Pérdida de confianza: Es justificado el despido de la trabajadora que mientras gozaba de licencia por enfermedad, fue contratada por otro empleador

Partes: Buiras Carla Gabriela c/ Gestiva S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-121470-AR | MJJ121470 | MJJ121470

Es justificado el despido de la trabajadora que mientras gozaba de licencia por enfermedad, fue contratada por otro empleador.

Sumario:

1.-Cabe considerar ajustado a derecho el despido directo en tanto la prueba evidencia con claridad que la actora, mientras gozaba de una licencia por enfermedad por padecer trastornos psicológicos y requerir reposo psicofísico continuado, percibía los haberes derivados de esa situación -art. 208 y conc., Ley de Contrato de Trabajo- y fue contratada para prestar servicios por otro empleador, proceder que no se compadece con la buena fe que exige el art. 63 de la ley citada, y que luce agravado porque no puso en conocimiento de la empleadora su situación, su decisión de reinsertarse en una actividad, y continuó percibiendo los haberes por enfermedad hasta comprobar la empleadora que, efectivamente, estaba en condiciones de poner su capacidad de desempeño a disposición de otros.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2.019, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela A. Vázquez dijo:

I. La sentencia de fs.419/426 ha sido apelada por la parte actora a fs.430/448y por la demandada a fs.450/451. El perito contador apela a fs.427 los honorarios que le fueron regulados por estimarlos bajos.

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II. La actora se queja porque no se habría tenido en cuenta el precedente jurisprudencial sobre el cual gira en gran parte su argumentación recursiva: el fallo «Jara», dictado por la Sala V de esta Cámara. Se explaya acerca de la aplicabilidad del CCT 18/75 al considerar que sus empleadores eran el Banco Macro junto con Gestiva SA, conforme a lo normado en el art.29 de la LCT, y expresa que la decisión del Juez «a quo» con respecto al art.30 de ese régimen normativo es contradictoria. Resalta que la jornada que cumplía como telemarketer era insalubre y que se extendía por seis horas en lugar de cuatro (ver fs.435 punto 5.2), por las que no fue remunerada ya que se encontraba registrada como empleada a tiempo parcial -conforme a la pericia contable-, que sus haberes fueron disminuidos mientras gozó de licencia por enfermedad ya que no se le abonaban los adicionales del CCT bancario ni las horas extraordinarias que cumplía por encima de las cuatro horas que sostiene estaban registradas (ver memorial a fs.436 vta.punto 9). Afirma también que el salario básico no era el correcto y que las cifras abonadas ni siquiera lo cubrían (fs.437 vta.), todo lo cual la colocó en lo que denomina un «estado de necesidad» que la condujo a intentar recuperar la «merma remuneratoria» en la sede comunal del Gobierno de esta Ciudad y en virtud de la cual dispusieron su despido 16 días después de haber verificado la situación, lapso durante el cual refiere que habría sufrido «acoso» para que renunciara (fs.439 vta.). Pone de relieve su situación psicológica -avalada por su médico psiquiatra el Dr. Valente-, e insiste con las pruebas periciales que considera hubieran avalado tanto la reducción salarial como su estado psíquico. Mantiene la apelación relativa al hecho nuevo incoado (fs.448).

La demandada, a su turno, cuestiona la condena al pago de la liquidación final que insiste habría sido depositada en la cuenta sueldo de la trabajadora, la declaración de responsabilidad solidaria fundada en el art.30 de la LCT y la imposición de las costas.

Apela los honorarios regulados a la representación letrada de la actora y de la accionada, por considerarlos altos.

III. Para una mayor claridad expositiva conviene, en primer término, circunscribir los hechos tal como fueron invocados en la demanda.

