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#Fallos El momento importa: El despido carece de justa causa pues el tiempo transcurrido entre la intimación y su comunicación hace presuponer que las faltas o inobservancias imputadas al trabajador fueron consentidas

Partes: F. J. S. c/ Consorcio de Prop. del Edif. Las Heras 1693/99 esq. Rodríguez Peña 1511/2 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 15-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-132316-AR | MJJ132316 | MJJ132316

El despido carece de justa causa pues el tiempo transcurrido entre la intimación y su comunicación hace presuponer que las faltas o inobservancias imputadas al trabajador fueron consentidas.

Sumario:

1.-Se concluye que el despido dispuesto por la accionada carece de justa causa (cfr. art. 242 , LCT), pues el tiempo transcurrido entre la intimación efectuada por el consorcio y la comunicación del despido, hace presuponer que las faltas o inobservancias imputadas al trabajador fueron consentidas por lo que no habiéndose dispuesto el despido en un primer momento momento y al no haberse esgrimido de forma puntual y circunstanciada los nuevos hechos o injurias que no consintieran la prosecución del vínculo, se incurrió en una clara violación de lo exigido por el precitado art. 243 LCT.

2.-Uno de los presupuestos del despido con justa causa es la contemporaneidad entre la reacción de la parte afectada por la injuria y el momento en que su producción llega a su conocimiento, es decir, debe existir una reacción oportuna del afectado de modo tal que no se entienda que ha existido un consentimiento tácito de la inconducta, presupuesto que no se verifica en el caso.

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3.-El acto unilateral extintivo de la relación si bien es eficaz para extinguir el vínculo, carece de validez como invocación de justa causa y por lo tanto no se ha acreditado un hecho objetivo del trabajador que demuestre un incumplimiento a los deberes de prestación o de conducta que traduzcan la imposibilidad de la prosecución del vínculo y que justifique el desplazamiento del principio de conservación previsto por el art. 10 de la LCT.

4.-Corresponde también disponer el rechazo de la indemnización con fundamento en lo normado por el art. 2 de la Ley 25.323, en función de lo decidido en el Fallo Plenario 320, 10/9/2008 ‘Iurleo Diana Laura c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Luis Saenz Peña 1195 s/ despido’ ; y por similares fundamentos corresponde el rechazo de la indemnización peticionada con fundamento en lo normado por el art. 1 de la Ley 25.323.

5.-En lo relativo al rechazo del rubro ‘art. 132 bis LCT’, lo cierto es que de los términos del escrito inicial no surge petición concreta en tal sentido, por lo que no corresponde verificar si el caso encuadra dentro de esta hipótesis legal.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de abril de 2021 se reúnen las señoras juezas de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y la DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN dijo:

I. La sentencia definitiva dictada el 31/08/2020 recibe apelación de la parte actora a tenor del memorial presentado el 09/09/2020, ello de conformidad con lo que surge del sistema informático Lex 100. Con fecha 18/09/2020 fue agregada digitalmente la contestación de agravios efectuada por la accionada.

II. El primero de los agravios se dirige a cuestionar que la Sra. juez de grado considere que no se encontraba controvertido el telegrama de despido remitido por su ex empleadora, pues señala el apelante que esa pieza postal fue cuestionada mediante CD 396899949 de fecha 16/09/2013 por intermedio de la cual rechaza y desconoce todo lo allí afirmado y procede a considerarse injuriado y despedido. Señala asimismo que con fecha 23/09/2013 remitió también al Administrador del consorcio de propietarios dos telegramas controvirtiendo el despido dispuesto. En segundo término, le causa agravio que en la sentencia de grado se tenga por justificado el despido directo con fundamento en la falta de devolución al consorcio de propietarios de la vivienda anexa (para uso del encargado suplente) a la destinada para vivienda del encargado titular, pues señala que la causal invocada para su despido fue «reiteradas faltas disciplinarias incurridas taxativamente descriptas en la CD remitida a Ud de fecha 20 de Agosto del actual y fuera por Ud recibida sin oposición alguna hasta este momento y persistiendo en su conducta en contra de su empleador.», por lo que considera que ello constituye un incumplimiento a lo previsto por el art. 243 LCT.

