Con una indemnización bajo el brazo: Despido por causa de embarazo y aunque no hubo comunicación por escrito, su estado era notorio y conocido por el empleador

Partes: Fravega S.A. c/ Cordero Sabrina s/ consignación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 26-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-121005-AR | MJJ121005 | MJJ121005

La indemnización por despido por causa de embarazo procede aún en ausencia de comunicación escrita de dicho estado, si éste era notorio y conocido por el empleador.

Sumario:

1.-Es procedente la indemnización por despido por causa de embarazo si, pese a que la trabajadora no realizó una comunicación formal y escrita sobre su estado, se acreditó que éste resultaba notorio en atención a los malestares que sufría -los cuales también eran notorios- y que la empleadora a través de sus directivos y/o autoridades tenía conocimiento de dicha circunstancia al momento del despido, pues para que se torne operativa la presunción del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo la norma exige que la trabajadora comunique su estado al empleador pero no exige la forma escrita.

2.-Cabe admitir la indemnización por despido por causa de embarazo porque aún cuando en el caso no fue acreditado que la actora haya comunicado por escrito su estado de embarazo, hay otros elementos de juicio reveladores de que la empleadora tenía pleno conocimiento de ese estado al momento del despido en tanto la actora sostuvo en el escrito inicial que comenzó a sentir malestares -mareos, náuseas, vómitos y dolores abdominales- y se realizó un test casero de embarazo que dio positivo, lo cual era de público y notorio conocimiento entre el personal y autoridades de aquella y, asimismo, tal como surge del certificado de nacimiento que adjuntó, contaba con más de cinco meses de embarazo a la fecha del distracto.

3.-La estabilidad que corresponde a la mujer embarazada no deriva sólo de la operatividad o no de la presunción del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo sino de expresas directivas establecidas en el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el art. 11, inc. ‘2’, apart. b) de la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer que revisten jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 , CN.) y en el art. 177 de la Ley citada.

4.-Si bien las normas relativas a la estabilidad de la mujer que trabaja tienen por finalidad obvia disuadir al empleador de posibles actitudes de discriminación frente a la contingencia de embarazo o maternidad -y de allí que se las denomine normas de ‘discriminación positiva’ o ‘antdiscriminatorias’-, dicha finalidad no es la única ya que, en el caso específico de la maternidad, existen previsiones normativas de rango constitucional y legal que, frente a esa contingencia, otorgan una especial tutela a la trabajadora, aún cuando no medie un acto de discriminación en su contra.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 26 de agosto de 2019, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la consignación deducida por la parte actora (Fravega SA) en lo que respecta al certificado de trabajo; y rechazó las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas por Cordero en la reconvención a la consignación, con excepción del reclamo por diferencias en la liquidación final, y la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 allí reclamada.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la demandada (en adelante, la trabajadora), en los términos y con los alcances que explicita en su respectiva expresión de agravios (fs. 356/369). Asimismo, la representación y patrocinio letrado de la parte actora (Frávega SA) apela los honorarios regulados en su favor por considerarlos reducidos (fs. 356 vta.).

Al fundamentar el recurso, Cordero se agravia por cuanto el Sr. Juez a quo rechazó las diferencias en la liquidación final en cuanto a la determinación de la MRNMH, así como respecto al reclamo de la indemnización prevista en el art. 182 de la LCT. Objeta que no se haya condenado a la empresa a hacer entrega del certificado de trabajo previsto por el art. 80 de la LCT; así como al pago de la indemnización prevista en dicha norma.Se agravia por el rechazo de los daños y perjuicios por falta de ingreso de las contribuciones al Seguro de Retiro Complementario “La Estrella”. Objeta la imposición de costas dispuesta en la instancia anterior.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados, del modo que se detalla a continuación.

Se agravia la Sra. Cordero, por cuanto, el sentenciante señaló que la MRNMH había ascendido a la suma de $ 9.667,24 -en función de que la trabajadora no había logrado acreditar haber devengado una remuneración superior-; y que, en función de ello, estableciera que solo se le adeudaban $ 2.935,52 en concepto de diferencias en las indemnizaciones y liquidación final abonada por la exempleadora.