La actora sostuvo que fue contratada el 4 de agosto de 2015 por Gestiva SA para desempeñarse como vendedora telefónica y «data entry» (fs.4 in fine), y que sus tareas beneficiaban a los clientes de la codemandada banco Macro, que trabajaba de lunes a viernes de 8 a 14 y los sábados de 10 a 14 hs. aunque en algunas oportunidades superaba esa banda horaria (fs.4vta. punto 2.5); que debió ser remunerada de la forma que expone a fs.4vta.punto 2.4, y que las tareas le provocaron afecciones cervicales, stress y cortipatía por la exposición al ruido, por lo que quedó imposibilitada de prestar servicios (punto 2.7); que no recibió elementos de protección personal y que desconocía cuál era la aseguradora de riesgos (punto 2.8), por lo que consultó con su médico tratante a partir de febrero de 2017, oportunidad en la que inició su licencia por enfermedad. Si bien para abril de ese año «su condición había mejorado en una mayor proporción» (fs.5vta. punto 2.17), adujo que sufrió una quita salarial que la limitó económicamente y «se vio obligada a salir a la calle e ir en busca de alguna changa que le permitiera integrar parte del ingreso que no percibía.» (fs.6 punto 2.18). Por ese motivo «de modo fortuito» se contactó con un conocido y comenzó a desempeñarse como «data entry» para el Gobierno de la Ciudad aunque «no se trataba de un nuevo empleo sino de compensar su mermado ingreso» (fs.6 punto 2.19). Expresó que «informó lo que había ocurrido a su empleador, por cuanto no consideró que lo actuado pudiera generar a la empresa perjuicio alguno» (fs.6 punto 2.20), presentó dos nuevos certificados en mayo y en junio (punto 2.22), lo que evidenciaba que «actuaba de buena fe» (fs.6vta., punto 2.24), y era una situación propia del estado de necesidad ya que la empleadora no le otorgaba tareas compatibles ni la enviaba a la aseguradora de riesgos a cargo (punto 2.25).

En este punto me detendré: la actora sostuvo que el 14 de junio tres personas que no se habrían identificado se apersonaron en el lugar donde se estaba desempeñando como monotributista, que la habrían increpado a gritos (fs.6vta, punto 2.26) por hallarla trabajando para un tercero y que le habrían exigido que enviara un telegrama de renuncia a Gestiva.

La demandada Gestiva SA puso de relieve las ausencias que invocó a fs.90 del responde y que resultarán de utilidad para contextualizar el análisis de los sucesos, conforme a la documental que agregó a fs.59/83. En síntesis, expresó que desde mediados de octubre de 2016 la actora no concurrió más a trabajar, en función de diversas licencias por enfermedad. Afirmó que desde la entrega de la credencial correspondiente a QBE el 19 de agosto de 2015 Buiras conocía cuál era la aseguradora que la cubría y que nunca efectuó denuncia alguna (fs.91, ver constancia de fs.50 reconocida por la actora a fs.192), y que fue despedida el 26 de junio de 2017. Según expresó a fs.93, algunos de sus compañeros comunicaron al departamento de recursos humanos que se encontraba trabajando desde octubre de 2016 en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de esta Ciudad, ante el descontento que provocaba que el esfuerzo de los trabajadores que integraban el equipo de trabajo y debían alcanzar los objetivos para generar las comisiones que también la beneficiaban. Esta circunstancia generó que se apersonaran el 14 de junio los Sres. Julio Godoy, Ingrid Rolón y Ramiro Echenique, y constataron que Buiras estaba prestando servicios normalmente en esa repartición pública.Allí la accionante, quien se habría mostrado «sorprendida» por haber sido encontrada trabajando (fs.93 vta.), expresó que «había decidido cambiar de empleo y que renunciaría.» (fs.93 vta.), por lo que esperaron una respuesta formal de la actora y, como no llegó, la despidieron a tenor de la misiva obrante a fs.178 y reiterada el 29 de junio ya que recién pudo ser entregada el 30 de junio (ver informe de Correo a fs.186) a pesar de que fueron enviadas al domicilio que la propia accionante consignó en las misivas por ella remitidas (Rodríguez Peña 181, piso 3º departamento A de esta Ciudad).

El despido directo encuentra como causal invocada la pérdida de confianza que Gestiva SA alega a partir de la constatación efectuada el 14 de junio de 2017 de que «al tiempo que se encuentra gozando de licencia por enfermedad por ud. denunciada, a la vez se encuentra prestando servicios a favor del Ministerio de hacienda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la calle Rivadavia 524 lo que deja en evidencia un proceder de mala fe de su parte . al quedar en evidencia que Ud. está en condiciones de prestar servicios.».

