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#Doctrina La importancia del monto mínimo a los efectos del valor del litigio en el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en el ámbito de la norma adjetiva bonaerense

Autor: Unzaga Domínguez, Guillermo

Fecha: 15-08-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16729-AR||MJD16729

Voces: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY – RECURSO EXTRAORDINARIO

Doctrina:
Por Guillermo Unzaga Domínguez (*)

Como expresa Ricardo Sosa Aubone, «debe distinguirse entre la admisibilidad del recurso extraordinario y su eventual procedencia. Las condiciones de admisibilidad son rituales y procedimentales, independientemente de las razones de fondo; las de procedencia hacen a la fundabilidad, determinan quién tiene razón y deben ser examinadas en la sentencia del tribunal ad quem» (1).

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Entre los requisitos de admisibilidad encontramos, justamente el monto mínimo a superar para que la Corte «abra el recurso», como vulgarmente se dice en los pasillos tribunalicios, tema que abordaremos en el presente trabajo.

Nos explica Emilio Romualdi que «el monto mínimo, como requisito de admisibilidad, hace que se pueda distinguir entre sentencia definitiva y una resolución susceptible de casación que no son conceptos sinónimos. Es que algunos fallos, a pesar de tener la primera característica, no toleran los carriles extraordinarios de revisión, por ejemplo, cuando están por dejado del límite pecuniario del art. 278 del Código de Procedimiento Civil y Comercial (texto según ley 14.141 ) para el recurso de inaplicabilidad de ley» (2).

En su parte pertinente el citado artículo, reglamentando la manda constitucional bonaerense del art. 161 apartado 3 inc. «a», dispone que el «recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones y de los Tribunales Colegiados de Instancia Única, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a quinientos (500) jus», unidad arancelaria de la profesión de abogado cuyo coste es fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires siguiendo las pautas que dispone el art. 9 de la ley bonaerense 14.967 .

En armonía con la línea derivada de la norma genérica en materia procedimental recursiva, el primer párrafo del art.55 de la ley de adjetiva Laboral bonaerense 11.653 determina que el recurso «de inaplicabilidad de ley sólo podrá ser concedido cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial».

Respecto de la exigencia de un monto mínimo para acceder a la instancia extraordinaria, nos enseña Juan Carlos Hitters, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia provincial, que «se ha tenido en cuenta -siguiéndose en esto un principio práctico- que no todas las causas deben ser controladas en casación, pues de lo contrario se atosigaría la Suprema Corte y esto en definitiva atenta contra la celeridad. No debemos olvidar que como decía Couture en el proceso el tiempo más que oro es justicia. No cabe duda que en verdad el fundamento para la limitación de marras es puramente funcional, porque tanto derecho tienen para llegar a la máxima jerarquía judicial los litigantes que intervienen en un proceso de alto contenido económico, como aquéllos que participan de uno de poco monto. Pero claro, por una cuestión de política legislativa, se ha entendido que determinados entuertos deben quedar marginados de este contralor extraordinario. Además, debe tenerse en cuenta que como apuntaba Chiovenda, con la carga económica lo que se pretende es limitar estos remedios y no castigar al vencido» (3).

Entonces lo primero que debe conocer el abogado que pretenda casar, recursivamente por medio del sendero de la Inaplicabilidad de Ley ante la SCBA, una sentencia de un Tribunal de Trabajo es el monto mínimo vigente al momento de la interposición del mismo (causas L. 128.795 «Alborno», resol.de 7-VI-2022). Para ello, con frecuencia, se acude a la página del Máximo Tribunal de Justicia provincial en búsqueda de la acordada respectiva (https://digesto.scba.gov.ar/Busquedas.aspx).

Luego, deberá determinar cuál es el valor del litigio, a los fines recursivos, toda vez que el canal por el cual transitará el futuro recurso de Inaplicabilidad de ley diferirá, según sea si se supera o no el monto mínimo exigido por el art. 278 CPCC y 55 de la ley 11.653 .

