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#Fallos Violencia de género: Se prorroga la medida de prohibición de acercamiento, ya que pese a la existencia de esta medida de protección, el denunciado continuó ejerciendo violencia y hostigamiento contra su ex pareja y su hija

Partes: F. M. L. D. A. s/ violencia familiar o de género

Tribunal: Juzgado de Paz de Primera Circunscripción de Mburucuyá

Fecha: 29-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-132137-AR | MJJ132137 | MJJ132137

Se prorroga la medida de prohibición de acercamiento del denunciado, toda vez que, pese a la existencia de esta medida de protección, este continuó ejerciendo actos de violencia y hostigamiento contra su ex pareja y su hija.

Sumario:

1.-Corresponde prorrogar la prohibición de acercamiento, ya que se está en presencia de una persona violenta, irreverente a las normas jurídicas que nos rigen, como también a las resoluciones judiciales en las que ellas se concretan, que, evidentemente, se ha ensañado con la su ex pareja y, actualmente, también con su hija.

2.-En el ámbito de la violencia de género, rige el principio ‘favor probationes’ que supone que en caso de duda en torno a la producción, admisión, conducencia o eficacia de las pruebas habrá que estarse por un criterio amplio a favor de ella, pues se entiende que la falta de demostración de ellos puede ocasionar a las partes un gravamen de imposible reparación ulterior.

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3.-La noción de ‘mujer’ constituye una ‘categoría sospechosa’ en materia jurídica, que debe asociarse de manera directa con la noción de vulnerabilidad, o de persona vulnerable.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Mburucuyá (Corrientes), 29 de abril de 2021

VISTOS: Estos autos caratulados: «F.M.L.D.A. S/ VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DE GENERO», Expte. Z09 10179/21, que tramita ante este Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Localidad de Mburucuyá, Provincia de Corrientes; RESULTA:

A fs. 01/02 vta., el acta de inicio de actuaciones donde la Sra. HRM, DNI N° ., manifiesta haber sido víctima de actos de violencia y persecución por parte del Sr. PG, DNI N° .; A fs. 05 y vta., la declaración testimonial de la Sra. HRM, DNI N° xx.xxx.xxx, madre de la denunciante; A fs. 03 y vta., el auto N° 1094, de fecha 27/04/2021, por le cual se disponen medidas cautelares protectorias de la víctima; A fs. 06/17, se agregan copias de las partes pertinentes del Expte. 10087/20, tramitando ante este Juzgado de Paz de Mburucuyá y actualmente en trámite ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz de Santa Rosa, relacionado con el presente; A fs. 27, el informe expedido por la Comisaría Departamental de Mburucuyá; A fs. 28, el auto N° 1126, de fecha 29/04/2021, por el cual se llaman autos para resolver; CONSIDERANDO:

SITUACION FACTICA QUE MOTIVA LA INTERVENCIÓN PETICIÓN: a fs. 01/02 vta., comparece espontáneamente la Sra. MDLAF, DNI N°., y denuncia ser víctima de actos de agresión y violencia por parte del Sr. PG (ex pareja de su progenitora).

Refirió «nosotros habíamos salido de nuestro trabajo, porque coincide que mi mamá HRM y yo trabajamos cerca, vimos al Sr. PG que andaba rondando en su moto.Cuando nos dirigíamos a nuestra casa, tomando recaudos para que no nos vea, en las intersecciones de calles Azopardo y Alberdi nos llegó con el caballo y me empezó a pegar e insultar, me pegaba a mí con un arreador porque me interpuse para defenderle a mi mamá, nos amenazaba que nos iba a matar, ella se corrió y yo le dije que llame a la policía, entonces el Sr. Galeano dijo que llame que no iba a venir ningún policía, y fue verdad no nos atendió la policía, daba como ocupado el teléfono y PG se reía y nos seguía pegando con el arreador, por el brazo, la espalda, las manos. En ese momento se retiró de su lugar montando su caballo».

En razón de ello, el Juzgado toma intervención a los efectos de dictar las medidas protectorias necesarias para resguardar la integridad psicofísica de la denunciante.

