto en el art. 245 de la L.C.T. no resulta abarcativo de otros hechos que se dan en forma concomitante, conexa, anterior e incluso posterior pero vinculada con la finalización del vínculo y que deben ser valorados a los fines de determinar si corresponde repararlos en forma autónoma.

En el presente caso quedó acreditado que la demandada impetró una serie de conductas que demuestran una actitud persecutoria que provocó un grave daño a la trabajadora en su dignidad, lo que constituye un hecho ilícito que debe ser indemnizado con un resarcimiento autónomo al previsto en la LCT. Desde tal perspectiva, propongo confirmar la condena dispuesta en grado en cuanto hizo lugar a la pretensión deducida por daño moral.

En el mismo orden de ideas, adelanto que habré de confirmar la sentencia también en cuanto hizo lugar al reclamo vinculado al daño psicológico constatado a través de la pericia médica efectuada en autos.

En ese sentido, afirma la co demandada SIDUS que no se verifica en autos prueba fehaciente de las circunstancias y hechos invocados por la actora que pudieron haber generado la incapacidad que el experto médico determinó en su dictamen.Además, afirma que las testimoniales rendidas a instancias de la actora no resultan suficientes para tener por verificada la existencia de un hostigamiento como el denunciado por la actora.

Tal como lo adelanté, en mi opinión, no le asiste razón.

En sentido coincidente con el análisis de la cuestión efectuado en grado, cabe advertir que de la pericia psiquiátrica producida en la causa (fs.

622/630 de la foliatura digital), se exhibe firme y precisa en cuanto informa que el trastorno que padece la actora tiene relación causal con el maltrato sufrido, en el marco de la relación laboral traída a consideración. Al respecto, cabe referir que el perito interviniente expresamente señaló, sobre este punto, que «.La actora, Sra. I. P. H., de 60 años de edad, al momento de este Informe Pericial Médico, reclama por padecer secuelas por desarrollar un cuadro de estrés laboral con sintomatología orgánica creciente, que somatizaba especialmente en sistema nervioso con ansiedad y angustia, denunciado en la causa como sucesivo a amenazas y mal trato verbal de sus superiores directos en el laboratorio farmaceútico demandado, en el lapso de 2006 a 2017 cuando fuera despedida.» y que, en definitiva, presenta un diagnóstico de angustia y ansiedad reactiva dentro de una estructura neurótica, que le genera una incapacidad del 15% de la TO.

En este contexto, no encuentro que el recurrente logre conmover las conclusiones arribadas por el profesional lo cual me conduce a otorgar plena eficacia probatoria al dictamen reseñado, pues si bien no cabe soslayar que el nexo de causalidad entre las tareas y la enfermedad que padece la actora, es siempre jurídico, lo cierto es que es tarea específica de los peritos, como auxiliares de la justicia, el establecer la existencia de la enfermedad y su posible etiología.De ahí que, si bien incumbe a los jueces determinar conforme a las pruebas producidas en el expediente si la afección guarda relación o no con el hecho del trabajo y en qué medida, resulta determinante que la pericia de autos se encuentra apoyada en sólidos fundamentos, en tanto que el perito ha tenido en cuenta todos los antecedentes y estudios aportados a estos autos, por lo que aparece como el producto de un razonamiento científico y objetivamente fundado (cfr. arts.

386 y 477 del C.P.C.C.N.).

En función de lo expuesto, y dada la comprobación del daño psíquico y su relación causal con el maltrato sufrido por la actora, en mi opinión, corresponde desestimar los agravios articulados por la codemandada SIDUS S.A. y confirmar lo resuelto en origen respecto de la procedencia del daño psíquico acreditado.

VII. La parte actora se queja, a su turno, por la desestimación de su reclamo vinculado a una supuesta incapacidad producto de una hernia que habría sido ocasionada en el cumplimiento de sus tareas de visitadora médica por la cual -según afirma- debía llevar una valija. En lo que a ello respecta, agravia a la parte actora que se haya considerada prescripta la acción cuando la demandada nunca opuso la excepción referida con relación al punto en cuestión.

En mi opinión, no encuentro razones para admitir el reclamo pretendido pues, si bien no cabe soslayar que -tal como apunta el recurrentela demandada no opuso oportunamente excepción de prescripción con respecto a la acción por la mencionada enfermedad profesional, lo cierto es que no encuentro elementos en autos que permitan evaluar la existencia de una relación causal entre el daño constatado en la pericia médica y las tareas de esfuerzo que la actora afirma haber realizado en ciertos momentos de la relación laboral.En este punto, deseo señalar que tal como surge de los fundamentos del fallo de grado -los cuales no lucen controvertidos por la recurrente-, lo cierto es que en los últimos tiempos de la relación, la trabajadora había dejado de visitar clientes a quienes debía entregarle muestra s médicas, desempeñando una función eminentemente gerencial.