La accionante responde el 3 de julio (fs.176) negando la constatación a la que aludiera la demandada, al tiempo que invocó haber requerido a la empresa que se le otorgaran tareas «compatibles y de señalar repetidamente que mi desequilibrio psicológico consiste en una enfermedad profesional propia de la exposición que conocidamente produce la actividad indicada de telemarketer». Sin embargo, como ya vimos, contaba con la credencial de la aseguradora y no efectuó denuncia alguna.

Tampoco acompañó elemento indicativo de que hubiera requerido que se le otorgaran tareas acordes a las que su supuesto estado de salud le permitía desarrollar y que son las de «data entry», diferentes a las de «telemarketer» que implican la atención telefónica que tanto daño insiste le habrían producido.

Declararon a propuesta de la actora Fernanda Ávalos (fs.224/225), Daiana Silva (fs.229/230) y el Dr.Valente (fs.246/251). La primera de las nombradas es amiga de la suegra de Buiras, conoce a la demandada porque fue a una capacitación que duró dos semanas en Gestiva y fue por recomendación de la actora aunque luego no quedó seleccionada, la actora hacía venta de tarjetas, sabe por medio de su suegra, al igual que el horario que mencionó aunque dijo no recordarlo bien, no sabe cómo era el ambiente de trabajo, sabe que comenzó con dolores de espalda, tratamientos psicolóigcos aunque no sabe cuánto tiempo, y la fuente de su conocimiento es su suegra, llevaba a los hijos de la actora a la plaza porque la actora se había separado y estaba en una mala situación económica porque el padre no le pasaba dinero, sabe que se mantenía con el sueldo de Gestiva y que no le alcanzaba porque se lo comentó su suegra (fs.225). Silva conoce a Buiras por medio de su madre y porque eran vecinas, no sabe para quién trabajaba, cree que vendía tarjetas de crédito por charlas de vecinas, no sabe cómo era el ambiente de trabajo, sabe que la situación económica era mala por lo que la actora le decía, sabe que estuvo de licencia en el año 2016 que fue cuando la conoció (fs.230). Valente es médico de la actora desde el verano de 2017, el testigo es psiquiatra, la actora tenía sintomatología compatible con trastorno generalizado de ansiedad, problemas familiares y laborales, dolores de columna, que le comentó sobre su problema columnario y la necesidad de una operación que agravaba su cuadro de ansiedad, que a las dos o tres consultas el testigo indicó reposo psicofísico y medicación (fs.216 in fine), que la sintomatología se manifestaba en el ambiente laboral y en la casa (fs.217), que durante el primer mes había mejorado considerablemente el sueño y aún continuaba el dolor de columna, que en abril cree que tuvo que llegar al tratamiento de bloqueo de dolor decolumna, «la incertidumbre de la operación siempre estaba. tenía temor por la operación.»; al segundo mes del tratamiento estaba mejor pero no había cedido por completo, eso fue en abril y en ese mes la actora le mencionó una contingencia laboral – que le iban a bajar o le habían bajado la remuneración-, por lo que reapareció levemente su problema de ansiedad como un trastorno de pánico, y en ese momento el testigo decidió «poner un comprimido más del antidepresivo» (fs.248). Desde el tratamiento psicoterapéutico, como la actora le manifestó que se iba a quedar sin trabajo y es sostén de familia, «quedarse sin trabajo es una cosa real. le recomendó a la dicente que si se iba a quedar sin trabajo, que se busque otro trabajo. la sugerencia y/o indicación tenía que ver con la situación laboral actual y para que no hubiese ningún si se quiere ‘bache’ económico que comience a ver otra alternativa. ya que la actora se encontraba en una situación de licencia. porque el dicente se la daba. desde mediados de febrero. por la sintomatología que el dicente detalló al inicio, que la actora dentro del trastorno de ansiedad generalizado padecía ataques de pánico o ‘agarofobia’, por lo que en principio la actora no podía salir de su domicilio, para hacerlo debía salir acompañada, por lo que era imposible al inicio conjuntamente con la sintomatología detallada, que la actora pueda trabajar. en el ámbito laboral actual de ese momento o en cualquier otro. la licencia médica que indicó. estaba planteada con alta para mayo o junio. porque en general son los lapsos en los cuales un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico tienen, de no mediar ningún inconveniente.una mejoría marcada que hace que el paciente pueda retomar su trabajo sin inconveniente.». El testigo también relató que para el mes de junio se reagudizaron los síntomas, y que para abril o mayo cuando estaba mejor le había sugerido que trabajara menos horas (fs.249) pero que le habrían dicho que no; que no era conveniente que siguiera trabajando donde lo hacía porque estaba muchas horas sentada («no podía seguir trabajando por su problema de columna y su trastorno de ansiedad, que el problema de columna más la posibilidad de una cirugía hizo que el trastorno de ansiedad de la actora se agravara y se acelerara»), pero que «sí podía realizar otras tareas o trabajar en otro lugar, que desde lo obvio . no debía realizar otras tareas que requieran estar mucho tiempo sentada o parada.». Si bien el testigo hizo especial hincapié en la situación laboral previa de la actora, a pesar de haber manifestado que Buiras «sigue hasta la actualidad en tratamiento» (fs.248), luego expresó no recordar «cuándo la actora trabajó en otro lugar, que ya no era de su incumbencia, no lo era porque desde lo médico el lugar que le causaba el trastorno psicofísico no estaba.». En el primer segmento de la declaración, en cuanto se refiere a la patología que obstaba al trabajo de la actora, el testigo la circunscribió al problema columnario, para más adelante -a fs.250- referirla a situaciones de «stress laboral y su sintomatología traumatológica ortopédica» y a «destrato» de uno de los inmediatos superiores, que no sabe si «había uno dos o tres» -supervisores- (fs.251). También expresó que la actora trabajaba de mañana y de tarde -lo que no se condice con lo expuesto al demandar-, que desconoce el nuevo trabajo de Buiras, además de manifestar que «nunca se tocó el tema del sueldo».