II- COMPETENCIA: en este estado de cosas, corresponde determinar si existe en el caso, un supuesto de violencia de género que pueda generar riesgos para la accionante, de ser ello así, disponer las medidas urgentes que esta instancia debe tomar en conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 inc. c) de la Ley Provincial N° 5907, de Organización y Competencia de la Justicia de Paz, cuando dispone que «Los jueces de Paz conocerán.c) De las cuestiones de violencia familiar y menores en riesgo, el Juez aplicará las medidas preventivas previstas en las leyes vigentes, y comunicará inmediatamente al Juez Competente, poniendo a disposición las actuaciones» teniendo en cuenta que, en consonancia, el artículo 1° de la Ley 5019, establece que «Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas conexas.», en las cuales deben incluirse las previstas en la Ley Nacional N° 26.485 – adherida por Ley Provincial N° 5903- de «Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales», aplicable también al presente caso.

III.- INFORMACION RECABADA Y PRUEBA: a) Audiencia informativa: obra a fs. 02 y vta., el acta de inicio de las presentes actuaciones, de la cual se desprende la información transcripta, a la cual remito por razones de brevedad. b) Instrumental: A fs. 06/17, se agregan copias de las partes pertinentes del Expte. 10087/20 caratulado «M.H.R. S/ VIOLENCIA DE GENERO», en el marco del cual se adoptaron oportunamente medidas protectorias respecto de la progenitora de la aquí denunciante, en función de los actos de persecución y violencia proferidos, también, por el mismo denunciado en este proceso, el Sr. PG.

Dichas actuaciones tramitan, actualmente ante el Juzgado de Paz de Mburucuyá y actualmente en trámite ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz de Santa Rosa, relacionado con el presente; c) Testimonial: a fs. 05 y vta., se desprende el acta de la audiencia testimonial mantenida con la Sra. HRM, DNI N° .

En la audiencia, la testigo ha manifestado ser progenitora de la accionante, y sostuvo que el Sr.PG agredió a su hija el día 27/04/2021, y ella estuvo presente en el acto.

Sostuvo «nos llegó de atrás a caballo con un arreador, en calles Azopardo y Alberdi, nos empezó a insultar amenazando que nos iba a matar a las dos, entonces mi hija se interpuso y se metió entre nosotros. Yo llamé a la policía y nunca atendió, entonces le empezó a pegar a ella con un arreador. Decía que esto no es nada, que la próxima nos va a volver a agarrar en la calle. Que llame a la policía que no iba a venir nadie. Yo ya tengo un expediente de violencia contra él y nunca respetó las medidas».

Agregó también que, si bien es la primera vez que agrede así a su hija, siempre la persigue. d) Informativa: a fs. 27 se aprecia el informe expedido por la Comisaría Departamental de Mburucuyá.

De él se desprende que el Sr. PG registra, sólo en sede de la Comisaría local, seis denuncias penales, por diferentes delitos, (Lesiones leves agravadas por violencia de género; desobediencia a órdenes judiciales y amenazas de muerte; violación de domicilio y lesiones leves; amenazas y lesiones).

Cinco de ellas fueron formuladas por la Sra. HRM, y una de las referidas, por la Sra. MDLAF, por los mismos hechos vislumbrados en este proceso.

IV.- VALORACION DE LA PRUEBA E INFORMACIÓN RECABADA – MEDIDAS A ADOPTAR: en este punto, merece la pena destacarse que en materia probatoria en este ámbito, rige el principio «favor probationes» que supone que «en caso de duda en torno a la producción, admisión, conducencia o eficacia de las pruebas habrá que estarse por un criterio amplio a favor de ella. pues se entiende que la falta de demostración de ellos puede ocasionar a las partes un gravamen de imposible reparación ulterior.En cuanto a la admisibilidad de los medios probatorios cuadran idénticas salvedades que las mencionadas.por lo que corresponde favorecer su admisión en caso de duda, del mismo modo que lo tocante a la conducencia de la prueba, teniendo en cuenta que un criterio restrictivo podría resultar, como se ha dicho anteriormente, irremediablemente frustratorio del reconocimiento de los derechos discutidos en la litis, sin perjuicio de la apreciación que se realice en la etapa procesal oportuna, vale decir en la oportunidad de dictarse sentencia.» (KIELMANOVICH, Jorge L., «Derecho Procesal de Familia», 3ra. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2009, pp. 15/16).