Desde tal perspectiva, en tanto no se advierte acreditado el nexo causal necesario para justificar la reparación civil pretendida, propongo desestimar el agravio intentado con relación al punto.

VIII. En cuanto a la queja de la co accionada SIDUS S.A. por la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 LRT, adelanto que tampoco será favorablemente atendida.

Tal como me he pronunciado en reiteradas oportunidades, el control de constitucionalidad de las leyes, confiado a los jueces, constituye una función primordial del juzgador y un acto de suma importancia, considerado como última ratio del orden jurídico. Para que sea procedente, es requisito que se encuentre efectivamente cuestionado o vulnerado algún derecho o principio de orden constitucional, a cuya efectividad obsten las normas atacadas.

Específicamente y en el caso de autos, la norma atacada es el art.

39 de la ley 24.557, que establece que las prestaciones de la ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos y al respecto, dicha norma crea un territorio de exclusión de los trabajadores por su propia condición.

La ley 24.557, en resumen, dispone un acceso limitado, restringido y finalmente inaccesible del trabajador a la reparación integral, alterando la normativa constitucional y afectando los derechos de quienes padecen por actos u omisiones culposas, por el hecho de ser un dependiente. Vale decir que la norma en cuestión discrimina entre la generalidad de los sujetos a quienes está dirigida la reparación civil y aquellos que sufren daños personales en circunstancia de desempeñarse en trabajos en relación de dependencia.La norma atacada establece así un menoscabo a la dignidad de la persona y excluye de la limitación cuantitativa de responsabilidad solo a los empleadores que hayan incurrido en comportamientos dolosos, y beneficia a los que incurren en culpa, aun cuando fuera grave. Aceptar la validez de esta norma sería avalar conductas culposas, y si ello está prohibido a los particulares, con más razón al legislador.

En la causa «Michelín, Juan Carlos c/ Cemex S.A. s/ daños y perjuicios» (SD N° 82.786 del 10.10.2001 Sala III) se sostuvo que el artículo bajo examen vulnera los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, así como disposiciones de diversos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.), pues veda a los trabajadores el acceso a una reparación integral, lo cual obviamente implica una lesión a la garantía de la propiedad e impide ejercer el derecho de defensa en juicio y el de peticionar ante la justicia, derecho que asiste a los restantes ciudadanos, vale decir que por el solo hecho de poner su fuerza de trabajo a disposición de otro, el trabajador está impedido de reclamar ante los tribunales el resarcimiento que entiende justo cuando precisamente es con motivo o en ocasión del trabajo que ha sufrido daños en su salud física o psíquica.Este disímil tratamiento resulta contrario al orden constitucional, dado que la Carta Magna consagró el principio de igualdad de trato y enfáticamente dispuso que el trabajo debe gozar de la protección de las leyes, vale decir, que la legislación debe dar al trabajador un amparo por lo menos igual o mayor que el reconocido al común de los habitantes y en el caso, es claro, que por ser trabajador la víctima de un accidente, queda en una situación más desfavorable respecto de cualquier otro afectado, pues este último podrá peticionar ante la justicia la reparación integral de quien fue responsable del daño, ya sea por su culpa, dolo o bien por su responsabilidad objetiva, mientras que aquél está constreñido a percibir las prestaciones establecidas por la ley impugnada, que son a todas luces insuficientes, pues no tienen ninguna relación con el fin reparatorio, ni cubren tampoco todas las hipótesis de daños posibles y para más, exime a los empleadores de toda responsabilidad civil -salvo en el supuesto de que hubiere existido dolo de parte de éstos- y, de existir alguna diferencia, el trabajador deberá seguir los trámites instituidos por la ley 24.557 que culminan con la intervención de las comisiones médicas que son organismos administrativos. Por otra parte, no puede soslayarse que dicha ley, por la insuficiencia de las prestaciones que establece, también colisiona con la garantía constitucional que dispones que la seguridad social debe tener carácter integral (conf. art. 14 bis).

Esta norma también está en pugna con el mandato constitucional que impide dañar a otro. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el principio del «alterum non ladere» tiene raíz constitucional (art. 19 de la Ley Fundamental, en autos «Santa Coloma, Luis I.y otros c/ Ferrocarriles Argentinos» del 5.8.86); y aún más explícitamente, ha sostenido que «. los artículos 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagran el principio general establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los «hombres» perjudicar los derechos de un tercero.