Liminarmente, cabe destacar que el Sr. Juez a quo concluyó que “.Que dada la forma en que se encuentra trabada la Litis no está en discusión la existencia de la relación ni tampoco la fecha de ingreso y de egreso por despido directo sin causa. En cambio, las partes discrepan acerca del nivel salarial, tópico al que seguidamente me abocaré. En orden a ello, observo que CORDERO no ha invocado ni acreditado que percibiera remuneraciones marginales ni el nivel salarial que denuncia (conf.art.377 CPCCN). Obsérvese que invoca una remuneración (mejor percibida) de $10.246 sin explicación alguna del momento en que se devengó. A todo evento, la pericia contable rendida en autos informa que la mejor remuneración en el mes de marzo de 2014 ha sido de $9.667,24 (fs.298, pto.3), que sin observación de las partes, he de tener en cuenta a los fines de este decisorio.Sobre esta base corroboro que no existen diferencias en la indemnización por antigüedad por cuanto con el mencionado parámetro salarial asciende a $106.339,64 en tanto que la actora percibió $111.866,85, ni tampoco en la integración del mes de despido con SAC que asciende a $1.047,29 en tanto la Sra. CORDERO percibió $2.099,88. En cambio advierto que la indemnización sustitutiva del preaviso con SAC debía ascender a $20.945,68 pero la trabajadora percibió $18.776,03 y por vacaciones 2013 con SAC $8.797,18 ya que cobró $8.031,31. En consecuencia, surge una diferencia de $2.935,52 ($29.742,86 – $26.807,34). Sentado lo dicho, corresponde admitir la sanción del art.2 de la ley 25.323 en forma proporcional por $1.084,82 ($20.945,68 – $18.776,03 x 50%).” (ver fs. 350 vta.).

Sentado lo expuesto, cabe destacar que, del recibo de sueldo del mes de “liquidación final-marzo de 2014” acompañado por la reconviniente en el sobre de fs. 47; que coincide con los montos informados por el perito contador a fs. 293 -no cuestionados por las partes-; se desprende, tal como señala la recurrente, que la MRNMH de la actora -correspondiente a marzo de 2014-, ascendió a la suma de $ 10.202,45.

En idéntico sentido, y tal como también apunta la Sra. Cordero; lo percibido en concepto de indemnización por antigüedad, asciende a la suma de $ 108.297,09; y no, como afirma el sentenciante de anterior instancia, a $ 111.866,85.

En función de todo ello, y en atención a los rubros analizados en la sentencia de anterior instancia -comprendidos en el recurso-; entiendo que se le adeudan a Cordero las siguientes diferencias indemnizatorias y liquidatorias:$ 3.929,86 en concepto de diferencia en la indemnización por antigüedad ($ 112.226,95 adeudado – $ 108.297,09 abonado); $ 3.465 en concepto de diferencia en la indemnización sustitutiva del preaviso incluída la incidencia del SAC ($ 23.805,71 adeudado – $ 10.340,70 abonado); $ 890,93 en concepto de diferencia en la integración mes de despido incluída la incidencia del SAC ($ 1.426,14 adeudado – $ 535,21 abonado); $ 1.382,91 en concepto de vacaciones año 2013 con incidencia del SAC ($ 9.414,22 adeudado – $ 8.031,31 percibido); $ 4.142,89 en concepto de incremento art. 2 ley 25.323 s/ proporcional de diferencias indemnizatorias ($ 8.285,79 x 50%). Ello hace un total de $ 13.811,59, monto al cual debe elevarse el total de diferencias salariales e indemnizatorias diferidas a condena.

Se agravia la trabajadora porque el Sr. Juez a quo no viabilizó la indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT.

Los términos del recurso imponen memorar que el Sr. Juez a quo sostuvo que: “.la Sra. CARBONE reconoce no haber efectuado notificación fehaciente a la empleadora de su estado de embarazo como lo prevé el art. 177 de la LCT.

