Deber de ocupación del empleador: Despido decidido por el trabajador por no tener capacidad para realizar las viejas tareas de guardia y porque el empleador no le asignó nuevas

Partes: Beres Ricardo José c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 7-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-117516-AR | MJJ117516 | MJJ117516

Es justo el despido decidido por el trabajador pues aun si no tuviera capacidad para la realización de las tareas de guardia, que realizaba antes de la licencia por enfermedad, el empleador debería haber cumplido con la obligación de ocupación que pende sobre él.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que consideró que la resistencia a la reincorporación del actor luego de su licencia por enfermedad a sus tareas habituales no se halla justificada y que viene apelada por la accionada sosteniendo que el actor, médico de emergencias, para solicitar el reingreso debía acreditar que se encontraba en condiciones de prestar servicios y al no suceder ello y agotarse el plazo de reserva del puesto, la relación laboral se extinguió sin obligación de indemnizar, pues en el marco del art. 212 RCT aun así no tuviera el actor capacidad para la realización de las tareas de guardia (cosa que no ha sido demostrada), el empleador debería haber cumplido con la norma legal y no incumplir la obligación de ocupación que pende sobre él.

2.-Teniendo en cuenta que la enfermedad opera sobre el cuerpo del trabajador, el empleador sólo puede oponerse al reintegro del trabajador alegando y probando que la enfermedad afecta alguna de su obligaciones contractuales, principalmente la obligación de seguridad, tanto cuando se refiere a la persona del propio trabajador afectado como del resto de los trabajadores con los cuales el trabajador debe convivir.

3.-En los supuestos en que el reintegro del trabajador al trabajo no afecta la propia salud del trabajador o de sus compañeros el empleador sólo puede eximirse de su obligación de dar ocupación efectiva fundando su aserto en la imposibilidad del cumplimiento del contrato, lo cual surge de la norma del art. 211 RCT que establece que si el trabajador ‘no estuviera en condiciones de volver a su empleo’ deberá conservarlo por el plazo de un año.

4.-Corresponde confirmar la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323 en la medida que existió una clara conducta antijurídica de la empleadora.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 7 días del mes de marzo de 2019 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente el doctor ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda se agravia la accionada. Por considerar baja la regulación de honorarios, apela el perito contador.

Se agravia la demandada pues considera que el actor, médico de emergencias, para solicitar el reingreso debía acreditar que se encontraba en condiciones de prestar servicios. Al no suceder ello y agotarse el plazo de reserva del puesto, la relación laboral se extinguió sin obligación de indemnizar en términos del artículo 211 RCT.

El análisis de la carga probatoria omite analizar que el actor se da por despedido por violación a la obligación de ocupación que pesa sobre el empleador (artículo 78 RCT). Esta materialidad está demostrada por la correspondencia epistolar. Lo que debe analizarse entonces es si existió causa de justificación del incumplimiento de la materialidad del débito que, sin necesidad de analizar la regla de la asignación dinámica de la carga de la prueba que no es aplicable al caso, pesa sobre quien alega la existencia de una causa de justificación.La enfermedad es siempre una causa de justificación de las obligaciones asumidas por las partes en el contrato, incumbiendo entonces a quien alega la causa de justificación del incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato demostrar los extremos que la hacen procedente.

En la medida que las obligaciones sobre las que opera la enfermedad (prestación del servicio cuando es invocada por el trabajador y obligación de dar tareas por parte del empleador) en tanto causa de justificación no son idénticas, ello repercute en la capacidad de ésta (la enfermedad) para actuar como elemento que despeja la antijuridicidad del incumplimiento material de la obligación contractual. Puede entonces afirmarse que existe cierta asimetría del alta médica de acuerdo a si esta es invocada por el trabajador o por el empleador.

Cuando el estado de enfermedad es invocado por el trabajador, cumple su función no sólo en los sucesos que tornan imposible materialmente el cumplimiento del débito sino también aquellos supuestos en los cuales existe una excesiva onerosidad sobreviniente que, sin tornar imposible la prestación la tornan más gravosa (v.gr., la gripe normalmente no impide la prestación del servicio, pero su justificación como consecuencia de la mayor onerosidad se encuentra fuera de duda). Por el contrario, cuando el estado de enfermedad es invocado por el empleador, no puede invocar la mayor onerosidad sobreviniente pues no es un factor que a él le afecte.

Asimismo, teniendo en cuenta que la enfermedad opera sobre el cuerpo del trabajador, el empleador sólo puede oponerse al reintegro del trabajador alegando y probando que la enfermedad afecta alguna de sus su obligación contractuales, principalmente la obligación de seguridad, tanto cuando se refiere a la persona del propio trabajador afectado como del resto de los trabajadores con los cuales el trabajador debe convivir.Obviamente, también puede oponerse cuando la enfermedad lo incapacita para prestar el servicio tenido en vista en la contratación.

En los supuestos en que el reintegro del trabajador al trabajo no afecta la propia salud del trabajador o de sus compañeros el empleador sólo puede eximirse de su obligación de dar ocupación efectiva fundando su aserto en la imposibilidad del cumplimiento del contrato. Esto surge de la norma del art. 211 RCT que establece que si el trabajador “no estuviera en condiciones de volver a su empleo” deberá conservarlo por el plazo de un año. Es condición entonces para eximirse de la obligación de dar tareas que el trabajador se halle imposibilitado de volver al empleo.

El informe del siquiatra de la demandada señala que el actor no tenía a ese momento impedimento siquiátricos de magnitud patológica. Concuerdo con lo resuelto en origen. No se trata de la existencia de un conocimiento privado de siquiatría. Simplemente una lectura adecuada de la sintaxis y gramática de la lengua castellana. El actor preguntado por la posibilidad de reintegrar al actor señala que no existen impedimentos, es decir que puede reincorporarse ya que cualquier dificultad no tiene la magnitud vinculada o síntoma de una enfermedad (eso y no otra cosa significa patológico).

Por las razones antes expresadas, la resistencia a la reincorporación del actor a las tarea no se halla justificada, menos aún teniendo en cuenta la carga del artículo 212 RCT primer párrafo:”Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración”.

Por este motivo, aun así no tuviera el actor capacidad para la realización de las tareas de guardia (cosa que no ha sido demostrada, ya que el incidente que relata es posterior), el empleador debería haber cumplido con la norma legal y no incumplir la obligación de ocupación que pende sobre él.

No se advierten motivos para reducir la condena en términos del artículo 2 de la ley 25.323 en la medida que existió una clara conducta antijurídica de su parte.

Los honorarios del perito contador, teniendo en cuenta la labor realizada y las pautas arancelarias para los profesionales de ciencias económicas resulta exigua, por lo que propongo su elevación al 6% del monto de condena con sus accesorios.

Las costas de alzada deben ser impuestas a la apelante vencida Los honorarios de alzada para los profesionales intervinientes se regulan en un 35% de lo que fuera regulado por la actuación en la instancia anterior.

El doctor NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del señor Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE : 1. Confirmar la sentencia en lo principal que decide, con costas de alzada a la apelante vencida. 2. Elevar los honorarios del perito contador del modo propuesto por el primer voto y regular los honorarios de alzada del mismo modo. 3. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la doctora Graciela Lucía Craig no vota en virtud de lo dispuesto por el art.125 L.O.

MLF

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Néstor Miguel Rodríguez Brunengo

Juez de Cámara