El principio «alterum non ladere», entrañablemente vinculado a la idea de la reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil no lo arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (conf. CSJN, sentencia dictada en autos «Fernando Raúl Güther c/ Nación Argentina» del 5.8.86, Fallos 308:1118).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ Accidentes», el 21 de setiembre del 2004 ha dicho que «resulta fuera de toda duda que el propósito perseguido por el legislador, mediante el artículo 39 inc. primero, no fue otro que consagrar un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil.no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los artículos 1109 y 113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales.a pesar de contar entre sus objetivos el de «reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales». Considera que en el marco de la ley de riesgos no se ven cumplidas las previsiones del artículo 14 bis de la CN, manda que tiene cumplidos 47 años y que «a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida en toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tiene jerarquía constitucional».

Claramente refiere la Corte que, «es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688 de accidentes de trabajo, sancionada en 1915. Ahora bien, este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT, según lo que ha venido siendo expresado, pone a ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte «se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente. la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos» (art.2.1.). La norma, por lo pronto, debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata.» «Luego, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non ladere deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados, vuelve al artículo 39, inciso primero de la LRT, contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de deificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Se olvida, así, que el hombre es el señor de todo mercado y que éste encuentra sentido sí y sólo sí, tributa a la realización de los derechos de aquél (conf. Causa V. 9678 XXXVIII «Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa SA s/ despido, del 14 de setiembre de 2004)».

En el caso, es evidente que la aplicación de la LRT, conduce a un resultado peyorativo para el trabajador, respecto del que corresponde a cualquier otro damnificado, que sufriese iguales perjuicios y fuera ajeno al vínculo laboral, pues dicha norma no contempla indemnización por daño extrapatrimonial.

Por tales fundamentos he sostenido la inconstitucionalidad de la norma impugnada y este criterio ha sido ratificado por la Corte Suprema de la Nación, al decidir los autos «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.» del 21.9.04 (pub. en Suplemento Especial del diario La Ley del 27.9.04).

Por todo lo expuesto, considero que corresponde confirmar la inconstitucionalidad decretada por el Sr. Juez «a quo» del art. 39 de la ley 24.557 por violentar lo dispuesto en los arts. 14 bis, 16, 17, 20, 31, 75 incs.

22 y 23 «Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», consid.Párrafo 3 y Preámbulo; «Declaración Universal de Derechos Humanos» – Pacto de San José de Costa Rica (ley 23.054), art. 24; «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» (ley 23.313), Preámbulo, arts.

1, 2, 14 y 26; «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», Preámbulo, arts. 1 y 2, 14 y 26 y parte II, art. 2, párrafos 4 y 5.

En consecuencia, propongo desestimar el recurso en el punto cuestionado.

IX. A su turno, tanto la parte actora como la codemandada SIDUS S.A. se quejan porque se lim itó la responsabilidad de la ART al límite de la póliza pero, en este punto, tampoco encuentro razones para modificar lo actuado. En primer lugar, he de advertir que la empresa demandada no tiene legitimidad para apelar la responsabilidad de la restante co demandada por lo que habré de abordar la cuestión desde la óptica que se desprende del recurso de la parte actora.

En orden de determinar la responsabilidad de la aseguradora, comprobado está el perjuicio exigido el Código Civil a fin de habilitar dicha posibilidad. Resta considerar si el referido daño ha sido consecuencia directa de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley a la ART co demandada.

Cabe recordar que la ley 24.557 en su art. 4 reza que las aseguradoras de riesgos del trabajo, son sujetos de derecho creados por el legislador, con una finalidad fundamental: la de prevenir riesgos laborales.

Entes capacitados técnicamente a efectos de asesorar, controlar y fiscalizar a los empleadores, como así también a los trabajadores, articulando las medidas que, como expertos, entienden necesarias.

El Decreto 170/96 reglamentario de la ley 24.557, impone a las aseguradoras de riesgos de trabajo brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en lo atinente a la determinación de la existencia de riesgos, y de sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato.Ello significa que era obligación de la aseguradora detectar los posibles riesgos que presentaba cada puesto de trabajo, y cada una de las operaciones que debían realizar los trabajadores. Dicho decreto también impone a las aseguradoras la obligación de realizar actividades permanentes de prevención de riesgos, y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y que para cumplir con sus obligaciones, deben contar con personal especializado en higiene y seguridad o medicina de prevención de riesgos de sus afiliados.

En el caso «Torrillo» la CSJN manifestó que la responsabilidad civil indemnizatoria de las ART deriva de su deber de prevenir los incumplimientos, para que los riesgos se eviten. Destaca que la obligación pesa sobre la ART de denunciar ante la SRT los incumplimientos de las empresas aseguradas. Señaló la CSJN en el considerando 7° del voto de la mayoría que la condición de las ART como entidades de derecho privado no les permite eludir las responsabilidades, ya que son destacados sujetos coadyuvantes para la realización plena de los objetivos de prevención de los infortunios que tenían raigambre constitucional y sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con jerarquía supralegal.