No obstante afirma que al momento del despido contaba con cinco meses de embarazo y tanto ella como su grupo de trabajo reconocían el estado de gravidez por los trastornos que externalizaban los síntomas del mismo.Pero Russo (fs.264) dice que la actora venía hacía meses sintiéndose mal y que había tenido un cambio hace un par de meses en cuanto al cuerpo y Araujo (fs.274) que empezó a sentirse mal a principios de 2014, que supo que estaba embarazada porque ella les contó y cuando se le preguntó visiblemente cómo era su estado la testigo contestó “.ella era una persona de mi altura más bien gordita, o sea que no se le notaba si estaba embarazada o era gordura”. En tal contexto, si bien se ha admitido jurisprudencialmente, como excepción a la exigencia prevista en la norma y en pos del principio de buena fe, la admisión de la presunción legal y por ende de la indemnización agravada en supuestos en que el estado de gravidez es un hecho ostensible y, sin duda, conocido por el empleador (ver, al respecto, Litterio Liliana en “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, dirigida por Vazquez Vialard, T. II, pág. 176 y sgtes, Ed. Rubinzal-Culzoni) tal extremo no se encuentra probado en la especie con las mencionadas declaraciones testimonial (en igual sentido, CNAT, Sala IV, SD 97508 del 27/11/13 “Pérez Lobos Marcia Karina c/ Aseo Argentina SA s/ Despido” ).” (ver fs. 350 vta.) Ahora bien, la actora no cuestiona la falta de comunicación “formal y escrita” de su estado de embarazo; pero, señala que su estado de embarazo resultaba notorio, en atención a los malestares que sufría -los cuales también eran notorios-; y, a mi entender, le asiste razón a la recurrente. Dado que, en autos se ha producido prueba acreditativa de que Frávega SA -a través de sus directivos y/o autorizades- tenía conocimiento de dicha circunstancia al momento del despido.

En efecto, para que se torne operativa la presunción del art. 178 LCT la norma exige que la trabajadora comunique su estado al empleador.Si bien es aconsejable -a propósito del carácter fehaciente que debe tener la comunicación- que la notificación sea cursada por telegrama colacionado, carta documento o por nota pidiendo constancia de su recepción (ver Carcavallo en Vázquez Vialard (dir), “Tratado”, T 4, p. 188), la ley no exige la forma escrita. De allí que los jueces hayan interpretado la norma atendiendo a las circunstancias de cada caso, y hayan considerado operativa la garantía de estabilidad, aún a falta de comunicación escrita, si se prueba que el empleador tuvo efectivo conocimiento del estado de embarazo con anterioridad al despido.

Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que “la expresión “notificación fehaciente” no significa ni requiere para ser eficaz en orden al fin legal, que sea una comunicación escrita y formal, mucho menos solemne” (C.N.A.T. Sala VII, 26.08.2003 “Bello Verónica c/ El Viejo Galpón S.R.L.”, citado en “Ley de Contrato de Trabajo Comentada Anotada y Concordada (dir) Jorge Rodriguez Mancini Tomo III, pág. 618). “Cuando el empleador conoce el embarazo de la trabajadora no puede alegar no haber sido informado del mismo para desligarse de responsabilidad indemnizatoria especial, porque la finalidad de la carga informativa ha sido cumplida por otros medios” (C.N.A.T. Sala VI, 11.8.95 “Carminatti Germano, Iris c/ G.R. Bordados Industriales s/ despido”, sent. 43.076, citado en “Legislación del Trabajo Sistematizada”, Editorial Astrea, pág. 204 y en “Ley de Contrato de Trabajo” Comentada y concordada (dir) Antonio Vázquez Vialard, Tomo II, pág. 397).

Aún cuando en el caso no se encuentra acreditado que la actora haya comunicado por escrito su estado de embarazo, hay otros elementos de juicio claramente reveladores de que Fravega SA tenía pleno conocimiento de ese estado al momento del despido.En efecto, no puede soslayarse que la accionante sostuvo en el escrito inicial que, a principios febrero de 2014, comenzó a sentir malestares -mareos, nauseas, vómitos y dolores abdominales- y se realizó un test casero de embarazo que le dio positivo; cuestión que era de público y notorio conocimiento entre el personal y autoridades de Frávega. Por otro lado, afirmó que, al momento en que fue despedida, tal como surge del certificado de nacimiento adjunto con la contestación de demanda y reconvención, contaba con más de cinco meses de embarazo (el nacimiento de su hija data del 25 de mayo de 2014).