El infructuoso intento de justificar posturas contradictorias derivó en que el testigo Valente concluyera, al final de su declaración, en que «cualquier persona puede buscar trabajo en cualquiermomento», aunque volviendo al principio de su testimonio, sabemos que la actora no podía ni siquiera salir de su domicilio. Ello aún cuando el Dr.

Valente intente trazar una línea para diferenciar la acción de «buscar trabajo» y «trabajar» («una cosa es buscar trabajo y otra estar trabajando», fs.250 in fine). Y tampoco son verosímiles sus dichos relativos a los supuestos relatos de la actora en su reagudización de la sintomatología con respecto a los superiores, ya que la demandante a lo largo de ese tratamiento médico no concurrió a trabajar (ver especialmente fs.251), amén de que el propio testigo declaró de manera por demás vaga e imprecisa que «.no recuerda si la actora se lo dijo alguna vez.».

Quien busca un empleo es aquella persona que puede poner su capacidad de trabajo a disposición de un empleador. Resulta difícil reflexionar acerca de una persona que busque empleo sin estar en condiciones de prestar el servicio para el cual ofrece su A instancias de la accionada Gestiva SA prestaron declaración Ingrid Rolón (fs.211/213), Julio Godoy (fs.214/215)y Ramiro Echenique (fs.253/256). Rolón ya no trabajaba para la demandada al momento de prestar declaración, había sido supervisora del sector comercial de ventas de productos financieros, de la entidad bancaria de la que se tratare (fs.211), en el caso de la actora ella vendía productos de banco Macro. Expresó que Buiras gozaba de licencia por lumbalgia y que dejó de trabajar porque lo estaba haciendo en el mismo horario en otro lugar, lo que sabe porque la encontró con Julio Godoy y Ramiro Echenique en el ministerio, lo que sucedió a mediados de 2017, ella fue como testigo de los nombrados que eran jefes de recursos humanos, Buiras tuvo «una reacción de asombro, los saludó lo más bien, la testigo no habló nada en ese momento pero simplemente le dijeron que estaba trabajando en un horario donde tendría que estar trabajando en Gestiva siendo que estaba de licencia por ataques de pánico.su horario era de 9 a 15 hs. y cuando la vieron fue entre las 10 y las 11 hs.», ella dijo que no estaba trabajando y que «estaba en negro cobrando el sueldo mínimo». Esta testigo, al ser interrogada por la parte actora con relación a la forma de ingresar al organismo público -punto respecto del cual la parte actora hizo hincapié en su impugnación, ver fs.217- la testigo expresó que «ingresaron porque era de ingreso público, preguntaron por la actora . les aclaran que estaba antes en recepción y actualmente estaba en el piso 2 y los invitaron a pasar.» (fs.213). Godoy también había dejado de trabajar para Gestiva al tiempo de la declaración, se desempeñaba en recursos humanos, refirió que Buiras fue despedida porque estaba trabajando en otro lugar -en el ministerio de hacienda-, lo que saben porque una compañera de la actora -Flavia Leites- lo comentó, por lo que el testigo lo consultó con la abogada de la empresa y fue con dos personas más y constataron que estaba trabajando en ese lugar, tuvieron una charla breve con Buiras, quien «contesto muy incómoda y nerviosa que iba a veces porque trabajan en negro y dijo que le pagaban algo de plata pero poco, un relato muy difuso.»; coincidió con Rolón en la descripción del lugar donde la fueron a buscar y la hallaron trabajando (fs.215), y expresó que la actora «dijo que iba a renunciar y no renunció, esperaron algunos días a ver si llegaba el telegrama y no llegó», por lo que fue despedida.