En este sentido, valorando los elementos recabados a la luz de la sana crítica racional, surge nos encontramos ante la clara presencia de una persona violenta, el Sr. PG, irreverente a las normas jurídicas que nos rigen -como también a las resoluciones judiciales en las que ellas se concretan- que, evidentemente, se ha ensañado con la Sra. HRM y, actualmente, también con su hija, la Sra. MDLAF.

Los hechos que han motivado las presentes actuaciones así lo demuestran, y ello se confirma con la cabal coincidencia de las expresiones de la testigo con las manifestaciones de la accionante.

Con relación a la información mencionada, obtenida de la declaración testimonial, merece la pena destacarse que es de suma relevancia en este caso por ser el declarante una persona que ha presenciado directamente lo ocurrido, sin perjuicio de su relación familiar con la accionante.

En este sentido, el Código Civil y Comercial de la Nación, para los casos de procesos de familia, establece en la primera parte del artículo 711 –aunque para la testimonial– que «Los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos.». Como bien se ha señalado «esta disposición implica dejar sin efecto las normas procesales referidas a las personas que no pueden ser ofrecidas como testigos.» (AZPIRI, Jorge O.: Derecho de familia, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2016, p.453).

Es que, con razón se ha dicho «. se impone escuchar el testimonio de parientes y allegados pues las controversias se referirán, en general, a temas vinculados al cuidado, sostén, educación de los hijos, o implicarán aspectos referidos a la violencia familiar en cualquiera de sus aspectos, por lo que no hay excusa que valga para omitir decir la verdad» (FERREYRA DE DELA RUA, BERTOLDI DE FOURCADE, DE LOS SANTOS, en: Tratado de Derecho de familia (según el Código Civil y Comercial de 2014), Kemelmajer de Carlucci — Herrera — Lloveras (Dirs., 2014, t. IV, p.452) –el destacado me pertenece–.

Por su parte, de lo informado por la Comisaría Departamental se desprende, a su vez, la personalidad violenta del Sr. PG.

A ello debemos agregar que, en estos supuestos, debemos analizar la situación con base en la perspectiva de género.

En ese sentido, conforme enseña MEDINA, la noción de «mujer» constituye una «categoría sospechosa» en materia jurídica, que debe asociarse de manera directa con la noción de vulnerabilidad, o de persona vulnerable.

Sobre dicha base, cobra plena vigencia el principio de «inversión de la carga de la prueba en los supuestos de categoría sospechosa» que conlleva – en términos de la autora mencionada- que «al juzgar con perspectiva de género en los casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se debe invertir la carga de la argumentación y es el demandado el q ue tiene que probar que la diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir un fin legítimo» (MEDINA, Graciela: «Juzgar con Perspectiva de Género ¿Porque juzgar con Perspectiva de Género? Y ¿Cómo Juzgar con Perspectiva de Género?»).

De esta manera, la conducta del Sr.PG vulnera notoriamente, tanto los derechos de la mujer a vivir una vida sin violencia ni restricciones de ningún tipo, conforme se desprende de nuestro ordenamiento legal y convencional.

De lo expuesto se desprende, no solo la existencia de los actos de violencia y persecución referidos por la accionante.

Merece la pena recordarse aquí que el artículo 6°, inciso g, de la ley N° 26.485 prevé entre sus modalidades (desde el año 2019) la cometida en espacios públicos al sostener que es «aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo».

Claramente la conducta del denunciado afecta la libre circulación (por el temor que infunde su conducta de acecho) y ha generado un ambiente hostil y ofensivo al momento del hecho, mediante los golpes que ha proferido a la víctima, lo que resulta, a todas luces, reprochable.

Ello implicará mantener la medida de prohibición de acercamiento decretada (cautelarmente en el presente proceso), bajo apercibimiento de incurrir en el incumplimiento de una orden judicial, reiterar el cese en los actos de perturbación por parte del Sr. PG, como así también requerir a los organismos públicos pertinentes, que brinden la asistencia necesaria en el marco de sus competencias para garantizar el bienestar de la Sra.MDLAF.

Asimismo, dado que nos encontramos ante una muestra de incumplimiento de una orden judicial de medidas dictadas de otro proceso (conforme se desprende de la declaración testimonial rendida), y de amenazas de muerte proferidas hacia la denunciante y su progenitora, corresponderá comunicarlo al Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores con asiento en la localidad de Saladas, a efectos que tome intervención y evalúe la necesidad de impulsar las actuaciones penales pertinentes.