Es que, para el caso de que no se alcance el mismo, la admisibilidad de la impugnación sólo podrá justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 y en tal supuesto, la función revisora de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se limitará a verificar si lo resuelto por el tribunal del trabajo contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado. Hipótesis que se configura, solamente, cuando dicho Tribunal de Justicia ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar.

Sentado ello, pasemos a conocer cuál es el valor del litigio en los supuestos más frecuentes:

a) Cuando el que recurre es el actor trabajador, generalmente el valor de lo cuestionado estará representado según sea: por el monto de lo reclamado en la demanda (causa vL. 128.422, «Villaruel», resol. de 7-VI-2022o); por el monto de los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron (causa L. 125.286, «Sánchez Pérez», resol. de 13-XI-2020); sólo por el monto de los rubros reclamados en la demanda de cuyo rechazo se agravia (causa L. 121.366, «Romero», resol. de 11-IV-2018) o por la diferencia entre la suma reclamada en la demanda y el importe por el que prosperó la acción (causa L. 127.958 «Godoy», resol.de 7-IV-2022).

Debe repararse que, en caso de que los cuestionamientos traídos por el recurrente versaren sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (imaginemos por un lado rubros derivados del despido sin causa y, por otro el recargo previsto por el art. 132 bis de la LCT), el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las acciones deducidas, pues los reclamos han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante de grado, conforme los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso (causa L. 123060, «Font», resol. de 11-III-2020).

Asimismo, tratándose de un litisconsorcio facultativo activo, a los fines de determinar el monto del juicio en relación a la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debe considerarse conforme al importe reclamado individualmente por cada uno de los peticionantes, siendo gravitante la circunstancia de que el valor de lo cuestionado por alguno de ellos supere el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y versando el recurso de los restantes sobre similares puntos litigiosos (causa L. 127.770, «Sánchez», resol. de 20-XII-2021).

b) Entre tanto, cuando el que recurre es el legitimado pasivo el valor de lo cuestionado, generalmente estará representado por el monto de condena (L. 125.066 «Arripe», resol. de 7-VI-2022), en otros casos se tendrá en cuenta solamente la suma de condena correspondiente a los rubros de cuya procedencia se agravia (L. 125.930, «Potter», resol. de 1-IV-2022) sin que corresponda actualizar, ni adicionar intereses (causas C. 124.015, «Brieva», resol. de 23-X-2020; C. 123.360, «Bacure», resol. de 18-II-2021; L. 128.289, «Tolaba», resol. de 1-II-2022 y L. 128.711, «Balderas», resol. de 1-IV-2022), o representado por la diferencia que se verifica entre el monto de condena y los intereses que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según las pautas propuestas por el impugnante (causas L.127531, «Michel», L. 13-XII-2021).

Intentando sortear este valladar es que, en forma muy frecuente los abogados, en sus presentaciones, objetan las restricciones a la admisibilidad del remedio excepcional vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 161 apartado 3 inc. «a» de la Constitución provincial; 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653. Respondiendo a dicho cuestionamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado, en forma inveterada, «que las limitaciones estipuladas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley no vulnera derechos y garantías constitucionales, resultando compatible con el art. 161 de la Constitución de la Provincia, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio» (causa L. 127.895, «Bordon», resol. de 14-III-2022).

Finalmente, cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado la Suprema Corte como doctrina legal- que «el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio.» (causa L. 120.154, «Núñez», resol. de 8-II-2017).

Como vemos la importancia de conocer el valor del litigio a los fines recursivas, es un tema central para que el abogado que intente impetrar un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sepa cómo tiene que atacar, jurídicamente, la sentencia del tribunal a quo.

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(1) Sosa Aubone Ricardo, «Ley de Procedimiento Laboral N° 11.653», Ed. Jurídicas, pág. 981.

(2) Romualdi Emilio, «El Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires», ed. Abeledo Perrot, pág. 371.

(3) Hitters Juan Carlos, «Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la casación», ed. Librería editora Platense, pág. 577.

(*) Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas, abogado Inspector de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP y, en la misma Alta Casa de Estudios, Director de las diplomaturas en «Derecho Previsional» y «Extinción del Contrato de Trabajo».

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