Así las cosas, si bien pesan sobre la aseguradora de riesgos del trabajo todas las obligaciones reseñadas, conforme lo normado por el art.

1749 del Código Civil y Comercial de la Nación sólo podría proceder su condena en caso que se demuestre una conducta que guarde adecuado nexo causal con el daño constatado en el trabajador. Incumbe al accionante al demandar indicar en forma concreta y no genérica cuáles son las supuestas omisiones con las que se pretende justificar la imputación de responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo. La sola invocación de la normativa civil y la acreditación del hecho dañoso, no alcanza para responsabilizar a la aseguradora de riesgos del trabajo.A ello debe sumarse que las circunstancias en que se produjo el acoso laboral a la actora y que le generó una incapacidad psicológica, son ajenas a toda posibilidad de control por parte de cualquier aseguradora. Todo lo expuesto, sellará la suerte del agravio incoado, por lo que propongo confirmar la sentencia, también en el punto cuestionado.

X. Por lo hasta aquí expuesto y en caso de ser compartido mi voto, el importe del capital nominal de condena, teniendo en cuenta los aspectos que llegan firmes a esta instancia, calculados conforme a la base salarial que he dejado propuesta ($124.766,40 – la cual a los fines previstos en el art. 245 LCT, de acuerdo al tope cfr. Vizzoti se estima en $83.593,49), deberá incrementarse a la suma de $7.833.312,08, conforme al siguiente detalle:

La suma indicada llevará los intereses dispuestos en grado, por no haber sido cuestionado dicho aspecto del decisorio.

XI. La solución que dejo propuesta, impone dejar sin efecto lo decidido en primera instancia en materia de costas y honorarios, y efectuar un pronunciamiento originario al respecto (cfr. art. 279, C.P.C.C.N.), circunstancia que torna abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos sobre estas cuestiones.

Desde tal perspectiva, propongo que las costas de la primera instancia sean impuestas a cargo de la co demandada SIDUS S.A., con excepción de las correspondientes a Galeno ART S.A, las cuales se imponen en la proporción de su condena.

Al respecto, destaco que si bien es cierto que la demanda ha progresado por cifras inferiores a las pretendidas y que algunos segmentos de la reclamación han sido desestimados, también lo es que la acción prosperó en su aspecto central y sustancial, en tanto que en los respondes se cuestionó frontalmente la procedencia de la pretensión y, en ese marco, las demandadas han resultado vencidas, por lo que no encuentro mérito para eximirlas parcialmente de costas, toda vez que la solución que propongo se compadece con el principio rector en la materia, plasmado en el art.68 del C.P.C.C.N., que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.

De acuerdo al mérito, importancia, naturaleza, calidad y extensión de los trabajos profesionales cumplidos, así como al resultado alcanzado, a las etapas procesales cumplidas y a las pautas arancelarias aplicables -cfr. ley 21.839, art. 38 de la L.O. y art. 13 de la ley 24.432, en concordancia con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa», del 4 de setiembre de 2018-, sugiero que se regulen los honorarios por las labores profesionales desempeñadas en primera instancia de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en 488.42 UMA ($4.396.268,42), los de la co demandada SIDUS S.A. 416.24 UMA ($3.746.576.24), los de la codemandada GALENO ART S.A. 400 UMA ($3.600.400) y los que corresponden a los peritos médico $1.988.580,25 (220,92 UMA) y perito contador en $1.704.497 (189,36 UMA) .

Las costas de Alzada deberán ser soportadas por SIDUS S.A. por haber resultado vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN). Finalmente, propongo que se regulen los honorarios de las representaciones letradas de las partes, por los trabajos cumplidos ante esta Alzada, en el (%), de lo que en definitiva le correspondiere por su actuación en la instancia anterior (art. 16 y 30 Ley 27.423).

LA DOCTORA PATRICIA SILVIA RUSSO DIJO: por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y establecer el capital de condena en la suma de $7.833.312,08 (pesos siete millones ochocientos treinta y tres mil trescientos doce con ocho centavos) la cual llevará intereses de acuerdo a los parámetros establecidos en grado.2) Imponer las costas de origen a cargo de la co demandada SIDUS S.A., con excepción de las correspondientes a Galeno ART S.A, las cuales se le imponen en la proporción de su condena. 3) Confirmar la sentencia en lo demás que decide. 4) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en . UMA ($.), los de la co demandada SIDUS S.A. . UMA ($.), los de la codemandada GALENO ART S.A. . UMA ($.) y los que corresponden a los peritos médico $. (. UMA) y perito contador en $. (. UMA) .5) Imponer las costas de Alzada a la co demandada SIDUS S.A. 6) Regular los honorarios por las tareas de Alzada para cada una de las representaciones letradas intervinientes, en el (%) de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen. 7) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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