Seguidamente cuestiona que se concluya que no le asistiesen razones a su parte para retener el inmueble y que ello resultare de gravedad suficiente para disponer el despido. En otro de sus agravios, objeta que se tome como prueba en contra la sentencia penal en la que el actor fue finalmente sobreseído e impugna la idoneidad de los testigos propuestos por la demandada por ser copropietarios del consorcio accionado. En lo relativo a la multa prevista por el art. 132 bis LCT, cuestiona que se la rechace con el argumento de que no alega el presupuesto fáctico de retención indebida de aportes y falta de depósito, cuando su parte propuso prueba conducente para demostrar la falta de aportes y que no se produjo por exclusiva culpa de la accionada al no presentar la documentación pertinente conforme lo informado por el perito contador.

Considera procedente la presunción del art. 55 de la LCT. Cuestiona la imposición de costas en un 90% a su parte, sosteniendo que tuvo motivos para actuar como lo hizo y peticiona se impongan en su totalidad a la demandada. Finalmente, aduce que así como el despido dispuesto resulta injustificado la acción de desalojo llevada adelante por la accionada fue un mecanismo jurídico intimidatorio.

III. Delineados de este modo los agravios, advierto que no se discute en la causa, que la relación laboral habida entre las partes se extinguió por despido directo dispuesto por la ex empleadora quien exteriorizó su voluntad rupturista mediante el telegrama del 14 de septiembre de 2013 en los términos ya transcriptos, y me anticipo a señalar que la demandada no dio cumplimiento con los requisitos impuestos por el artículo 243 LCT.

Digo esto, pues la cartular transcripta carece en absoluto de los requisitos que impone el artículo mencionado para la comunicación de la denuncia del contrato de trabajo con justa causa. En efecto, el deber de buena fe, principio regente de las relaciones laborales (cfr. art. 63 LCT) impone a las partes la indicación concreta de los motivos objetivos de la ruptura contractual. Esto es así, en aras de viabilizar la garantía genérica de defensa en juicio, principio que, considero, se ha violado en autos, pues la deficiente invocación de la causa, amplitud y vaguedad de sus términos, no expresa de modo claro y fehaciente los hechos que se invocan para la decisión extintiva.

Sobre el punto, destaco que se la accionada para justificar el despido del actor hace referencia a «reiteradas faltas disciplinarias» «que fueran taxativamente descriptas en la CD del 20/08/2013» y «persistiendo en su conducta», es decir que utilizando figuras vagas e imprecisas y remitiéndose a una intimación efectuada 25 días atrás que adviértase no contenía apercibimiento alguno, pues si bien se le hace mención que dichas inobservancias serán pasibles de las sanciones correspondientes, no las especifican ni describen, no pudiéndose válidamente pretender que lo así expresado en tiempo potencial puede ser considerado un apercibimiento.

El tiempo transcurrido entre la intimación efectuada por el consorcio el 20/08/13 y la comunicación del despido (14/09/13), hace presuponer que las faltas o inobservancias imputadas al trabajador fueron consentidas por lo que no habiéndose dispuesto el despido en aquél momento (me refiero con la CD del 20/08/13) y al no haberse esgrimido de forma puntual y circunstanciada los nuevos hechos o injurias que no consintieran la prosecución del vínculo, se incurrió en una clara violación de lo exigido por el precitado art.243 LCT.

Al respecto, debo mencionar que -como es sabido- uno de los presupuestos del despido con justa causa es la contemporaneidad entre la reacción de la parte afectada por la injuria y el momento en que su producción llega a su conocimiento, es decir, debe existir una reacción oportuna del afectado de modo tal que no se entienda que ha existido un consentimiento tácito de la inconducta, presupuesto que no se verifica en el caso.

No soslayo que el actor fue notificado con fecha 21/08/2013 por parte del consorcio demandado por una serie de incumplimientos e inobservancias y que además se le reiteraron las órdenes de trabajo y horarios que debe realizar y que ya había firmado el actor el 14/12/2012, advirtiéndosele que por cada falta o inobservancia señalada se hacía pasible de las sanciones que correspondiesen.