Echenique trabajó durante 3 años en recursos humanos de Gestiva SA, antes había sido telemarketer, y con relación al distracto señaló que concurrió con su jefe -Julio Godoyy una supervisora -Ingrid Rolón-, a raíz de que una compañera -Flavia Leites- le informó que la actora estaba trabajando en otro lugar, concurrieron alrededor de las 11 de la mañana a la recepcíón de la planta baja del Palacio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad,buscaron por sistema dónde estaba trabajando la actora y los enviaron al segundo piso, Godoy le preguntó a Buiras el motivo por el cual estaba allí si en realidad estaba de licencia (fs.256), a lo que ésta respondió que «estaba por monotributo y que va algunos días. informó a Godoy que le iba a avisar cuándo se iba a reincorporar.»; la actora nunca pidió que le bajaran la cantidad de horas que trabajaba (fs.256), informó licencia por enfermedad. El testigo denunciaba patologías a la ART y no recibió ningún reclamo de la actora. Las objeciones de la actora al testimonio de Echenique (ver presentación de fs.306/310) transitan por circunstancias atinentes a vinculaciones interempresarias para, recién a fs.309 vta., referir que habría expresado «animosidad» en su contra al haber relatado los sucesos relativos a la constatación de su desempeño en otro lugar.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó a fs.330/331 que Buiras prestó servicios mediante contrato de locación en la órbita del Ministerio de Hacienda en el período enero a diciembre de 2017 -también en 2018-. Del «curriculum vitae» agregado con la informativa de fs.367/369 se observa que el último empleo referenciado es «2015-Actualidad Good Times Group SA», lo que evidencia que o bien fue presentado antes del trabajo para la demandada, o toda referencia a esta última habría sido obviada.

La actora presentó los certificados médicos obrantes en el sobre de fs.3:el primero de fecha 13/2/17 en el que da cuenta de un trastorno de ansiedad -ataque de pánico, reposo físico por 30 días; el segundo del 13/3/17 en el que se renueva la indicación de reposo psicofísico por 30 días a pesar de la leve mejora por el tratamiento farmacológico y terapéutico; 17 de abril con nueva prescripción de reposo por otros 30 días y probable alta en mayo de 2017, aunque según el certificado del 12 de mayo debía continuar un mes más en reposo y «alta: junio 2017», hasta que el 12 de junio renovó la indicación de reposo. Ninguno de estos certificados ha sido controvertido ni cuestionado por la empresa, la que abonó los haberes salariales. No hizo uso de la facultad que le confiere el art.210 de la LCT, lo que implica que confiaba en la trabajadora.