En concordancia con ello, la testigo Russo (fs. 264), afirmó que trabajó con Cordero en Frávega, y dijo que la trabajadora estaba embarazada antes que la despidieran, que “venía hacía meses sintiéndose mal”. Agregó que la oficina era chica, y que todos sabían del estado de gravidez de Cordero. Por otra parte, señaló que desde un par de meses anteriores a su despido, en relación al embarazo, la reconviniente había sufrido cambios en su cuerpo. Explicó que la supervisora Sandra Gallo, tenía conocimiento del estado de embarazo de Cordero, porque compartían el horario laboral y estaba sentada al lado de la trabajadora.

Araujo (fs. 274) compañera de trabajo de Cordero, si bien señaló que fue despedida unos días antes que la reconviniente, lo cierto es que, tuvo conocimiento del embarazo de Cordero, porque a principios de enero de 2014, la trabajadora se descomponía usualmente, faltaba al trabajo, se sentía mal, y que entonces Cordero contó en su lugar de trabajo que estaba embarazada.

Desde esa perspectiva, es evidente que las testigos dan cuenta del estado de gravidez notorio de Cordero y que la empresa tenía conocimiento de dicha situación antes de su despido, por lo cual su relato acredita lo manifestado por la trabajadora reconviniente (art. 90 L.O).

Por otro lado, del certificado de nacimiento adjuntado con la documental obrante en el sobre de fs.47, está acreditado que, el nacimiento de la hija de Cordero se produjo el 25/5/2014, por lo que al momento del despido la trabajadora contaba con más de 5 meses de embarazo, lo cual denota que era notorio.

Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica el testimonio mencionado junto a la prueba informativa reseñada (conf. art. 386 CPCCN y 90 LO), entiendo que está suficientemente acreditado que, durante el mes de febrero de 2014 y con anterioridad al 27/03/14, la demandada tuvo efectivo conocimiento del embarazo de la Cordero.

Tal como he sostenido en diferentes pronunciamientos y en un trabajo doctrinario anterior, la estabilidad que corresponde a la mujer embarazada no deriva sólo de la operatividad o no de la presunción del art. 178 LCT sino, de expresas directivas establecidas en el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el art. 11 inc “2”, apart. b) de la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer que revisten jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) y en el art. 177 LCT (Cfr. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho del Trabajo, Editorial La Ley, “Relaciones Individuales”, Tº I, pág.392/393.) A esta altura del análisis, creo conveniente señalar que, si bien las normas relativas a la estabilidad de la mujer que trabaja tienen por finalidad obvia disuadir al empleador de posibles actitudes de discriminación frente a la contingencia de embarazo o maternidad -y de allí que se las denomine normas de “discriminación positiva” o “antdiscriminatorias”-, dicha finalidad no es la única ya que, en el caso específico de la maternidad, existen previsiones normativas de rango constitucional y legal que, frente a esa contingencia, otorgan una especial tutela a la trabajadora, aún cuando no medie un acto de discriminación en su contra.

En efecto, no desconozco que la primera finalidad a la que apuntan las normas que regulan la estabilidad de la mujer embarazada o que es madre, apuntan a evitar situaciones de discriminación; pero, a mi juicio, hay evidencia clara de que existen ciertas previsiones que otorgan determinada tutela con finalidad meramente “protectoria”, en consonancia con el “ritmo universal de la Justicia” y de los derechos humanos y con el “principio de progresividad”, al margen de todo acto de discriminación (respecto a los conceptos entrecomillados, me remito a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Aquino”, “Vizzotti” y “Pérez” F:327:3753 ; 327:3677 ; y 332:2043 ).

Obsérvese que el art.14 bis de la Constitución Nacional, cuando establece la estabilidad a favor del empleado público, no lo hace con ninguna finalidad antidiscriminatoria, sino en el marco del “principio protectorio” ínsito en su contenido. A la luz de ese mismo principio, no puede soslayarse que existen ciertas disposiciones de igual jerarquía constitucional como el art. 10 del P.I.D.E.S.; art. 11 del CETFDM y art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional que prevén una especial tutela a la estabilidad de la trabajadora frente a la contingencia de maternidad y, a mi juicio, estas disposiciones tienen operatividad directa en el marco del contrato de trabajo, aún cuando no se verifique acto de discriminación alguna imputable al empleador.