En tal sentido, la ausencia de invocación oportuna de las razones determinantes del despido no puede suplirse con la comunicación postal previa recibida por el trabajador con fecha 21/08/2013 cuando en definitiva la manifestación de la voluntad rescisoria hace a la certeza de la denuncia del vínculo. Dicho en otros términos, la causa invocada por el empleador para disolver el vínculo fue: «las reiteradas faltas disciplinarias incurridas.que fueran taxativamente descriptas en la CD del 20/08/2013.», siendo insuficiente pues remitirse a un telegrama anterior para justificar un despido con causa, con el argumento que aquélla comunicación no tuvo oposición del trabajador, pues en definitiva la denuncia del contrato con justa causa impone a ambas partes de la relación el compromiso de los requisitos exigidos por el art.243 de la LCT, lo que no se verificó en la causa, ello sin perjuicio de destacar por lo demás que de la anterior misiva no se advierte que el empleador hubiere manifestado su voluntad rescisoria.

En resumen, el acto unilateral extintivo de la relación si bien es eficaz para extinguir el vínculo, carece de validez como invocación de justa causa y por lo tanto no se ha acreditado un hecho objetivo del trabajador que demuestre un incumplimiento a los deberes de prestación o de conducta que traduzcan la imposibilidad de la prosecución del vínculo y que justifique el desplazamiento del principio de conservación previsto por el art. 10 de la LCT.

En función de ello, se concluye que el despido dispuesto por la accionada carece de justa causa (cfr. art. 242, LCT), por lo que de prosperar mi voto, propiciaré revocar la decisión de grado en este aspecto cuestionado y admitir el reclamo fundado en el despido sin causa y la procedencia de los rubros salariales reconocidos en la sentencia de grado con más la base salarial allí determinada que arriban firmes así como los restantes rubros indemnizatorios que correspondan.

IV. En este contexto, frente a la propuesta de mi voto, debe darse tratamiento a los diversos planteos que se formularon en los escritos constitutivos de la litis, -y que hayan sido omitidos en la sentencia de grado en virtud de la solución que se propuso, y ello involucra inclusive a los de la demandada (si quedaran pendientes) porque el hecho de que no haya apelado se encuentra justificado en el resultado favorable que obtuvo su pretensión en primera instancia, lo que le quitaba un agravio actual y concreto habilitante de un recurso.

Aclarado ello y corroborado que fue que los temas litigiosos propuestos ante la Sra.juez de grado, fueron todos tratados, corresponde pues pasar a recalcular el monto diferido a condena y en tanto no se encuentra discutida la antigüedad del trabajador, ni su categoría o salario, extremos que por cierto arriban firmes, a los fines de los conceptos que le corresponde percibir en función del nuevo resultado al que se arriba tomaré en cuenta la remuneración de $14.124,61 correspondiente al mes de agosto de 2013.

Debe tenerse en consideración, que conforme lo dispuesto en el Estatuto de Encargados de Casas de Renta y Propiedad Horizontal, por la antigüedad que tenía el actor al momento de su despido le corresponden tres meses en concepto de Preaviso.

En cuanto al rubro «integración mes despido» este concepto no está previsto en el Estatuto y en ninguna norma relacionada con este CCT, por lo tanto no debe ser abonado.

Corresponde también disponer el rechazo de la indemnización con fundamento en lo normado por el art. 2 de la ley 25.323, en función de lo decidido en el Fallo Plenario 320, 10/9/2008 «Iurleo Diana Laura c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Luis Saenz Peña 1195 s/ despido». Por similares fundamentos corresponde el rechazo de la indemnización peticionada con fundamento en lo normado por el art. 1 de la ley 25.323.

La condena por el rubro «art. 45 ley 25.345» no fue motivo de cuestionamiento alguno, por lo que arriba firme.

En lo relativo al rechazo del rubro «art. 132 bis LCT», lo cierto es que de los términos del escrito inicial no surge petición concreta en tal sentido, por lo que no corresponde verificar si el caso encuadra dentro de esta hipótesis legal. Lo peticionado en este aspecto recién al expresar agravios no fue cuestión sometida al conocimiento de la Sra. juez de primera instancia, por lo que este tribunal no puede expedirse sobre dicho punto (art.277 CPCCN) pues su incorporación en esta etapa del proceso implicaría violar el principio de congruencia de raigambre constitucional porque hace al derecho de defensa en juicio (cfr. arts. 163 inc. 6 y 34 del CP.C.C.N., y art. 18 CN).

En consecuencia, el accionante resulta acreedor a los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización Art. 245 LCT :$324.866,03 2) Preaviso :$ 42.373,83 3) Haber días septiembre 2013 :$ 6.591,48 4) Sac prop 2do semestre 2013 :$ 2.903,39 5)Vacaciones prop 2013 más SAC :$ 15.913,72 6) Art. 45 Ley 25.345 :$ 42.373,83 TOTAL:$435.022,28

El capital de condena determinado, devengará los intereses dispuestos en la sede anterior, que arriban exentos de agravio.

V. Cuestiona el accionante la condena por la acción de daños interpuesta por la demandada, argumentando que la retención de la vivienda y habitación anexa se vio obligado a realizarla ante la falta de pago de sus haberes, aguinaldo proporcional y vacaciones y eventualmente por encontrarse en recuperación de una operación de hernia inguinal.

El monto cuestionado por el accionante en la alzada asciende a $60.000; dicha cuantía determina que la decisión resulte inapelable de conformidad con el art. 106 de la L.O. En efecto, el monto cuestionado no supera el tope de apelabilidad, fijado en el artículo citado en el equivalente a trescientas veces el importe del derecho fijo, previsto en el art. 51 de la ley 23.187, cálculo que debe efectuarse, por otra parte, al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso. A esa fecha, esto es el 14/09/20 aquel importe equivalente ascendía a $90.000 ($300 x 300). De esta manera, corresponde declarar mal concedido el recurso sub examine.

V. La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art.279 del CPCCN) solamente respecto de la acción por despido y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos planteados en tal sentido.

Atento el resultado del litigio corresponde imponer las costas a cargo de la demandada substancialmente vencida en la acción por despido en ambas instancias (conf. art. 68 del CPCCN).

Las costas de alzada en lo atinente a la acción entablada por el consorcio contra el actor, se imponen en el orden causado (art. 68, 2da parte CPCCN), a cuyo efecto se fijan los estipendios de las representaciones letradas intervinientes, en el (%) de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la sede anterior (LA).

Por otra parte, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, la observación del art. 64 del texto normativo sancionado por el Congreso de la Nación y la promulgación parcial dispuesta por el decreto 1077/2017 (art. 7), corresponde determinar cuál es la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho texto normativo.

Al respecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por mayoría -con arreglo a lo decidido por ese Tribunal ante situaciones sustancialmente análogas- que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la liquidación (Fallos: 321:146 ; 328:1381 ; 329:1066 , 3148 , entre muchos otros). Por ello, concluyeron que «el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos:268:352, 318:445 -en especial considerando 7-, 318:1887 , 319:1479 , 323:2577 , 331: 1123 , entre otros» (CSJ 32/2009 (45-E) /CS1, originario, «Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa» , sentencia del 4 de septiembre de 2018).

Resulta necesario entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas tareas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron casi en su mayoría estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 L.O., el art. 13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

En consecuencia, atendiendo a las labores profesionales cumplidas, valor del litigio, características del proceso y demás cuestiones arancelarias vigentes, propugno regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora (que incluye su actuación ante el SECLO), su similar de la demandada y los de la perito contadora, por su actuación en primera instancia, en el (%), (%) y (%) respectivamente, del nuevo monto de condena comprensivo de capital más intereses.

VI. Sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada por los trabajos ante la alzada en relación a la acción de despido, en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda a cada una de ellas por sus labores en la sede anterior (ley 27.423).

La Doctora GRACIELA LILIANA CARAMBIA manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1.Modificar la sentencia definitiva en cuanto a la acción incoada por el trabajador y elevar el capital de condena a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($435.022,28), que devengará los intereses fijados en la sede anterior. 2. Dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios en la acción por despido e imponer las primeras y regular los segundos de conformidad con lo propuesto en el punto V del primer voto del presente acuerdo. 3. Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el accionante. 4. Imponer las costas de alzada por la acción incoada por la demandada contra el trabajador en el orden causado. 5. Regular los estipendios de las representaciones intervinientes ante la alzada – por ambas acciones -, en el (%) de lo que en definitiva les corresponda por sus trabajos en la sede anterior. 6. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 y punto 4 de la Acordada C.S.J.N. 15/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras juezas por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Dra. María Dora González no vota (art. 125 LO).

Beatriz E. Ferdman

Juez de Cámara

Graciela Liliana Carambia

Juez de Cámara CM

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