Sin embargo, los elementos de juicio supra examinados evidencian con claridad que la actora, mientras gozaba de una licencia por enfermedad y percibía los haberes derivados de esa situación -art.208 y conc. de la LCT- había sido contratada para prestar servicios en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La licencia, según los certificados de referencia, obedecía a trastornos psicológicos y requería el reposo psicofísico continuado: este reposo, de 30 días renovables y, reitero, psicofísico, permite concluir que la actora no podía prestar servicios en ningún otro empleo. Ello aún de soslayar la superposición horaria y simultaneidad de las prestaciones comprometidas.El reposo psicofísico abarca todo tipo de tareas, y no es posible predicar que pudiera trabajar de «data entry» y no hacerlo como telemarketer, ya que ninguna distinción surge de las constancias médicas extendidas y en función de las cuales la empleadora justificó las inasistencias.

No se acompañó ninguna prueba sobre una solicitud de tareas diferentes a las que venía realizando -venta telefónica- y que, como tardíamente sostuvo, podría haber cumplido como «data entry». Nada indica que hubiera requerido a la empleadora reincorporarse para cumplir otra actividad, ni surge una concreta recomendación médica en ese sentido.

IV. Con respecto al «estado de necesidad» que alegó la demandante para justificar su recurso a encontrar un nuevo empleo -en su acepción más amplia y cualquiera hubiera sido la forma de contratación-, es necesario examinar dos cuestiones: a) si la empresa redujo el salario durante el lapso de licencia paga; b) cuál es el convenio colectivo aplicable a la relación, a fin de establecer si le asistía derecho al cobro de un salario superior al abonado.

La pericia contable (fs.351/354) da cuenta de que Buiras se desempeñaba como operadora comercial en el puesto de administrativa según el horario que figura en el control que evidencian las planillas acompañadas a fs.336/349 -con una extensión de jornada de seis horas diarias-. Surge también, de acuerdo a ese control, que la actora se ausenta de manera ininterrumpida desde el 20 de octubre de 2016 (fs.345), con excepción de tres días trabajados en diciembre de ese año, y cuatro días en enero de 2017 (fs.346). Los salarios abonados -conforme a la contabilidad laboral- se corresponden con los que surgen del certificado de trabajo obrante a fs.30/32 (ver punto f. del cuestionario de la demandada a fs.353). Las observaciones efectuadas en la presentación de fs.356/357 no contienen un cuestionamiento puntual y serio a ninguno de esos elementos y merecieron la respuesta de fs.361/362.Y la impugnación de fs.374/375 transita por el ingreso y una supuesta irregularidad registral con relación al envío del «alta temprana» y circunstancias inherentes al capital societario y vinculaciones entre empresas, dirigidas a argumentar a favor de la aplicabilidad del convenio colectivo de la actividad bancaria.

Las diferencias de salarios reclamadas fueron referenciadas en la liquidación como «licencia completa por prestaciones dinerarias en relación a pagos efectuados» (fs.16 vta.) por la suma global de $12.146,87, mas la accionante no explicó en qué habría consistido la supuesta reducción operada durante el transcurso de la licencia por enfermedad. El cotejo de los salarios mensualmente liquidados, según lo supra expuesto y conforme al detalle que se extrae de los recibos de haberes obrantes a fs.36/48 no se aprecia que hubiera operado reducción alguna, ni que se hubiera postergado a la actora de mejoras en sus haberes porque no estaba prestando servicios en virtud de la ya alegada licencia por enfermedad, lo cual conduce a descartar la hipótesis planteada en el punto a).