En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece claramente en su artículo 10 que:

“1.Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundante de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo” (el destacado me pertenece).

“2.Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de la seguridad social” (el destacado me pertenece).

A su vez., el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que la protección durante la maternidad no sólo debe regir como mecanismo antidiscriminatorio sino, además, con la finalidad de “asegurar la efectividad de su derecho a trabajar” . En efecto, el art.11, ap. 2 se hace hincapié en esa doble finalidad: impedir la discriminación “y” asegurar la efectividad de ese derecho. El ap.2 punto b) de esa misma norma internacional obliga a los Estados a “implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales” (el destacado me pertenece).

Estas directivas, a mi juicio, implican claras garantías de rango constitucional a la estabilidad de la trabajadora frente a la contingencia de maternidad que tienen operatividad directa en la relación individual, al margen de que haya mediado o no alguna actitud discriminatoria imputable al empleador.

A su vez, el art.177 de la LCT establece:”Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a estabilidad en el empleo. . tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior” La garantía de estabilidad que confieren las convenciones internacionales mencionadas y la ley general a la trabajadora durante el período de gestación y maternidad, es operativa en cualquier tipo de contrato laboral y cualquiera sea la norma estatutaria en la que se encuentre enmarcada.

En consecuencia, a la luz de las previsiones contenidas en los arts. 177 y 178 L.C.T, y en tanto no está desvirtuada la presunción que consagra esta última norma, cabe concluir que la decisión unilateral de Frávega SA de extinguir el vínculo, tuvo por causa el embarazo de la Sra. Cordero, razón por la cual debe revocarse la sentencia de anterior instancia y condenar a Frávega SA a pagar a la actora la indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT, la cual ascenderá a la suma de $ 132.631,85 ($ 10.202,45 x 13).

Se agravia la Sra. Cordero, por cuanto el sentenciante de anterior instancia hizo lugar a la consignación del certificado previsto en el art. 80 LCT; y, en consecuencia, no hizo lugar a la condena al pago de la indemnización dispuesta por tal normativa, que requirió la reconviniente.

En orden a ello, reiteradamente he señalado que, conforme se extrae del segundo párrafo del art. 80 de la L.C.T., el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo en el que debe constar a) el tiempo de prestación del servicio, b) categoría y tareas desempeñadas, c) remuneraciones percibidas, d) aportes y contribuciones efectuadas a los organismos de seguridad social y e) calificación profesional obtenida en los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado (cfr. ley 24.576). La certificación que Frávega SA acompañó en la demanda de consignación, (ver documentación obrante a fs.15/21), a mi entender, cubre la totalidad de las exigencias contenidas en la norma, y ello implica que puede considerarse efectivamente cumplida la obligación prevista en el dispositivo legal. En consecuencia, entiendo que corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto admitió la consignación del certificado previsto en el art. 80 de la LCT.

Se queja la Sra. Cordero porque el Sr. Juez a quo no hizo lugar a la reparación reclamada en virtud de los perjuicios causados por la falta de ingreso de las cotizaciones al Seguro La Estrella.

Los términos del recurso imponen memorar que el Sr. Juez a quo concluyó: “.en la reconvención se reclaman además daños y perjuicios “por falta de ingreso y/o pago por parte de la demandada y por la no percepción por parte de la actora del Seguro de Retiro Complementario administrado por la compañía de Seguros “La Estrella” (fs.40vta./41). Ahora bien, al presentarse en la causa como te rcero La Estrella S.A. Cia. De Seguros de Retiro acompaña constancia que acreditan el ingreso de aportes de la accionada en la cuenta personal de la Sra. CORDERO y de la denominada solicitud de rescate de donde surge que la reclamante retiró el saldo de su cuenta individual (fs.108/111). Si bien la actora desconoció dichas constancias lo cierto es que fueron confrontadas en la pericia contable (fs.297/304, particularmente ptos.10/12 a fs.303). Por otra parte, en la demanda no se han explicado los parámetros utilizados ni las operaciones matemáticas efectuadas para arribar al monto de la diferencia global que se reclama como para poder apreciar la verosimilitud de la cifra pretendida. En síntesis, no está acreditado el derecho sustancial de la actora a la diferencia que pretende ni la existencia misma de tal supuesta diferencia por lo que la demanda, en tales condiciones, debe ser desestimada (conf. art.499 Código Civil).” (ver fs.351/vta.).