Finalmente, corresponderá remitir lo actuado a la Jueza competente en la localidad de Santa Rosa.

V.– ENCUADRE NORMATIVO — CONCLUSIÓN: atento a las constancias de autos y la finalidad del presente proceso, este Juzgado tiene suficiente criterio para hacer efectivo lo prescripto en el inc. c) del art. 7 de la Ley Provincial Nº 5907/09, Ley Provincial N° 5903, Ley Nacional N° 26.485/09; Código Civil y Comercial y disposiciones complementarias del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, sobre la base de los argumentos expuestos en los párrafos precedentes:

RESUELVO:

1°) PRORROGAR LA PROHIBICIÓN DE ACCESO Y ACERCAMIENTO del Sr. PG, DNI N°. –por el término de la presente– al domicilio donde habita la Sra. HRM, DNI N° ., ubicado en la calle . de esta Localidad de Mburucuyá, en un radio de 300 metros como así también en cualquier lugar donde la misma se encuentre (lugar de trabajo, vía pública, lugares de esparcimiento, entre otros).

2°) REITERAR al Sr. PG, DNI N° ., QUE CESE EN LOS ACTOS DE PERTURBACIÓN que viene llevando a cabo contra la Sra. HRM, DNI N° ., como así también contra todo familiar de la persona mencionada, sean estos efectuados personalmente o por cualquier otro medio.

3°) REQUERIR AL CONSEJO DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, que brinde contención, atención y tratamiento psicológico a la Sra.HRM, DNI N° ., quien ha sido víctima de actos de violencia de género, debiendo adjuntarse copia de la presente y datos de contacto de la persona mencionada a la comunicación pertinente.

4º) COMUNICAR lo resuelto al Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores con asiento en la localidad de Saladas, HACIENDOLE SABER que el denunciado, el Sr. PG, DNI N° ., ha desobedecido órdenes judiciales dictadas bajo apercibimiento del artículo 239 del Código Penal de la Nación, y ha amenazado de muerte a la accionante, todo ello a efectos que tome intervención en el marco de sus funciones, promoviendo las acciones penales que estime pertinentes de así considerarlo. Adjúntese a la rogatoria, copia de la presente resolución.

5°) Las medidas ordenadas en la presente revestirán carácter provisional y tendrán una vigencia de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, sin caución atento al carácter de familia de la cuestión, bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento, de lo reglado por el art. 239 del Código Penal, siempre sujeto a prórroga, rectificación y/o ratificación por la Jueza Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz competente en la Localidad de Santa Rosa.

6°) REMITIR lo actuado, luego de notificadas las medidas adoptadas en el presente resolutorio, al Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz de la Localidad de Santa Rosa, a los fines de poner a disposición las actuaciones, (Art. 7 inc. «c» de la Ley Provincial 5.907), y continuar con el trámite pertinente.

7º) NOTIFICAR personalmente o por cédula la presente, haciendo saber a las partes que las presentes actuaciones continuarán su trámite ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz con asiento en la Localidad de Santa Rosa, sito en la esquina de las calles Brasil y la Rioja, Barrio «La Llamarada», de la Localidad de Santa Rosa (Corrientes), teléfono N° 03782– 494743.Asimismo que, en adelante deberán hacerse representar por un profesional del derecho y, en caso de carecer de recursos económicos, deberán acudir a la Defensoría de Pobres y Ausentes sita en la esquina de las calles Brasil y la Rioja, Barrio «La Llamarada», de la Localidad de Santa Rosa (Corrientes), teléfono N° 03782–494757, a los fines de gestionar el trámite pertinente, pudiendo valerse de esta Oficina Judicial para facilitar su acceso.

8°) LIBRAR, por Secretaría, los oficios y cédulas pertinentes para el cumplimiento de las medidas ordenadas en la presente –con habilitación de días y horas inhábiles–. Asimismo, autorícese, subsidiariamente, a remitir o efectivizar las comunicaciones que sean pertinentes, por medio de correo electrónico oficial o por vía telefónica, dejándose la debida constancia por secretaría, y a requerir la valiosa colaboración de la Comisaría Departamental de Mburucuyá.

9°) INSÉRTESE copia en autos, regístrese, protocolícese y notifíquese.

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