Con relación a la segunda vía de sustento argumental -el convenio aplicable-, la actora prestó servicios dependientes para Gestiva SA y no para Banco Macro SA. Digo ello porque la primera es una empresa dedicada a prestar servicios de venta telefónica a terceros contratantes (ver demanda a fs.9 vta. punto 5.2), que cuenta con un establecimiento destinado a ese fin. La actora sustentó la pretensión de responsabilizar al banco en el art.30 de la LCT, aspecto este sí admitido en origen. El testigo Echenique relató que en el piso donde se encontraba la actora trabajaban cien personas (fs.253), que en ese sector estaba la venta de clientes tales como Musimundo, BST, Carsa y banco Macro, según las campañas de las empresas que están en la compañía, describió el sector de trabajo a fs.254, indicó que los supervisores eran de Gestiva y que no había trabajadores de Banco Macro sino que esta entidad era un cliente más de Gestiva.Rolón, supervisora del sector comercial de productos financieros, expresó que se vendían productos del Banco Macro y de otras entidades (fs.211), por lo que ratifica que ambas firmas son independientes, y que estuvieron vinculadas mediante una relación comercial que habilitó la aplicación de las prescripciones que contiene el art.30 de la LCT al haberse considerado que la labor desarrollada por la actora en el ámbito de Gestiva SA formó parte de la actividad normal y específica propia de Banco Macro SA. Esta circunstancia no es contradictoria, como señala la recurrente. Antes bien, el acto de homologación de un convenio colectivo establece los ámbitos personal, territorial y temporal de aplicación del convenio (art.3 de la ley 14.250), y el ámbito de validez personal está dado por la representatividad de las entidades firmantes del mismo. Es decir, que ningún empleador queda obligado a la normativa de un convenio si no intervino en su celebración por el sector patronal, una asociación que lo represente, o al menos, un grupo representativo de empleadores de la actividad (art.art.9 ley 14.250, cfr. CNAT, Sala I, in re caratulados «Gallegos Renée Iriana Norys c/Atento Argentina SA y otro s/despido», SD 86.993 del 26/10/2010; ver también «Romero García Silvia E. c/Sindicato Unión Cortadores de la Indumentaria s/despido», S.D. 63134 del 31/5/93).

En el sub-examen, la actora no acreditó que la demandada Gestiva SA perteneciera a alguna de las organizaciones empresarias que suscribió el C.C.T.18/75 ni que estuviera representada en ese convenio.

Es por ello que la vinculación laboral de la actora con Gestiva SA estaba correctamente encuadrada en el CCT 130/75.

El examen y valoración de los antecedentes y pruebas arrimadas por las partes, revela que no se demostró el estado de necesidad que la accionante invocó como justificación de la actividad que, reitero, mientras gozaba de licencia por enfermedad en su empleo a las órdenes de la aquí demandada, decidió prestar a favor de otro establecimiento.

Este proceder no se compadece con la buena fe que exige el art.63 de la LCT, principio rector no sólo de nuestra materia sino del derecho en general, y que luce agravado porque no puso en conocimiento de la empleadora su situación, su decisión de reinsertarse en una actividad, y continuó percibiendo los haberes por enfermedad que esta última le abonaba hasta comprobar que, efectivamente, la actora estaba en condiciones de poner su capacidad de desempeño a disposición de otros.

En mérito a lo expuesto, sugiero confirmar lo resuelto en origen.

V. El recurso presentado por la accionada ha sido mal concedido, pues por expresa disposición del art.106 de la ley 18345 «serán inapelables las sentencias y resoluciones cuyo valor que se intenta cuestionar en esta Alzada no exceda el equivalente a trescientas veces el importe del derecho fijo previsto en el art.51 de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso». Tal norma resulta aplicable al caso que nos ocupa, donde el importe cuestionado es de $24.757,33 por lo resulta inferior al valor que arrojan trescientas veces el importe previsto en el art.51 de la ley 23187 ($60.000 conforme Resolución del C.P.A.C.F. del 21/03/2019).

VI.Por su parte, en consideración al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art.38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación a fin de ponderar las tareas profesionales cumplidas (arts.16 y conc. de la ley 27.423), considero que las sumas fijadas en grado son adecuadas y deben ser mantenidas.

VII. En síntesis, propongo: 1) Confirmar el pronunciamiento de grado; 2) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la demandada; 3) Declarar las costas de Alzada en el orden causado (art.68 segundo párrafo CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de las demandadas en el (%) respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa (art.30 de la ley 27.423).

La Doctora María Cecilia Hockl dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar el pronunciamiento de grado; 2) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la demandada; 3) Declarar las costas de Alzada en el orden causado (art.68 segundo párrafo CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de las demandadas en el (%) respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa (art.30 de la ley 27.423).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gabriela A. Vázquez

Jueza de Cámara

María Cecilia Hockl

Jueza de Cámara

Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2019 , se dispone el libramiento de 4 notificaciones electrónicas (actora, demandadas y contador) y se notifica electrónicamente al Ministerio Público Fiscal la

resolución que antecede. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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