Liminarmente, cabe destacar que el segmento del recurso, dirigido a cuestionar el decisorio de grado en el punto -y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional del letrado que suscribe la presentación-, no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas.

Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO).

A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Villalva Norberto Daniel c/ Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente – acción civil” SD Nº 104.297 del 22/4/2015; “Vera Julieta Mariana c/ Obra Social Pers. Edificios de Renta y Horizontal s/ despido”, S.D. Nº 104.268 del 10/4/2015, del registro de esta Sala, entre otras); todo lo cual no surge cumplimentado en el recurso de la reconviniente.

Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art.271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido.

En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.).

En el caso, la reconvención de la trabajadora, se limita a enunciar su desacuerdo con la conclusión del sentenciante de anterior instancia, pero lo cierto es que reitera los débiles argumentos de la demanda, sin especificar las circunstancias o hechos que lo tornarían en acreedor a tales montos, sin explicar claramente los hechos en los cuales se funda el reclamo, imponen desestimar su viabilidad.

Por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto no viabilizó la pretensión sub-exámine.

De acuerdo con lo que llevo dicho, en atención a la forma en que dejo propuesta se resuelva la apelación, habida cuenta de los rubros que he dejado propuesto sean acogidos, de conformidad con una MRNMH de $ 10.202,45; entiendo que corresponde modificar la sentencia de anterior instancia y elevar el monto diferido a condena a la suma de $ 146.443,44 ($ 13.811,59 en concepto de diferencias indemnizatorias y liquidatorias + $ 132.631,85 en concepto de indemnización art. 182 LCT), con más los intereses dispuestos en la sentencia de grado anterior.

En atención al mérito y la extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6° y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, y del art. 38 de la LO, (actualmente contempladas en sentido análogo en los art. 16 y ccs.de la ley 27.423), estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en la consignación, lucen adecuados, por lo que corresponde confirmarlos.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios, respecto de la reconvención deducida por la Sra. Cordero, al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones; por lo que devienen cuestión abstracta los planteos efectuados al respecto.

En orden a ello, en función de dicho resultado propicio imponer las costas de ambas instancias por la reconvención, a cargo de Fravega SA, por resultar vencida en los aspectos principales de la controversia (cfr. art. 68 del CPCCN).

Las costas de Alzada por la consignación serán impuestas en el orden causado, atento la especial naturaleza de la cuestión debatida (art. 68 2da. parte CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen, del art. 6° y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, y del art. 38 de la LO, (actualmente contempladas en sentido análogo en los art. 16 y ccs. de la ley 27.423), corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada, del tercero citado y del perito contador en el (%), (%), (%) y (%) del capital diferido a condena, más intereses.

Por otra parte, con arreglo a lo establecido en el art.30 de la ley 27.423), habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, por la representación y patrocinio de la demandada, por la representación y patrocinio del tercero citado; propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el (%), en el (%) y en el (%), respectivamente, de lo que les corresponda, por lo actuado en la instancia anterior, en el marco de las respectivas acciones y en función de lo dispuesto en materia de costas con relación a cada una de ellas.

El Dr. Gregorio Corach dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de anterior instancia, en cuanto hace lugar a la consignación interpuesta por Fravega SA; 2) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto diferido a condena con fundamento en la reconvención interpuesta por la Sra. Cordero, a la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 146.443,44) con más los intereses dispuestos en la instancia anterior; 3) Imponer las costas de ambas instancias, por la reconvención, a cargo de Frávega SA; y las de Alzada, en el marco de la consignación, en el orden causado; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el (%), de la parte demandada en el (%); del tercero citado; y del perito contador en el (%), a calcularse sobre el monto diferido a condena, con más sus intereses; 5) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada, y del tercero citado, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el (%), en el (%) y (%) de lo que corresponda, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior; 6) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Gregorio Corach

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara